“No sabíamos nada”, dice Domingo Ankuash, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), sobre la entrega de una nueva licencia ambiental para la fase de exploración del proyecto minero Panantza, en territorios ancestrales indígenas, en el sur de la Amazonía ecuatoriana. En 2022, la Corte Constitucional dejó sin efecto la primera licencia ambiental a favor del entonces proyecto Panantza – San Carlos, pues vulneró el derecho a la consulta de la población indígena.

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Como parte de las medidas de reparación, el tribunal ordenó que el Estado ecuatoriano realice un mecanismo de consulta previa, libre e informada dirigida a la población shuar que habita en el área de influencia del proyecto y en un plazo de seis meses desde la notificación de la sentencia.

Dos años y medio después, Ankuash, líder histórico de la nacionalidad shuar y una de las cuatro personas que presentaron este caso ante la Corte, ni siquiera había sido informado sobre la nueva autorización entregada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).

“Tenemos dudas de que se pueda sostener la constitucionalidad de esa licencia”, dice Nathaly Yépez, asesora legal de Amazon Watch Ecuador, una organización no gubernamental que acompaña la defensa de este caso.

La Corte Constitucional también ordenó que el Ministerio ofrezca disculpas públicas, en shuar y español, mediante carteles fijados en lugares visibles y en un banner web por un plazo mínimo de seis meses.

Mongabay Latam solicitó información al organismo sobre el cumplimiento de ambas disposiciones, pero no respondió hasta la publicación del artículo.

Explorcobres SA (EXSA), una empresa china a cargo de este proyecto minero de cobre, molibdeno y oro, es titular de 13 concesiones en la provincia de Morona Santiago. Cinco de ellas, llamadas Curigen 2, Curigen 3, Curigen 8, Panantza y San Carlos, conforman el proyecto Panantza – San Carlos, abarcando una superficie de 14 000 hectáreas. La nueva licencia se entregó solo a la concesión Panantza, que tiene una superficie de 1197 hectáreas.

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) si la concesión se sobrepone a territorios indígenas titulados o a áreas protegidas. Sin embargo, tampoco hubo respuesta. Lo que sí se conoce es que la zona es territorio ancestral shuar. Los nombres de las localidades e hitos geográficos en lengua shuar, como Panantza, dan testimonio de ello.

Una población shuar fue desplazada

Para la implantación de este proyecto, que recibió una primera licencia ambiental en 2011, la comunidad de Nankints fue desalojada. El 11 de agosto de 2016, un grupo de policías, con una orden judicial, dio a la población dos minutos para recoger sus cosas y salir, según recogió un artículo de Mongabay Latam sobre el caso. Los habitantes no tuvieron tiempo de retirar todas sus pertenencias ni sus animales de granja. Con maquinaria pesada, la fuerza pública tumbó las casas y las enterró. Los cerca de 30 habitantes de la comunidad, entre los que había niños, adultos mayores y mujeres, tuvieron que refugiarse en comunidades vecinas.

Sobre lo que un día fue Nankints se construyó el campamento minero La Esperanza. Aunque está considerado como provisional por un documento de 2024 de la empresa, sigue en funcionamiento. Allí, guardias de seguridad resguardan las instalaciones de EXSA.

Días después del desplazamiento, representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunciaron el atropello en diferentes instancias, incluso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, no hubo reparaciones.

El 20 de noviembre de 2016, varias decenas de shuar tomaron el control del campamento minero. A la madrugada siguiente, vino la arremetida de policías y militares, que retomaron el sitio. Días después, los shuar volvieron a La Esperanza, pero se encontraron con decenas de policías y militares. Se desató un enfrentamiento tras el que los shuar tuvieron que huir y un policía murió.

La Fiscalía abrió unos 30 expedientes por el caso, de acuerdo con el abogado Tarquino Cajamarca, pero con el paso del tiempo y la falta de pruebas, los procesos se extinguieron. Ankuash fue uno de los perseguidos. Algunos líderes permanecieron ocultos en la selva por años, otros fueron capturados y encarcelados, relata el abogado que defendió a los implicados.

“Ya no existe una evidente persecución como lo hubo entre 2016 y 2019”, dice, pero la persecución y encarcelamiento dejó una marca. “Si ahora vemos una cierta pasividad en algunos dirigentes, no es por falta de gallardía, hay una afectación psicológica y ese fue el logro diseñado por el Estado”, asegura el abogado.

Casi 10 años después del desplazamiento y de los enfrentamientos, la oposición a la minería ha perdido fuerza en territorio shuar. Ankuash reconoce que los gobiernos de turno y las ofertas laborales y educativas y los regalos de EXSA y otras empresas que operan en Morona Santiago han dividido a los shuar. “Estoy tratando de reorganizar la unidad”, asegura el dirigente.

La pelea legal

En junio de 2015, Ankuash y otros tres dirigentes presentaron una acción de protección -un recurso para la defensa de los derechos- porque consideraban que la entrega inconsulta de la licencia ambiental para exploración avanzada de 2011 vulneró sus derechos colectivos. La demanda y la apelación fueron rechazadas.

En agosto de 2015, los demandantes presentaron una acción extraordinaria de protección que fue admitida por la Corte Constitucional en marzo de 2016. Recién en octubre de 2021, después de que los shuar enfrentaran el desplazamiento y la persecución, la jueza constitucional Carmen Corral Ponce asumió el caso. Luego de las audiencias y la recabación de pruebas, en septiembre de 2022, el tribunal declaró que hubo vulneración a la consulta previa, libre e informada, un derecho reconocido en el artículo 57 de la Constitución.

Este es un derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos a realizarse en sus territorios ancestrales o en la zona de influencia de sus territorios ancestrales. La Corte precisó que este procedimiento no se limita a la emisión de un permiso administrativo, sino que debe ser previo a la planificación, oferta u otorgamiento de áreas de interés extractivo.

Además de dejar sin efecto la licencia ambiental, ordenar que el Ministerio ofrezca disculpas públicas y que se realice un mecanismo de consulta previa, los jueces constitucionales delegaron a la Defensoría del Pueblo el seguimiento del cumplimiento de la sentencia.

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El mecanismo está en construcción

Rodrigo Varela, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, dice que el último informe que la entidad presentó a la Corte Constitucional fue en enero de 2025. Hasta esa fecha, la Defensoría recabó que las autoridades del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía “tienen una confusión respecto de qué entidad es la que tiene que dar las disculpas públicas”. Esto a pesar de que la sentencia establece claramente que debe ser el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) el que lo haga.

El representante de la Defensoría del Pueblo dice que los ministerios de Energía, Ambiente y de la Mujer y Derechos Humanos ya han iniciado los procesos para la construcción del mecanismo, incluyendo reuniones con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (la consulta previa es un derecho establecido en el convenio 169 de la OIT) y las comunidades en la zona de influencia del proyecto minero.

En otras sentencias, la Corte Constitucional ha establecido que la consulta previa, libre e informada debe ser normada por una ley orgánica y, por lo tanto, su construcción debe estar a cargo de la Asamblea Nacional. No obstante, esta sentencia habla de un “mecanismo”, explica Varela, como una alternativa a la ausencia de una norma para aplicar el artículo 57 de la Constitución.

El informe señala que en septiembre de 2023, el Ministerio de Energía y Minas solicitó un monto de 800 000 dólares al Ministerio de Finanzas para el proceso. El presupuesto sería usado en logística, participación de expertos, difusión de información y participación activa de las comunidades. A la fecha de este artículo, Varela no pudo confirmar si los fondos se transfirieron.

Supuesta consulta ambiental

Los abogados Cajamarca y Yépez lograron recabar que antes de la entrega de la licencia ambiental se realizaron reuniones en localidades cercanas a la concesión minera. Para Cajamarca, se trató de reuniones entre amigos y autoridades locales que apoyan la actividad minera. “Con eso se trató de justificar la consulta previa, alzaron manos los que estaban de acuerdo y estaba de acuerdo cualquier persona menos el pueblo shuar”, dice el abogado.

“La licencia ambiental para nosotros es un cuento, es un camuflaje para seguir atentando contra los territorios de las nacionalidades indígenas”, asegura el líder Ankuash.

Mongabay Latam le consultó su posición a Explorcobres SA, pero la empresa no respondió hasta la publicación del artículo.

Yépez señala que las reuniones se habrían realizado entre agosto y septiembre de 2024 y que la posición mayoritaria habría sido en contra de la extracción minera. Aclara, además, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Corte Constitucional señala que el objetivo de la consulta es buscar el consentimiento de los pueblos indígenas. “Pero toman los resultados como una opinión”, reclama, y no como una sentencia. El equipo de Amazon Watch está haciendo solicitudes de información a los ministerios para conocer en detalle cómo fue el proceso.

La Defensoría del Pueblo también está solicitando información al respecto para enviar un nuevo informe a la Corte Constitucional. Esa entidad, dice Varela, es la que tendrá que determinar si la sentencia se está cumpliendo o no.

Foto principal: Domingo Ankuash interviene durante el I Congreso Unidad y Defensa Territorial. Foto: cortesía FICSH Comunicación

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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