En la Amazonía peruana, los territorios indígenas y sus defensores viven bajo amenaza. Hostigamiento, criminalización y asesinatos acorralan a quienes defienden derechos sobre sus tierras y se enfrentan a las economías ilegales, actividades extractivas y obras de infraestructura.

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La violencia contra los defensores ambientales se ve reflejada en la cantidad de amenazas y asesinatos cometidos en los últimos años. Según el estudio Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024, elaborado por ProPurús y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), entre 2010 y 2024 se han reportado 226 casos de defensores y defensoras indígenas en situaciones de riesgo en el área delimitada para esa investigación, que corresponde a la región de Ucayali; la provincia de Puerto Inca, en Huánuco; y los distritos de Padre Márquez y Contamana, en el departamento de Loreto.

En la región de Ucayali, señala el estudio, uno de cada 13 defensores amenazados ha sido asesinado. En este territorio, además, 11 defensores ambientales fueron asesinados entre 2019 y 2024. Ucayali ocupa el primer lugar de esta lista de las regiones con más homicidios de defensores, seguida por la región de Huánuco, donde ocurrieron ocho asesinatos de defensores.

El estudio, presentado el 15 de mayo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, muestra un panorama amplio de lo que está ocurriendo con los defensores ambientales en el territorio mencionado —Ucayali, Huánuco y Loreto—, que corresponde a las 13 federaciones y casi 260 comunidades que forman parte de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).

El panorama expuesto ofrece información de las causas que están detrás de la violencia en los territorios amazónicos. “Las economías ilegales, que incluyen la minería ilegal de oro, el narcotráfico y la tala ilegal, se erigen como el principal motor de la conflictividad en la Amazonía”, señala el reporte.

Otro dato registrado en el informe habla de la presión que ejercen sobre los territorios indígenas concesiones y permisos del Estado superpuestos sobre tierras ancestrales, el tráfico de tierras y la tala ilegal. También, los monocultivos, la construcción de infraestructura vial, la expansión de cultivos ilícitos de coca y la presencia de pistas de aterrizaje clandestinas.

Las cifras de las amenazas en la Amazonía

En informe de ProPurús y ORAU señala que de acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), entre 2019 y 2024, más de 650 personas defensoras de derechos humanos y sus familiares se encontraban en situación de riesgo a nivel nacional. De ese total, los departamentos amazónicos de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios concentran más del 54 % de los casos. Además, el 21.65 % está en Ucayali, uno de los departamentos con mayor incidencia a nivel nacional.

Las cifras del Minjusdh también detallan que en el mismo periodo se han registrado 57 asesinatos de defensores ambientales en todo el país. Por lo menos 44 de ellos ocurrieron en las regiones amazónicas.

Los datos recogidos en el estudio de ProPurús y ORAU también indican que las actividades alrededor de las amenazas de los defensores amenazados y asesinados son la tala ilegal, el tráfico de tierras, el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal y el tráfico de especies de flora y fauna.

“Cuando vemos la Amazonía, vemos una imagen verde, pero la verdad es que el uso de la tierra, la cantidad de caminos, las pistas de aterrizaje clandestinas, los proyectos viales, los caminos forestales, el uso de la tierra es tremendamente complejo y es algo que la mayoría de la gente, particularmente los tomadores de decisiones, no toman en cuenta”, señala Iván Brehaut, director de programas de ProPurús.

Brehaut también señaló que la criminalidad ha ido creciendo en el país desde el año 2000 y que “se mueven cientos de millones de dólares a través de las economías ilegales en la Amazonía”. En ese sentido, la información que ofrece el reporte da cuenta que entre 2021 y 2024 se presentaron 6401 denuncias por delitos ambientales solo en Ucayali, según la información del Ministerio Público recogido en el informe.

“Es muy posible que esté ocurriendo una situación de subregistro de personas en situación de riesgo”, señala Brehaut. “Cada vez tenemos más indicios de que el número está por debajo de lo que realmente sucede”, agrega.

Mongabay Latam consultó con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con el Gobierno Regional de Ucayali sobre las medidas que se han tomado frente al crecimiento de la violencia en la región. Ambas instituciones indicaron que responderían la consulta, pero hasta el cierre de la edición no enviaron su respuesta.

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Los pueblos más amenazados

La impunidad por los crímenes contra defensores indígenas refleja la violencia que agobia a los pueblos amazónicos. De los 19 procesos judiciales por asesinatos a líderes indígenas incluidos en el estudio, más de la mitad (diez) no cuenta con información pública. Del resto, cinco cuentan con sentencia. Cuatro de los homicidios corresponden al caso ocurrido en 2014 en Alto Tamaya-Saweto, en el que cuatro líderes indígenas fueron asesinados por órdenes de empresarios madereros. Otro caso es el de Arbildo Meléndez, a quien mataron en abril de 2020, durante la pandemia. Otros cuatro casos permanecen en investigación.

“El proceso de búsqueda de justicia es muy lento, muy burocrático y muchas veces pasan meses o años en la etapa de investigación”, comenta Jamer López, presidente de ORAU. “Por eso, para denunciar o entrar en un proceso judicial tenemos que pensarlo mucho. Lo estamos viendo en el caso Saweto, se cumplen 11 años y hasta ahora no hay justicia”, comenta López sobre la sentencia para el caso de los cuatro líderes asesinados en 2014. La sentencia condenatoria de 2024 ha sido apelada.

“Aceptamos la impunidad o nos metemos a la búsqueda de justicia”, se pregunta López al mencionar el proyecto de guardias indígenas que están implementando en las comunidades de los pueblos indígenas del ámbito de ORAU.

Según el estudio, el pueblo Shipibo-Konibo registra el mayor número de amenazas con relación a otros pueblos indígenas. Las cifras del Ministerio de Cultura, citadas en el reporte, señalan que una de cada 100 personas enfrenta situaciones de riesgo. Sin embargo, es el pueblo Kakataibo el que afronta una situación más alarmante con 9 asesinatos reportados directamente relacionados con el narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras. Además, por lo menos dos de cada 100 personas han sido afectadas por situaciones de riesgo.

Algo similar sucede con el pueblo Asháninka, con tres defensores indígenas asesinados y uno de cada 100 habitantes enfrentando situaciones de riesgo. En el caso del pueblo Yanesha, son dos las personas asesinadas y el riesgo también agobia a uno de cada 100 indígenas yanesha.

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Los derechos sobre la tierra

La propiedad y tenencia de la tierra es el principal problema que mencionan las comunidades y líderes indígenas cuando se les consulta sobre los riesgos que enfrentan, muchas veces bajo el riesgo de perder la vida.

Según el estudio, la titulación de un predio individual en las zonas rurales demora en promedio entre seis y nueve meses, mientras que el proceso de titulación de una comunidad nativa puede tardar varios años. Por ejemplo, comunidades como Kantash, cerca de Pucallpa, llevan más de dos décadas esperando su titulación.

“Solo en Ucayali existen más de 2 millones de hectáreas de tierras comunales a la espera del saneamiento físico legal”, se explica en el informe. El saneamiento físico legal se refiere a culminar la titulación de las comunidades y la inscripción en Registros Públicos. En el caso de Puerto Inca, en Huánuco, la última vez que se reconoció a una comunidad nativa fue en 2005.

“Hay preferencias para la titulación individual, pero se ha hecho muy poco para alcanzar la titulación colectiva. Estas prácticas se mantienen a nivel de los gobiernos regionales porque cada vez que los defensores o líderes van por invasión de terrenos o por problemas incluso internos hay indiferencia, no quieren solucionar los conflictos que hay sobre tierras y eso pone en mayor riesgo la vida de las personas”, comenta Maritza Paredes, investigadora principal del proyecto Visiones Indígenas para la Justicia Climática de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El documento también sugiere que uno de los indicadores más claros de la presión sobre la tierra es la deforestación. En Ucayali, “los cambios de uso de la tierra más significativos incluyen la conversión de bosques en plantaciones de café, cacao, arroz, palma aceitera, plátano, papaya y pastos para ganadería”.

El reporte también precisa que la construcción de infraestructuras, como caminos y carreteras, es otra causa de presión y que la mayoría de estos cambios ocurren en tierras sin clasificación forestal ni derechos asignados, en propiedades privadas y en comunidades nativas.

La invasión de tierras y el tráfico de ellas se relaciona directamente con la expansión agrícola, así como con actividades ilegales como el narcotráfico. A ello se debe sumar la superposición de derechos de concesiones forestales y bosques de producción permanente, lotes petroleros y predios rurales, además de conflictos entre comunidades.

“Más de 100 comunidades en Ucayali se ven afectadas por conflictos territoriales derivados de la superposición de derechos sobre las tierras, el narcotráfico y la proliferación de carreteras privadas”, señala el estudio.

Un informe de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (Gerffs) de Ucayali, citado en el estudio, da cuenta de que entre enero y agosto de 2021 se deforestaron 12 345 hectáreas en esta región. “El informe destaca la tala ilegal con fines de narcotráfico como la principal causa de esta deforestación”, se precisa en el reporte de ProPurús. Los reportes de la gerencia forestal para 2023 precisan que la deforestación en Ucayali alcanzó 27 340 hectáreas, con un 45 % relacionado con el narcotráfico, “pero la ramificación del tráfico de tierras y su conexión con otros delitos es sin duda más amplia”, indica el estudio.

“Es la segunda etapa de la expansión extractiva en Perú. Hemos tenido una primera etapa extractiva formal de gran minería, petróleo. Y ahora estamos teniendo una segunda etapa de expansión extractiva ilegal, informal, en la que estos territorios de los pueblos indígenas están en situación de mucha vulnerabilidad y eso es responsabilidad del Estado”, agrega Paredes.

La expansión de monocultivos, muchos de ellos con amparo legal, es otra presión constante sobre los territorios indígenas. “Ucayali es un frente de expansión de monocultivos, tanto legales como ilegales, en este último caso, de hoja de coca. Las formas como traficantes de tierras, que finalmente entregan terrenos a agricultores y que lamentablemente se convierten en cocaleros, se han vuelto cada vez más sofisticadas”, señala el reporte.

La palma aceitera es también un monocultivo que ha experimentado un aumento constante en Ucayali, región que concentra la mayor área de producción de palma aceitera en la Amazonía peruana, con 39 211 hectáreas para 2024.

“Es el crecimiento del interés empresarial que colisiona con la propiedad comunal, con los usos de territorios tradicionales, que quiebra leyes y usufructúa terrenos. Casos hay muchos”, dice Brehaut sobre las disputas que ocurren alrededor de los territorios comunales y que se han convertido en causas de la violencia para los defensores indígenas.

Imagen principal: las viudas y familiares de los líderes asesinados en Saweto siguen buscando justicia, a nueve años de los crímenes. Foto: Vanessa Romo / Mongabay Latam

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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