Ante el riesgo de que el gobierno peruano entregue en licitación hidrocarburíferas dentro de áreas protegidas y reservas indígenas para pueblos en aislamiento, líderes indígenas y representantes de la sociedad civil acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la audiencia de la CIDH realizada el 4 de marzo, representantes de la Asociación Interétnica de la Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) solicitaron al organismo internacional para que recomiende al Estado peruano excluir la promoción de hidrocarburos de los territorios indígenas, las reservas para indígenas en aislamiento y las áreas protegidas.

El pedido se presentó porque la empresa estatal PerúPetro y el Ministerio de Energía y Minas están promocionando 47 áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos. Un informe del Ministerio de Cultura señala que más de 4 millones de hectáreas de las áreas en promoción se superponen al territorio de pueblos indígenas. El documento también indica que estas áreas promocionales se superponen a 339 localidades pertenecientes a 21 pueblos indígenas u originarios.

“El Estado peruano bajo un modelo extractivista, sin pensar en el cambio de matriz energética, promueve nuevamente sobre territorios de comunidades indígenas y áreas protegidas la exploración de hidrocarburos, incluso sin haber remediado los pasivos ambientales”, señala Vanessa Cueto, coordinadora del Programa Sostenibilidad de DAR, a Mongabay Latam.

Cueto, quien presentó el pedido ante la CIDH, dice también que con este proceso de promoción se están vulnerando varios derechos de los pueblos indígenas como el derecho a la consulta previa, al derecho a la información, a la salud y al territorio. “No se ha comunicado a las comunidades cuáles son las condiciones para la promoción de las nuevas áreas”.

No es la primera vez que la promoción de áreas para la exploración y explotación petrolera y de gas entra en el debate público. En junio de 2023, PerúPetro presentó 31 áreas priorizadas para la exploración de hidrocarburos, varias de ellas sobre áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y territorios indígenas. En ese momento, incluso, PeruPetro, a través del Ministerio de Energía y Minas se propuso un proyecto de ley para modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas y permitir que se abran estos espacios a la exploración y explotación de gas y petróleo. Pero la propuesta no prosperó.

Exploración en Bahuaja Sonene

“Hay una área en promoción superpuesta al Parque Nacional Bahuaja Sonene y esta superposición va en contra de la ley actual de áreas naturales protegidas”, dice Cueto sobre la propuesta del tren gasífero o nuevo Camisea. Se trata de reservas de gas que fueron descubiertas en la década de 1990 pero sobre la que hasta ahora no se ha realizado ninguna actividad porque se encuentra sobre la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y el Parque Nacional del Manu.

Cueto señala que promocionar una zona para exploración de hidrocarburos dentro de un área protegida de uso indirecto, como son los parques nacionales, va en contra de la ley.

Según el documento enviado por Aidesep y DAR a la CIDH para solicitar la audiencia, esta área denominada XCII(92) ha sido dispuesta para una futura suscripción de Convenio de Evaluación Técnica que consisten en actividades pre-exploratorias.

En agosto de 2024, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció la exploración de los horizontes profundos de Camisea y la exploración del yacimiento Candamo, donde habría más de 10 trillones de pies cúbicos de gas natural. En ese momento, el Minem y PeruPetro anunciaron la implementación de un Convenio de Evaluación Técnica para la valoración del potencial hidrocarburífero del yacimiento Candamo.

El Candamo es la zona de protección más estricta y vulnerable dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene, una zona que desde 2007, durante el segundo gobierno de Alan García, ha estado en la mira de los gobiernos para abrirse a la exploración de gas.

“Lo que quieren es firmar un convenio de investigación sobre el Parque Nacional Bahuaja Sonene para explorar si hay hidrocarburos. Nosotros hemos señalado en la audiencia que eso estaría en contra de las normas porque sobre áreas naturales protegidas de uso indirecto, como es Bahuaja Sonene, no se puede realizar actividades extractivas”, comenta Cueto. “Además es un riesgo para el parque y significaría que en el futuro también se puedan abrir áreas naturales protegidas de uso indirecto para otras actividades económicas que, obviamente, van a causar un impacto en la biodiversidad”, agrega Cueto.

El abogado especializado en ambiente, César Ipenza, dijo a Mongabay Latam que de las 47 áreas en promoción, “el caso más lamentable es el que se superpone al Parque Nacional Bahuaja Sonene”. “Dicen que es un contrato de evaluación técnica, pero está prohibido legalmente hacerlo en un parque nacional. ¿Cómo pueden hacer una evaluación de algo ilegal?”.

Durante la audiencia de la CIDH, la viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Iris Cárdenas, señaló que el marco legal peruano “prevé que los proyectos hidrocarburíferos respeten el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales, especialmente de los pueblos indígenas”. Cárdenas agregó que “los contratos exigen adoptar buenas prácticas de la industria internacional adoptando tecnología moderna y cumpliendo normativas sociales y ambientales”.

A su turno, el presidente del directorio de PeruPetro, José Mantilla, señaló que los estudios de las áreas en promoción “se realizan en gabinete”, por lo que se trata de “actividades no intrusivas”. Mantilla precisó que los lotes para la exploración de gas ubicados en Madre de Dios forman parte del plan 2023-2025. “La sola constitución de áreas promocionales no representa una amenaza real para las reservas de indígenas en aislamiento ni para las áreas naturales protegidas porque no generan derechos reales a terceros, sino que solo se fomenta su promoción para la futura celebración de una contrato o convenio de hidrocarburos”, acotó Mantilla durante la audiencia.

Hidrocarburos en territorios indígenas

En el informe del Ministerio de Cultura que detalla la superposición de las áreas en promoción sobre las comunidades indígenas se precisa que de las 339 localidades en las que se ha detectado la superposición, 336 son comunidades indígenas y tres son comunidades campesinas.

Otra precisión es que las localidades de las nuevas áreas promocionales están ubicadas en 31 distritos de once provincias en los departamentos de Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios y Ucayali.

Estas zonas se superponen con comunidades de los pueblos indígenas Achuar, Amahuaca, Ashaninka, Asheninka, Awajún, Chapra, Harakbut, Jíbaro, Kakataibo, Kandozi, Kapanawa, Kichwa, Kukama Kukamiria, Matsigenka, Shawi, Shipibo-Konibo, Urarina, Wampis, Yaminahua, Yanesha y Yine.

“En Perú existe un contexto sociopolítico regresivo que vulnera nuestros derechos como pueblos indígenas. El tema de las áreas promocionales para hidrocarburos en verdad pondría en serio riesgo no solamente los derechos de nosotros en las comunidades, sino también de pueblos indígenas en aislamiento”, dice el líder indígena Julio Cusurichi, miembro de la directiva de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) a Mongabay Latam.

Cusuriche, quien también expuso durante la audiencia, advierte que son varias las áreas en promoción que se superponen a las reservas indígenas en aislamiento y contacto inicial, datos que también se pueden encontrar en el informe del Ministerio de Cultura.

Según este documento, el área de promoción denominada MD-XP-002 se superpone en una extensión de 224 544 hectáreas sobre la Reserva Territorial Madre de Dios, ubicada en la región Madre de Dios, mientras que el área de promoción denominada MD-XP-012 se superpone al área de desplazamiento de pueblos indígenas en aislamiento (PIA) ubicada en la cuenca del río Pariamanu.

En el mismo informe se precisa que el área de promoción UC-XP-020 se superpone con la Reserva Indígena Murunahua y la Reserva Indígena Mashco Piro en una área de 111 436 hectáreas, así como con el área de desplazamiento de los pueblos indígenas en aislamiento ubicada sobre el río Inuya, donde además hay dos asentamientos del pueblo Amahuaca en contacto inicial y los pueblos en aislamiento que se desplazan por el río Sepahua Inuya.

Cusurichi cuestiona las demoras en el reconocimiento de las reservas indígenas para pueblos en aislamiento. “A pesar de que algunas propuestas llevan entre 15 a 20 años de espera, no se concretan los votos favorables para crear más reservas territoriales. Nos preocupa que estas actividades económicas puedan llevar a un genocidio a estos pueblos”.

El representante de Aidesep abordó el grave problema de los derrames de petróleo que afecta a las comunidades indígenas y cómo se siguen ofertando áreas en los mismos lugares donde existen pasivos ambientales sin remediación. “En el caso de Loreto hay superposición con comunidades donde incluso no han sido remediados los derrames ambientales y eso lo hemos puesto en evidencia”.

Durante la audiencia, el comisionado de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón, consultó, entre otros temas, cuáles son las acciones de mitigación que se están realizando para remediar los derrames petroleros.

Al respecto, Iris Cárdenas, viceministra de Hidrocarburos, señaló que esta gestión está dinamizando la remediación de pasivos ambientales, es decir, de los sitios contaminados por los derrames petroleros. “Durante este año y el primer semestre del próximo año vamos a invertir 400 millones de soles del fondo de contingencia ambiental. En este proceso participan las federaciones de las cuatro cuencas afectadas”. Agregó que entre 2014 y 2024 se han producido 90 derrames de petróleo.

Cardenas también agregó que “las técnicas y tecnologías que se utilizan actualmente en actividad de hidrocarburos no afectan los ecosistemas” y cita como ejemplo a Camisea. Según la viceministra, para los estudios actuales la exploración de hidrocarburos no es invasiva, pues el trabajo no se realiza en campo, sino en gabinete.

El abogado Ipenza cuestiona las afirmaciones de la viceministra Cárdenas con respecto al uso de tecnología moderna y la no afectación de los ecosistemas. Ipenza aclara que “la tecnología no funciona” en la zona de Candamo porque se “está hablando de más de 100 kilómetros de distancia”. “Tendrían que hacer uso de tecnología dirigida, desde fuera del parque para poder extraer los hidrocarburos”. El abogado agrega que “más allá de hablar de desarrollo sostenible, que es lo que anunciaban, lo que vemos es simplemente la promoción de desarrollo económico vulnerando derechos sociales y ambientales”.

Una investigación realizada por Mongabay Latam en 2023 reveló los problemas de contaminación que enfrentan las comunidades indígenas en la Amazonía peruana y la ausencia de remediación de sitios impactados que llevan décadas sin ser atendidos. Según información oficial hasta julio de 2023 había 3341 puntos de pasivos ambientales y otros impactos petroleros en Perú. De ellos, 32 han sido priorizados para su remediación, pero el proceso aún no se ha iniciado.

Imagen destacada: En los alrededores de la Cocha Atiliano afloraba el petróleo acumulado debajo del barro y las plantas. Crédito: Patrick Murayari Wesember.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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