El 9 de febrero, los ecuatorianos elegirán presidente. Los planes de trabajo del presidente Daniel Noboa y Luisa González —quienes lideran los sondeos con el 38 % y 32 %, respectivamente— recibieron calificaciones “preocupantes” en materia ambiental durante una calificación realizada por más de 50 organizaciones ambientales nacionales.

Las propuestas ambientales del candidato Leonidas Iza obtuvieron el puntaje más alto otorgado en dicha calificación. Sin embargo, el representante del movimiento indígena ocupa un cuarto lugar con el 2.1 % en las encuestas de intención de voto. En tercer lugar se encuentra Andrea González, con el 4.3 % de intención de voto.

“Me llama la atención que los candidatos y candidatas todavía no capitalicen el tema ambiental”, dice Natalia Greene, presidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA). Esta es una de las entidades que desarrollaron El Verdescopio, una herramienta que evalúa las propuestas ambientales de los presidenciables.

“Hay un electorado importante que los candidatos no están tomando en consideración”, opina Greene. Se refiere a que en las elecciones de 2023, el 59 % de ecuatorianos decidió mantener el petróleo del Yasuní bajo el suelo y el 68 % de quiteños dijo “no” a la minería. “Hay una población especialmente joven a la que le interesan los temas ambientales”, asegura. Asimismo a los habitantes rurales y a las personas de la tercera edad, añade.

El equipo de El Verdescopio evaluó las propuestas con base en 10 temas que incluyeron los candidatos en su agenda ambiental: derechos de la naturaleza; cambio climático; extractivismo minero y petrolero; derechos de indígenas, afrodescendientes y montubios; soberanía alimentaria; institucionalidad ambiental; protección del agua; transición energética; conservación de ecosistemas críticos y desarrollo de ciudades sostenibles.

Los planes de gobierno se calificaron entre -5 y 5. Quienes obtuvieron 1 y más de 1 fueron asignados a la categoría Verde; entre 0 y 0.99 entraron a la categoría Preocupante, y quienes obtuvieron un puntaje negativo recibieron la calificación Tóxica.

Iza, candidato del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, obtuvo 3.6 puntos y fue colocado en la categoría Verde. Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, obtuvo 1.6 puntos; el presidente Noboa y Andrea González, que se lanzó a la presidencia con el Partido Sociedad Patriótica, 0.9 puntos. Estos tres candidatos entraron a la categoría Preocupante.

“Los candidatos que más propuestas de interés tienen, como Iza, no tienen una buena perspectiva para la segunda vuelta”, señala Greene. Para Cecilia Chérrez, miembro de la organización Acción Ecológica, “ha sido una campaña bastante pobre en términos de un debate profundo sobre las problemáticas ambientales”, a pesar de que, señala, Ecuador es uno de los 20 países más biodiversos del mundo.

Los electores ecuatorianos tendrán que escoger entre 16 binomios presidenciales. Los otros 12 candidatos no suman entre todos ni el 5 % de la intención del voto, de acuerdo con la encuestadora Comunicaliza.

El papel versus la ejecución

En el eje ambiental del Plan de Gobierno de Daniel Noboa se menciona “la lucha contra la deforestación, la minería ilegal, la contaminación ambiental y otras actividades que amenacen la integridad de los ecosistemas”. “Hemos visto en el tiempo de presidencia de Daniel Noboa que el tema ambiental no le interesa”, asegura Greene. “Quiere profundizar la minería y seguir extrayendo petróleo”, añade. Estos temas son sensibles pues han ocasionado grandes casos de contaminación y conflictos sociales en Ecuador.

En el Plan se incluye “impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, fortaleciendo los mecanismos de consulta”. Durante su gobierno se denunció el intento de realizar una consulta previa, libre e informada para dar paso al proyecto minero Loma Larga en un sitio alejado de las comunidades a consultar, con poca difusión y con solo unas 20 personas presentes. Mientras tanto, la minería ilegal no dejó de crecer.

Otros puntos que aborda el plan son el combate a la pesca ilegal y el fortalecimiento de los procesos de control para prevenir la minería ilegal. En marzo de 2024, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) suspendió el comercio de tiburones desde Ecuador porque el país no cumplió con los requisitos para alcanzar niveles sostenibles de pesca de estas especies.

El punto ocho del Plan de Trabajo de Luisa González, llamado “Justicia ecológica y transición energética para un futuro sostenible”, arranca con el objetivo de “fortalecer el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica para que cumpla efectivamente su rol como garante de los principios ambientales y los derechos de la naturaleza”.

La candidata del expresidente Rafael Correa también ofrece establecer impuestos ecológicos, combatir la minería ilegal, fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, realizar un diagnóstico nacional de las enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental, entre otros.

“Juega en su contra la gestión de los gobiernos pasados y cómo estos manejaron el tema ambiental. Ella ha dicho que va a seguir la línea de sus antecesores”, afirma Greene. Durante el gobierno de Rafael Correa, entre 2007 y 2017, se dio una serie de casos de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza, como documentó el medio Plan V. Persecución y criminalización de los defensores de la naturaleza, despojo y desplazamiento de comunidades indígenas y rurales para la imposición de proyectos mineros engloban algunos de los casos enlistados.

Los ingenieros ambientales

A diferencia de Daniel Noboa y Luisa González, que estudiaron comunicación política y derecho, respectivamente, Andrea González y Leonidas Iza llegan a la candidatura con títulos en ingeniería ambiental, de acuerdo con sus títulos profesionales registrados. No obstante, las propuestas de estos dos candidatos se diferencian entre sí, para empezar, por el espacio que les dedicaron en sus planes de trabajo.

Andrea González se lanzó en 2023 a la vicepresidencia junto al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado antes de las elecciones. Ahora ya no está con el movimiento Construye, sino con el Partido Sociedad Patriótica.

González juntó en un mismo capítulo el tema ambiental y turístico. Sus propuestas ambientales son cuatro: proteger los ecosistemas en peligro de extinción; crear la Agencia de Protección Ambiental de Ecuador; facilitar el acceso de datos en el marco del Acuerdo de Escazú y proteger las zonas de recarga hídrica. A pesar de esto, Greene destaca que en el monitoreo de entrevistas que se está realizando como parte del Verdescopio, se identificó que González “sí tiene el tema ambiental en su agenda”.

Leonidas Iza, por otro lado, es un líder indígena de Cotopaxi que ganó visibilidad en las protestas de 2019. En octubre, los transportistas iniciaron el levantamiento por el retiro de los subsidios a los combustibles, pero el paro de 14 días pronto fue liderado por el movimiento indígena que tenía además demandas sociales y ambientales, por ejemplo, en contra de la violación de los derechos de consulta previa, libre e informada y de los impactos petroleros en territorios indígenas.

Bajo el capítulo “Estrategia integral para una transición ecológica justa: hacia un país postextractivista en el marco de la crisis climática”, Iza planteó 15 objetivos. Entre sus propuestas se destacan la implementación de una moratoria a futuras concesiones a proyectos mineros; el cumplimiento de las consultas populares del Yasuní, Cuenca, Girón y Quito, que rechazaron la actividad petrolera y minera en esas localidades; la extracción ecológica de petróleo y minería; y la creación de un marco de protección para los defensores de derechos humanos y de la naturaleza.

“Leonidas Iza tiene un plan muy claro sobre el posextractivismo. También tiene un enfoque importante en el agro, en la soberanía alimentaria”, dice la presidenta de CEDENMA. “Las candidaturas más hacia la izquierda han hecho referencia a estos temas”, opina Chérrez.

Lo ambiental sigue siendo un tema aparte

Tarsicio Granizo, director de la organización World Wildlife Fund (WWF) Ecuador, observó que “hay planes de gobierno que no mencionan lo ambiental para nada, es tremenda y terrible la ausencia de estos temas en ciertos planes de gobierno”. Granizo, quien fue ministro de Ambiente entre 2017 y 2018, además señala que “lo ambiental sigue siendo un silo, un tema aparte, que no está integrado a los planes de gobierno”.

Como director de una organización internacional no puede hablar puntualmente de ningún candidato, pero asegura que algunas propuestas “dicen cosas bonitas sobre el cambio climático y la conservación, pero le apuestan 100 % al extractivismo de petróleo y minería, que tienen un impacto brutal en el ecosistema”. También hay ofertas “bastante interesantes, pero no dicen el cómo”, añade.

Para el experto, las propuestas ambientales deben priorizar la lucha contra la deforestación, que debe arrancar por el planteamiento de planes de desarrollo y ordenamiento territorial que protejan los bosques y que tengan periodos mayores a cuatro años, que es la vigencia actual de esos documentos.

Entre las prioridades también está el cuidado de las fuentes hídricas. “En Ecuador, solo el 12 % del agua se trata”, asegura. Para terminar con la contaminación de ríos y quebradas hace falta la construcción de plantas de tratamiento de agua.

El 17 de enero una veintena de organizaciones sociales, entre esas Acción Ecológica, publicaron una carta abierta en la que exigieron a los candidatos presidenciales pronunciarse sobre “asuntos que requieren respuestas urgentes”, según se lee en la carta.

Entre los puntos está el caso Chevrón vs. Ecuador, en el que en 2018 el Tribunal Arbritral de la Haya dejó sin efecto una sentencia provincial de 2011 que obligaba a Chevrón a pagar 9.5 millones de dólares por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana. Se espera que este año se emita la condena, que podría condenar a Ecuador a pagar 2000 millones de dólares a la empresa extranjera.

Chérrez, de Acción Ecológica, señala que en la carta se incluyen puntos sobre los impactos sociales y ambientales de los tratados de libre comercio, el respeto a las consultas populares y la protección a las personas defensoras de derechos.

Granizo, Greene y Chérrez reconocen que la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los ecuatorianos. En enero de 2025 hubo un asesinato por hora en el país, convirtiéndose en el inicio de año más violento desde que hay registros. Sin embargo, “la ciudadanía todavía no hace el vínculo entre el crimen organizado y la destrucción del patrimonio natural”, de acuerdo con Greene.

Hasta 2024, la minería ilegal se tomó al menos 562 hectáreas de cuatro áreas protegidas y sumó 1422 hectáreas afectadas en la zona del río Punino, en el norte de la Amazonía. “Vemos con preocupación que la minería ilegal contamina ríos y tierras, pero el tema de seguridad también está presente cuando los guardaparques no pueden patrullar ciertas áreas protegidas que están tomadas por el narcotráfico”, asegura Granizo.

Estas problemáticas “no se pueden afrontar desde el punto de vista meramente ambiental”, dice. El director de WWF Ecuador cree que se debe implementar una estrategia integral que incluya saneamiento de los cuerpos policiales, militares y de Justicia; alternativas económicas para las poblaciones más afectadas y planes para que los niños y adolescentes que salieron de la educación formal regresen al sistema educativo.

El ambiente en la conversación pública

“Si no entendemos que el ambiente es fundamental para las actividades productivas, para la exportación o para la seguridad alimentaria vamos a seguir creyendo que es un tema de ecologistas”, dice Granizo. Para ilustrarlo, señala que el 30 % de la agricultura depende de los polinizadores naturales, como las abejas, los colibríes o los murciélagos, y que entre el 70 % y el 75 % de las medicinas de laboratorios provienen de la naturaleza.

A pesar de esto, ni en el debate vicepresidencial ni en el debate presidencial -realizados el 12 y el 19 de enero, respectivamente-, se hicieron preguntas sobre los temas señalados. “El Comité de Debate fue el actor más tóxico”, dice Greene en referencia a la categoría más baja del Verdescopio.

El equipo del Verdescopio también evaluó la participación en el debate de los candidatos presidenciales. “Al hablar de energía, fueron dilucidando sus propuestas, o por lo menos, sus postulados con respecto al extractivismo, derechos humanos, derechos de consulta previa”, sostiene la presidenta de CEDENMA. “Escuchamos cuánto conocen del tema ambiental y de las alternativas a la crisis energética y climática”, añade.

Con base en las declaraciones del debate, Leonidas Iza nuevamente lideró la valoración, con 1.89 puntos. Andrea González le siguió con 1.08. Los dos entraron a la categoría Verde. Con 0.38 puntos, Luisa González se mantuvo en la categoría Preocupante. Mientras tanto, Daniel Noboa bajó a la categoría Tóxica con -0.14 puntos.

Los miembros del Verdescopio harán dos evaluaciones más. Una de ellas estará basada en un formulario que los candidatos recibieron en diciembre de 2024. Y la última se realizará a partir de un monitoreo de las declaraciones de los candidatos en medios de todo el país. El total de las evaluaciones se irá actualizando en el website del Verdescopio. “Hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos envíe las perlitas o las buenas propuestas de los candidatos”, finaliza Greene.

Foto principal: Una imagen de la campaña de Leonidas Iza, candidato a la presidencia de Ecuador. Foto: Facebook Leonidas Iza

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.