En medio de la selva amazónica colombiana viven pueblos indígenas en aislamiento del mundo occidental. En lo profundo de esta región, y lejos de las ciudades, habitan indígenas que se resisten ante la llegada de la minería, la deforestación, los grupos armados, el narcotráfico y la religión. Oficialmente, Colombia tiene sólo dos pueblos en aislamiento con presencia confirmada y territorialidad identificada. Sin embargo, desde su descubrimiento y confirmación en 2010 continúan bajo amenaza.

Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades indígenas que viven cerca de los aislados han realizado grandes esfuerzos para proteger su territorio y mantenerlos alejados del contacto. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) logró que en 2023 el juzgado de Cundinamarca emitiera una medida cautelar para los yurí y los passé, con el fin de protegerlos de la creciente minería en el río Puré, en la frontera con Brasil.

Sin embargo, el avance en la protección de estos pueblos y la confirmación de otros grupos indígenas en aislamiento en la Amazonía colombiana siguen siendo lentos. Según miembros del equipo de Amazon Conservation Team (ACT), una organización que ha dedicado décadas a investigar y proteger a estos pueblos, hay indicios de otros 16 grupos en aislamiento, “pero es fundamental confirmar su existencia para garantizar su conservación y su protección”.

Para expertos y comunidades indígenas que limitan con los aislados, esta situación es una carrera contra el tiempo. Temen que se repita la historia de los nukak, quienes al salir de su aislamiento enfrentaron una serie de amenazas devastadoras. En 1988, un pequeño grupo de nukak llegó al municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare y después de ese primer acercamiento con el mundo occidental, la mitad de su población murió a principios de la década de 1990 por gripe y problemas respiratorios. Las presiones por la tierra en la que habitan, los llevó a dejar su vida nómada y concentrarse en un pequeño espacio en San José del Guaviare. La deforestación, el mercado de tierras ilegal, la ganadería, los cultivos de coca y la presencia de grupos armados no les permite retornar libremente al territorio del que fueron expulsados.

Roberto Franco, politólogo y quien era la principal autoridad en temas de pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonía colombiana, fue el autor de Cariba Malo, la investigación que llevó a la confirmación de la existencia de los yurí y los passé. En su libro narró lo que hoy sigue siendo vigente: “Los indígenas aislados son un asunto que a pocos interesa, pues si acaso son percibidos como algo folclórico”. Desde su descubrimiento en 2010, el Estado colombiano no ha hecho otro reconocimiento de un pueblo en aislamiento.

La mirada internacional

En el mundo hay por lo menos 200 grupos de indígenas en aislamiento o en contacto inicial que desde hace siglos conservan sus culturas, su lengua y modos de vida en lo más profundo de la naturaleza.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que estos pueblos residen en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Perú y Venezuela. En la región, el país que cuenta con el menor número de pueblos aislados confirmados por el Estado es Colombia, en contraste con Perú que tiene registros de la existencia de al menos 26 pueblos indígenas y otros dos por confirmar. Brasil, con 28 pueblos confirmados y 86 por confirmar, es el país con más aislados.

La identificación, reconocimiento de los pueblos indígenas en aislamiento y su protección efectiva sigue siendo un desafío. Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en 2024 se hizo un llamado para la protección y el respeto al derecho de no contacto.

La presiones y amenazas a los aislados en Colombia no son muy distintas a las de países vecinos. Por ejemplo, en Ecuador han sido amenazados por la exploración y explotación del petróleo en su territorio. Aunque en agosto de 2023 la ciudadanía ecuatoriana decidió en una consulta popular —con el 58.95 % de los votos— dejar bajo tierra el petróleo del Parque Nacional Yasuní, en el que viven las aislados Tagaeri y Taromenane, y expulsar a las empresas que operan allí, el cumplimiento no se ha hecho efectivo.

Los peligros

“Los pueblos no contactados de la Amazonía no tomaron la decisión de cortar con el resto de la humanidad de una manera voluntaria, lo hicieron obligados, hace cientos de años, por simple supervivencia”, manifestaron los voceros de ACT, que prefieren omitir sus nombres por la difícil situación de seguridad en la Amazonía, al referirse a las distintas amenazas que enfrentan estos pueblos indígenas. Huyeron de los peligros que el ‘cariba malo’ —hombre blanco— les ofreció desde su llegada a la selva.

Con el tiempo los peligros han cambiado, los indígenas ya no huyen de las caucherías, que desde 1879, y por más de 30 años, esclavizó a los pueblos originarios de la Amazonía hasta diezmarlos. Ahora huyen de la minería ilegal, que no solo navega por los ríos que traspasan fronteras, sino que también les deja mercurio que consumen cada día sin saberlo.

Los yurí y los passé habitan en lo más remoto de la Amazonía colombiana, moviéndose por el Parque Nacional Natural Río Puré, un área protegida de cerca de 470 mil hectáreas. Sin embargo, la cuenca del río Puré ha sido históricamente usada para la extracción minera, tanto del lado colombiano como del brasileño.

Para la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro —conformada por varias organizaciones sociales como Amazon Conservation Team, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la Fundación Gaia Amazonas, WWF y la Sociedad Zoológica de Frankfurt que investiga los impactos y los efectos de la contaminación por mercurio en la zona—, la minería que venía en aumento desde 2019 se disparó con la salida, en 2020, de los guardaparques de 10 áreas protegidas como los parques Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis, Amacayacu y La Paya, además de la quema de la cabaña del Parque Río Puré en 2021. Estos eventos coincidieron con el incremento de la presencia de dragas en el río.

Como lo explicó una persona consultad en el equipo de ACT, a partir de los sobrevuelos en la zona se han podido identificar dragas a lo largo del río Puré, tanto en el lado colombiano como brasileño. “Hemos hecho un registro de 2020 a 2023 de dragas y dragones [que aspiran los sedimentos del lecho de los ríos]. Vemos que inicialmente eran unas balsas muy pequeñas, pero ahora uno ve más de 150 dragas de unos 15 ó 20 metros sobre el río”, dijo.

Para los investigadores de ACT es evidente el aumento de la minería ilegal. Existen lugares a lo largo del río que parecen “pueblos” donde los mineros se abastecen, se alimentan y duermen. “En imágenes satelitales y en los sobrevuelos tú ves que los mineros se parquean”, afirmó uno de los expertos. A orillas del río se ven las dragas y con ellas las remolcadoras y una tecnología que antes no existía en esta zona. “Por ejemplo, en 2022, de unos 130 kilómetros del río del lado brasilero, en promedio había una draga por cada kilómetro”, explicó.

El dragado de los ríos que realizan los mineros para obtener el oro hace que aumente la cantidad de sedimentos, afectando a la pesca. Esto ocurre en dos momentos: cuando se remueve el material del suelo y es arrastrado por la corriente, y cuando el material extraído es lavado en tolvas, contenedores parecidos a un embudo, y el conjunto de partículas que queda en el fondo del contenedor se vierte en el agua.

El incremento de la turbidez impide que el sol llegue a las plantas y microorganismos, afectando la vida bajo el agua. Por eso, a las comunidades se les dificulta encontrar grandes peces, y si lo hacen, es muy probable que presenten altos niveles de mercurio, se explica en la investigación del Instituto Sinchi “Minería: impactos sociales en la Amazonía”

Según un estudio hecho por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en junio de 2023, más de mil personas están involucradas en la minería ilegal en el río Puré.

Uno de los mayores riesgos para los pueblos indígenas, y aún más para los pueblos en aislamiento, es el mercurio. En 2018, un estudio hecho por Parques Nacionales Naturales, Ministerio de Salud y varias organizaciones sociales, mostró que, por lo menos, en la cuenca media del río Caquetá que desemboca en el río Puré, sus habitantes registraron hasta 100 microgramos de mercurio por litro de sangre, es decir, más de seis veces el máximo permitido. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), una persona expuesta al mercurio no debería tener más de 15 microgramos del metal por litro en la sangre.

La FCDS realizó una investigación en 2023 en los ríos Puré y Cotuhé, en la que realizó análisis en peces. Llegaron a un hallazgo alarmante. “Las altas concentraciones de mercurio se encuentran en el río Puré, por ejemplo siendo la única localidad de muestreo donde los omnívoros y detritívoros superaron el límite de los 0.5 ppm”, dijo un vocero de FCDS que trabaja en la zona. Estos datos confirman que los aislados cada vez más están en peligro, no solo por la presencia de extraños en zonas intangibles, sino por la soberanía alimentaria. Su dieta, que tiene un alto componente en la pesca, está en riesgo por la sedimentación y el mercurio.

16 pueblos aislados por confirmar en Colombia

Más arriba del río Puré se encuentra el parque Nacional Natural la Serranía del Chiribiquete, el área protegida más grande a nivel continental en Colombia. Desde la confirmación de la presencia los aislados en el río Puré, hay fuertes indicios de otras comunidades en la misma condición en la parte sur del parque, cerca de resguardos indígenas como el Mirití Paraná.

Roberto Franco ya había escrito que se tenían pistas de otros aislados: “Un grupo carijona, entre los ríos Ajaju y Macaya; un grupo carijona o murui, entre los ríos Luisa y Yarí; un grupo urumi, en la parte alta de los ríos Mirití, Yavilla y Meta; y un grupo murui, entre los ríos Cuemaní y Sainí”.

El parque Chiribiquete ha tenido varias expansiones en su área, que entre otras razones, ha buscado la inclusión de posibles grupos en aislamiento dentro de su zonificación. Como lo explicó Rodrigo Botero, director de FCDS, en una columna publicada en marzo de 2024, “es una novedosa forma de reconocer una figura territorial para pueblos en aislamiento, que a diferencia de lo que ocurre en países como Brasil o Perú -donde se crean reservas específicas para aislados- [en las áreas protegidas] se conjugan con la protección a perpetuidad del suelo y subsuelo”.

En el plan de manejo especial del Parque Chiribiquete se advierte que su ampliación en 2018 se debió especialmente a la protección de los indígenas aislados, pues la presencia de colonos campesinos y la expansión de la frontera agrícola amenaza su determinación de no ser contactados. También se suma, como lo explica el documento, “el posible traslape o cercanía de los territorios de los pueblos aislados con los resguardos constituidos del medio Caquetá y Yaguará II”, territorios indígenas en riesgo por la presencia de actores armados y deforestación. De hecho, los líderes del resguardo Yaguará II fueron exiliados en 2021 tras múltiples amenazas y continúan desplazados por la construcción de un camino ilegal que entra al Parque Chiribiquete.

El Estado intenta proteger a los pueblos indígenas en aislamiento al asegurar su territorio dentro de este parque nacional, mientras que comunidades indígenas como el resguardo Curare Los Ingleses, en la región del Bajo Río Caquetá, entre los parques nacionales naturales Río Puré y Cahuinarí, también intentan mantenerlos alejados de un posible contacto. En 2013 instalaron una cabaña de vigilancia en el sector de Puerto Caimán para controlar que nadie entre a la zona intangible desde el río. Además, los indígenas de Curare Los Ingleses se han propuesto ser el cordón de seguridad de los aislados para respetar su determinación de no ser contactados.

La protección a pasos de tortuga

Después del contacto de los indígenas nükak a finales de los años 80, misioneros evangélicos entraron por el río Putumayo buscando a los yurí y los passé. Años más tarde, excursionistas en el Parque Chiribiquete que buscaban arte rupestre pusieron en peligro a estos grupos. Fue por eso que en 2013 Colombia decidió poner en marcha el primer decreto para la “Prevención y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento”. Era el único país en la región amazónica sin medidas de protección para estos grupos.

El trabajo de concertación para expedir el decreto 1232 de 2018 duró más de cinco años. Como lo explica Darío Silva, indígena del pueblo cubeo y líder indígena, “Colombia nunca había pensado en la protección de los pueblos aislados antes del decreto. Se vuelve un mecanismo novedoso y una norma para proteger. Sin embargo, a la fecha no hay una política pública clara de atención de pueblos en aislamiento o en contacto inicial”.

Esa deuda sigue vigente. Para los indígenas colindantes a los pueblos aislados y a los pendientes por confirmar, la investigación y la protección de los que permanecen alejados de la cultura occidental se convirtió en una responsabilidad únicamente de ellos.

“Le hemos dado una responsabilidad muy grande a los gobiernos indígenas, porque no solo deben cuidarse ellos y tratar de hacer cosas para ellos, sino que también deben cuidar a los aislados. Ellos lo hacen desde su cultura, sus tradiciones espirituales y de sanación, pero hay cosas como la minería y el narcotráfico que no están en capacidad de solucionar”, enfatiza una de las voceras de ACT.

De igual manera, Silva afirma que el decreto de 2018 es importante, pero es necesario una voluntad política de las entidades para cumplir con las tareas que se asignaron en el documento. Allí se fijaron tres etapas para concluir la confirmación de un pueblo en aislamiento: la primera es un estudio oficial; la segunda es un estudio avanzado que confirme su existencia; y la tercera es la territorialidad identificada, es decir, establecer la zona geográfica en la que se mueven los aislados.

De los yurí y los passé hay un reconocimiento inicial desde 2010, pero pasaron 14 años y el Ministerio del Interior no había terminado el proceso. Fue hasta la COP 16, cuando salió la resolución 244 de 2024, que establece la territorialidad de los yurí y de los passé, localizados entre los ríos Caquetá y Putumayo en los corregimientos de La Pradera, Tarapacá y Puerto Arica, en el departamento del Amazonas. Con ello, se cumplen las tres etapas para la confirmación total de los dos pueblos en aislamiento

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto enviaron al ministerio un derecho de petición (solicitud formal de información), un recurso de insistencia y un cuestionario al área de prensa para conocer el avance de la entidad en las investigaciones y en las acciones para la confirmación de los otros 16 pueblos en estudio. Hasta el momento de publicación de este reportaje el Ministerio no respondió ninguna de las solicitudes.

“Debería existir un sistema de información que tenga un indicio y un riesgo identificado. El Ministerio del Interior, según el decreto, debería construir esa base para priorizar zonas de investigación y posterior confirmación”, explica un investigador de ACT.

Como lo comentaron los expertos y el líder indígena Darío Silva, todo el proceso de protección ha funcionado de manera desordenada por parte del Estado y ha sido gestionado sólo por los indígenas que viven cerca del territorio de los aislados.

Los resguardos Curare los Ingleses y Mirití Paraná han venido trabajando con ACT desde que Roberto Franco estaba en medio de su investigación. “Nosotros decidimos que nadie los moleste. Los aislados son la cultura natural de los indígenas yukuna. Estamos en el proceso de contingencia si en algún momento deciden salir”, afirma Kelly Johana Yunuca, secretaria de mujeres del Consejo Indígena del Mirití Paraná. Desde 2012 llevan a cabo procesos de educación propia, acuerdos de manejo de recursos naturales, protección espiritual y monitoreo para la preservación de la fauna en los territorios que colindan con las zonas donde se cree que habitan los indígenas en aislamiento.

El sistema de protección que se estableció en el decreto de 2018 se compone de una Comisión Nacional, Comités Locales y Grupos Técnicos Interculturales encargados de la protección en el territorio. Sin embargo, “el gobierno llega a la Comisión sin nada que mostrar”, dice Silva.

En seis años, la Comisión solo ha sido convocada en 2020, 2021 y 2024. “El país entiende la necesidad de proteger a los pueblos en estado natural [en aislamiento voluntario], pero no hay voluntad política, no hay presupuesto. En la región amazónica no se ha sesionado el comité local, mientras las amenazas a los territorios continúan y ponen en peligro a los indígenas”, afirma el líder.

Este panorama y los riesgos cada vez más latentes, llevaron a que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentara una medida cautelar para la protección de los yurí y los passé en 2023. En noviembre de dicho año fue aceptada por el Juzgado de Tierras de Cundinamarca y este ordenó a 21 entidades acelerar la protección de los pueblos aislados. En resumidas cuentas, la medida le exige al Ministerio del Interior cumplir con el Decreto de 2018, convocar la Comisión Nacional, así como desarrollar el protocolo de registro e identificación de los pueblos en aislamiento voluntario.

El director de Asuntos Étnicos de la URT, Acxan Duque Gámez, le dice a Mongabay Latam y a Rutas del Conflicto que emplearon distintas fuentes de información para construir el caso y mostrar las amenazas ambientales dadas por la minería ilegal y la deforestación que enfrenta el territorio donde están los aislados. “Son medidas para mitigar los peligros desde afuera -comunidades colindantes- pero que impactan hacia adentro -pueblos aislados-. Son medidas que tienen que crear los ministerios, Corpoamazonia [autoridad ambiental regional] y el Ejército para proteger los ríos de la minería”, afirma Duque.

La medida cautelar fue un paso para acelerar la implementación del Decreto y aunque el Ministerio de Defensa ha realizado varios operativos en la zona para frenar la minería ilegal, como el de octubre de 2023 en los ríos Puré y Cotuhé, según informó en la respuesta del derecho de petición enviado por esta alianza periodística, para los expertos y los indígenas esto no es suficiente. “Se destruyen las balsas, las dragas y los dragones pero al otro día ya están funcionando sin problema. Cuando los mineros ven que llega el operativo, se llevan el motor y dejan el resto de la embarcación que es fácilmente construible”, manifestó una fuente que prefiere omitir su nombre.

Durante 2024, como asegura el director de Asuntos Étnicos de la URT, algunas entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP) se han acercado a su dirección en busca de entablar diálogos y mesas de concertación para avanzar en el cumplimiento de las medidas. “Hay entidades que nos han preguntado cómo proteger a los aislados, que no conocen del tema y entramos nosotros [URT] para ayudarlos en el cumplimiento de las órdenes”, menciona Duque.

Sin embargo, los indígenas de los resguardos colindantes, y las organizaciones no gubernamentales que trabajan con ellos, insisten en que poco se ha visto del avance y el cumplimiento de las 21 entidades que tienen obligaciones dentro de lo que ordena la medida cautelar. “Tenemos que hacer cosas como el cordón sanitario para los aislados. Ese y otros temas están sobre la mesa con las entidades, pero se quedan en el papel”, afirma Silva.

Duque comenta que todavía queda mucho trabajo por hacer por los aislados. Las órdenes para cumplir con la medida cautelar son un trabajo arduo que no solo requiere de las comunidades colindantes sino de entidades como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, al ser la minería un problema de frontera con Brasil. “Estamos mirando qué actuaciones hacer y cuáles priorizar para las audiencias de seguimiento”, afirma el director de asuntos étnicos de la URT.

Ya se cumplió más de un año de un hito en la protección de los yuri y los passé con la medida cautelar, pero las entidades siguen caminando a pasos de tortuga en la confirmación y protección de los otros 16 pueblos aislados, mientras que la minería que recorre el río Puré continúa en aumento. El gobierno colombiano no tiene preparado un protocolo de contingencia en caso que algún pueblo aislado entre en contacto voluntario o involuntario con Occidente y el gran temor es que se repita la misma historia del pueblo nukak hace 36 años.

*Imagen principal: Expedición Parque Nacional Río Puré, Colombia. Foto: Equipo PNN Río Puré

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*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto “Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques”, una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.