Al hacer zoom a la selva en el Perú, es posible encontrar grandes hectáreas de deforestación en medio del espesor verdoso que se asemejan a heridas enormes ocultas entre el follaje. Están dispersas por los bosques de Ucayali, Loreto, Huánuco, Madre de Dios, Pasco y Cusco. Algunas están muy próximas al curso de los ríos, otras a pocos metros de trochas o vías, y muchas en medio de territorios protegidos.

Tras más de un año de investigación, un equipo coordinado por Mongabay Latam confirmó que esos tajos en medio de la selva son pistas de aterrizaje clandestinas. Muchas de ellas abiertas dentro o alrededor del territorio de comunidades nativas, cerca a áreas naturales protegidas o dentro de reservas indígenas.

Con información obtenida de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro), el Gobierno Regional de Ucayali, la plataforma Open Street Map y el desarrollo de una herramienta de búsqueda que utiliza inteligencia artificial, se pudo rastrear en total 128 pistas de aterrizaje ilegales en seis regiones de la Amazonía peruana. De ellas, 76 fueron confirmadas tras realizar alrededor de 60 entrevistas con líderes indígenas, comuneros, fiscales, expertos y funcionarios estatales. Y, de este grupo, 45 están en la región de Ucayali y se abrieron para servir al narcotráfico.

“Encontramos laboratorios de droga y pistas clandestinas en mayor parte en la zona de Atalaya (Ucayali). Los traficantes de droga usan comúnmente las comunidades nativas o las zonas no catastrales de difícil acceso y ahí se posicionan, saben en qué zonas hay pistas. Ese es su modus operandi”, asegura Pedro Velásquez, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ucayali.

Uno de los datos más reveladores detectados por el algoritmo es que 10 de las pistas habilitadas en Ucayali, están escondidas dentro de 9 concesiones forestales, espacios que deberían estar destinados a proteger el bosque o a aprovecharlo sosteniblemente, pero que en realidad han sido tomados por el narcotráfico. Los trazos ilegales están distribuidos entre las provincias de Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad. Y, en algunos casos, los mismos concesionarios han denunciado el problema sin ser escuchados por las autoridades.

“En Atalaya hay bastantes concesiones de madera. Cuando aparecen pistas clandestinas o cultivos ilegales de coca, mayormente los concesionarios denuncian primero a las Fiscalías Especializadas en Medio Ambiente (FEMA) y ellas nos derivan los casos a nosotros”, precisa el fiscal.

¿Qué está pasando en las concesiones forestales de Ucayali?¿Quiénes son los propietarios y cómo el narcotráfico ha logrado entrar a esos predios?

Concesiones de alto vuelo

Si se observan las imágenes satelitales de las pistas ilegales detectadas al interior de las concesiones forestales de Ucayali y los parches de cultivos ilícitos de coca—identificados por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) hasta 2023 — es posible ver que los 10 trazos ilegales están dentro de 9 concesiones forestales, y 6 de ellos se ubican en medio de sembríos de coca.

El análisis muestra que existen al menos 27 hectáreas de cultivos ilícitos alrededor de 7 de las pistas, considerando los parches detectados en 2 kilómetros a la redonda. La extensión de la siembra equivale a casi 38 veces la superficie del Estadio Nacional de Perú.

De las 10 pistas de aterrizaje clandestinas que sirven al narcotráfico —como lo confirmamos con fuentes locales y oficiales—, 3 están ubicadas en la provincia de Atalaya, 5 en Coronel Portillo y 2 en Padre Abad. ¿Quiénes son los representantes legales o propietarios de las concesiones? Detectamos a través de la base de datos del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) a ocho empresas: Explotadora de Negocios Amazónicos S.A.C., Forestal Mendoza E.I.R.L., Forestal La Merced S.R.L., Jones Forestales S.A.C., Forestal Imiria S.R.L., Empresa Forestal El Aguajal, Ucayali Wood y Proyecto World Green Perú. Solo una de las concesiones está a nombre de una persona natural: Mauro Radegundo Villacorta.

Según información del Osinfor, 4 de las 10 concesiones forestales se encuentran activas, es decir, con títulos habilitantes vigentes. Estos títulos son los derechos que reciben los concesionarios para poder realizar actividades de extracción de madera en los bosques naturales, y tienen una vigencia de hasta 40 años. Las concesiones son otorgadas a través de un concurso público realizado, en este caso, por el Gobierno Regional de Ucayali (Gore Ucayali), entidad regional que tiene a su cargo, además, la aprobación de los planes de manejo de los concesionarios.

Las empresas que cuentan con un título habilitante vigente son Forestal Mendoza E.I.R.L., que tiene dos concesiones; Forestal La Merced S.R.L. y Ucayali Wood. Explotadora de Negocios Amazónicos S.A.C. también tiene un título vigente hasta 2042, pero la concesión se encuentra dentro de un predio privado.

El caso de Ucayali Wood

“Hace 8 años fui a declarar a la Divincri, les mandé las fotos de la avioneta, de las pistas, a la policía de inteligencia, pero nunca más volvieron. Ahí quedó. Esto es algo que ya lo vemos natural, denunciar para no presentar problemas con nadie. Deberían hacer un centro de operaciones tipo Vraem en Ucayali porque es insostenible lo del narcotráfico. Hemos aprendido a convivir: mientras no nos hagan nada, no nos metamos con ellos”, cuenta Teddy Arbe Rengifo, representante de la empresa Ucayali Wood, a Mongabay Latam.

La empresa obtuvo una concesión de 9 mil hectáreas en el distrito de Tahuania, en Atalaya, una zona altamente convulsionada por el narcotráfico. De hecho, el último reporte de Devida del 2023 revela que Tahuania concentra el 57% de la extensión de la superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en Ucayali, es decir, 1909 hectáreas.

Llegar a la zona es casi imposible si es que no se cuenta con respaldo policial. Un equipo de Mongabay Latam pudo comprobar que el lugar es prácticamente tierra de nadie. A unos 20 minutos de la concesión de Teddy Arbe, se pudo observar bidones de plástico, usados para preparar droga, tirados al borde de un río.

Pero los problemas en el área de la concesión no son recientes, empezaron nueve años atrás. El primer contrato con el Estado lo firmó en 2002 Said Abensur de Brito, entonces representante legal de la empresa Forestal Anita. En 2015, como consta en documentos de supervisión de Osinfor, el concesionario presentó la primera denuncia ante la FEMA Atalaya tras advertir la presencia de “terceros” para cultivar coca dentro de su concesión.

En el informe de supervisión 2018 del Plan Operativo Ambiental 2017-2018, a través de un monitoreo satelital, los agentes del Osinfor confirmaron la presencia de “áreas descocadas con cultivos agrícolas entre ellos hoja de coca”, así como la presencia de una pista de aterrizaje ilegal.

Un año después, en agosto de 2019, la concesión pasa a ser administrada por la empresa Ucayali Wood, representada por Teddy Arbe. Desde entonces, Arbe ha presentado diferentes denuncias —ante el Osinfor y la FEMA de Atalaya— por la presencia de cultivos de hoja de coca y pistas de aterrizaje ilegales.

En agosto de 2021, Arbe le entrega al Osinfor la copia de la primera denuncia que presentó a la FEMA y añade nuevos hallazgos: “Ampliación de la denuncia por el incremento de desbosque y quema realizada por cocaleros, con fecha 06 de agosto [de 2021]”. En el documento entregado por el concesionario, es posible ver imágenes de las áreas afectadas, un mapa de ubicación de los espacios devastados por los cocaleros y videos registrados el 06 de agosto de 2021, en los que se observa la quema del bosque.

No fue hasta enero de este año, que la FEMA Atalaya revisó el informe elaborado por el Osinfor en 2023 sobre el caso de Ucayali Wood. Según el documento de la fiscalía, Arbe denunció que en 20 puntos de la concesión había encontrado tala ilegal, deforestación por cultivos ilícitos de coca y tres puntos de desbosque de hasta 10 hectáreas. Los 20 puntos ocupan un total de 98.57 hectáreas dentro de la concesión.

Por ello, en febrero de 2024, la FEMA abrió investigación preliminar por el supuesto delito contra los bosques o formaciones boscosas a quien resulte responsable. Sin embargo, la fiscalía decidió archivar el caso al no poder identificar a los culpables, a pesar que el concesionario denunció que el desbosque era para el cultivo de hoja de coca y que este se había incrementado en el último año.

“Nosotros encontramos un desastre. Primero, presentamos la denuncia en la comisaría en Atalaya, y se coordinó la citación para que vayan a ver. Luego, la Fiscalía de Atalaya archivó la denuncia, todo lo archivan. A mí me piden mi manifestación, yo les digo: mira sí, eso son los puntos, pasó esto, pasó todo, y allá se va contra quien resulte responsable, pero no pueden identificarlos”, cuenta Arbe.

Según Osinfor, en lo que va del año no se ha identificado pérdida de bosque que alerte del avance de la actividad ilegal dentro de la concesión. Sin embargo, para Arbe, el peligro que ronda la concesión es latente con la presencia del narcotráfico, por eso asegura que continuará alertando lo que suceda en su concesión para no perder el título habilitante que está vigente hasta 2042.

Lo que la pandemia dejó

¿Cómo se lograron abrir las narcopistas dentro de las concesiones? Uno de los problemas identificados apunta a la ausencia de las autoridades durante la pandemia del Covid-19. Según la FEMA de Atalaya, los delitos ambientales como la deforestación, la tala ilegal y el tráfico de productos maderables se agudizaron a partir del 2020. En ese contexto, fue muy fácil para las mafias ganar terreno y avanzar sobre espacios prohibidos.

El caso de Forestal Mendoza E.I.R.L. es un buen ejemplo. La concesión, otorgada en 2002 sobre un área de 19 798 hectáreas de bosque, tiene como finalidad la producción forestal en un territorio del distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo. Tras la firma de una adenda al contrato en 2008, el área se amplió a 23 534 hectáreas. Si bien quien aparece como representante legal de la empresa es el fallecido Juan Simón Victor Mendoza de Souza, en la firma del contrato se menciona como representante de la empresa a su hermano Francisco de Asís Mendoza de Souza, el actual alcalde provincial de Atalaya.

Según información a la que tuvo acceso Mongabay Latam, el alcalde ha sido denunciado por lavado de activos en 2014 y 2021 en Ayacucho. También ha sido investigado por la Fiscalía de Satipo en 2017 y 2019 por los delitos de usurpación (sentenciado) y abuso de autoridad (archivado). En Ucayali, la fiscalía lo ha investigado por peculado, lavado de activos, concusión, contaminación del ambiente y aprovechamiento indebido de cargo. Asimismo, la FEMA Atalaya le abrió una investigación en 2018 por los presuntos delitos relativos al manejo de residuos sólidos y contaminación del ambiente. Sin embargo, la denuncia fue archivada.

La herramienta de búsqueda que usa inteligencia artificial y que desarrollada por Earth Genome para esta investigación detectó dentro de la concesión de los Mendoza de Souza dos pistas de aterrizaje clandestinas: una abierta en junio de 2018 y la otra en el mismo mes del 2020, en plena pandemia por el Covid-19. Según la Fiscalía, durante esa época las organizaciones criminales aprovecharon la falta de acciones de control para continuar deforestando.

El Osinfor confirmó, en respuesta a un pedido de información, que ambas pistas continúan activas. La entidad pudo verificar la información a través de una supervisión realizada con imágenes satelitales, por lo que han programado una visita a la zona. Según la FEMA, el concesionario denunció la presencia de esos trazos ilegales y el desbosque en su área de trabajo en 2018.

Consultado sobre su participación en la concesión de Forestal Mendoza, el alcalde Francisco Mendoza de Souza aseguró que en el 2004 vendió la empresa a su hermano Juan Simón y, tras su fallecimiento, la empresa fue heredada a sus hijos, es decir, sus sobrinos. Indicó que, mientras fue titular de la concesión (entre el 2002 y 2004) no identificó ni denunció la presencia de pistas en el área.

“Desde el 2004 no soy titular de la concesión. Yo vendí la empresa a mi hermano que falleció en el 2004. En esa época no había lo que hay ahora. En estos últimos años han aparecido ya problemas mayores como minería ilegal, que hay en mínima cantidad, y el narcotráfico en Ucayali”, dijo a Mongabay Latam.

El alcalde provincial de Atalaya también negó estar vinculado a denuncias por narcotráfico. “No estoy vinculado ni al narcotráfico ni a la coca. Hacemos carreteras para la gente, no para eso. Cuando estás en política te denuncian por cualquier estupidez, pero yo tengo una trayectoria de trabajo y jamás he estado relacionado a ese tipo de cosas”, agregó.

Durante la pandemia, también se abrió una pista de aterrizaje clandestina dentro de una concesión ubicada en el distrito de Tahuanía, en Coronel Portillo. Las imágenes satelitales muestran un trazo ilegal en medio de la concesión que administra la empresa Forestal La Merced S.R.L., que tiene como representante legal a Maritza Ángeles Heliz. La concesión fue otorgada en el 2003, sobre un área de 10 757 hectáreas, y oculta dentro de sus bosques una pista que fue abierta en junio de 2020. Osinfor confirmó, en respuesta a una consulta de Mongabay Latam, que esa no es la única pista y que detectaron una más a través de su sistema de monitoreo.

Según fuentes de la fiscalía ambiental de Atalaya, comuneros denunciaron en 2020 la presencia de cultivos ilegales de hoja de coca y la aparición de las pistas de aterrizaje clandestinas en la concesión, pero la denuncia fue archivada. La FEMA confirmó que tienen previsto una visita a la zona.

Pistas ocultas en concesiones abandonadas

Con la ayuda de una herramienta de búsqueda que utiliza inteligencia artificial (IA), Mongabay Latam y Earth Genome lograron identificar otras seis pistas de aterrizaje clandestinas en las concesiones otorgadas a Aguajal, Jones Forestales, Imiria, Proyecto World Green Perú y a Mauro Radegundo Villacorta. Según Osinfor, los títulos habilitantes de estas empresas han caducado. Es decir, están a la espera de que la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) del Gobierno Regional de Ucayali realice los trámites correspondientes para procesar los planes de cierre y dejar los títulos hábiles para nuevos concursos públicos.

En el caso de la empresa Jones Forestales, el título habilitante de la concesión venció en 2008, seis años después de que se firmara el contrato, debido a faltas administrativas graves como el incumplimento del plan de manejo forestal. En sus informes de supervisión, Osinfor identificó que el concesionario incluyó información falsa en su Plan de Operación Ambiental y realizó extracción fuera de la zona autorizada.

Según la FEMA Atalaya, hay una denuncia contra Jones Forestales por ingresar con un tractor forestal a realizar actividades dentro del territorio de la comunidad nativa Diobamba (Ashéninka), en el distrito de Tahuania. El proceso está a puertas de entrar al juicio oral. Dentro de esa concesión, que es parte de una investigación fiscal, se detectó una pista de aterrizaje clandestina que fue abierta en diciembre de 2019. El trazo está en medio de una concesión que será adjudicada nuevamente.

Otra de las empresas que tiene el título habilitante vencido es la empresa Aguajal. El contrato de esta concesión aparece firmado en 2002 por José Luis Maguiña Paredes, exalcalde del distrito de Padre Abad. El Gerente General de la empresa, Macelo Maguiña Paredes, fue detenido en 2023 por tener una requisitoria vigente por corrupción de funcionarios. El título de la concesión caducó en el 2015 y, según Osinfor, recién se identificó la presencia de una pista de aterrizaje en el área de la concesión en 2022.

Sin embargo, la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch muestra que la pista clandestina se abrió en diciembre de 2020. Además que afecta a una comunidad nativa aledaña, pues la concesión ocupa una porción de ese territorio. Según los informes de supervisión de Osinfor, desde 2005 existen disputas por los límites de linderamiento con la comunidad nativa que también cuenta con una concesión en la misma zona.

Dirigentes de las federaciones indígenas de Ucayali, que hablaron en representación de las comunidades nativas presentes en la zona, confirmaron la existencia de la pista dentro del territorio y recordaron que fue el Gore Ucayali el que otorgó la concesión forestal sobre esas tierras. “En la actualidad, mayormente, el territorio está acorralado porque hay cultivo ilegal de hoja de coca y narcotráfico”, aseguró uno de los dirigentes. Además, alertó que ya no denuncian ante las autoridades porque “nunca les hacen caso y no tienen confianza”.

Antes de que caducara el título, la empresa Aguajal reportó ante el Gore Ucayali, tal como se evidencia en informes de Osinfor de 2012, la presencia de una poza de maceración cargada de hoja de coca para la elaboración de Pasta Básica de Cocaína (PBC) dentro de la concesión. En la denuncia, se adjuntan fotografías que evidencian el problema de tala ilegal y robo de madera, así como de la pérdida de 60 hectáreas de bosque. Un año antes había denunciado la presencia de cocaleros. La pista de aterrizaje clandestina y los sembríos ilegales de coca aún están presentes en la zona.

Un caso similar es el de la empresa Imiria que obtuvo la concesión en el 2002 y que aparece como caducada en el 2007. El área de la concesión se superpone con el territorio de la comunidad nativa Camtesari Quipatsi. En el 2020, apareció una narcopista en medio del bosque de la concesión.

Otras dos pistas clandestinas fueron halladas en las concesiones de la empresa Proyecto World Green Perú y de Mauro Radegundo Villacorta, en Padre Abad y Coronel Portillo, respectivamente. En el caso de Radegundo Villacorta, la concesión caducó luego de que Osinfor concluyera que este no realizó el censo forestal o marcado de árboles correspondiente al plan de manejo, por lo que se le sancionó con 68.88 UIT (67 mil dólares).

En el informe de supervisión de POA 2008-2009, se habla de la presencia de taladores ilegales. Según el concesionario, los invasores se metían a su concesión cuando él no estaba.

¿Qué sigue ahora? Según Osinfor, luego que se abre un proceso administrativo sancionador a las empresas concesionarias y se determina que se debe caducar el título habilitante, es el Gore Ucayali el responsable de encargarse de volver a realizar un concurso público para dichas concesiones. Mientras tanto, los cultivos ilícitos de coca y pistas de aterrizaje clandestinas siguen invadiendo esos predios del Estado. Osinfor asegura que realiza la vigilancia del patrimonio forestal, pero que las inspecciones a las zonas son programadas a través de hojas de ruta que se coordinan con el Gore Ucayali.

Franco Navarro, responsable de la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal de Fauna Silvestre del Gore Ucayali, sostiene que desde la entidad se realiza la vigilancia a las zonas que aún no han sido concesionadas luego que los títulos previos caducaran. Asegura que el proceso para otorgar una nueva concesión dura tres meses.

“Si hay concesión que se revierte, nosotros hacemos monitoreo para que esas áreas las pongamos a concurso para que haya postores, para que las personas interesadas nos presenten los documentos para que ellos puedan ser los concesionarios. Nosotros proponemos que sea entregado a un nuevo postor, luego que los concesionarios mandan a hacer un censo para ver si van a tener rentabilidad o no. En base a eso ven los documentos”, indicó a Mongabay Latam.

¿Quién debe actuar?

Osinfor asegura que uno de los problemas que han identificado en la supervisión y vigilancia de las concesiones forestales es la demora de los gobiernos regionales para entregar la información sobre los titulares que ganan las concesiones. Este retraso, asegura el organismo, debilita la programación de las diligencias de control y planes de supervisión que se deben realizar en la zona.

Desde el 2019, existe un repositorio de archivos digitalizados que se ha otorgado a cada autoridad regional para que aprueben los documentos, los escaneen y los puedan subir directamente al sistema que está interconectado con Osinfor. La idea de esa plataforma es agilizar los procesos.

Pero, además, los funcionarios de Osinfor aseguran que a través de un sistema de alerta los concesionarios pueden denunciar también la presencia de actividades ilegales en las zonas, como cultivos ilegales de coca o pistas de aterrizaje clandestinas, para que se puedan coordinar diligencias de emergencia. “También determinamos y analizamos las pérdidas de cobertura de bosque, a través de un análisis previo satelital que hace 8 años no se hacía”, indica la entidad, en respuesta a un pedido de información.

Franco Navarro del Gore Ucayali le dijo a Mongabay Latam que lograron detectar la presencia de 63 pistas de aterrizaje clandestinas en la región, en el 2023. De ellas, según indica, 21 fueron ubicadas en concesiones forestales y toda la información de los sobrevuelos fue enviada a las autoridades correspondientes.

“Nosotros primero derivamos a la fiscalía y la policía ecológica. Si es por cultivos ilegales, por deforestación y cambio de uso actuamos nosotros, pero a las otras instituciones les compete los delitos forestales. Los propios concesionarios ponen las denuncias ante nosotros diciendo que en tales coordenadas su personal ha encontrado deforestación (…) Si está cerca a una comunidad nativa y si hay cuenca hidrográfica es para un cultivo, pero por la zona distante se presume que es para narcotráfico. Le notificamos al concesionario y corremos traslado a Dirandro, etc. Ellos manejan esas zonas”, precisa Navarro.

Sin embargo, pese a las evidencias encontradas y las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, ni la Dirandro ni la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ucayali, cuentan con investigaciones abiertas sobre la aparición de las pistas de aterrizaje clandestinas en concesiones forestales.

“Hasta ahorita no me ha llegado ningún documento de alguna empresa con concesión forestal que dé cuenta de alguna pista en esos terrenos. Es más, nosotros acá destruimos, pero no podemos hacer mucho porque la mayoría de las pistas están en terrenos donde no hay a quién acusar, no tienen dueño. Por más que se abra una carpeta fiscal, luego se van a registros públicos y resulta que es un terreno sin dueño”, cuenta un agente de Operaciones de la División de Maniobras Tácticas contra el Tráfico Ilícito de Drogas, en Pucallpa.

Cuando las concesiones forestales caducan, el GORE es el encargado de vigilar el área hasta que se entregue la próxima concesión. Ellos aseguran que no demoran más de tres meses en entregar el bosque a un nuevo postor, sin embargo, desde Osinfor alertan que los periodos pueden extenderse por, incluso, años. En medio de ese desgobierno, más narcopistas se siguen abriendo y son las propias comunidades las que terminan protegiendo los bosques ante la ausencia de las autoridades.

Imagen destacada: Las pistas de aterrizaje se forman de manera clandestina en el espesor de la selva. Foto cortesía de Aidesep.

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