Cali, Colombia. Una de las tareas más urgentes para enfrentar la crisis de biodiversidad que atraviesa el planeta es proteger, al menos, el 30 % de las zonas terrestres y de aguas continentales, costeras y marinas, especialmente las áreas de particular importancia para la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Esto debe ocurrir al mismo tiempo en que se trabaja en la restauración efectiva del 30 % de los ecosistemas degradados.

Precisamente, esos son los objetivos de las metas 2 y 3 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal que se aprobó en la Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en el 2022. Metas que, según indican los expertos, estarán entre las que más se discutan durante las negociaciones de la COP16 que se desarrolla en Cali, Colombia. De hecho, la restauración es un tema tan importante que las Naciones Unidas declaró el periodo 2021-2030 como el Decenio de la Restauración.

“La meta 3 [proteger el 30 % de los ecosistemas marinos y costeros] es la más conocida de este Marco Mundial [Kunming Montreal], como pasó con la meta 11 de Aichi [el anterior acuerdo global sobre biodiversidad] que establecía la protección del 17 % de las áreas terrestres y aguas interiores, y el 10 % del mar. Es más, esa meta 11 fue la que estuvo más cerca de alcanzarse. Esperamos que lo mismo pase en este caso de proteger el 30 %”, explica Ana Di Pangracio, directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Di Pangracio considera que los esfuerzos de los países deben enfocarse siempre en la protección, “porque restaurar es carísimo”. Ya hay muchos países que han detectado cuáles son las prioridades de restauración en sus ecosistemas más degradados, “pero eso requiere mucha inyección de fondos”.

James Hardcastle, director de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), asegura que “hay que activar los canales de conexión entre financiamiento y los actores locales, es decir los incentivos. Si vamos claros con los incentivos, sí vamos a ver resultados de la conservación aún más allá del 30 %”.

La UICN tiene un programa conocido como Lista Verde, en el cual se reconocen las áreas protegidas más eficientes en su gestión y que garantizan una efectiva conservación de los ecosistemas.

El programa establece criterios globales que abarcan cuatro componentes principales: buena gobernanza, es decir, asegurar que el manejo de las áreas protegidas sea inclusivo, equitativo y transparente; planificación sólida, a través de la elaboración y ejecución de planes de manejo efectivos que guíen la conservación y otros usos del área; gestión efectiva, al asegurar el uso eficiente de los recursos disponibles para manejar el área protegida, y resultados sostenibles a largo plazo que demuestren que los objetivos ecológicos y sociales sean cumplidos efectivamente. En ese sentido, sus criterios son una oportunidad para los países a la hora de establecer nuevas áreas protegidas o mejorar la gestión de las actuales.

Hardcastle y Di Pangracio coinciden en un punto crucial: no es suficiente con conservar el 30 % de las tierras y los mares, sino que ese 30 % sea de calidad.

“Es una oportunidad para incluir muchos más actores y voces que contribuyen con sus actividades y esfuerzos particulares para alcanzar esta meta”, comenta Hardcastle y agrega que eso lleva nuevamente al tema de financiamiento —una de las conversaciones principales de la COP16—, porque “se habla de miles de millones de dólares, pero muchas veces ese dinero no llega a las comunidades, a las manos de los actores que están directamente involucrados en la conservación”.

Di Pangracio asegura que las metas 2 y 3 también están muy relacionadas con la meta 1 que propone planificar estratégicamente el territorio para que cada país establezca cuáles son las prioridades para crear protegidas, para restaurar o para usar sosteniblemente el territorio “y todo eso también requiere de fondos”.

“Seguramente se alcance la protección del 30 %, pero después están los elementos cualitativos: que las zonas protegidas estén bien conectadas, que estén bien implementadas, que haya representatividad ecológica, es decir, que no se proteja sólo un ecosistema, sino que realmente sean zonas prioritarias”, comenta Di Pangracio.

La directora de FARN destaca que el afán por crear áreas protegidas no puede llevar a que los países las declaren en zonas “de más fácil acceso” y olviden la creación de las áreas realmente altas en valor para la biodiversidad.

Di Pangracio ve una oportunidad en lo que se ha denominado como Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC) —zonas que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, pero que no están formalmente designadas como áreas protegidas— que también sumarían en la meta del 30 % de conservación de tierras y mares para el 2030. “Ahora hay mayor claridad sobre las OMEC, hay guías y estándares internacionales desarrollados, por ejemplo, por la UICN. Sin embargo, todavía se detectan muchas necesidades por parte de los países para entender bien qué es este concepto, cómo identificar las áreas y cómo reportarlas”.

*Imagen principal: Amarakaeri es una de las áreas naturales protegidas administradas por el Estado peruano. Foto: Reserva Comunal Amarakaeri.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.