El Ministerio de Ambiente de Colombia estima que la deforestación bajó entre un 25 % y un 35 % a nivel nacional en el 2023, en comparación con el 2022, cuando se perdieron 123 517 hectáreas de bosque. Esa fue la principal cifra presentada el pasado 8 de abril por la ministra Susana Muhammad, con base en el balance de alertas tempranas de deforestación del país. La ministra también aseguró que el 7 % de la deforestación de 2023 se concentró en el Sistema Nacional de Parques Nacionales. Sin embargo, este panorama cambiaría en este 2024.

Las cifras presentadas son aún una estimación de la deforestación, pues entre mayo o junio el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dará a conocer oficialmente el número de hectáreas de bosque perdidas durante el 2023. El más reciente reporte del World Resources Institute (WRI), publicado este 4 de abril, muestra una reducción del 49 % en la pérdida de bosques durante el 2022, sin embargo Colombia no ha abandonado la lista de las diez naciones en el mundo con la mayor tasa de deforestación. “La pérdida de bosques afectó a 66 083 hectáreas en 2023, prácticamente la mitad de las 128 455 hectáreas del año anterior”, indica el informe.

Sin embargo, como lo habían advertido varios expertos, mantener la tendencia de descenso en la deforestación dependía de múltiples variables como las acciones del Estado en el ejercicio de su soberanía en territorios estratégicos como la Amazonía, la capacidad de cumplir con los acuerdos de no deforestación y estar preparados para enfrentar el fenómeno de El Niño que tomaba fuerza en el último trimestre del 2023. Estas metas no se cumplieron y de ahí que Muhamad revelara un aumento en la deforestación durante el primer trimestre de 2024.

El 2024 empieza a mostrar un panorama preocupante

La ministra aseguró que en los primeros tres meses del 2024 se dio “un pico histórico”, que supera los datos de deforestación del primer trimestre de 2022, un “periodo que fue terrible”, porque solo en esos meses se perdieron 77 816 hectáreas de bosque. Se identificó un incremento de 40 % en el primer trimestre de 2024, en comparación con el 2023. Es decir que, entre enero y marzo de este año, Colombia habría perdido aproximadamente 109 000 hectáreas de bosque.

Para el Ministerio, el alza en la tendencia de deforestación se debe a dos principales circunstancias: las acciones del Estado Mayor Central, una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el fenómeno de El Niño.

Los departamentos más afectados por este flagelo fueron Caquetá, donde la deforestación entre enero y marzo de 2024, comparada con el mismo periodo del 2022, aumentó en 3464 hectáreas; Meta, donde el incremento fue de 2437 y Guaviare, que presentó un aumento de 1004 hectáreas. El Ministerio asegura que los Parques Nacionales Nacionales Naturales La Macarena, Tinigua y Chiribiquete y los resguardos Yaguará II y Nukak, al igual que en el primer trimestre de 2022, siguen siendo las áreas protegidas más deforestadas en los primeros tres meses de 2024, aunque no revelaron la cantidad exacta de bosque que se ha perdido este año.

La Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS por sus siglas en inglés) había advertido desde comienzos del 2023 sobre la ampliación de la carretera construida ilegalmente dentro del Resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II, que comprende territorio en los tres departamentos con aumento de deforestación durante el primer trimestre de este año. A finales de noviembre de 2023, la FZS identificó que la carretera estaba a tan solo cuatro kilómetros del Parque Nacional Chiribiquete y que estaba siendo usada como un camino para quemar bosques, transformar el suelo y conectarlo con otras carreteras ilegales.

Como lo expresaron investigadores de esa organización, la construcción de vías ilegales produce unas presiones al territorio indígena y, a la vez, “al acercarse tanto a un área protegida tan importante, va a empezar a hacer más vulnerables los objetivos de conservación y protección de los pueblos en aislamiento voluntario”.

Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), “es claro que la debilidad del Estado para proteger los resguardos indígenas es absoluta, sumada a la pobre voluntad de hacerlo. Más aún, en zonas donde hay escasa población, y zonas distantes como en el caso de los resguardos Nukak y Yaguará”, afirma.

Botero analizó el último sobrevuelo por la Amazonía colombiana que realizó su fundación en dos columnas de opinión publicadas entre finales de marzo y principios de abril de este año. Allí llama la atención sobre el nivel de planeación a la hora de deforestar y quemar bosque, y la dimensión del daño de la construcción de vías ilegales, debido al gran tamaño de los lotes deforestados. “Enormes trochas fueron abiertas por la parte superior del resguardo (Yaguará), quemadas a lado y lado, dejando una herida visible desde el satélite y en el territorio. Anuncian que no es una empresa de poca monta, ni corto plazo”, se lee en el texto. Además, Botero manifiesta que es preocupante el nivel de planificación milimétrica con la que están acabando con los bosques en la región amazónica.

“Se evidencia que si el Estado no es capaz de liderar procesos de ocupación territorial, habrá quienes sí lo hagan, sin importar el estatus legal del suelo y toda la parafernalia del ordenamiento colombiano”, escribió en su segunda columna.

Talar se convirtió en un objetivo de los grupos armados

El Estado Mayor Central, una facción disidente de las FARC liderada por alias ‘Iván Mordisco’, se ha fortalecido en los departamentos de Caquetá y Meta. Juana Cabezas, investigadora de la organización Indepaz, explica que esta estructura armada ha venido incrementando su control territorial y social en la zona. Cabezas explica que el grupo armado está controlando quién entra al territorio, carnetizando a los campesinos y controlando las actividades de los habitantes.

La ministra de Ambiente confirma lo dicho por la investigadora de Indepaz al afirmar que “desde octubre del año pasado, hasta este periodo, después de nosotros (gobierno) haber recuperado la confianza del campesinado de los tres departamentos (Meta, Caquetá y Guaviare), empezó una disputa territorial con el Estado Mayor Central por la legitimidad frente al campesinado”.

En estos departamentos amazónicos se ha dado una colonización dirigida por parte de los grupos armados, en las que el control va más allá de la tierra. Consiste en controlar la vida cotidiana de los civiles y con ello fortalecer las actividades ilícitas en los territorios. “Lo que ellos buscan es generar no solo la sensación, sino también el control de la población en ciertos espacios que el Estado no domina y donde el grupo armado puede ejercer presión, sobre todo en las zonas de especial protección ambiental. Controlan la forma de vida del campesino”, afirma Cabezas.

En la rueda de prensa donde la ministra presentó las cifras de deforestación habló de que las autoridades han identificado una “colonización dirigida por actores desconocidos” y “por actores que están trayendo personas vulnerables a operaciones de deforestación”. Para Rodrigo Botero es urgente que “desde el alto comisionado para la paz y el presidente haya una señal a la Mesa de Diálogo con el Estado Mayor Central, para dar un giro radical en la expansión de este proceso de colonización armada sobre la Amazonía”.

La coacción del Estado Mayor Central, a través del bloque sur oriental, se ha traducido en restringir la entrada de funcionarios del Sistema Nacional Ambiental a algunos territorios. “Nos tiene prácticamente parados los programas del gobierno”, manifestó Muhamad.

El gobierno colombiano espera que en el marco del diálogo para un proceso de paz con las disidencias de las extintas Farc, y colocando la conservación forestal como objetivo explícito de las discusiones, el Ministerio de Ambiente pueda operar en la conservación del territorio amazónico y en la protección de los liderazgos de defensores del ambiente y líderes sociales.

Según el Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividades y Paz de Indepaz, 188 líderes sociales fueron asesinados en 2023. Cuatro de ellos ejercían liderazgos ambientales y 13 liderazgos comunitarios. La ministra Susana Muhamad aseguró que el gobierno no abandona las zonas “ni a los líderes, por el contrario, tenemos el respaldo de las comunidades y quiero decirles que cuentan con el gobierno, en esto estamos juntos”.

Para Muhamad, lo que está sucediendo en la Amazonía es una forma de presión a las negociaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro. “En este caso se está poniendo a la naturaleza en la mitad del conflicto y esto es una violación al derecho internacional humanitario en el que, claramente, las afectaciones al medio ambiente están prohibidas como forma de presión armada”, añadió.

Pese a que las disidencias habían decretado la orden de suspender la deforestación y quemas a finales del año 2022 han continuado las actividades delictivas contra el medio ambiente. Como lo explica Juana Cabezas de Indepaz: “las acciones de control territorial en estos departamentos (amazónicos) tienen un doble propósito, mostrarse fuertes frente al Estado, controlando el territorio y continuando en el ejercicio de sus economías ilícitas”.

Muhamad hizo un llamado a los grupos armados para que “saquen a la naturaleza del conflicto, no puede convertirse la cifra de deforestación en una presión del grupo armado para ganar poder sobre el gobierno, porque lo único que están haciendo es ganando deslegitimación frente a la población”.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto de Colombia.

*Imagen principal: Un fragmento de selva talada, en la andinoamazonía colombiana, en el departamento de Putumayo. Foto: Natalia Pedraza.

El artículo original fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.