“Me siento un poco tranquila, pero para ese derrame de sangre no hay cura. Fueron 10 años, tuvimos que ser fuertes y seguir luchando”. El testimonio lacónico pero conmovedor es de Ergilia Rengifo, exlideresa de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, selva del Perú. Ella conversó con Mongabay Latam solo minutos después de que la Corte Superior de Justicia de Ucayali condenara a 28 años y tres meses de cárcel efectiva a cuatro de los cinco acusados por el asesinato de los líderes ashéninkas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos, perpetrado el 1 de septiembre de 2014.

El fallo en primera instancia fue contra los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, y para los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, dentro del proceso iniciado en noviembre de 2023, tras la anulación de una sentencia (también de 28 años y tres meses de prisión efectiva) que el Poder Judicial había dictado en febrero del año pasado. En la resolución, leída ayer durante casi dos horas, no fue incluido el brasileño Eurico Mapes Gómez, para quien los jueces pidieron renovar y tramitar las órdenes de ubicación y captura pues ha sido declarado reo contumaz.

La Corte Superior de Justicia de Ucayali responsabilizó a José Estrada y Hugo Flores de ser los instigadores del cuádruple homicidio, y halló a los hermanos Atachi Félix como coautores materiales del crimen. El pago por concepto de reparación civil en favor de los deudos fue fijado en 200 000 soles (54 000 dólares). En el caso de Eurico Mapes, también sindicado por la fiscalía como autor material, la sala reservó su juzgamiento hasta que sea ubicado y puesto a disposición de las autoridades competentes.

“Recién después de 10 años tenemos la sentencia, pero vamos a esperar la segunda instancia. Una vez que ya estén condenados como debe ser, y en la cárcel, ahí me voy a sentir alegre”, remarcó Ergilia Rengifo. En varios tramos del proceso, la exlideresa de Saweto se sintió desalentada, confesó, y en medio de una batalla contra la impunidad que le parecía perder: “Por eso decía: a dónde me voy si aquí en Perú no tengo justicia, a dónde voy a ir, qué nos está pasando, por qué no hay atención para los que hemos luchado por la tierra”.

Condena histórica

El abogado de las viudas de los cuatro dirigentes ashéninkas, Alberto Caraza, dijo a Mongabay Latam que se trata de un fallo trascendental y emblemático porque es el primero relacionado con crímenes en que defensores ambientales indígenas del Perú han sido las víctimas. Caraza recordó que desde la cruenta muerte de los dirigentes ashéninkas, ya son 33 líderes indígenas asesinados hasta la fecha. Precisamente, la sala penal que dictó la condena acreditó que Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos “realizaban acciones dirigidas a salvaguardar la integridad de su comunidad (Alto Tamaya-Saweto)”.

Similar opinión tuvo Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y actual director del Programa Unidos por los Bosques – Fundación para la conservación y el Desarrollo Sostenible, quien ha acompañado a los deudos en el desarrollo del largo proceso. Para él, la sentencia constituye un referente de justicia ambiental en el Perú y traslada un mensaje claro para quienes ponen en riesgo, amenazan y matan a personas defensoras ambientales: recibirán la sanción más alta. Al término de la audiencia, Castro hizo un llamado al Estado para que garantice la seguridad de las familias de los líderes ashéninkas y de la comunidad de Saweto. “Las amenazas no han acabado. Hay que tener en cuenta que los sentenciados están libres y el riesgo, en consecuencia, se mantiene. La aplicación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos en este caso debe ser de inmediato”, consideró.

Alberto Caraza indicó que luego de la lectura integral de la sentencia, programada por el Poder Judicial para el próximo 23 de abril, los imputados tendrán cinco días para poder apelar la pena que han recibido. Una situación que el abogado considera muy probable: “Seguro que van a apelar (…) Nosotros esperábamos una sentencia condenatoria y así ha sido. Pero no hay mucho que celebrar. Han pasado 10 años de los hechos y lo que toca es defender de manera responsable esta sentencia”. Al lado de Caraza, Ergilia Rengifo estuvo atenta al dictamen judicial. Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima, y Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo, también asistieron. De la otra parte, solo el maderero José Estrada siguió la audiencia virtualmente. Hugo Soria y los coautores materiales no se presentaron a la corte de Ucayali.

Uno de los puntos que Alberto Caraza y las viudas de los cuatro dirigentes ashéninkas pondrán en evaluación, según declaró el abogado a Mongabay Latam, es si quedan conformes o no con la reparación civil. Ello debido a que la solicitud era de 250 000 soles (67 567 dólares) por familia agraviada, lo cual suma un millón de soles. Es decir, 800 000 soles (216 000 dólares) más de lo que el juzgado estableció. “Vamos a ver si interponemos la apelación por eso”, anotó.

Cronología de la tragedia

El 31 de agosto de 2014, los cuatro dirigentes ashéninkas partieron desde Alto Tamaya-Saweto con destino a la comunidad indígena de Apiwtza (también de la etnia ashéninka), en el estado brasileño de Acre, donde se iba a desarrollar una asamblea entre defensores ambientales del bosque que protegían y que comprende una parte de la frontera entre Perú y Brasil. El primer tramo del recorrido fue de ocho horas a bordo de un bote por el río Tamaya. En el sector denominado Varadero de Cañaña, la comitiva se detuvo a descansar y al amanecer retomaron el trayecto a pie. En un tambo cercano a la quebrada Putaya, Chota, Quintisima, Pinedo y Ríos fueron emboscados, torturados y luego asesinados. Cuando regresaba a Alto Tamaya-Saweto desde Apiwtza, a donde los dirigentes no habían llegado, el cazador Jaime Arévalo halló los cuatro cadáveres. Fue el 6 de septiembre de 2014. Desde entonces, el camino de los deudos en busca de justicia ha sido largo y tormentoso.

En un reportaje publicado el 16 de junio de 2022, cuando el juicio oral estaba por iniciarse, Mongabay Latam detalló toda la secuencia de hechos que derivaron en el cuádruple homicidio y la batalla que hasta ahora libran las viudas contra la impunidad.

Edwin Chota era un tenaz opositor de los madereros ilegales que operaban impunemente en Alto Tamaya-Saweto. Pero las constantes denuncias y gestiones que impulsaba, desde el 2008, para conseguir la titulación de las casi 80 000 hectáreas de su pueblo, lo habían puesto al centro de una cadena de amenazas por parte de las mafias de taladores incrustradas en el bosque de Saweto. Recién en julio de 2015, la comunidad de Alto Tamaya-Saweto fue titulada. Tras la muerte de Chota, Ergilia Rengifo fue elegida como lideresa de Saweto; la sucedió su hermana Karen Shawiri y, posteriormente, Lita Rojas, viuda del dirigente Leoncio Quintisima.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Ucayali, presentada en octubre de 2019, los empresarios madereros Hugo Soria y José Carlos Estrada Huayta fueron autores mediatos del delito de homicidio calificado en contra de los líderes ashéninkas. En tanto, la denuncia del Ministerio Público, señala que el brasileño Eurico Mapes Gómez y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix ejecutaron los asesinatos. Para los cinco, la fiscalía había solicitado 35 años de prisión.

El 27 de febrero de 2023, el Poder Judicial impuso la pena de 28 años y tres meses de cárcel efectiva, más el pago de 200 000 soles por concepto de reparación civil en favor de los deudos, a los cinco imputados. Sin embargo, seis meses después, en agosto de 2023, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró nula la referida condena debido a presuntas irregularidades en el proceso. Después de que el caso regresara a fojas cero, el pasado 2 de noviembre comenzó el otro proceso judicial contra los cinco acusados, que ayer, jueves 11 de abril, tuvo sentencia en primera instancia.

Testimonio clave

En el curso de este nuevo juicio, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido, quien precisó hechos y fechas que fueron valorados para la emisión de la nueva sentencia. En la lectura de la resolución, por ejemplo, se especificó que, el 29 de agosto de 2014, el testigo protegido escuchó a Eurico Mapes, los hermanos Segundo y Josimar Atachi, José Estrada y Hugo Soria amenazar y reírse de los insultos que proferían en contra de Edwin Chota en un local de Putaya. El líder ashéninka había llegado hasta allí para hacer una llamada telefónica.

“Indicaban que iban a agarrarle, que era un soplón, un bocón (…) Salieron a agarrarle cuando él (Chota) estaba marcando un teléfono. Entonces le han ahorcado, le han golpeado contra el teléfono (…) Luego, dentro del local, el señor José Estrada se levantó con su arma, salieron todos y le dijeron (a Chota) que lo iban a matar donde sea, aunque sea en su propia casa, que no iba a escapar, que los tenía hartos porque denunciaba lo que defendía: el bosque, la naturaleza. Al cabo salieron riéndose, burlándose, con su cerveza”, fue parte de la manifestación del testigo protegido leída durante la audiencia del jueves.

Según la declaración del testigo, detallada en la lectura del fallo, él retornó el 30 de agosto al caserío de Putaya. En un bar de ese sector, conforme a su relato, José Estrada había comprado cerveza y allí también estaban los hermanos Atachi Félix. “Fue ahí que Eurico Mapes llegó y comentó que el señor Edwin (Chota), Francisco (Pinedo), Leoncio (Quintisima) y Jorge (Ríos) son unos desgraciados, unos liosos, bocones, que era la oportunidad para matarlos. José Estrada dijo: ‘Si ustedes me traen su cabeza como charola de plata, yo les pago’. Eurico y Josimar y Segundo Atachi respondieron que ellos iban a ir con su personal (…) Hugo Soria dijo: ‘Ojalá que no le escapen porque él me ha hecho decomisar la madera que tenía en el aserradero’. Eso pasó”, narró la jueza Ana Bedoya lo dicho por el testigo.

“(El testigo protegido) indica luego que el día 2 de septiembre (los asesinos) llegaron y dijeron que “ya les habían muerto, que les habían agarrado en el tambo (a los líderes ashéninkas) cuando estaban comiendo, que no tenían opción de escapar”. En el bar de Putaya, le dijeron a José Estrada: “Habla patrón, habla jefe”. “Díganme qué ha pasado”, preguntó él. “Listo, ya se terminó la pesadilla, ya les hemos muerto, su pedido ha sido cumplido”. Y ahí todos pedían sus pagos”, continuó la jueza con la lectura de la declaración.

El Juzgado Penal Colegiado, conformado por Ana Bedoya Maque, Dilmer Iván Meza y Celinda Pizán Ugarte, estableció que lo manifestado por el testigo protegido está debidamente corroborado y tiene fuentes de verificación. Por ello, los jueces acreditaron no solo la muerte de los líderes ashéninkas como consecuencia, sino también la alevosía con la que se cometieron los asesinatos. Para el abogado Caraza, el relato del testigo protegido fue determinante y “un punto de quiebre sobre el cual el colegiado sustentó su sentencia.

Vigilia solidaria

El miércoles por la noche, durante una vigilia de solidaridad y unidad espiritual con los deudos del caso Saweto, realizada en la sede de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) en Ucayali, Ergilia Rengifo pronunció un discurso emotivo pero también cargado de esperanza: “Esta muerte no es fácil, para mí es una gran tristeza. Pero no me siento vencida, quiero lograr (justicia), porque toda la vida los taladores no nos van a tener así: humillados”.

Junto con Rengifo estuvieron Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima, y Julia Pérez, pareja de Edwin Chota en el momento en que fue asesinado. Adelina Vargas, quien fuera esposa de Francisco Pinedo, falleció en 2022. Además, participaron la jefa de la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jane Antilla; el ex viceministro de Gestión Ambiental Mariano Castro; y líderes de diversas bases de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).

“Nuestros hermanos cayeron buscando justicia, y con esa misma fuerza estamos presentes aquí. No es un hecho que ocurrió hace una semana, hermanos, pasó hace 10 años. La sentencia final representará a las familias de los 33 líderes indígenas asesinados hasta ahora. Es un hito importante que va a marcar a los pueblos indígenas”, enfatizó Jamer López, presidente de ORAU.

En otro momento, Jane Antilla remarcó la importancia de los defensores ambientales indígenas, su derecho a defender la tierra donde viven y los riesgos que enfrentan: “Siempre se dice que una justicia que tarda demasiado casi no es justicia por todo lo que han tenido que caminar con dolor (…) Estamos con ustedes y trataremos de caminar con las autoridades (indígenas) para darles la protección que les corresponde y estén más fuertes”, señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.

Mientras tanto, las llamas de una veintena de velas alumbraban desde el suelo los retratos de Edwin Chota, Francisco Pinedo, Leoncio Quintisima y Jorge Ríos, colocados en un telón de fondo.

“La justicia de Saweto es nuestra justicia”, se leía en un cartel, en medio de las velas y pétalos de rosas esparcidos en el piso. En medio de las sombras que ha traído este proceso judicial, ya hay una primera luz hacia el objetivo de los deudos: el encuentro de justicia y tener, al fin, un poco de paz.

Imagen destacada: Ergilia Rengifo llega a la audiencia de lectura de sentencia. Si se confirma el fallo en segunda instancia, recién podrá tener paz, dice. Crédito: Hugo Alejos.

El artículo original fue publicado por Enrique Vera en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.