“Uno escuchaba a los ‘papases’ de uno, a la gente adulta, conversar que la carretera era muy buena (…) Pero ahora que uno ya está en este proceso se da cuenta que los daños han sido enormes y los cambios del territorio han sido grandísimos”, dice Jhony Huaca, coordinador general del Plan de Vida de la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokun, que vela por los intereses de siete resguardos inga en el extremo suroccidental del departamento de Caquetá, en la Amazonía de Colombia.

Al líder indígena le preocupa el futuro de su resguardo y del pueblo al que pertenece. Los inga viven en el piedemonte amazónico colombiano, que es la puerta de entrada a la vasta selva, y por eso son los primeros en recibir los embates de las amenazas contra la conservación de la Amazonía. En el caso del resguardo de Yurayaco, estos peligros están determinados por un proyecto de construcción de una carretera de alcance internacional, por todo el límite inferior del resguardo, conocida como la Marginal de la Selva.

El problema de esta vía, sobre todo, son los riesgos que llegan asociados a ella y que ya afectan a los inga con las obras que se han adelantado en las dos últimas décadas: el aumento de la población colona que se ha asentado en un caserío vecino al resguardo, la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas y la ganadería extensiva. A todo esto se suma la siembra ilícita de cultivos de coca y la minería ilegal de oro en los alrededores del resguardo, ambas actividades custodiadas por grupos armados ilegales.

“Las disidencias están poniendo normas y leyes, amenazando a comunidades indígenas. No los dejan estar en su territorio y la gente tiene que estar calladita y dejar hacer todo lo que quiera hacer esta gente”, dice un poblador indígena de la zona que pide la protección de su nombre.

En el camino, la violencia, la carretera y la irrupción de delitos ambientales alrededor de los resguardos ha traído una amenaza más: el riesgo de la pérdida de su cultura. A Huaca, que vive en el resguardo indígena Yurayaco, a un par de horas en moto de la capital departamental de Florencia, le aflige que sus prácticas ancestrales desaparezcan. “Es perder la cultura por yo querer vivir como él vive: él tiene una casita de cemento, tiene un carrito, una moto. Eso ha permitido que las comunidades perdamos esa línea de vivir como indígenas. Ya no queremos ser indios, queremos vivir como blancos. No queremos el proceso ni tomar medicina propia ni andar en el territorio”, dice Huaca.

Mientras tanto con cada fase de la construcción de la carretera, que denuncian no ha sido sometida a una consulta previa, los problemas siguen llegando como oleadas, y poniendo en peligro la vida y el territorio de los ingas.

El sueño panamericano de una carretera del piedemonte

La idea de la Carretera Marginal de la Selva nació en 1963 como un acuerdo de integración suramericano para hacer una carretera que bajaría por todo el borde amazónico de la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Bolivia. El propósito era impulsar el desarrollo económico de regiones amazónicas de todos estos países, pero actualmente solo existen pedazos desconectados de esta carretera alguna vez imaginada.

Los mapas de la red vial de Colombia muestran una densa telaraña de vías que cubre la zona andina y el Caribe, pero prácticamente ninguna en la mitad sur y oriente del país, es decir en la Amazonía. La Carretera Marginal de la Selva entraría por Venezuela y luego iría por todo el borde de la cordillera de los Andes, cruzando el país de un lado al otro hasta Ecuador, conectando la región amazónica y las varias carreteras que bajan de la cordillera.

En Colombia hay tres tramos desconectados de la Marginal de la Selva. Empezando por el norte, el primero va desde Arauca en el límite con Venezuela, pasa por Yopal y Villavicencio y termina en La Uribe (Meta), en el borde del Área de Manejo Especial de La Macarena. Como esta última es una zona de altísimo valor ambiental, se ha acordado que la vía no pasará por La Macarena, aunque esa decisión llegó tarde y esta zona se ha convertido ya en uno de los núcleos de mayor deforestación en el país.

El segundo tramo comienza unos 90 kilómetros al sur occidente en San Vicente del Caguán, en Caquetá, y sigue el borde de la cordillera pasando por Florencia y Belén de los Andaquíes hasta San José del Fragua, donde desaparece a los pies del resguardo Yurayaco.

De ahí en adelante hay un camino de tierra con puentes sobre varios ríos que atraviesa la bota caucana por el municipio de Piamonte y llega hasta el río Caquetá, donde no hay un puente para atravesar.

La última parte de la carretera comienza al otro lado del río en el municipio de Villagarzón, en Putumayo, y llega hasta el puente internacional sobre el río San Miguel, en el límite con Ecuador.

El tramo del medio en el departamento del Caquetá, aquel donde termina la pavimentada y comienza el que aún es un camino de tierra, en la puerta del resguardo de Yurayaco, es el que concierne a esta historia.

Así como está hoy, esta carretera no lleva a ningún lado y por lo tanto tiene muy bajo tráfico, pero esto podría cambiar. En 2022, durante el gobierno de Iván Duque, se firmó un contrato que dio luz verde a las obras de pavimentación de la carretera para conectarla con el tercer tramo que llega hasta Ecuador.

Esta obra debería estar finalizada en 2030, según información que entregó a Mongabay Latam el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Una vez construido este tramo, la carretera conectará las dos grandes ciudades del piedemonte amazónico colombiano –Florencia y Mocoa—, y por lo tanto unirá a Yurayaco con la salida al Ecuador y con la carretera Panamericana. En ese momento, la Marginal de la Selva se convertiría en una vía de alto tráfico, justo a los pies del resguardo.

Yurayaco se asienta en la falda de la cordillera. Su parte alta está dedicada a la conservación, la media a zonas de cultivo y la mayoría de la vida de la comunidad se concentra en la parte baja. Ahí es donde están casi todas las viviendas, el colegio internado Yachaikury y el espacio donde se hacen las reuniones políticas y las ceremonias espirituales. La carretera pasaría por fuera de ese sector, por eso es tan disruptiva.

Tres décadas de pérdidas

Jhony Huaca nació en el resguardo de San Miguel, otro asentamiento inga situado unos kilómetros más adelante de Yurayaco, y cuenta cómo era la vida allí antes de que se construyera siquiera el tramo de carretera que hoy existe: “En ese tiempo yo estaba chiquitín, pero lo que cuentan los mayores es que era puro monte y era camino pa’ uno andar. No entraban carros”.

En los años noventa, el Estado abrió una vía sin pavimentar y construyó puentes sobre los ríos Yurayaco, Fragüita, Sabaleta, Fragua, Congor y Tambor, conectando así a San José del Fragua, el municipio donde quedan Yurayaco y San Miguel, con Florencia, la capital regional.

“Y los cambios del territorio han sido grandísimos. Justamente, apenas comenzó a entrar carro, llegó el apogeo del corte de la madera”, cuenta Huaca.

El Caquetá ha sido uno de los departamentos más afectados por la deforestación desde que se tienen datos de monitoreo en los últimos veinte años. Así lo demuestran las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Las pérdidas fueron ascendiendo sostenidamente año tras año hasta el 2017, cuando fue el mayor pico de pérdida de bosque con 60 373 hectáreas deforestadas. Desde entonces hubo una disminución y en 2019 las cifras cayeron hasta las 24 220 ha, pero en 2020 se registró un repunte de 34 505 ha y en 2021 siguió subiendo hasta las 39 988 ha.

En el área del resguardo Yurayaco, la deforestación durante 2022 fue cero y esa tendencia se mantiene. El monitoreo satelital en tiempo real de la pérdida de cobertura forestal realizado con la plataforma satelital Global Forest Watch (GFW), muestra que entre el 28 de agosto de 2021 y diciembre de 2022 hubo 21 alertas de deforestación. Pero esa cantidad no es significativa y podría corresponder más al trabajo en las chagras (pequeñas parcelas agrícolas). Mientras que entre enero y agosto de 2023 no hubo más alertas.

Adentro del resguardo se prohíbe sembrar coca y hay pocas zonas cultivadas pues la mayoría del área está dedicada a la conservación y reforestación.

Los trabajos de conservación, precisamente, liderados en parte por las organizaciones indígenas y otros sectores de la sociedad civil, han logrado revertir la tendencia de la deforestación en el Caquetá. Sin embargo, el daño causado por décadas de tala no ha sido restaurado.

A ello se suma que la construcción del camino de tierra en los años noventa permitió, por primera vez, la entrada de vehículos y con ellos llegaron la guerra, los cultivos ilícitos de coca, la caza ilegal, minería y un aumento de la población colona en el caserío vecino al resguardo. Esto debilitó a la comunidad que se vio de pronto acorralada por esas dinámicas.

“Hubo cambios grandes y fuertes en el uso de la medicina tradicional y todo el tema de la espiritualidad”, explica Huaca, quien tiene a su cargo el Plan de Vida de los cabildos que pertenecen a la asociación. “Como ingas somos de la cultura del yagé, una planta que se mantiene muy conservada en el territorio porque allá entran solamente las personas que son indicadas y que saben el uso, como el médico tradicional. Pero con todo ese factor comenzó a andar mucha gente en el territorio y eso hace que la medicina, o el mundo espiritual, disminuya y se debilite.”

El yagé, también llamado ayahuasca, es la más importante planta de poder para los inga y muchos otros pueblos amazónicos. Se toma en ceremonias lideradas por un médico tradicional y se considera al mismo tiempo una medicina para males físicos, psíquicos y comunitarios, pero también una experiencia espiritual y un espacio político.

“Por esa debilitación del yagé, cuando se hacen las ceremonias ya no es tan fuerte como para poder armonizar la comunidad, poder mantener todo el sistema organizativo, el gobierno propio”, dice Huaca. “Llegaron conflictos dentro de la comunidad, problemas porque hubo algunas personas que tuvieron nexos con grupos armados porque eso se vuelve así, como un revoltijo, y nadie sabe por dónde coger”.

La consulta que no se hizo

Como parte del proyecto de seguir construyendo poco a poco la Carretera Marginal de la Selva, hace casi diez años el Estado colombiano decidió pavimentar el trecho entre el casco urbano de San José del Fragua y el puente sobre el río Fragüita (a menos de un kilómetro de la entrada del resguardo). La comunidad inga se enteró de esto cuando llegaron las maquinarias a sus puertas sin que se hubiera cumplido la consulta previa a la que como pueblo indígena tienen derecho, según el convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia.

“Lo que ellos [la constructora] alegan es que el Ministerio del Interior les dio una certificación que negaba nuestra existencia”, protesta Waira Jacanamijoy, la coordinadora del área comunicación y cultura de la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokun, una mujer de mediana edad que viste para las reuniones formales la faja tradicional conocida como chumbe que hacen las tejedoras Inga.

Como dice la denuncia que las autoridades de Yurayaco interpusieron más tarde ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2012 la empresa Consorcio Andino 049 firmó con el Instituto Nacional de Vías (Invías) un contrato para la pavimentación de la carretera. Como parte del proceso de preparación, le preguntó al Ministerio del Interior si en el área de influencia del proyecto había presencia de comunidades étnicas y la respuesta oficial fue que no las había, a pesar de que el trazado de la carretera pasa por el borde del resguardo Yurayaco.

Las autoridades de la comunidad interpusieron una acción de tutela exigiendo su derecho a la consulta previa, pero a pesar de que ganaron en dos instancias y de que el Ministerio intentó corregir su error e iniciar un proceso de preconsulta, el consorcio constructor se negó a acatar los fallos.

Las comunidades iniciaron entonces un paro para impedir que se pavimentara el tramo de la carretera que pasa por el límite del resguardo. Por eso, el asfalto llega literalmente hasta las puertas del resguardo y ahí se vuelve un camino de tierra.

En diciembre de 2016, las autoridades de Yurayaco llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que se habían vulnerado los derechos de la población indígena a una vida digna, la autodeterminación, la libre circulación, las garantías judiciales, la seguridad alimentaria y el medio ambiente sano, además que se alteraron sus condiciones de vida, su cosmovisión y tradiciones. Casi siete años después, todavía no han recibido respuesta.

El sentir de los inga frente a la construcción de la carretera no es necesariamente negativo. Reconocen que su construcción es una realidad y que podría incluso traer algunos beneficios. Lo que exigen irrevocablemente es que se les respete el derecho a la consulta previa, pues esperan conseguir algunas concesiones que ayuden a mitigar los daños.

“No más con este tramito de carretera que ya construyeron nos ha tocado dejar de hacer ceremonias porque para hacer ceremonias se necesita el silencio”, dice Waira Jacanamijoy refiriéndose a las ceremonias de yagé que son tan importantes para mantener la cultura Inga. “El cambio del paisaje sonoro del espacio, eso es tremendamente complicado”.

La pelea con el consorcio, por otra parte, trajo muchas tensiones con los habitantes no indígenas de un pequeño caserío que se ubica junto al resguardo.

“Con eso que pasó de que no se dejó pavimentar”, dice Waira Jacanamijoy, “¿cuántos insultos y cuántas amenazas no tuvimos? Nos trataban de ‘indios que no les gusta el desarrollo’ porque eso es lo que, según ellos, brindan los consorcios y las empresas: desarrollo”.

Para los colonos, explica Jacanamijoy, el trabajo de conservación que han llevado a cabo en el resguardo es una muestra de que los indígenas son “perezosos”, no quieren progreso y quieren vivir de cobrar por las consultas previas.

“Nos discriminan y nos dicen ‘los indios’”, cuenta Mauricio Jacanamijoy, un sobrino de Waira que es el alguacil del resguardo y docente del colegio internado Yachaikuryo. “ ‘Indios perezosos’ nos dicen porque estamos en la conservación”.

La historia de Yurayaco y el abuelo Apolinar

Apolinar Jacanamijoy (1906-1981), el fundador del asentamiento en Yurayaco, en su juventud fue un chasqui, o mensajero, de los monjes capuchinos.

“Al abuelo lo pusieron a llevar cartas desde Mocoa hasta Florencia cuando en todo esto no había carretera”, cuenta Waira Jacanamijoy. “El camino que hoy traza el proyecto de la Marginal de la Selva pasa por todos esos caminos.”

Años después, y ya convertido en un respetado médico tradicional, el taita comenzó a tejer una comunidad de indígenas y de colonos a su alrededor. Invitaba a los cargueros que pasaban por los caminos a tomar remedio, es decir, a participar en las ceremonias de yagé y muchos se iban quedando.

De las 27 familias que hoy viven en el resguardo muchos son sus descendientes, por eso el apellido Jacanamijoy se repite una y otra vez.

“Ellos en esa época no conocían temas de derechos de los pueblos indígenas, la forma jurídica de cómo proteger los territorios”, dice Waira Jacanamijoy, una de sus nietas. “La existencia nuestra data de cuando no existía todavía camino de aquí a Florencia, mucho más antes, pero nosotros no teníamos la figura de resguardo”.

El resguardo Yurayaco fue constituido legalmente en 2003, supuestamente con 157 hectáreas que en realidad terminaron siendo solo 90 por un error de registro. Un año antes, la misma comunidad había logrado la creación del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi con 76 000 hectáreas de la cuenca alta del río Fragua.

El resguardo y el parque están inextricablemente ligados, pero solo en 2021 una resolución de la Agencia Nacional de Tierras amplió el resguardo a 699 hectáreas que permitieron conectar el uno con el otro.

El parque a su vez está interconectado con otros dos parques nacionales, el Serranía de los Churumbelos Auka Wasi y el Cueva de los Guácharos. Los tres conforman una importante zona de conservación en la vertiente amazónica del macizo colombiano, la estrella hídrica de donde nacen muchos de los ríos más importantes del país incluyendo el Magdalena, el Cauca, el Patía, el Putumayo y el Caquetá. En ese mapa, el resguardo Yurayaco es la zona de amortiguamiento entre los parques y la carretera.

La carretera trajo guerra, coca y deforestación

“Después que entró la carretera se vio mucho el apogeo del tema de los grupos armados. Como la vía era por el resguardo y queda más fácil entrar por ahí en carro o en moto, entonces el resguardo era uno de los sitios estratégicos para los grupos armados llegar y cruzar para donde ellos iban”, cuenta Jhony Huaca.

Hoy en el corredor San José, Piamonte – Puerto Guzmán, es decir, los municipios de la futura carretera, se enfrentan las disidencias del “Frente Primero Carolina Ramírez” del Estado Mayor Central de las FARC (que es la de Gentil Duarte e Iván Mordisco) y los “Comandos de Frontera” (un grupo que inicialmente usaba los nombres La Mafia o Sinaloa, fundado por ex miembros de las FARC y desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se identificaban como “La Constru” y que recientemente decidió unirse a la “Segunda Marquetalia de Iván Márquez”).

La Defensoría del Pueblo emitió, y mantiene vigente, la Alerta Temprana 001 de 2021 que advierte sobre los riesgos latentes en el corredor y, específicamente, para la Asociación de Cabildos.

Según la alerta, el interés de los grupos armados es controlar la carretera Marginal de la Selva y los corredores de comunicación con los departamentos de Huila y Cauca, a través de los parques naturales. Lo que buscan es aprovechar las economías ilegales de la coca, el oro, la extorsión y los hidrocarburos de refinerías artesanales, además de las ganancias de economías legales como la compraventa de tierras y ganado.

“El único empleo que hay para los jóvenes es irse a las disidencias que hoy existen y el de ser raspachines de coca—dice Waira Jacanamijoy—. Los muchachos indígenas del resguardo se están yendo. Los están cogiendo, los están reclutando a algunos. Esta es una zona de riesgo.”

Pero no todo el reclutamiento es forzado, dice la lideresa inga. “También queremos ganarnos un peso y con eso se nos facilita ir a raspar. Y eso permite que las personas el fin de semana se pongan a tomar trago. Y como ya tengo plata y me voy a tomar cerveza, entonces ya no quiero estar en el proceso, ya no quiero ir a escuchar la palabra del abuelo, ya no quiero ir a hacerme curar del taita. Nada.”

No por ser indígenas los miembros de la comunidad de Yurayaco están por encima de una situación que, al revés, los está ahogando.

La defensa de Yurayaco

Con la declaratoria del resguardo y el parque natural, a comienzos de los años 2000, la comunidad logró retomar algún control del territorio, expulsar la coca sus tierras y reforestar.

“Afuera de los resguardos, ahí cerca, hay coca”, cuenta Huaca. “Se ha logrado controlar dentro de los resguardos porque en el reglamento que tiene la organización está totalmente prohibido el uso ilícito de cultivos ajenos a la cultura. Los inga somos de la cultura del yagé, nunca para nada la coca.”

“Con la conservación eso se empezó a enrrastrojar [llenar de maleza]”, agrega Mauricio Jacanamijoy, el alguacil. “Ya empezaron a llegar los animales. Por ejemplo, ahorita en estos momentos está bajando el tigre (haciendo alusión al jaguar), que en ese tiempo no se escuchaba más, y ahora sabemos que está bajando porque ya se ha comido a unos perros. Hoy en día ya no me encuentra coca en este resguardo, estamos en conservación.”

Los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por sus siglas en inglés) indican que en el resguardo Yurayaco hay coca en un 1.55 % del territorio: 11.5 hectáreas en 2022, un poco más que las 9.78 hectáreas de 2021. Sin embargo, en el documento de ampliación del resguardo de 2021 esa oficina reconoce que sus imágenes satelitales sólo llegan a una precisión de 15 metros y en ese momento funcionarios de la Agencia Nacional de tierras no encontraron coca dentro de los límites del resguardo en una visita de verificación.

Ignacio Jacanamijoy, el encargado del vivero donde siembran los árboles para reforestar, señala cómo en las partes altas del resguardo los límites se marcan por el verde brillante de la hoja de coca que está sembrada en el lado de afuera. “Acá nada hay coca, pero ya los lados del límite…”, observa.

Y los otros resguardos que componen la asociación Tandachiridu se encuentran en situaciones aún más precarias.

“En Yurayaco la contaminación del agua no ha sido un problema grave”, explica Huaca. La razón es que está en la parte alta y toda el agua nace de ahí del monte que está conservado. Habrán algunas mínimas contaminaciones porque por donde no hay resguardo hay ganadería y cultivos ilícitos. En cambio en el resguardo Cusumbe, que queda en el municipio de Solita, y el resguardo Niñera, que queda en el municipio de Solano —ambos vecinos a Yurayaco—, ellos sí tienen una problemática grande en el término de contaminación de agua”.

Ambos resguardos quedan aguas abajo sobre el río Caquetá y cuando las quebradas se secan en tiempos de verano dependen de las aguas de este. “El único acceso que ellos tienen es al río Caquetá, y el río Caquetá tiene una problemática grande porque están haciendo mucha minería”, dice Huaca.

Ante la fragilidad de la situación actual y a pesar de los esfuerzos de conservación, la construcción de una carretera internacional causa muchas preocupaciones en la comunidad.

“Con esa pavimentación hay posibilidades de buenas fuentes de ingresos económicos para las familias”, analiza Huaca. “Viéndolo, entre comillas, del lado positivo que podría ser. Y que eso fortalezca más el proceso, que no haya familias que tengan que irse a trabajar de una manera ilícita sino que se fortalezcan las iniciativas económicas dentro del territorio y se facilite un canal de mercadeo para que los productos tomen mucho más valor. Eso lo analizo ahorita viéndolo de un lado positivo. Pero también tiene el contra, ¿no? Que puede ser todo lo contrario”.

———

* Imagen principal: Límite entre la carretera asfaltada y el camino de tierra que llega a las puertas del Resguardo Yurayaco, San José del Fragua, Caquetá.Foto: Sergio Alejandro Melgarejo

———

Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Isabel Caballero Samper en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.