La danza de la guerra es un ritual tradicional que el pueblo indígena achuar realiza cuando se siente amenazado. En febrero de este año, en la comunidad de Yankuntich —en el distrito de Morona, región de Loreto— hombres y mujeres se reunieron para representarla. Desfilaron, se tomaron de la mano y las mujeres entonaron cantos para invocar la fuerza de sus ancestros y dejar sentada su posición contra las intenciones de Petroperú, la empresa petrolera estatal peruana, de insistir en la explotación del Lote 64.

“Jamás mi pueblo permitirá la actividad petrolera ni maderera ni minera. Mis abuelos nos pusieron esa normativa y estamos cumpliendo. Queremos dejar un territorio sano para nuestras generaciones”, dice Nelton Yankur Antich, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP).

No es la primera vez que las comunidades indígenas rechazan un proyecto en sus tierras. Desde hace 27 años, los pueblos achuar y wampis vienen oponiéndose a la actividad petrolera ante los reiterados intentos del Gobierno peruano y de empresas privadas de poner en funcionamiento el Lote 64, yacimiento ubicado en Morona. El antecedente más reciente es el de Geopark, empresa que buscó durante seis años conseguir la licencia social y ambiental pero que finalmente terminó desistiendo.

El lote 64 siempre ha atraído a empresas que han buscado explotar petróleo, pero que en el camino se han encontrado con un muro que es la resistencia de los pueblos indígenas de la zona. Más aún porque la concesión se superpone con parte de los territorios de varias comunidades, un problema legalmente avalado por los gobiernos pero no por ello aceptado por los achuar y wampis. Como lo explica Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Estado peruano tiene facultades sobre el subsuelo y todos los recursos que se encuentren disponibles para aprovechamiento de la nación, “incluso de imponer su voluntad a los ciudadanos en caso sea un proyecto considerado de prioridad”. Esto, indica Baldovino, se ha convertido en un grave problema para las comunidades.

Por eso los achuar y wampis reciben constantemente cartas, pedidos de reuniones de parte de las petroleras y las instituciones del Gobierno. Sin embargo, su respuesta siempre ha sido la misma: rechazan las actividades extractivas en sus tierras.

“No queremos ningún tipo de explotación petrolera en nuestro territorio porque hemos visto que la muerte llega con esos proyectos”, insiste Yankur Antich.

Mongabay Latam revisó en qué medida el territorio adjudicado para la explotación del lote 64 se superpone con las tierras de las comunidades indígenas y pudo establecer que 22 de ellas conviven con la actividad petrolera. Además que nueve comunidades son afectadas por una superposición del 100 por ciento de su territorio. Los grupos indígenas que viven en la zona del proyecto son los achuar, wampis y candoshi.

¿Qué significa llamarle hogar a un territorio destinado a una gran operación petrolera? ¿Cuán intangibles son realmente las tierras indígenas?

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¿Por qué le niegan el ingreso a las petroleras?

La voz del dirigente wampis Galois Flores Pizango cambia de tono y se transforma en indignación cuando escucha que Petroperú es ahora el responsable del Lote 64. Tantas veces se ha roto el Oleoducto Norperuano que pasa por comunidades achuar y muy cerca a los wampis, que el hecho de que puedan instalar tuberías en su territorio les parece aterrador.

Y la palabra no parece exagerada cuando se revisa el informe La sombra del petróleo, publicado por Oxfam y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, documento que revela que en veinte años, entre el 2000 y el 2019, se reportaron 474 derrames de petróleo en la Amazonía peruana. El Lote 192, además, ese que los achuar y wampis tienen frente a sus ojos como un experimento tangible de las posibles consecuencias, es uno de los más problemáticos: 155 derrames y 2000 pasivos ambientales pendientes de remediación, detalle el informe. Por eso, Flores Pizango, quien es vicepresidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis o pamuka ayatke en lengua wampis, asegura que no confía más en las empresas petroleras.

“Nuestro bosque es nuestra medicina, nuestra tienda, todo nos da, incluso nos ha salvado durante la pandemia. Hemos luchado contra el Covid-19, comiendo, tomando medicinas naturales”, le dice el dirigente achuar, Nelton Yankur, a Mongabay Latam.

Una de las mayores preocupaciones de los achuar y wampis es que el oleoducto atraviese su territorio.

Mongabay Latam analizó en qué porcentaje el lote petrolero 64 se superpone con tierras indígenas y estableció que 22 comunidades tituladas son afectadas por una superposición que oscila entre el 21 y 100 de sus territorios, según la base de datos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) elaborada con información oficial de Perupetro.

El caso más preocupante es el de los achuar, pues hay nueve comunidades afectadas con un 100 % de superposición: Capahuari del Huasaga, Katira, Uwintsa y Anexo Tsuvatentsa, Wisin, Nuevo Perú, Panintza, Wampientsa, Wijint y, por último, Yankuntich. A ellas les siguen Kuyuntsa, Panguintsa, Washientsa que están por encima del 80 %, mientras que en el caso de Brasilia, Rubina, Puranchin,Tsekuntsa, Kasurtsa, Mamus y Chuintar el porcentaje oscila entre el 70 % y el 20 %.

Del lado de los wampís, la comunidad San Juan —que tiene los anexos Santa Cruz, Shapaja y Shinkatam— es afectada por una superposición del 66 % de sus tierras. Y finalmente, hay dos comunidades candoshi que se suman a la lista: Hortencia Cocha con más del 20% y Puerto Pijuayal con el 48%.

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El artículo original fue publicado por Gloria Alvitres en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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