Eric* recuerda que cuando era niño pescaba en el río, junto a sus primos y abuelos, y encontraba con facilidad peces como el sábalo, la palometa, la doncella y el paco, que luego se compartían con la comunidad. “Ahora prácticamente no existen. Mis hijos ya no conocen la gamitana y el paco (peces) ni a la huangana (mamífero parecido a un jabalí)”, narra este padre de 36 años que nació y creció en el caserío de Inmaculada, ubicado en el distrito de Raimondi, y donde se cruzan los ríos Inuya y Mapuya, en la región amazónica de Ucayali, en Perú.

Si bien el caserío de Inmaculada no está reconocido como una comunidad nativa, la mayoría de sus comuneros son de la etnia asháninka y comparten el mismo espacio con amahuacas y personas de regiones altoandinas que han llegado hasta la zona. “Hay una mezcla de pueblos indígenas, pero tenemos en común que cazamos y pescamos para subsistir. El problema, desde hace años, es la disminución de animales. Antes andábamos cerca de una hora y encontrábamos animales, pero ahora tenemos que caminar hasta cuatro horas y a veces ni encontramos”, cuenta Eric. En caso de tener dinero para comprar alimentos, los habitantes de Inmaculada deben viajar durante un día por río para llegar a la ciudad más cercana: Atalaya.

La disminución de la flora y fauna, según los comuneros de los distritos de Raimondi y Sepahua (en la provincia de Atalaya), se traduce en una escasez de alimentos para las comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Sepahua, Inuya y Mapuya. Lo que sostienen los comuneros es que el problema ha sido generado por la tala ilegal y la deforestación para el cultivo ilegal de hoja de coca en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús.

“Nosotros, como pueblos originarios, sentimos que estamos tan alejados que por eso nos tienen totalmente olvidados. Por eso vienen foráneos, gente ‘preparada’, con asesoría legal, y se aprovechan de nosotros. Invaden nuestros terrenos para cometer actividades ilícitas, siembran hoja de coca, comercializan droga y nos amenazan cuando hacemos esas denuncias”, señala un dirigente que por temor a las amenazas —de las que ya ha sido víctima— prefiere mantener su nombre en reserva.

Cleofás Quintori, presidente de la Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya (URPIA), afirma que la organización que lidera conoce desde hace mucho tiempo el peligro generado por las ocupaciones de territorio indígena, sembríos ilegales de coca, tala ilegal y pistas de aterrizaje clandestinas. “Esto ocurre sobre todo en los distritos de Sepahua y Tahuanía, y consideramos que una de las causas es que el Estado peruano no reconoce el derecho territorial de los pueblos indígenas. Hemos denunciado estas actividades ilícitas en varias oportunidades, incluso en el 2018 hicimos un paro para exigir la titulación y ampliación de las comunidades nativas, pero no fuimos escuchados. Estamos cansados y ya hemos agotado el diálogo”, comenta.

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La violencia de la pandemia

El Parque Nacional Alto Purús (PNAP) está ubicado entre la provincia de Purús, en el departamento de Ucayali, y la provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios. Con sus 2 510 694 de hectáreas es el área natural protegida con la mayor extensión dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Pero, tal como lo advierten los comuneros e instituciones involucradas en su preservación, desde hace varios años se han ido detectando amenazas que ponen en riesgo a la zona de amortiguamiento del PNAP. Sin ir muy lejos, en el 2019, en la zona oeste del paisaje Alto Purús Manu, que involucra a los ríos Sepahua, Inuya y Mapuya se constató invasiones y deforestación de terrenos para el cultivo de hoja de coca (ver nota de Mongabay 2019).

El río Sepahua es una de las principales fuentes de alimentación de las comunidades de la zona y conduce hasta los parques nacionales Alto Purús y Manu, además de dos reservas para pueblos indígenas en aislamiento. Su recorrido está lleno de concesiones forestales, que se ubican dentro de la zona de amortiguamiento del parque, pero desde hace dos años se han empezado a detectar varios puntos de deforestación, invasiones y cerca de 74 chacras que, de acuerdo a testimonios de pobladores y autoridades, serían destinadas al cultivo ilegal de hoja de coca.

Además, uno de los principales riesgos de este importante río es que se ha convertido en la principal vía para el transporte de droga en la zona, según estudios de la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS por sus siglas en inglés). “El Sepahua tiene interconexión con Satipo y es una primera puerta de ingreso para el narcotráfico. La afectación se genera por este tránsito de foráneos que transportan droga y se movilizan por el área de influencia e incluso por la zona de amortiguamiento. Esto se ha identificado ya en varias oportunidades”, comenta Danilo Jordán, coordinador del Proyecto Paisaje Purús de FZS, quien ha participado de los patrullajes y comenta que el acceso a la zona es muy complicado y que para hacer una intervención se requieren de más de dos semanas, además de equipos especiales. “Lamentablemente las limitaciones del Ministerio de Cultura y del Sernanp (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) impiden una mejor articulación. Estas limitaciones se reflejan, por ejemplo, en la falta de equipamiento. Lo poco que tienen muchas veces está malogrado”, agrega.

Guardaparques del PNAP, que por seguridad han pedido la protección de sus nombres, afirman que todo lo encontrado a fines del 2019, tras el patrullaje especial que se realizó en Sepahua, fue informado a su jefatura. En ese momento, se detectaron extensas áreas de desbosque, cambio de uso de suelo, deforestación, invasiones, extracción de madera, e incluso cultivos ilícitos de coca. “En febrero del 2020 vimos que el problema estaba avanzando, pero que con la llegada de la pandemia por el COVID-19 no se pudo hacer mucho. Las amenazas siguen en aumento y de no frenarse, el parque y la reserva indígena Mashco Piro estarían en riesgo”, advierten.

La situación es igual de grave en las cuencas de los ríos Inuya y Mapuya, ubicados en el distrito de Atalaya, pues, según los guardaparques, las amenazas se encuentran en puntos ubicados a tan solo unos 7 kilómetros del Parque Nacional Alto Purús. “Las invasiones y cultivo de chacras fueron detectadas en el 2019, pero en el 2020, es decir durante la pandemia, se encontraron cultivos ilegales de hoja de coca en una nueva comunidad llamada Manitzi, la cual se encuentra superpuesta sobre la comunidad nativa de Alto Esperanza, y está a poca distancia del parque”, comentan.

Estos hechos también fueron advertidos por dirigentes de las comunidades indígenas de los ríos Inuya y Mapuya, quienes solicitaron información al Gobierno Regional de Ucayali sobre las invasiones y el proceso de titulación de la comunidad nativa de Alto Esperanza, pero la entidad solo respondió con información de Manitzi y no sobre Alto Esperanza. “Se trata de tres comunidades fantasmas que ya están instaladas y superpuestas sobre las que existían desde hace mucho tiempo. Lo que buscan, con ayuda de autoridades, es titularlas sin importarles que estén invadiendo tierras de las comunidades nativas. Lo peor es que están usando a indígenas para hacer chacras y sembrar hoja de coca”, agrega un dirigente.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Atalaya confirmó a Mongabay Latam que los delitos ambientales aumentaron durante el estado de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en su jurisdicción, es decir en los distritos de Raimondi, Sepahua, Tahuanía y Yurúa. Entre el 2020 y lo que va del 2021, se iniciaron 90 investigaciones, entre las preliminares (que representan el 10 %) y denuncias formalizadas. “De ese total, aproximadamente un 10 % es sobre incumplimiento del manejo de residuos sólidos, el resto, es decir el 90 % de los casos denunciados, son por tala ilegal, tráfico y otros delitos. Aparentemente la pandemia ha incentivado más la comisión de delitos ambientales y nosotros hemos trabajado a tiempo completo”, precisa el fiscal provincial Raúl Huároc, de la FEMA Atalaya.

Según Upper Amazon Conservancy (UAC), organización que trabaja para mitigar los impactos de la tala ilegal y apoyar a los pueblos originarios que viven dentro y alrededor del PNAP, los territorios indígenas y áreas protegidas contiguas —incluyendo tres reservas para comunidades de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial – PIACI— están siendo invadidas por madereros y agricultores que llegan de lugares como Satipo y el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Estas personas, aseguran los especialistas de Upper Amazon, buscan tierras apartadas y sin supervisión para introducir cultivos ilegales. “Durante nuestro trabajo de campo hemos sido testigos de la presencia de foráneos y de noche incluso escuchábamos como tumbaban los árboles. En agosto del 2020 hicimos un análisis multitemporal y encontramos que invasores habían abierto una pista de aterrizaje en la misma comunidad de Raya. Esta invasión está superpuesta sobre el territorio de ampliación de Raya”, comenta William Villacorta, coordinador de campo de UAC.

Los hallazgos de las visitas a campo del fiscal Huároc coinciden con lo narrado por el experto de Upper Amazon Conservancy. “Tras una constatación en el centro poblado de Ceylán (en el distrito de Sepahua), que se ubica dentro de la concesión forestal Cristo es mi camino, hemos encontrado pistas de aterrizaje, y un aproximado de media hectárea de cultivos de marihuana. Esto ha sido informado a la Fiscalía de tráfico ilícito de drogas de turno de Pucallpa. Además, en Tahuania (distrito de Atalaya), encontramos cultivos de hoja de coca, tala ilegal, pistas de aterrizaje e insumos para la elaboración de pasta básica de cocaína. Sobre este lugar se han abierto varias carpetas entre el año 2020 y 2021”, narra el fiscal Huároc.

También en este año, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) realizó supervisiones en áreas que se ubican en la zona de amortiguamiento de Alto Purús. Según la institución, se priorizó la supervisión en concesiones forestales ubicadas en el sector de Sepahua. Se espera que su informe esté listo y se publique en las próximas semanas.

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Guardaparques y comuneros resisten

Allison Inchaustegui, coordinadora de guardaparques del Parque Nacional Alto Purús, sede operativa Sepahua, cuenta que, pese a la dificultades por la pandemia, entre octubre del 2020 y lo que va de este año se han realizado tres patrullajes junto a miembros del Comité de Vigilancia Comunal (CVC). “Lo ideal es realizar seis patrullajes al año, pero nosotros no tenemos la implementación básica necesaria, como equipos o combustible. Todas las visitas que hemos podido hacer han sido posibles porque recibimos el apoyo logístico y técnico de la FZS (Sociedad Zoológica de Frankfurt)”, precisa.

La situación es muy parecida para los tres guardaparques que trabajan en la sede operativa Atalaya, también a cargo de las labores de control y fiscalización del parque Alto Purús. “En febrero y setiembre del 2020 —narra Michel Diaz, coordinador de la sede de Atalaya— se realizaron dos patrullajes y varios ingresos rutinarios para identificación de personas con apoyo de otras instituciones. Recién en febrero de este año, con presupuesto mínimo del Sernanp, pudimos llegar a la parte baja de la cuenca del Inuya, que, aunque se trata de una zona de influencia, es igual de importante porque es el ingreso a los ríos Inuya y Mapuya”, comenta.

En estos patrullajes los guardaparques y comuneros encontraron, en el caso de Sepahua, invasiones de tierra por parte de foráneos (algunos refirieron ser de Junín y del Vraem), avance del desbosque, deforestación y cambio de uso de suelo (se hallaron espacios destinados a cultivos y ganadería). En el caso de Atalaya, se observó una situación similar a la de Sepahua y, además, cultivos ilegales de hoja de coca en la comunidad de Manitzi y en otros puntos de la zona de amortiguamiento del parque. “En octubre del 2020, durante un sobrevuelo por los ríos Inuya, Mapuya y Sepahua, se llegaron a ver hasta ocho pistas clandestinas de aterrizaje en la zona de influencia”, señalan. Para los especialistas, estas actividades estarían destinadas al narcotráfico.

Según un diagnóstico realizado por diversas instituciones, durante el 2020 en el sector Sepahua se registró ingresos de foráneos, caza, pesca y extracción ilegal de madera, apertura de carreteras en dirección al área natural protegida (ANP), tala ilegal alrededor de la Estación Ecológica Shimbillo y cambio de uso de suelos. En el Sector Atalaya, se registró ingreso de cazadores ilegales, contaminación en el río Inuya, tala ilegal, agricultura migratoria y cultivo ilegal de hoja de coca. Además, se detectaron 12 especies de fauna y flora silvestre en estado Vulnerable y una En Peligro, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Ante esta situación, los guardaparques del Sernanp consideran que el trabajo que realizan los comuneros es clave, pues son ellos quienes integran voluntariamente los Comités de Vigilancia Comunal. Este es el caso de los pobladores del caserío de Inmaculada, de las comunidades nativas de Alto Esperanza y Raya (Atalaya), y del barrio Dos de Mayo (Sepahua), quienes se unen en distintos momentos a los patrullajes de los guardaparques del Sernanp o que muchas veces son los que advierten de las amenazas que ven en sus comunidades o caseríos. “Los miembros del CVC no ganamos nada económico. Nosotros queremos formar [parte] porque los especialistas del Sernanp nos incentivan a proteger el medioambiente, pero sobre todo porque vemos cómo los animales se están alejando o desapareciendo, y como el bosque se está perdiendo”, cuenta un exguardaparque voluntario.

El modo de operación de los traficantes de tierras que denuncian los comuneros es el mismo que ha detectado la FEMA Atalaya. Según las investigaciones fiscales, habría algunas autoridades locales que incentivan las invasiones de terrenos para luego buscar mecanismos que permitan legalizar la ocupación de territorios que se ubican dentro de las concesiones forestales. “La constancia de morador es otorgada por el teniente gobernador del distrito, pero hemos visto que estas autoridades son interinas, porque luego que expiden la constancia son cambiadas por otra. Con ese documento, los traficantes solicitan su constancia de posesión, argumentando que viven varios años. Agricultura muchas veces les deniega la constancia porque están en una zona de bosque (de producción permanente o una concesión forestal). Pese a ello, con ayuda de autoridades, incluso de otra jurisdicción, realizan la transacción comercial”, detalla el fiscal Huároc.

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¿Cómo frenar las amenazas?

Hace nueve años ya el Sernanp, a través del Plan Maestro 2012-2017, afirmaba que, aunque el PNAP se mantenía relativamente aislado de amenazas externas, el avance de actividades como la tala ilegal de madera, la caza furtiva, la extracción de quelonios, la sobrepesca y otras estaban cada vez más cerca, y podían provocar la extinción de especies o el agotamiento de los recursos naturales. Así, el Plan Maestro 2019-2023 señala que al 2018 la afectación en el ecosistema de bosque de colinas es de 605 ha acumuladas desde el 2011, en el ecosistema bosque con pacales es de 50 ha, en el ecosistema bajial es de 47 ha.

Ante ello, los guardaparques de Atalaya y Sepahua demandan la contratación de más personal (solo son 5 para ambos sectores) y la implementación de la logística adecuada para ellos y los guardaparques voluntarios, como equipos GPS, botes, cámaras trampa, carpas, botas, machetes y linternas, para poder monitorear las zonas de amortiguamiento e influencia.

“En este momento no tenemos un estimado de la población (comunidades nativas, pueblos indígenas en contacto inicial o en aislamiento) ni de la biodiversidad que está en riesgo por las amenazas detectadas. Este trabajo de levantamiento de información es muy complejo y se requiere de equipamiento que no se tiene, pero empezaremos a entregar a los guardaparques de Sepahua y Atalaya”, informa Danilo Jordán de la FZS.

Para evitar el incremento de las amenazas en la zona de influencia y amortiguamiento del PNAP, las organizaciones ambientales que trabajan en el área plantean la necesidad de proteger las cabeceras de ríos con la creación de una concesión para conservación de aproximadamente 65 000 hectáreas; mantener un sistema de patrullaje continuo; disminuir las limitaciones del Sernanp, a través de la implementación de equipos que requieren los guardaparques, y promover proyectos de desarrollo sostenible viables en las comunidades cercanas al PNAP, para mejorar su calidad de vida.

Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), una de las organizaciones que trabaja en el mosaico Purús-Manu, menciona que también se está trabajando en una estrategia para revalorizar los conocimientos tradicionales de las etnias que viven dentro del paisaje. «Con ello, no solo se pone en valor aquellos conocimientos de los pueblos, sino que también se generan oportunidades económicas que bien encaminadas pueden tener un gran potencial para mejorar la calidad de vida en la zona. Es clave seguir buscando alternativas de desarrollo económico que ayuden a combatir las ilegalidades».

El tema de la seguridad jurídica de los territorios es un tema clave para las comunidades. El dirigente indígena Cleofás Quintori, quien además considera necesaria la creación de una reserva comunal en Sepahua, explica que “lo primero debe ser el reconocimiento, titulación y ampliación de las comunidades nativas asentadas desde hace muchos años. El siguiente paso es impulsar actividades no maderables, es decir invertir en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, para generar ingresos (económicos) a las comunidades nativas y sin afectar más el ambiente. Pero nada se puede lograr sin presupuesto ni decisión del Gobierno. Hasta ahora solo tenemos ayuda de los cooperantes internacionales”, agrega el dirigente indígena Cleofás Quintori, quien además considera necesaria la creación de una reserva comunal en Sepahua.

Pese a las limitaciones, los guardaparques de Atalaya lograron a principios de este año la donación de un terreno para la construcción de un puesto de control en el caserío de Inmaculada. Si bien aseguran que este ayudaría a fiscalizar las actividades en los ríos Inuya y Mapuya, el proyecto está paralizado porque faltan materiales, como calaminas y clavos para el techo, además de algunos víveres para los comuneros y guardaparques que se han comprometido a construirlo. “Este puesto volante será clave para tener el control de las personas que ingresan a esa zona. Ya hemos logrado la donación de maderas, pero nos faltan otros materiales. Actualmente hay un puesto del Ministerio de Cultura, pero no hace un control minucioso porque no les compete el cuidado de los recursos naturales”, cuenta Michel Díaz.

Mongabay Latam solicitó al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) información sobre las amenazas a la biodiversidad en la zona de influencia y área de amortiguamiento del PNAP y al Ministerio de Cultura información sobre la afectación a las comunidades nativas, sobre todo para algunos pueblos en contacto inicial y en situación de aislamiento, pero no respondieron nuestro pedido.

*Por seguridad de nuestras fuentes hemos cambiado los nombres de nuestros entrevistados o mantenido en anonimato.

El artículo original fue publicado por Cristina Fernández Aguilar en Mongabay Latam.Puedes revisarlo aquí.

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