El 18 de octubre de 2019 más de un millón de personas tomaron las calles en diferentes ciudades de Chile bajo la consigna “queremos dignidad”. Fueron tres semanas de intensas protestas en contra de un sistema económico que ha colocado a Chile como país ejemplar de crecimiento en la región, pero que también lo ha situado como uno de los más desiguales. De hecho, en un estudio realizado en 2017 por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), casi la mitad de los encuestados de sectores socioeconómicos bajos afirmó que con su salario apenas lograba sobrevivir.

Durante el estallido social —en el que 31 personas fallecieron y 360 sufrieron traumas oculares graves debido a impactos con perdigones y bombas lacrimógenas— la demandas por acceder a una mejor calidad de vida se fueron reuniendo en una sola: cambiar la constitución del país.

El 25 de octubre de 2020, los chilenos decidieron en un plebiscito aprobar la redacción de una nueva carta magna y reemplazar así la creada en 1980 bajo el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. En las últimas elecciones, realizadas el 15 y 16 de mayo pasado, el voto fue para elegir a los constituyentes, es decir, a las personas que conformarán la Convención Constitucional y que tendrán la misión de escribir la nueva Constitución.

Los grandes triunfadores de esas elecciones fueron los independientes, ya que de los 155 constituyentes que son en total, 88 no militan en ningún partido político. Entre este grupo de hombres y mujeres hay abogados, profesores, ingenieros, profesionales de la salud, sociólogos, periodistas, científicos, entre otras profesiones y oficios. También hay activistas de organizaciones sociales y medioambientales como el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) o la Sociedad Civil por la Acción Climática, entre otras. Además, se suman 17 representantes de pueblos originarios.

Diversos son los aspectos que esta nueva constitución tendrá que tener en cuenta para lograr satisfacer las expectativas de equidad, justicia y bienestar. El eje ambiental aparece como uno de ellos en las propuestas de al menos 21 constituyentes que están ligados a organizaciones y movimientos ambientalistas. En concreto, dicho eje busca lograr una constitución que asegure la protección de la naturaleza y el medio ambiente. ¿Cómo lograrlo?

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La naturaleza como sujeto de derecho

El primer objetivo para los constituyentes que buscan redactar una Constitución ecológica es lograr que la protección del medio ambiente esté presente de manera transversal en todos los ámbitos en los que se desarrolla el país.

Para hacerlo, el ingeniero, ecologista y activista ambiental, Fernando Salinas, quien forma parte del grupo de los independientes electos, explica que será necesario establecer “que la naturaleza es sujeto de derecho en tanto ella provee la vida a todos los seres, entre ellos nosotros”. También será necesario precisar que “la constitución reconoce y protege el vínculo indisoluble que existe entre la naturaleza y los seres humanos”, agrega la abogada Manuela Royo, otra de las independientes electas, integrante de la red de constitucionalismo ecológico y del Movimiento por la Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (MODATIMA).

Eso, explican los constituyentes entrevistados, debería quedar estipulado en las bases de la institucionalidad, es decir, dentro de los primeros artículos que son los que establecen los valores fundamentales del Estado y a partir de los cuales se interpreta toda la Constitución.

Actualmente, la carta magna considera a la naturaleza “como un objeto externo que provee de recursos. Esa es la única relación que existe con ella”, explica Salinas, quien es miembro del Comité Pro-defensa de la Flora y Fauna (CODEFF) y cofundador de Acción Ciudadana Costa Maule, un movimiento de defensa del río Loanco y la costa de la región del Maule que consiguió, en 2016, el cierre definitivo del proyecto de la Central Termoeléctrica Los Robles.

Salinas agrega que “en los últimos años el ser humano se ha dado cuenta de que lo que afecta a la naturaleza tarde o temprano le afectará a él”, y que “es momento, porque estamos frente a una crisis climática sin precedentes y difícil de resolver, de que las constituciones tengan otro punto de partida”. Uno “ecocéntrico”, precisa, “donde los derechos de la naturaleza están al centro y de ahí se desprenden todos los demás”.

Para Royo esa propuesta tiene sentido porque “cuando hablamos de la protección de la naturaleza, de los ecosistemas, es mucho más amplio que solo hablar de ecología”, señala, y añade que tiene que ver “con cómo comprendemos la relación entre la sociedad y el entorno natural”. Ejemplo de ello, explica, es que el derecho a conservar la naturaleza está vinculado a una serie de otros derechos como a la salud. “La salud no es solamente no estar enfermos, sino también es estar en conexión con la naturaleza”, asegura.

María Elisa Quinteros, quien también participará de la redacción de la nueva Constitución como independiente, es epidemióloga ambiental, es decir, estudia la relación del medio ambiente con la salud de las personas. Se ha especializado en investigar los impactos de la contaminación atmosférica en las gestantes y sus recién nacidos, y el efecto protector que tienen las áreas verdes en la salud de ellas y sus bebés.

“Como salubrista parto de la idea de que los seres humanos dependemos de la naturaleza para vivir, entonces no es solo positivo tener un estado social de derecho y preocuparnos solamente del ser humano, sino que también debemos velar por esta interrelación que tenemos con la naturaleza”, señala la investigadora y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca.

“Esa discusión va a ser interesante en un país extractivista como el nuestro”, dice la bióloga y doctora en ciencias naturales Cristina Dorador, que se ha especializado en estudiar la microbiología de los salares y que también forma parte de la Convención Constituyente.

La científica, quien además es miembro del directorio de la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana y del colectivo Más Ciencia para Chile, asegura que sobre todo en lo referente a la minería en el norte del país, donde se extiende el desierto más seco del mundo, “hay mucha gente que no piensa que lo que se explota son realmente seres vivos y ecosistemas, se ven como ambientes inertes donde vale solamente el mineral, pero no se considera la vida”.

Sin embargo, señala que tomando en cuenta que la ciencia ha demostrado que la biodiversidad está disminuyendo a una velocidad sin precedentes en todo el mundo y que la supervivencia de los seres humanos depende de ella, “en la conversación debería primar la sensatez y no pararse desde veredas muy estrictas que tienen que ver solamente con temas económicos, porque sino no vamos a poder avanzar”, dice. “Si no movemos los límites, y uno de ellos son los derechos de la naturaleza, vamos a quedar en lo mismo que ya tenemos”.

Así, si la nueva Constitución precisa en sus bases que el Estado debe procurar el resguardo de la biodiversidad, “va a obligar a que las leyes que vienen en el futuro sean mucho más estrictas respecto de lo medioambiental”, explica Salinas. “Ahí está la clave”, dice, porque “si la Constitución es clara y precisa respecto a cuáles son las prioridades, entonces necesariamente todo el sistema legal y económico tiene que adecuarse a ello”, señala.

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Proteger los bienes comunes

En la actual Constitución está considerado que la ley pueda limitar el derecho de propiedad cuando perjudica al medio ambiente. Sin embargo, tal cual está escrito el texto actualmente y los primeros artículos que permiten su interpretación, “el derecho a la propiedad es más importante que otros derechos”, asegura Ezio Costa, director de la ONG Fima, el estudio jurídico ambiental de interés público más importante del país, en un artículo publicado por Mongabay Latam cuando se anunció el plebiscito para votar la creación de una nueva Constitución.

Prueba de ello es que el código de minería permite anteponer la propiedad por encima del bien común, dijo el abogado. Es por ello que en Chile es posible instalar una mina al interior de un área protegida.

“Muchas inversiones extractivas hoy en día no tienen ningún tipo de regulación y fiscalización a términos constitucionales”, dice Royo. En su opinión, “planteando un nuevo modelo de Constitución, que proteja la naturaleza, que proteja los bosques, los humedales, los ríos y en general los ecosistemas, va a significar necesariamente ponerle límites al ejercicio de la propiedad privada”.

En este punto, el agua, un recurso que en Chile está privatizado, aparece como una discusión fundamental ya que actualmente la Constitución no asegura el agua como un bien común de uso público y desde hace décadas los chilenos piden que se reconozca constitucionalmente como tal.

“Una cláusula que declare y reconozca el carácter colectivo y la propiedad para el Estado sobre el agua le deja posibilidad al legislador para que, si existen las mayorías necesarias, se pueda rediseñar el derecho de aguas”, dijo Liliana Galdámez, profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la facultad de derecho de la Universidad de Chile.

Cristina Dorador se muestra optimista en que esta demanda pendiente pueda finalmente ser atendida en la nueva Constitución, porque “políticamente hay una mayoría de personas que está a favor de aquello”, dice.

Además, Salinas agrega que para garantizar la protección de la naturaleza es necesario trabajar en la descentralización del país. “Nosotros creemos que lo público tiene que ser local, que las decisiones tienen que ser locales, que los territorios tienen que tomar sus propias decisiones, obviamente el Estado como garante y dando las herramientas”, señala.

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Lo que se viene

La Convención tiene un plazo de máximo 12 meses para redactar un texto para la nueva carta magna. Luego de eso, se volverá a realizar un plebiscito ratificatorio o de salida, en el que los chilenos elegirán si aprobar o rechazar la propuesta.

En lo inmediato, el próximo paso consiste en que los constituyentes se reúnan para definir el reglamento y plantear cómo van a trabajar las distintas áreas que son de interés en la nueva Constitución.

“Tenemos que agruparnos y formar equipos”, explica Dorador, quien espera que el reglamento tenga un enfoque territorial para que las sesiones se realicen no solo en Santiago, la capital, sino también en regiones. “Si vamos a ir por un Estado descentralizado tenemos que sesionar también en regiones para conocer la realidad de los territorios”, dice la científica.

Para Dorador, la alta participación de independientes en la convención constitucional será una ganancia, pues da cuenta de una “amplia diversidad y la diversidad siempre enriquece los debates, les sube el nivel”, asegura. Además, agrega que “no se debería tratar de imponer métodos de la política tradicional”, sino que buscar la manera de “ponernos de acuerdo entre nosotros, todos los miembros de la convención”.

Al respecto, Royo asegura que “el desafío está en cómo la academia, el derecho, pero también las comunidades construimos un diálogo participativo en torno a cómo concebimos la protección de la naturaleza”. La abogada precisa que el diálogo debería considerar los conocimientos científicos, el derecho, pero también las formas de vida de las comunidades rurales y de los pueblos indígenas.

Como ejemplo, Royo señala que Nueva Zelanda considera a los ríos como sujetos de derecho y que para su protección “se han creado consejos de guardianes y guardianas del río que incluyen a personas científicas, de la academia, vinculadas a la ecología y comunidades que también tiene un conocimiento ancestral respecto de la protección de la naturaleza”, cuenta. “Creo que podemos pensar en una forma de relacionarnos que puede ser mucho más interesante que esta típica relación entre el Estado y la ciudadanía”, señala la abogada.

“El desafío que se viene es inmenso”, dice Dorador. “Tenemos que trabajar colaborativamente para poder tener un texto que realmente represente a las personas y pueda ser legitimado en el plebiscito de salida”, asegura.

En ese camino, los constituyentes esperan poder llevar adelante un proceso participativo. “Queremos llevar la asamblea a los barrios, a los territorios y levantar y construir en conjunto con las personas del territorio lo que se va a plasmar en la Constitución”, dice Quinteros. Además, los medios digitales serán importantes para difundir ideas y propuestas aunque Dorador destaca que “no hay que olvidar que en Chile hay una brecha digital enorme”. Sumado a eso, las restricciones que impone la pandemia obligarán a los constituyentes a buscar maneras creativas para poder lograr la participación esperada.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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