En enero de 2021 el presidente Iván Duque presentó la Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques y, con ella, puso en el papel una ruta a 10 años para solucionar uno de los problemas ambientales más graves de Colombia. El reto es que, para sacarla adelante, el Gobierno tendrá que sentarse a negociar con organizaciones campesinas, sociales y étnicas con las que no ha tenido una buena relación.

Además, la ‘Campaña Artemisa’, estrategia militar contra la tala, sigue sin dar con los responsables y grandes financiadores de la deforestación, lo que ha generado gran desconfianza en las comunidades rurales que más podrían ayudar para frenar la pérdida de bosque.

En medio de ese complicado escenario, está el agravante de que el Gobierno sigue sin resolver el tema estructural de la tierra porque al catastro multipropósito, que pretende la titulación y formalización de predios que han estado en un histórico limbo jurídico, le falta un trecho largo para estar completo y esto es indispensable para luchar contra la deforestación.

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El discurso y la estrategia

El presidente Iván Duque presentó su política pública contra la deforestación en Leticia (Amazonas) en diciembre de 2020 y resaltó que era el primer Conpes —un documento que en Colombia funciona como una hoja de ruta en materia económica y social— que “hace referencia explícita al control de la deforestación”. Este, sin embargo, como lo señala en una columna de opinión el profesor en Política Forestal José Miguel Orozco, no tiene nada de novedoso, pues desde 1996 existe un documento Conpes sobre Política de Bosques que tiene como uno de sus principales objetivos reducir la deforestación.

Lo que sí es nuevo es que el Presidente tuvo un cambio en su discurso. Cuando Duque anunció la ‘Campaña Artemisa’, en abril de 2019, indicó que detrás de la pérdida de bosque estaban principalmente los cultivos de coca y, por ende, el narcotráfico y las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esto fue algo que reiteró una y otra vez el entonces ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Pero esta vez, en Leticia, el presidente habló de fortalecer “la extinción de dominio de todos los bienes y semovientes [ganado] que tienen el propósito de generar acaparamiento contra nuestras riquezas naturales”.

Esta declaración evidencia la intención del Gobierno de ampliar su mirada a otros motores de deforestación más allá de la coca, incluyendo el acaparamiento de tierras por parte de grandes terratenientes y ganaderos. Sin embargo, hasta ahora el único resultado contra supuestos “grandes deforestadores” ocurrió en febrero de este año, cuando el Ejército anunció la captura de cuatro hombres en Mapiripán, Meta, a quienes señaló como miembros de la disidencia del frente primero de las FARC y como responsables de la deforestación en ese municipio.

Los demás operativos que han traído algunos resultados no han sido a través de la Campaña Artemisa. Por ejemplo, el Fiscal general Francisco Barbosa destacó, hace un mes, la ejecución de seis operaciones en las que capturaron a 40 personas. Entre los operativos hubo uno en San José del Guaviare, en el que capturaron a seis personas sospechosas de deforestar 800 hectáreas para ganadería a gran escala dentro del resguardo indígena Nukak Makú y otro en San Vicente del Caguán, Caquetá, donde detuvieron a Gildardo Toledo Villa, a quien señalan como “uno de los mayores auspiciadores de la ganadería extensiva en el Parque Nacional Natural Los Picachos”. En ninguna parte la Fiscalía mencionó a la Campaña Artemisa.

Lo mismo ha pasado con otros operativos, como el de enero de este año, en el que la Fiscalía anunció la captura de un ganadero en San Vicente del Caguán. Nuevamente, el nombre ‘Artemisa’ no fue mencionado.

El ganadero se llama Vidal Rojas Herrera y es señalado como uno de los “mayores auspiciadores de la deforestación en el Parque Nacional Natural Tinigua”. En concreto, la Fiscalía indica que “vendió 21 000 cabezas de ganado en dos décadas” y que tiene 500 vacas solo en ese parque. También asegura que auspició “la tala de 1139 hectáreas para la cría y cuidado de ganado” y por eso le imputaron los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e incendio. No obstante, se ordenó arresto domiciliario en lugar de prisión efectiva.

Mientras la Fiscalía avanza en esos casos, es probable que estas personas no reciban una sanción dura porque el Código Penal no tipifica la apropiación ilegal de tierras como delito, cuando es el “problema madre de la deforestación”, dice Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). Botero indica que tampoco se tipifica la conexión del acaparamiento con el uso de dineros públicos, el lavado de activos, la asociación con terceros, y demás modalidades que permiten consolidar la apropiación de las tierras una vez han sido deforestadas.

El presidente Duque dijo que, en marzo, el Gobierno presentará ante el Congreso un proyecto de ley para endurecer las penas para los delitos ambientales y elevarlos a no excarcelables, pero es posible que esto se dilate, considerando que hay otros proyectos prioritarios en la agenda, como los que tocan directamente a la reactivación económica tras la pandemia o la llamada “reforma social y fiscal”, el nombre de la nueva reforma tributaria que irá con mensaje de urgencia al Congreso.

Mientras tanto, para cumplir con su política de deforestación, tendrá que tender puentes con las comunidades que tienen una honda e histórica tensión con el Gobierno, en parte porque la manera en la que el Estado ha llegado a estas regiones ha sido únicamente con presencia militar.

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La rendición de cuentas de la ‘Campaña Artemisa’

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entre enero y marzo del año pasado, la Amazonía concentró el 68.3 % de las alertas de deforestación, mientras que en el mismo periodo del 2019 la cifra fue de 57 %. Los departamentos más críticos son Meta, Guaviare y Caquetá, que tuvieron un incremento del 82.8 % porque pasaron de 35 mil hectáreas taladas en el primer trimestre de 2019 a 64 mil en los tres primeros meses de 2020.

Es ahí, en pleno corazón de la deforestación, donde se concentra la campaña Artemisa. Cuando la anunciaron en abril de 2019, el Alto Consejero para la Seguridad Nacional de Colombia, Rafael Guarín, quien depende directamente del Ejecutivo, le dijo semanas después a La Silla Vacía que para aterrizar ‘Artemisa’ había varios detalles en cocción, como la reforma a la Fuerza Pública para que se adaptara a la nueva estrategia.

Lo que quedó en el papel es que diez batallones de alta montaña y cinco de selva ubicados en zonas donde la deforestación está disparada, como San Vicente del Caguán en Caquetá o Mapiripán en Meta, tendrían como prioridad el cuidado del medio ambiente, con resultados medibles en número de operaciones para evitar la tala o el acaparamiento de tierras. Además, que el 10 % de los soldados reclutados por año en Colombia serían capacitados para dedicarse exclusivamente a prestar servicio ambiental, algo que desde 2017 está estipulado en la ley de reclutamiento.

Un año y medio después, los batallones ponen de su personal para llevar a cabo los operativos y la reforma a la Fuerza Pública sigue en suspenso. A eso se suman los costos de estos operativos. Solo en el primero, en el Parque Chiribiquete en abril de 2019, según el consejero Guarín, se gastaron 700 millones de pesos (cerca de 200 000 dólares) en horas vuelo de los helicópteros, lo que hace muy difícil que estos operativos sean sostenibles en el tiempo.

Según cifras del Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) entregadas a Mongabay Latam, a diciembre de 2020, para Artemisa y demás operaciones ambientales se destinaron 14 489 hombres (entre Ejército, Fuerza Aérea y Armada) y 7811 policías. Para esa misma fecha ya se habían realizado ocho operativos Artemisa: tres en el Parque Chiribiquete (en abril, junio y agosto de 2019), uno en el Parque Tinigua en febrero de 2020, uno en el Parque La Macarena en septiembre de 2020; uno en el Parque La Paya y otro en bosque prístino del departamento de Caquetá en octubre de 2020 y un último en la zona del Yarí, en límites entre los departamentos de Meta y Caquetá, en noviembre de 2020.

En esos ocho operativos, el CGFM indica que ha “recuperado más de 9000 hectáreas de bosque”. Sin embargo, el término “recuperado”, como lo indica un exmilitar de alto nivel que conoce por dentro la campaña Artemisa y prefiere mantener su nombre en reserva, “quiere decir que hacen el operativo y esas hectáreas quedan vacías porque sacan a la gente, pero no necesariamente quiere decir que hay presencia institucional permanente. Eso sí sería recuperar”.

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Crecen los cuestionamientos

Las cifras oficiales entregadas a este medio también mencionan la captura de 68 personas, entre ellas 20 menores de edad. Según una fuente de la Fiscalía que lo sabe de primera mano, pero que pidió no ser citada porque no es vocera oficial, “menos de 10 personas son de nivel medio. No hay determinadores [grandes financiadores de la deforestación]”.

Esto se ha relacionado con algunos de los resultados a lo largo de casi dos años. Por ejemplo, en el primer operativo, realizado en Chiribiquete en abril de 2019, el Gobierno dijo que capturaron a 10 personas, enviaron a cuatro niños al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y recuperaron 120 hectáreas de bosque. Sin embargo, una Comisión de Verificación —integrada por la Comisión Colombiana de Juristas y otras organizaciones en terreno— fue a la zona y documentó que “por el contrario se generaron daños en la vegetación y murieron animales”, y que los capturados terminaron aceptando cargos y a las 24 horas los soltaron con la condición de no volver al sitio.

“En ese operativo de Artemisa cogieron a la gente humilde, no cayeron los grandes”, asegura Andrés Pacheco, entonces personero de San José del Guaviare, quien como funcionario del Ministerio Público tenía a su cargo velar por los derechos humanos en la región.

Lo mismo pasó con los famosos incendios de La Macarena de marzo de 2020. Aunque la Fiscalía tenía en la mira capturar a 35 ganaderos dueños de vacas dentro de Parques Naturales, la sospecha dentro de la institución es que alguien filtró el operativo porque, cuando llegaron, capturaron solo a 20 personas y 16 de ellos eran campesinos que no eran dueños ni de vacas ni de tierras. Solo cuatro personas poseían algunas cabezas de ganado.

La Fiscalía, en una respuesta oficial de la Dirección Especializada Contra las Violaciones de los Derechos Humanos entregada a Mongabay Latam, dice que entre sus logros está el hecho de que ya tienen órdenes de captura por delitos contra el medio ambiente contra los líderes de las disidencias Gentil Duarte, Iván Mordisco, y Jhon 40. En teoría, en este momento los están persiguiendo.

Además, aseguran que han judicializado a los exalcaldes Óscar Ospina, Pedro Novoa y Jhoniver Cumbe de los municipios de El Retorno, Calamar y Miraflores (Guaviare), respectivamente, “por su probable responsabilidad en dinamizar la deforestación en el departamento”, así como “a suplantadores de comunidades étnicas que comercializan tierras de resguardos [indígenas]”.

Para dos fiscales que llevan varios años siguiéndole la pista a la tala en la Amazonía, estos operativos no han dado con los grandes financiadores pero sí van dejando pistas e información clave para armar el rompecabezas que “nos permita llegar a esos hombres grises, que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad”. Además, dicen los fiscales, se ha podido identificar por qué medio les pagan a los campesinos para que talen, cada cuánto lo hacen y dónde se dan esos pagos.

Sin embargo, el costo que se debe pagar por avanzar con las investigaciones es la desconfianza de la gente en las autoridades. Las comunidades aseguran que no confían porque han sido testigos de la captura de campesinos, incluidos menores de edad, en zonas con muy poca presencia del Estado e invadidas por disidencias de las FARC, como la de Gentil Duarte que, según Ejército y Fiscalía, ha reforzado el control de la tala y la imposición de normas ambientales en algunos municipios del Guaviare.

La Fiscalía dice que está trabajando cada vez de manera más coordinada con la Fuerza Pública dentro de la Campaña Artemisa pero, una fuente experta en imágenes satelitales y otra que trabaja en terreno entre Caquetá y Guaviare, aseguran que el gran talón de Aquiles de estos operativos es que no hay persistencia.

“De los ocho operativos en los que entran, capturan y se van, uno sí detecta una reducción en la tala en esa zona los primeros meses, pero en la mayoría lo que se ve es que la gente regresa a seguir talando”, asegura Ederson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques del IDEAM.

Otro obstáculo es que, por tratarse de operaciones que juntan a tantas fuerzas y entidades del Estado al tiempo, “hay fugas de información”. La fuga puede venir de algo tan sencillo como que todos los participantes del operativo llevan su celular y, con muchas horas de anterioridad, saben los pormenores de lo que se hará. “Después de que hicimos un operativo en el Parque Picachos nos enteramos de que gente de la zona estaba buscando infiltrar a la Fiscalía para saber cuándo volvíamos”, asegura una fuente que no citamos por su seguridad.

Mientras que el Presidente ya anunció más operativos ‘Artemisa’ en los próximos dos meses, lo que más podría frenar la deforestación es resolver la incertidumbre jurídica sobre la tierra. El problema es que se necesitará mucho tiempo para lograrlo.

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El trecho que le falta al catastro

La principal base para frenar la deforestación de raíz es el catastro. Este gran directorio de tierras —que hoy solo está actualizado en un 15 %— es un punto clave del Acuerdo de Paz con las FARC porque sirve, no solo para saber dónde empieza y dónde termina cada predio, sino quién es el dueño, hace cuánto lo tiene o qué uso quiere darle al suelo. Actualizar el catastro ayudaría a reducir la incertidumbre jurídica sobre la tierra, evitando el acaparamiento, uno de los principales motores de la deforestación según el Ministerio de Ambiente y que finalmente lleva a que exista un enorme mercado negro de tierras.

La meta del Gobierno, según dice Alejandra Botero, Consejera para la Gestión del Cumplimiento en la Presidencia de Colombia, es tener el catastro actualizado en un 34 % a diciembre de 2021. Para eso, el Gobierno ya tiene 41 millones de hectáreas financiadas con dinero del Reino Unido, Alemania y USAID de Estados Unidos. Cerca de 31 millones son para zonas donde están los 11 núcleos de alta deforestación en el país —cinco en la región amazónica, tres en la región Pacífica, dos en la región Andina y uno en Orinoquía—.

En la política que Duque lanzó a principios de enero desde Leticia, Amazonas, dice que el Conpes de deforestación “se articula” con otro Conpes para catastro, pero no especifica cómo. Lo único que dice es que crearán, a partir de 2021, una mesa técnica liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para “priorizar la gestión catastral” y que el Ministerio de Agricultura, el Instituto Geográfico Agustin Codazzi, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Ambiente van a adelantar la “formalización de territorios étnicos”.

Ahí es donde empieza la prueba. Para entrar y hacer el catastro en los territorios étnicos, el Gobierno tendrá que hacer una consulta previa con indígenas, afros y otros grupos minoritarios. Estos son sectores sociales que salieron a marchar en el paro de noviembre de 2019 en contra del Gobierno y con los que Duque ha tenido duras tensiones, como no recibir a la Minga Indígena de suroccidente que caminó hasta Bogotá en el 2020 y que le dejó al presidente una simbólica “silla vacía” en la Plaza de Bolívar en la capital.

Con ese trasfondo, el Gobierno Duque tendrá que sentarse a negociar la puesta en marcha del catastro en territorios colectivos y esto no será fácil. Según cifras de Alejandra Botero, en 143 municipios ya hay plata para financiar el catastro pero en 110 de ellos hay grupos étnicos con los cuales se tendrá que conversar.

Aunque las comunidades étnicas querían concertar toda la política de catastro, tal como señalaron en varios comunicados, aseguran que nunca fueron consultados. Después de muchas negociaciones acordaron con el gobierno que la fase de reglamentación del catastro para territorios colectivos pasará por consulta previa, la cual está prevista para abril.

Tanto los indígenas, sentados en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), como las comunidades afro, tienen la voluntad de avanzar. Sin embargo, les preocupan dos puntos: que no tienen la posibilidad de ser gestores catastrales —y con ello visitar la totalidad de los predios en sus territorios— y que en esas visitas o barridos prediales “terminen traslapados territorios indígenas con el catastro minero porque por esa vía nos pueden quitar tierras”, asegura Camilo Niño Izquierdo, secretario ejecutivo de la CNTI y líder del pueblo Arhuaco.

Aunque el Gobierno puede empezar por entrar a predios que no se crucen con territorios colectivos, tendrá que negociar esos dos puntos con las comunidades étnicas y eso puede ser bastante demorado para una actualización catastral que es urgente en el país.

El artículo original fue publicado por Juanita Vélez Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.  

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