En setiembre de 2015, un grupo de trabajadores de la Dirección Regional Sectorial Agricultura de Ucayali (Drsau) llegó al distrito de Masisea con un fin: hacer un catastro rural en un área de bosque situada al borde de la carretera Masisea-Imiría, vía que recorre un tramo de la Amazonía peruana.

Ese fue el inicio de un intrincado sistema de entrega irregular de terrenos que tiempo después acabaron en manos de la colonia menonita, establecida en ese distrito del departamento de Ucayali.

En este proceso participaron autoridades del Gobierno Regional de Ucayali —algunas de ellas hoy investigadas y con prisión domiciliaria— que utilizaron sus cargos para entregar bosques de manera ilegal. Esta historia es un buen ejemplo de cómo en el Perú, algunos bosques se talan primero en papel y luego en el campo.

El Procurador Público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, explica que esta es una modalidad más del tráfico de tierras, en la que la adjudicación de terrenos en papel parece legal, pero que en realidad se sustenta en información fraudulenta. “Es lo que pasa en la Amazonia y lo que pasa en Ucayali, es decir, personas que sirven de testaferros para que reciban los predios y después los venden. En esta búsqueda nos vamos a encontrar con actos de corrupción de los gobiernos regionales, que no es un secreto. Se sabe que los gobiernos regionales han utilizado los títulos agrarios para sanear propiedad del Estado que tenía bosques primarios”.

Más de 1000 hectáreas de bosques, ubicados en la ruta que va desde la pequeña ciudad de Masisea hasta los territorios de las comunidades nativas Caimito y Buenos Aires, fueron demarcadas como predios individuales y luego inscritas a nombre de personas que ahora no recuerdan en qué momento se convirtieron en propietarios.

Mongabay Latam accedió a 47 de esas fichas catastrales elaboradas en el 2015 por el equipo de la Drsau que llegó hasta Masisea, una localidad ubicada a unas tres horas de navegación por el río Ucayali desde la ciudad de Pucallpa. Los números de estas fichas catastrales figuran en la lista de los 64 predios que la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente ha incluido en su investigación por delitos contra los bosques y formaciones boscosas en contra de la colonia menonita.

Además, en la búsqueda de las 47 fichas en el Sistema Catastral para Predios Rurales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (SICAR) —base de datos oficial que muestra información de los predios rurales de Perú— pudimos establecer que 29 de esos predios se superponen con los territorios de dos comunidades del pueblo shipibo-konibo: cuatro con la comunidad nativa Caimito y 25 con la comunidad nativa Buenos Aires.

“Eso fue un negocio muy grande. Los mismos trabajadores de agricultura tienen la culpa. El que era director de Agricultura, [Isaac] Huamán ha dado los predios a esas personas. Lo hicieron en coordinación con la municipalidad. El alcalde de Masisea hacía reunión con los trabajadores explicando que iban a titular los predios”, dice Adán Sánchez, presidente de la Federación Fronteriza de las Comunidades Nativas del Lago Imiria y Chauya Masisea (Feconalicm), en una entrevista telefónica con Mongabay Latam.

¿Cómo terminaron entonces esos 47 predios en manos de la colonia menonita?

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Deforestación en papel

Esta historia comienza con un grupo de funcionarios en campo rellenando decenas de fichas catastrales con lo que iban observando supuestamente en ese momento. Un terreno, por ejemplo, se distribuía entre un 20 % de maíz, 20 % de plátano, 10 % de yuca, 20 % más de cacao y 30 % de purma —como se llama a la vegetación que crece cuando se deja descansar la tierra. Así fue como los técnicos de la Drsau fueron elaborando cada uno de los documentos catastrales, según la versión de un extrabajador del Gobierno Regional de Ucayali, de quien mantenemos su nombre en reserva por seguridad.

En cada una de las fichas a las que tuvo acceso Mongabay Latam, los porcentajes y el tipo de cultivo varían. En todo caso, el común denominador de estos documentos es que cientos de hectáreas de bosque, supuestamente, ya habían sido reemplazadas por terrenos agrícolas.

Sin embargo, las imágenes satelitales no muestran lo mismo. Un equipo de especialistas del Instituto del Bien Común (IBC) analizó las 47 fichas catastrales —cuya extension en conjunto suma 1136 hectáreas— que forman parte de esta investigación y confirmó que en la fecha en la que se inscribieron los predios dedicados a actividades agrícolas lo que había en realidad era bosque primario.

Esto lo confirma, además, uno de los testigos de la Fiscalía que en diciembre de 2018 abrió una investigación contra el entonces director regional de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali, Isaac Huamán Pérez —actualmente con prisión domiciliaria— y otros funcionarios del sector.

El caso que actualmente se investiga —conocido como Cochanía– y que involucra a Huamán y otros exfuncionarios de la Drsau corresponde a la entrega de predios en el distrito de Nueva Requena. En la actualidad este caso se encuentra en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada.

La investigación, aún vigente, se centra precisamente en la titulación ilegal de predios de dominio de comunidades nativas y del Estado a favor de familiares de trabajadores de la dirección regional de agricultura y de alcaldes del departamento de Ucayali, entre otras personas que solo prestaban sus nombres para que se concrete la titulación con el objetivo de luego vender o traspasar estos predios.

El extrabajador del gobierno regional conoció de cerca este sistema para titular predios con información falsa. En una entrevista con este medio confirmó que en Masisea se utilizó también esta modalidad de entrega de predios rurales en un lugar que aún era bosque y que no había sido intervenido. “Agricultura procedía como si fuera un mercado”, dice el exfuncionario y explica cómo ocurrieron los hechos.

“En el 2015, en la gestión de Huamán Pérez se conformaron varias brigadas para la titulación de predios, una de ellas fue a Masisea para medir unas áreas libres para que luego las vendan a unos extranjeros. Se usó la misma mecánica. Lo mismo que hicieron aquí [en Cochanía] lo hicieron allá [en Masisea]. Pero aquí sí se vendió”, precisa el extrabajador del GORE Ucayali para diferenciar lo sucedido en Cochanía, donde no se concretó la venta de todos los predios como ocurrió en Masisea, donde “estos predios fueron vendidos a los menonitas”.

El extrabajador del gobierno regional confirma que en Masisea las fichas se llenaron a nombre del alcalde de Masisea, regidores, trabajadores de la Municipalidad de Masisea, del gobernador del distrito y de funcionarios de agricultura.

La hipótesis que maneja la fiscalía es que se instituyó un sistema de ilegalidad y tráfico de tierras manejado por funcionarios del sector agricultura que se extendió por toda la región Ucayali, y que fue aprovechado por quienes buscaban tierras agrícolas en la Amazonía.

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La colonia menonita se instala en Masisea

La inscripción irregular de terrenos entre los años 2015 y 2016 es la partida de nacimiento de los predios que ocupa hoy la Colonia Menonita en Masisea, investigada actualmente por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali.

Cuando este grupo religioso adquirió los 47 predios mencionados al inicio de este reportaje —que supuestamente eran tierras agrícolas— los obtuvo con bosque en pie, así lo demuestran las imágenes satelitales y lo confirma uno de los testigos de la fiscalía. Lo que sostiene la FEMA Ucayali, que hoy investiga este caso de deforestación, es que la colonia menonita arrasó sin autorización con alrededor de 1000 hectáreas de bosque en el sector de la carretera Masisea-Imiría.

¿Quiénes les vendieron estas tierras a la colonia menonita? En el 2015, los funcionarios de la Drsau inscribieron los predios individuales a nombre de trabajadores de la Municipalidad de Masisea, autoridades del distrito y sus familiares, como comprobó Mongabay Latam al revisar los nombres que figuran en las fichas catastrales. Los menonitas compraron estos predios, así lo confirmaron uno de los testigos de la Fiscalía y David Ojanama, abogado de la colonia menonita.

Uno de los nombres que figura en las fichas catastrales es el del exalcalde de Masisea, Marden Contreras. “Una persona me ofreció un predio pero no he logrado yo adquirirlo”, dice al otro lado del teléfono el exburgomaestre, cuando Mongabay Latam le preguntó por el predio rural que figura a su nombre en el Sistema Catastral para Predios Rurales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (SICAR).

En este portal de acceso libre se puede verificar que con el número 113827 aparece un predio de poco más de 20 hectáreas, denominado Fundo La Amistad, a nombre del exalcalde y su esposa. Según las imágenes satelitales que se observan en el mapa del SICAR, este predio se superpone además con el territorio de la comunidad nativa Caimito.

Cuando le mencionamos estos detalles al exalcalde, empezó a recordar. Contó que la persona que le ofreció las tierras falleció y luego confirmó que, entre 2015 y 2016, la Drsau organizó campañas de titulación de predios rurales en su distrito. “Solo brindamos facilidades para que hagan su trabajo. Los municipios solo se ocupan de los predios urbanos, no tiene nada que ver con los terrenos rurales”, precisó.

Al final de la entrevista, Contreras reconoció que sí “se enteró” de que el predio fue inscrito a su nombre pero que él no tuvo nada que ver con ello. “Nunca lo recibí. No he firmado nada”, insistió.

Lo que dijo también fue que la colonia menonita llegó a Masisea en el 2014, un año antes de la titulación fraudulenta. Al principio fueron pocos —aclara— quienes empezaron a comprar terrenos cerca del pueblo. Luego llegaron más.

El exalcalde Contreras mencionó que hubo personas que recibieron títulos de propiedad que eran entregados incluso en ceremonias públicas por el gobernador regional de entonces Manuel Gambini Rupay. “Mucha gente ha vendido sus terrenos”, agrega, y menciona que actualmente la colonia menonita se dedica al cultivo de arroz y soya. “La última vez que visité Masisea me enteré que están produciendo bastante arroz”, dijo tras explicar que ya no vive en el distrito.

Mongabay Latam intentó comunicarse con Gambini Rupay, exgobernador regional de Ucayali, para conocer su versión sobre la entrega de predios en esa época, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

El exalcalde Marden Contreras no es la única autoridad que figura en las fichas catastrales de entrega de terrenos de la Drsau. También está Jhener Fasanando Nunta, actual regidor de la Municipalidad de Masisea, quien en el 2015 era gobernador del distrito. Mongabay Latam lo buscó para conocer su versión de los hechos pero hasta el cierre de esta edición no logró ubicarlo.

En la lista de más de 40 personas también está Miguel Ángel Carazas Núñez, quien en el 2015 era jefe del Área de Desarrollo Productivo y Económico de la Municipalidad de Masisea. Cuando entrevistamos a Carazas durante la visita a Masisea —antes de la pandemia— dijo que con el catastro y la entrega de títulos de propiedad en Masisea solo buscaba que se reconozca los derechos sobre sus tierras a los agricultores del distrito. En un informe del Gobierno Regional de Ucayali del año 2017, Carazas Núñez figura como presidente de la parcelación Carretera Masisea Imiría.

En un reciente recorrido que hizo Mongabay Latam por el territorio deforestado logró tomar fotografías de los campos de cultivo instalados en la carretera Masisea-Imiria, donde hace pocos años existía solo bosque. Las imágenes muestran amplios campos de cultivos en los más de 40 predios que ahora son manejados por la colonia menonita.

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Campos de cultivos sobre bosques de comunidades nativas

“Todos sabían que había superposición de predios en el territorio, pero no había pruebas”, dice Adán Sánchez, presidente de la Federación Fronteriza de las Comunidades Nativas del Lago Imiría y Chauya – Masisea (Feconalicm), mientras relata que fueron 40 días los que tomó realizar la georreferenciación del territorio indígena de las comunidades nativas Caimito, Buenos Aires, Junín Pablo y Nuevo Loreto.

En el recorrido, un equipo de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (Disafilpa) de la Drsau y dirigentes indígenas confirmaron que dentro del territorio indígena de Caimito hay predios individuales titulados que han sido deforestados por la colonia menonita. Estos predios fueron titulados en el 2015 y uno de ellos figura en SICAR a nombre de Edgardo Chafloque, quien entonces era asesor de los menonitas.

En la comunidad nativa Buenos Aires, colindante a Caimito, también se han titulado predios individuales. Esta superposición se puede visualizar en la plataforma de SICAR, con los nombres de quienes recibieron los títulos rurales en 2015.

El líder indígena Adán Sánchez explica que durante el trabajo de georreferenciación se logró constatar que terrenos adquiridos por la colonia menonita estaban dentro del territorio comunal. “Cuando hicimos el trabajo de georreferenciación las comunidades nativas llegaron a saber dónde estaban los puntos GPS que marcan los límites. Ahí encontramos que los predios de los menonitas estaban dentro de las comunidades de Buenos Aires y de Caimito”.

Sánchez indica que por lo menos son 200 hectáreas depredadas que antes de la llegada de los menonitas eran bosques primarios dentro del territorio comunal. “Han hecho daño a los bosques primarios”, agrega.

Sánchez reclama por la demora en la entrega de los informes con los resultados del trabajo de georreferenciación y agrega que los funcionarios del gobierno regional se está tomando mucho tiempo para finalizar esos informes, que siempre hay una excusa para demorar los trámites de las comunidades nativas en su proceso de titulación o, como en este caso, de georreferenciación de la comunidad ya titulada.

Samuel Del Castillo, director de Disafilpa del gobierno regional de Ucayali, señala que están listos tres de los cuatro informes sobre la georreferenciación de las comunidades nativas. “Falta culminar un informe para que sean enviados al área de Comunidades Nativas y se haga la evaluación correspondiente. Y también debe haber una evaluación del área de catastro sobre los predios que pueden estar superpuestos”.

En ese caso —explica Del Castillo— de haberse entregado predios dentro de la comunidad, se anularán las partidas que fueron tituladas a posteriori de la titulación de la comunidad.

Pedro Tipula, coordinador del proyecto SICCAM del Instituto del Bien Común (IBC), dice lo mismo. “Lo que prima es que son pueblos indígenas. Ellos tienen la prioridad para titular sus territorios”.

Tipula también explica que al hacer la georreferenciación, si se confirma la superposición sobre los bosques de las comunidades indígenas, se tiene que entregar ese terreno al pueblo indígena. “Se debe respetar el territorio que siempre les perteneció a ellos”.

El experto del IBC pone sobre la mesa un tema clave: la ausencia de un catastro de comunidades nativas moderno, con tecnología de punta como existe para las concesiones mineras y petroleras. “No es un problema de falta de fondos, se ha contado con préstamos. Es falta de voluntad política para solucionar el problema”.

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Los bosques que se perdieron

El delito por el que se acusa a la colonia menonita es contra los bosques o formaciones boscosas, denominado comúnmente delito de deforestación. El procurador del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, señala que toda persona que ha estado en contacto con los predios que han sido bosques y luego fueron deforestados sin cumplir con los trámites adecuados para el retiro de los árboles son responsables por la pérdida de bosque.

“Aunque hayan sido talados, todavía conservan la aptitud forestal”, señala el procurador Guzmán sobre los terrenos donde se han instalado los menonitas. Guzmán explica que de acuerdo a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, un lugar que pierde bosque no necesariamente pierde la aptitud forestal. “Solamente puede ser reconocido para actividades agrícolas por las direcciones agrarias regionales aquellos lugares que han perdido el bosque y la aptitud forestal”. En este caso —dice el procurador con relación a los terrenos ocupados por los menonitas— todavía se conserva la aptitud forestal.

Sandra Ríos, investigadora del instituto del Bien Común (IBC), confirma lo que dice el procurador. Luego de revisar la información de esos predios en plataformas de monitoreo satelital, desde el año 1985 hasta el 2020, la investigadora del IBC concluyó que “las imágenes satelitales revisadas no presentan cambios”. Es decir, el bosque seguía en pie cuando los predios fueron inscritos.

Sin embargo, las fichas catastrales elaboradas en 2015 indican que esos bosques fueron ocupados y transformados muchos años antes, en un rango entre el 2005 y el 2008. Pero las imágenes satelitales desmienten tal ocupación. Como indica la geógrafa Sandra Ríos, “según las imágenes satelitales en el área no se observan cambios en la cobertura desde 1985 hasta 2017, mucho menos cambios que estén relacionados a una deforestación. El cambio ocurre claramente en el año 2017 con patrones claros del avance de agricultura mecanizada. No responde al patrón de la agricultura por migrantes o pequeña agricultura”.

“En el área que se observa el patrón de agricultura mecanizada desde el año 2017 no se detecta un cambio anterior de la cobertura natural. En el 2015 tanto los mapas del PNCB [Programa Nacional de Conservación de Bosques], de la RAISG [Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada] y GFW [Global Forest Watch] no reportan dicha área como deforestación o pérdida de bosque. Estas áreas son reportadas por las tres fuentes como pérdida recién en el 2017”, asegura Sandra Ríos.

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Los asesores de la colonia menonita

Durante la visita a Masisea antes de la pandemia, Mongabay Latam se comunicó con Edgardo Chafloque, quien en ese momento era asesor de los menonitas y según nos había indicado Isaac Zacharías —patriarca de la colonia menonita en Masisea— se encargaba de los asuntos legales de sus terrenos.

En ese momento, Chafloque aseguró que los integrantes de la colonia menonita compraron terrenos titulados que ya estaban dedicados a la agricultura. “Masisea está rodeado de comunidades nativas y de zonas reservadas, los únicos terrenos dedicados a la agricultura y ganadería son los que están cerca al pueblo. Como los menonitas son agricultores y ganaderos poco a poco han ido comprándolos”, aseguró.

Chafloque negó conocer cualquier irregularidad que se haya presentado en inspección, titulación o entrega de estos predios. “Eso es responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Compramos terrenos titulados y también algunas posesiones. Si existen problemas con los predios, la solución corresponde al sector Agricultura”, dijo para distanciarse de cualquier cuestionamiento sobre la adquisición de los predios.

Lo que no dijo Chafloque es que tres de los predios entregados por la Drsau en el 2015 figuran a su nombre, y uno de ellos se superpone con el territorio de la comunidad nativa Caimito, de acuerdo con las imágenes satelitales y la demarcación de predios que aparece en el SICAR. Buscamos nuevamente a Chafloque para que nos dé su versión sobre los predios a su nombre pero no logramos ubicarlo.

El año pasado, Chafloque dejó de asesorar a los menonitas, comentan varias fuentes a Mongabay Latam. Ahora, el tema legal está a cargo del abogado David Ojanama, quien dice que en Masisea cuenta con una persona de enlace con los menonitas.

El Procurador Julio Guzmán precisa que si los predios tienen un origen fraudulento podrían sumarse otros delitos. Falsedad genérica, falsas declaraciones en el procedimiento administrativo, autorización ilegal de derechos, tala ilegal y tráfico ilegal de recursos maderables en el caso de que la madera talada se haya trasladado fuera del lugar.

“Hay una suerte de varios delitos. Inclusive puede haber delitos de corrupción, colusión, tráfico de influencias que involucra a funcionarios”, dice Guzmán, y agrega que la fiscalía podría solicitar la extinción de dominio de los predios en caso se compruebe su procedencia ilícita. Es decir, los bienes retornarían al Estado.

El abogado de los menonitas, David Ojanama, dice que el problema no es cómo se adquirieron los predios ni a nombre de quién pueden estar, “esa no es materia de investigación”, asegura, sino la forma cómo han sido talados. “La ley dice que el estado protege los bosques primarios. Yo estoy luchando eso, que los bosques, al encontrarse pegados a la población de Masisea, ya no eran bosques primarios”.

Ojanama reconoce, sin embargo, que la colonia menonita causó deforestación en Masisea. “Ellos no han querido llegar a esto, han presentado su solicitud por cambio de uso y lamentablemente le dicen, mediante un informe, que no es posible porque no reúnen todos los requisitos, pero nunca le dijeron que subsanen. En su momento no los orientaron, no han tenido un asesoramiento real y la misma autoridad, la GERFFS [Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre], les ha dicho que ya va salir [la autorización], que trabajen”.

El abogado de los menonitas también dijo que ha impugnado la multa administrativa de 11 millones de soles que le ha impuesto la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GERFFS) bajo el cargo de no contar con permiso de cambio de uso de suelo.

El fiscal Vladimir Rojas, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, quien está a cargo del caso, señala que se trata de “una investigación compleja porque involucra a muchas personas. La zona de verificación es muy extensa, más de 1000 hectáreas y 46 familias instaladas en ese sector”, comenta el fiscal.

Rojas añade que son tres comunidades nativas las que también han denunciado la superposición de predios de los menonitas sobre sus territorios.

Lo cierto es que los predios entregados de forma irregular en el año 2015 son ahora extensos campos de cultivos de arroz y soya, entre otros productos que siembran los menonitas. Así, en medio de este sistema de titulación irregular, los bosques en Masisea se siguen perdiendo.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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