«Son más de 2000 hectáreas deforestadas en territorio comunal titulado. Han sido invadidas. Hay pozas de maceración y gente armada. No sabemos adónde acudir», reclama un representante de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau).

El líder indígena, que por seguridad prefiere mantener en reserva su nombre, se refiere a lo que sucede en la comunidad nativa del pueblo shipibo Flor de Ucayali –en el distrito de Callería, en la provincia de Coronel Portillo–, una comunidad cercada por el narcotráfico. «Toda la comunidad vive amenazada», confirma el dirigente shipibo.

No es el único líder indígena que reclama por la presencia de las invasiones, de los cultivos ilegales de coca, del narcotráfico, de la tala ilegal y de la minería ilegal dentro de sus territorios.

En diciembre de 2020, una delegación de 13 líderes indígenas y defensores ambientales amenazados llegó a Lima para presentar sus casos y solicitar seguridad y protección ante ministros, congresistas y fiscales, entre otras autoridades. En las reuniones manifestaron el grave nivel de vulnerabilidad en que se encuentran debido a las invasiones de sus tierras y la presencia del narcotráfico.

Ahora, además, se han detectado 46 pistas de aterrizaje clandestinas en toda la región Ucayali y la cantidad de hectáreas deforestadas durante el 2020 superaron las 40 000, bosques perdidos principalmente por la presencia de cultivos ilegales de coca.

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El avance del narcotráfico en la región

Durante el 2020, la deforestación en la región Ucayali sumó 42 463 hectáreas. Más de 23 000 de ellas estaban en bosques de producción permanente y concesiones forestales, y por lo menos 8000 en comunidades nativas. Además, la desaparición de la cobertura boscosa también afectó áreas naturales protegidas establecidas y algunas que aún son propuesta, así como reservas indígenas para pueblos en aislamiento y contacto inicial.

Las cifras fueron expuestas el 26 de febrero por Marcial Pezo, titular de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (Gerffs) del Gobierno Regional (GORE) de Ucayali, durante una presentación sobre la pérdida de bosques en la región. En la cita, también mencionó la cantidad de pistas de aterrizaje que se han detectado.

En total, son 46 las pistas que se han logrado ubicar en medio de los bosques de toda la región, 13 de ellas están en comunidades indígenas, 12 en concesiones forestales, 10 en áreas que no han sido definidas y otras 11 en bosques de producción permanente y otros espacios.

«Las pistas tienen entre 40 y 70 metros de ancho y de 600 a 1500 metros de extensión», precisa Pezo, sobre las zonas de aterrizaje clandestinas que fueron ubicadas mediante imágenes satelitales de la plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente.

Herlin Odicio, de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), da fe de ello. «El narcotráfico avanzó mucho», señala Odicio en conversación con Mongabay Latam.

Pobladores que viven en la frontera de las regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco confirmaron a Mongabay Latan que por lo menos existen cuatro pistas de aterrizaje clandestinas en las comunidades que forman parte de Fenacoca: una en Puerto Nuevo, otra en Unipacuyacu y dos más en Santa Martha.

También, señalaron, que hay dos pistas clandestinas dentro del territorio solicitado para la Reserva Indígena Cacataibo norte, zona donde viven indígenas en aislamiento.

Las imágenes mostradas durante la sesión de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (Gerffs) de Ucayali también demuestran la presencia de todas estas pistas que se han abierto en medio del bosque.

«Tenemos que reaccionar. No seamos un segundo VRAEM. La Amazonía la estamos peleando los indígenas desde hace años. Nosotros contribuimos al desarrollo porque conservamos bosques», dice Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).

Nelly Aedo, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, ve con suma preocupación estas amenazas. «Se debe trabajar en los problemas de fondo, en los estructurales, uno de ellos es el narcotráfico, un grave problema que a través de instancias como Devida el Estado debe informar sobre el trabajo que viene desarrollando para combatirlo», precisa.

«Ucayali es una de las regiones amazónicas con mayor impacto por una serie de acciones al margen de las leyes», dice Pedro Tipula, coordinador del proyecto SICCAM del Instituto del Bien Común (IBC). «La pandemia ha sido uno de los factores graves para que éstas se intensifiquen», agrega.

Tipula señala que las invasiones, el avance del narcotráfico y la proliferación de pistas de aterrizaje clandestinas en comunidades nativas tienen relación con la falta de articulación y atención de las autoridades competentes. Agrega que falta seguridad jurídica para las comunidades nativas, pues aunque estas estén tituladas, muchas veces no están inscritas en registros públicos. «Es como si no existieran, es un gran vacío y una deuda histórica. Hasta el día de hoy, las comunidades nativas y campesinas viven permanentemente en un estado de inseguridad sobre sus tierras», precisa.

El martes 16 de marzo, representantes de organizaciones y federaciones indígenas de las regiones de Ucayali, San Martín y Amazonas se presentaron en la sesión conjunta virtual de las comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) y de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ambas del Congreso de la República.

En la reunión, líderes indígenas de estas tres regiones presentaron los problemas y amenazas que enfrentan por la presencia de la ilegalidad en sus territorios. En tanto, las instituciones del gobierno, presentes en la sesión, explicaron qué esta haciendo el Estado para atender estos problemas.

En la cita, Máximo Lazo, director de Articulación Territorial de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), mencionó las comunidades con las que se han firmado convenios para la instalación de cultivos alternativos, varias de ellas en Ucayali.

Mongabay Latam consultó con Devida sobre las propuestas de intervención en las zonas afectadas por el narcotráfico, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.

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Una comunidad atemorizada por el narcotráfico

Miguel Guimaraes, presidente de Feconau, dice que el narcotráfico está presente en por lo menos cinco comunidades que pertenecen a su federación. «El caso emblemático es Flor de Ucayali. Tiene 21 mil hectáreas tituladas, pero ha perdido alrededor de 2000 hectáreas de bosques por la presencia del narcotráfico».

Dirigentes de distintas federaciones indígenas de Ucayali relatan que han ubicado con sistema GPS pozas de maceración y que hay personas con armas dentro del territorio. «Antes podíamos caminar libremente porque son nuestros territorios ancestrales, pero en estos momentos no lo podemos hacer porque estamos amenazados. Si entramos con autoridades, nos dicen, literalmente, que no vamos a salir con vida de ese lugar», cuenta uno de los habitantes de la zona.

Solo en el 2020, la comunidad nativa Flor de Ucayali ha perdido 340 hectáreas de bosques debido a actividades ilegales, señaló Marcial Pezo, durante la reunión en el Gerffs en la que se expuso sobre la pérdida de bosques en la región.

En la misma reunión, el presidente de Flor de Ucayali, Hicler Rodríguez Guimaraes, detalló cómo se estaba extendiendo la deforestación en su comunidad y explicó que de las 340 hectáreas perdidas el año pasado, 236 hectáreas están dentro del área de manejo forestal que tiene la comunidad.

«Los cultivos ilegales están dentro de las parcelas destinadas al aprovechamiento forestal de los siguientes 15 años. La comunidad ha presentado una denuncia a la fiscalía ambiental», señala un representante de una de las federaciones indígenas de Ucayali.

Tras la denuncia, en setiembre de 2020, un equipo formado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Pucallpa, la Policía Ecológica, representantes de la Gerffs y dirigentes de Feconau llegó hasta la zona afectada por la deforestación.

«Exigimos a autoridades nacionales que tomen acciones para erradicar estas amenazas», agrega Rodríguez.

El portal del Sistema Catastral para Predios Rurales – SICAR, del Ministerio de Agricultura, muestra también los sectores que han perdido cobertura boscosa dentro del bosque de la comunidad que, según información del mismo portal, está titulada desde 1987.

El fiscal José Guzmán Ferro, de la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, que también participó en la diligenci de setiembre de 2020, señaló que tras la intervención en Flor de Ucayali se ha remitido la información a la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas.

«El delito de fondo es el tráfico de drogas. Los casos de pérdida de cobertura boscosa y la presencia de aeropuertos clandestinos se debe a este delito», precisa Guzmán.

La presencia del narcotráfico lleva consigo las amenazas constantes en la comunidad. Guimaraes, quien además pertenece a esta comunidad, las ha vivido personalmente. «El año pasado recibí amenazas directas, me enviaron imágenes de personas descuartizadas diciendo que la próxima víctima sería yo», dice el dirigente de la Feconau.

En octubre de 2020, Guimaraes –quien también ha sido presidente de Flor de Ucayali– recibió una amenaza de muerte a través de un mensaje de texto en WhatsApp, reportó Frontline Defenders. Poco antes, Guimaraes había participado en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el aumento de las actividades ilegales en la Amazonía y las amenazas que ocurrían en las comunidades nativas.

Jorge Portocarrero Castillo, Comandante de Guardanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa, reconoció en una de las comisiones del Congreso de la República, a la que acudieron los líderes indígenas, que se ha incrementado la presencia de cultivos ilegales de coca y pozas de maceración en la región Ucayali, principalmente -dijo- en la provincia de Coronel Portillo, donde se ubica la comunidad Flor de Ucayali.

«El problema se sustenta en la ausencia del saneamiento físico legal de los territorios de los pueblos indígenas en las regiones Amazonas, San Martín y Ucayali», señaló el representante del Ministerio del Interior Carlos Leca, en la misma sesión del Congreso.

Leca agregó que esta situación ha permitido la presencia de grupos organizados criminales dedicados al trafico de droga, minería y tala ilegales, y el trafico de tierras.

En lo que va del 2021, dos jóvenes indígenas del pueblo Cacatibo han sido asesinados en comunidades invadidas por el narcotráfico. «Esto va a continuar. Me preocupa que atenten contra mi vida», dice Herlim Odicio a Mongabay Latam. El líder indígena ha sido amenazado en más de una oportunidad oportunidades.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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