*Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto de Colombia.

Ana Villa ha viajado decenas de veces por las carreteras de la altillanura del departamento de Vichada, en recorridos que pueden durar hasta 18 horas durante el invierno para realizar muchos de los trámites que su comunidad le confía. Estos caminos que recorre, en su papel de vocera y lideresa, atraviesan una extensa sabana que ha sido el hogar ancestral de varias comunidades indígenas y de campesinos sin tierra que llegaron a la zona hace varias décadas. Pero también es el objetivo de numerosas empresas agroindustriales, agroforestales y petroleras que han llegado a la región desde hace unos 15 años.

Ana Villa es “una mujer de carácter”, como ella misma se define. Esa templanza ha sido determinante en los reclamos por la tierra y por el cuidado ambiental que ha encabezado en nombre de su gente en Cumaribo, al oriente de Colombia. A ‘Anita’, como le dicen sus conocidos, no le ha dado temor enfrentarse a las multinacionales que han llegado a instalar grandes plantaciones de monocultivos ni a los grupos violentos e ilegales que han hecho presencia en la región con el fin de despojar a campesinos y comunidades indígenas de sus territorios.

En 1991 llegó con su familia a Cumaribo buscando oportunidades y huyendo de la violencia que la desplazó de su natal Cubarral, en el departamento del Meta, también en la llanura colombiana. En 1996 compró “Las Azucenas”, una finca que, como ella cuenta, “era solo sabana y le salió barata”, pero que como buena parte de los terrenos del Vichada, no tenía título de propiedad.

Cumaribo es el municipio más grande de Colombia y tiene 74 000 km2: más de tres veces el área de El Salvador y casi dos veces la de Bélgica. Está ubicado en la Orinoquía colombiana, en una zona intermedia en la que termina la sabana y comienza la selva amazónica. Es una región con gran riqueza hídrica donde muchos campesinos, como Ana Villa, vieron una oportunidad de vida digna. Pero grandes empresas también se interesaron en las extensas tierras del Vichada: el suelo perfecto para instalar sus agroindustrias.

“Hay dos clases de líder: el nato que realmente busca defender a la comunidad y el líder de bolsillo que es el que reclama por él mismo, pero nunca busca una salida colectiva. Ella ha sido una lideresa nata. La admiramos y por eso ella está al frente de todo”, así la describe Luis Torres, líder campesino del Vichada y su amigo.

Villa es una lideresa activa que ha estado presente en diversos escenarios políticos para contar qué pasa en su comunidad y denunciar los atropellos que viven campesinos e indígenas en el Vichada. Luchar para que decenas de familias obtengan los títulos de propiedad de sus tierras le ha traído amenazas por parte de grupos ilegales varias veces, incluso, en una de ellas, hombres armados la acorralaron y ella los enfrentó. En medio de sus reclamos también se ha enfrentado a grandes multinacionales de la agroindustria que intentan acaparar predios en el departamento. Esta es su historia.

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Ana Villa no tiene miedo

“A mí el tema ambiental me empezó a preocupar cuando vi que se acababan los caños en mi finca. Por ese hecho puse un denuncio, porque me fumigaron toda la cuenca del caño con glifosato. Desde ahí empecé a pelear por el agua”, recuerda Ana Villa.

Ese liderazgo y el afán por proteger los recursos naturales pronto fueron más allá de Cumaribo. Villa ha llevado sus denuncias y manifestaciones a Yopal, la capital del departamento de Casanare, también en la llanura colombiana. En 2014, la región oriental de Colombia tuvo un verano tan fuerte que las comunidades de Vichada y Casanare no pudieron enfrentarlo debido a la escasez de agua.

Algunas comunidades de los departamentos afectados se movilizaron hacia Yopal para exigirle respuestas a Corporinoquia, la autoridad ambiental en la región. Los líderes ambientales, entre ellos Ana Villa, se reunieron para exigir la renuncia de los directivos de la entidad, argumentando el poco accionar de la corporación en épocas de sequía y la falta de seguimiento a las denuncias de las comunidades por la contaminación del agua en manos de la industria petrolera y agroforestal. “Uno va y denuncia y no pasa nada. Queríamos que renunciaran porque no estaban haciendo lo que tienen que hacer”, afirma Villa.

Martha Jhoven Plazas Roa, entonces directora de Corporinoquia, dijo en la rendición de cuentas de 2014 que la entidad sí había respondido a la mayoría de quejas y había hecho un correcto control ambiental en la zona. Señaló que de las 1123 quejas que recibieron en 2014, la corporación atendió cerca de mil.

Sin embargo, han pasado casi siete años desde esa manifestación y el panorama, como cuenta esta lideresa, no ha cambiado mucho. Según dice, las denuncias no tienen los efectos esperados y las empresas siguen contaminando el agua. Hacer una solicitud ante la corporación es más complejo hoy pues la sede de Corporinoquia en Cumaribo fue cerrada desde finales de 2020. Si alguna persona quiere acercarse a esta entidad, debe viajar por lo menos cinco horas hasta La Primavera, otro municipio de Vichada.

Estar al frente de su comunidad, ser la gestora de las peticiones de sus vecinos y compañeros, ser la cara visible de los reclamos contra las administraciones municipales, la fuerza pública, los colonos que llegan a adueñarse de las tierras, las multinacionales de la agroindustria e incluso los grupos armados ilegales la han puesto en peligro en varias oportunidades. En 2014, al tiempo que apoyaba las manifestaciones contra la gestión de la autoridad ambiental regional, recibió las primeras amenazas de muerte. “Me llamó un señor y me dijo que mi vereda tenía que obedecerlo y que dejara a las empresas quietas”, relata Ana Villa.

Un año después, en 2015, mientras se dirigía a una reunión con unos campesinos reclamantes de tierras, fue interceptada por hombres armados. “Yo no sé qué me pasó en ese momento. Tenía mucha ‘piedra’ [rabia] y empecé a decirles todo lo que pensaba. Que ellos estaban acostumbrados a matar a la gente amarrada porque eran unos cobardes. Les decía que si me iban a matar, que me mataran ahí mismo”, cuenta Villa. Ese día, algunos habitantes de Cumaribo que presenciaron la intimidación, llegaron a socorrerla y obligaron a los tres hombres armados a que se fueran del lugar.

Pero Ana Villa también le habla claro y fuerte a los campesinos si ve que son ellos los que están afectando el medio ambiente. “La verdad es que al campesino lo cogen es para sembrar coca. A veces son personas que no piensan en un futuro”, explica Villa, refiriéndose a la realidad de muchas personas en la ruralidad que ante las dificultades para cultivar alimentos tradicionales optan por los monocultivos ilegales. “En varias reuniones yo les he dicho que no hay que talar los bosques, que sembremos la sabana, que cuidemos los bosques en el Vichada porque son muy pequeños y de ahí nacen los caños, que son la cuenca de un río. Si tumbamos los bosques, vamos a acabar con la fauna, acabaremos con todo”, cuenta la lideresa.

“Nosotros confiamos en Anita y por eso le hemos pedido que le haga frente a todo. Entre todos nos cuidamos porque los que reclamamos tierras somos blancos de amenazas”, asegura el líder Luis Torres. Ese apoyo de la comunidad la ha fortalecido, Ana Villa dice que no siente miedo de ejercer el liderazgo en una región peligrosa para los defensores del medio ambiente porque “ese respaldo de la comunidad me protege, entre todos nos cuidamos”, afirma.

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El reclamo por la tierra

El 2021 llegó con buenas noticias para Ana Villa y su familia pues recibieron, después de más de una década de reclamos, el título de propiedad de “Las Azucenas”, la finca que compró en 1996. El éxito de su caso es un aliciente más para esta lideresa que sigue apoyando a unas 13 familias de su municipio que continúan solicitando la titulación de las tierras que han habitado por décadas.

Villa es una ficha fundamental para la comunidad porque ella misma documentó cómo estas familias, de la vereda de Camaretas en Cumaribo, fueron desplazadas en 2014 de las tierras que habitaban y que estaban solicitando ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La lideresa de Cumaribo vio cuando llegaron hombres armados alegando ser los dueños de esos predios. Uno de los desplazados fue Nepomuceno Pilón Caicedo, quien luego se convirtió en su amigo y en su compañía en los reclamos. “Nosotros somos colonos. Cuando llegamos no había nada. Allí construimos nuestras casas y con el tiempo la vereda”, relata Caicedo. Villa les ha ayudado a contactarse con abogados para asesorías y a recolectar información para solicitar la titulación de sus tierras. “Yo ayudo a los campesinos con información, contactos, redactando documentos”, cuenta la lideresa.

Ana Villa es una experta en temas de tierras. “Cuando inicié como líder en la Junta de Acción Comunal me vinculé como voluntaria a la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y empecé a conocer sobre reclamaciones de tierras y qué hacer en esos casos”, afirma. Hasta el momento ha apoyado a 20 familias en varias veredas que están en proceso de legalizar sus tierras ante la ANT, la entidad encargada de adjudicar tierra baldía a campesinos pobres; o haciendo solicitudes ante la Unidad de Restitución de Tierras, la agencia estatal encargada de verificar que los peticionarios perdieron sus tierras por el conflicto armado y llevar esos casos ante jueces especializados.

Una funcionaria de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organización que hace acompañamiento a comunidades vulnerables, campesinos e indígenas en el reclamo de sus derechos, asegura que Ana Villa es una lideresa muy activa y que ha estado presente en diversos escenarios políticos para contar qué pasa en su comunidad y denunciar los atropellos que viven campesinos e indígenas en el Vichada. “Ana nos ayudó muchísimo a construir y establecer una ruta de protección y de autocuidado en áreas rurales. Es una mujer que siempre se ha esforzado por denunciar y sentar su voz como mujer campesina en la defensa de los derechos humanos, de la tierra, en la defensa del ecosistema y de los derechos ambientales”, cuenta la funcionaria.

En 2013 Ana Villa, acompañada de otros líderes sociales, creó la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Vichada (Asojuntas Vichada), que fue el punto de partida para denunciar la acumulación irregular de tierras de origen baldío por parte de varias empresas en la llanura colombiana. Esta es una de las grandes batallas que ha librado.

Fue allí donde conoció al abogado Luis Guillermo Pérez Casas, con quien comenzó a documentar cómo la empresa Colombia Agro, que para la época pertenecía a la multinacional estadounidense Cargill, acumuló cerca de 50 000 hectáreas de más de 40 predios campesinos, con la asesoría del bufete de abogados Brigard Urrutia, como se probó tiempo después.

Colombia Agro creó decenas de empresas de papel, para que cada una comprara un predio y así eludir los límites de acumulación de tierra de origen baldío que imponen las leyes colombianas. Según la Ley 160 de 1994, una persona o empresa no puede tener más de una propiedad que haya sido baldía, ya que con esta legislación se busca garantizar que las tierras del Estado sean entregadas a campesinos pobres y que no terminen acumuladas en pocas manos. En el departamento de Vichada no se pueden entregar más de 3000 hectáreas a un mismo solicitante. (Ver reportaje Vichada: tierra de hombres para hombres sin tierra).

Cargill es una de las mayores empresas agroindustriales del mundo y en Colombia tiene presencia desde la década de los sesenta. Comunidades en varios países, en los que la compañía tiene sede, se han quejado por sus prácticas comerciales y ambientales, y así quedó registrado en un informe que la organización ambiental estadounidense Mighty Earth publicó en 2019.

Ana Villa y el abogado Luis Guillermo Pérez evidenciaron cómo la multinacional, con la ayuda de servidores públicos, adquirió un terreno mayor a la superficie urbana y suburbana de Bogotá, que es de 477 kilómetros cuadrados o 47 700 hectáreas. Villa señala que comenzó a investigar cuando a la región llegaron varios forasteros a comprar tierras que los campesinos de la zona lograron que el Estado les titulara después de procesos que duraron décadas. La lideresa denunció que muchos vendieron a bajos precios por las difíciles condiciones de violencia en las que vivían. Los forasteros, luego de unos meses, revendían la tierra a la multinacional por valores muy superiores.

Por ejemplo, el predio El Relato, que el Estado le había adjudicado al campesino Cupertino Godoy en 1995, fue comprado por empresarios del Valle del Cauca que llegaron a la zona en marzo de 2009 por cerca de 200 millones de pesos (unos 56 000 dólares), aunque la transacción fue registrada apenas por 50 mil pesos (14 dólares) en el certificado de tradición y libertad. Un año y medio después, los empresarios le vendieron la misma finca a una de las compañías de Colombia Agro —para entonces propiedad de Cargill— por un valor de 2461 millones de pesos (poco más de 680 000 dólares) (Ver certificado de tradición).

Ana Villa señala que mientras la empresa se quedaba con los títulos de estos predios ubicados en los municipios de Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo, en el departamento del Vichada; campesinos y comunidades indígenas, que llevaban años intentando que les titularan tierras, seguían esperando sin éxito. Por ejemplo, Mongabay Latam y Rutas del Conflicto pudieron constatar que la ANT ha negado varias de las solicitudes de adjudicación de los vecinos de Ana Villa, por lo que, en su condición de víctimas de desplazamiento forzado, han tenido que acudir a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que ya aceptó sus casos y los presentará ante un juez.

En 2013, la denuncia de Villa y Pérez llegó al Congreso de la República, específicamente a las oficinas del senador Jorge Enrique Robledo y del representante a la Cámara, Wilson Árias, quienes ese mismo año citaron a un debate en el que exponían, además, que el entonces embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, era socio de la firma de abogados que asesoraba a la compañía estadounidense. Ana Villa viajó desde Cumaribo hasta Bogotá y participó en un debate en el Congreso, entregando su testimonio sobre lo que ella y otros líderes de la zona habían documentado.

Luego del debate, Urrutia renunció a la embajada, pero la empresa siguió en la zona como propietaria de los predios en los que desarrollaba un proyecto de cultivos agroindustriales de maíz y soya, mientras que Villa continuó siendo la vocera de las comunidades campesinas e indígenas que se quejaban a diario por los efectos de los químicos que usa la agroindustria.

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La lucha contra la contaminación ambiental

En Cumaribo existen varias comunidades campesinas e indígenas que han presentado quejas a Corporinoquia por el comportamiento ambiental de Colombia Agro entre 2013 y 2015. Villa ha liderado varios de esos reclamos para proteger la salud de indígenas, como los del resguardo El Merey, así como la afectación a los ecosistemas de la zona. “Todos ellos toman el agua del caño, con eso es que se bañan. Hace un tiempo hubo una mortandad de peces. Fuimos con el ingeniero Julián Quintero [excontratista de Corporinoquia, que ha ayudado a Ana Villa a redactar las denuncias ambientales] y vimos hasta rayas muertas y los indígenas se enfermaron”, cuenta la lideresa.

Los malos manejos de residuos de la empresa han sido registrados en varias visitas realizadas por Corporinoquia. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto pidieron información sobre estas visitas y la autoridad ambiental aseguró que ha realizado cinco procesos de inspección desde 2013, en los que encontró que Colombia Agro no tenía permisos de vertimiento de aguas residuales industriales.

En dos visitas halló una “disposición de residuos sólidos y peligrosos a cielo abierto en el predio El Encanto y Los Gansos”, así como “la captación ilegal de aguas (superficial y subterránea) y vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas al suelo, sin los respectivos permisos, en los predios Los Gansos, El Rastro y El Encanto”.

Incluso, las quejas en contra del impacto ambiental de la empresa llegaron a un proceso penal en 2016, luego de que un vecino de la compañía denunciara la fumigación aérea de cultivos usando el herbicida paraquat. Según las normas ambientales colombianas, dicho químico solo puede ser usado manualmente. El diario El Espectador reseñó en 2015 que la Fiscalía imputó cargos relacionados con los daños ambientales a varios funcionarios de Colombia Agro, entre ellos, el exgerente Juan Aquilino Pérez Pérez y al contratista encargado de la fumigación aérea.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto pudieron verificar que a Juan Aquilino Pérez y otros funcionarios y contratistas de la compañía, se les imputaron cargos en 2016 por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos, daño a los recursos renovables agravado y contaminación ambiental. A marzo de 2021, el proceso penal sigue abierto y no se ha dictado sentencia.

Según los pobladores de la zona, los procesos por daños ambientales hicieron que Colombia Agro redujera su presencia en el área en 2017. Sin embargo, Ana Villa cuenta que la compañía volvió con más fuerza en 2019 y retomó el proyecto agroindustrial. ¿Siguen operando en la zona? Buscamos la propiedad de los predios y confirmamos que por lo menos siguen perteneciendo a Colombia Agro, a través de las compañías que había creado para adquirirlos. Al revisar los documentos de la Cámara de Comercio, pudimos confirmar también que el nombre de la multinacional Cargill no aparece más asociado a Colombia Agro.

En los documentos se evidencia que, en 2016, la casa matriz propietaria de Colombia Agro pasó de Black River SAS, que fue filial de Cargill, a Proterra, una empresa creada por exfuncionarios de la misma Cargill.

Robert Philipp Hutter —quien según su perfil de LinkedIn trabajó para Cargill en 1999 y es hijo del expresidente de Cargill, Heinz Hutter— es también el presidente de Proterra, que según su página web, es una “administradora de capital privado” en la que Cargill “ya no es propietaria, pero mantiene su relación con Proterra como socio limitado comprometido con los fondos”.

Mongabay Latam y Rutas de Conflicto pudieron establecer que Matthew David Waller, socio y jefe financiero y de operaciones de Proterra, tiene un proceso penal en la Fiscalía colombiana por daños al medio ambiente, relacionado al caso de Colombia Agro y sus predios en Vichada.

Contactamos a los representantes de Cargill en Colombia para preguntarles si la empresa directamente administraba los predios, si había retomado el proyecto agroindustrial en el Vichada y si había hecho ajustes para cumplir con las normas ambientales colombianas pero Cargill se limitó a responder que desde 2015 no tiene relación con las empresas propietarias de las tierras en el Vichada. Intentamos contactar a Matthew Waller de Proterra y a funcionarios de Colombia Agro pero no obtuvimos respuesta.

Este es el momento en que no hay claridad sobre la presencia y actuación de empresas como Colombia Agro en la región. El temor de Ana Villa es que se han reactivado los proyectos agroindustriales, como el de esta compañía, que en el pasado, y según informes de Corporinoquia, causó daño a los recursos naturales de Cumaribo.

A esto se suma que durante el último año ha aumentado la presencia de grupos armados ilegales en la región. Varias comunidades indígenas y campesinas han denunciado amenazas contra líderes y lideresas que defienden su derecho a la tierra y a un ambiente sano. Incluso, la Defensoría del Pueblo, con su Sistema de Alertas Tempranas advirtió, en abril de 2020, sobre el aumento de grupos armados ilegales y amenazas a líderes sociales en los municipios de la altillanura de Meta y Vichada.

Varios vecinos le han advertido a Ana Villa sobre los peligros de viajar a ciertas zonas y ella se ha vuelto muy discreta en las salidas que hace para gestionar los procesos de las comunidades ante las entidades del gobierno. “Siendo lideresa mi vida ha cambiado mucho, a veces para bien y a veces para mal. Yo sé que hay muchas complicaciones como amenazas y riesgos, pero yo me he dedicado para la gente más necesitada, para la gente que vive en los territorios más lejanos y abandonados”, dice con firmeza.

A pesar de todo esto, cada vez que se requiera ella está dispuesta a viajar, si es necesario, durante más de 25 horas. Eso no le importa. Insiste en encontrar soluciones que ayuden a mejorar las condiciones de vida de su comunidad campesina y de los indígenas que confían en su trabajo.

El artículo original fue publicado por Ginna Santisteban en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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