Hasta hace unas horas, el árbol con tres décadas de vida se erguía poderoso, incólume y frondoso. Ahora es una ruina, solo quedan sus ramas que yacen a la vera del camino hacia la comunidad de Bioto, en la costa del Pacífico occidental de México. Su grueso tronco va camino a uno de los aserraderos de la zona. 

El derribo de la parota (Enterolobium cyclorarpum), como en estas tierras se llama a ese árbol y cuya madera se considera semipreciosa, se realizó sin que existiera algún permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Así es como sucede con casi todos los árboles que se talan en la región boscosa del municipio de Cabo Corrientes, en la costa norte de Jalisco.

“Ellos —el gobierno en cualquiera de sus niveles— no tienen poder aquí… . El que decide lo que se tira y lo que permanece es don Guty, Agustín Hernández (informes policiacos señalan que su verdadero apellido es González Chavarín), él es el verdadero gobierno en esta costa; van con él y le piden el favor. Si él no lo da, ningún papel te sirve”, comenta con certeza un campesino de la zona.

La parota que se derribó es un árbol fácil de reproducir y que crece con celeridad, a diferencia de la caoba pacífica —casi extinta de la región— y del granadillo y el tampicirán, maderas duras, muy apreciadas en el mercado chino, que han sido saqueadas de forma selectiva en todo el litoral desde 2010. “Hasta dejarnos solamente los palos más jóvenes”, comenta un experto forestal que pide el anonimato.

Lo que sucede en la costa norte de Jalisco también se replica en otras regiones del país, en donde la tala ilegal es ya parte del negocio de los grupos que controlan el tráfico de drogas.

En el centro, sur y norte de México, además de los grupos de la delincuencia organizada, otros actores —incluso, comunidades completas— han visto en la tala ilegal un negocio fácil.

Y mientras los bosques se quedan sin árboles, los cerca de 1300 ejidos y comunidades que han creado empresas forestales, para producir madera en forma sustentable, se enfrentan no solo a la expansión del crimen organizado. También deben lidiar con el exceso de trámites para realizar manejo forestal, con el débil impulso a la silvicultura comunitaria y, sobre todo, con la impunidad que existe alrededor de la tala ilegal.

En todas las regiones del país, actores involucrados en el tema forestal coinciden en que cada vez es más difícil que la madera que comunidades y ejidos producen en forma legal y, sobre todo, cuidando el futuro de los bosques, se coloque a un precio justo en un mercado inundado por productos de origen ilegal.

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El negocio de la madera ilegal

De los cerca de 9 millones de metros cúbicos de madera que se producen en forma legal en el país (información de 2017, el último dato oficial disponible), 76 % proviene de bosques comunitarios, los cuales pertenecen a ejidos y comunidades que cuentan con programas de manejo forestal. El 24 % restante se cosecha en predios privados o plantaciones, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Para satisfacer la demanda del mercado nacional, México importa alrededor de 16 a 19 millones de metros cúbicos de madera. Estas cifras corresponden a los años 2015 y 2016; son los datos más actualizados y que están disponibles en el informe “El Sector Forestal Mexicano en Cifras 2019”, de la Conafor. Ese mismo documento señala que el “consumo aparente” de madera en el país es de poco más de 27 millones de metros cúbicos.

Esta cifra “no considera el consumo ilegal (de madera), el cual si se contabilizara nos daría una cifra aproximada del consumo real de madera en el mercado mexicano”, apunta Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf).

Especialistas de la academia y de organizaciones de la sociedad civil señalan que, por lo menos, la mitad de la madera que se comercializa en el mercado nacional tiene un origen ilegal.

Si se buscan los datos oficiales, se encontrará que ninguna dependencia del sector ambiental cuenta con información actualizada y pública sobre el universo de la tala ilegal en México.

El Programa Nacional Forestal de la Conafor, en 2014, señalaba que un equivalente al 38 % del volumen de madera comercializada era de origen ilícito. En su informe “El Estado que Guarda el sector Forestal en México 2019” cita un dato de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa): la ilegalidad es del 70 %.

Si se toma ese porcentaje y se cruza con el valor de la producción maderera que se incluye en el Anuario Estadístico de la Producción Forestal del 2017 (el último año disponible en versión pública) es posible dimensionar el negocio de la madera ilegal: al año puede rondar en 7 123 millones de pesos (327 millones de dólares).

Comunidades y bosques dañados

En el sur de Jalisco —donde 20 mil hectáreas han dejado de ser bosques y se han transformado en campos de aguacate, según datos del gobierno estatal— los explotadores de madera fueron citados, en septiembre de 2019, por los jefes de los grupos locales que controlan el tráfico de drogas y les entregaron un reglamento. El mensaje fue: protección a cambio de una “cuota”.

“Podrían bajar la madera que quisieran siempre que dieran un pago por camión. Con documentos, una cuota por metro cúbico; sin documentos, otra mayor”, señala un testigo. La garantía sería no ser “molestados” ni por esos grupos ni por las autoridades.

En Guerrero, las mafias locales aprovecharon las diferencias internas de los ejidos que habían desarrollado proyectos forestales comunitarios exitosos. “Hoy son ellos los que deciden todo”, comenta un ejidatario de la región de Tierra Caliente.

“Se llevan todo (la madera) y no piden permiso, y si se les ponen al brinco, nos levantan (desaparecen) a nuestros campesinos”, señala al otro lado del auricular una integrante de la red de las autodefensas que opera en Michoacán y Guerrero. Tan solo en los últimos meses, la mujer reporta 28 dirigentes locales desaparecidos en Guerrero.

En Puebla, en la zona de la ribera del río Atoyac “baja cantidad de madera que no se sabe de dónde viene, no podemos competir ni por volumen ni por precio”, señala un integrante de un ejido que hace manejo forestal.

Otro silvicultor del estado sostiene que “hay muchos grupos armados, y es difícil que puedas defender tu predio (forestal)”. El hombre, que también pide el anonimato, habla de lo que cada vez es más recurrente en los bosques de Puebla: el robo de la madera a las comunidades.

Los costos de producir madera legal

Otras comunidades forestales del país no enfrentan una amenaza externa, la tala ilegal se da como parte de los “usos y costumbres”. En muchas de esas poblaciones no se contempla la opción de recorrer el largo camino, lleno de trámites y costos, que implica contar con un Plan de Manejo Forestal, uno de los varios documentos necesarios para realizar aprovechamiento maderable en forma legal.

En México, una comunidad que desea aprovechar sus bosques en forma sustentable debe recorrer un sendero lleno de trámites burocráticos. Esa travesía por la “tramitología”, necesaria para obtener los permisos y realizar aprovechamiento forestal en forma legal, puede durar hasta dos años.

El biólogo Salvador Anta Fonseca, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y de la organización Política y Legislación Ambiental (Polea A.C.), destaca que disminuir el número de trámites es un paso urgente si se quiere abatir la ilegalidad en el mercado de la madera.

“También se deben optimizar costos para extraer madera legal —señala Anta—, porque el pago de numerosos trámites y estudios, a cuenta del propietario del bosque, hace que el precio que se paga por su madera no compita con la madera que se extrajo sin ninguna regulación”.

Los datos muestran que son contadas las comunidades que han logrado sortear todos los obstáculos para producir madera en forma legal: de los 15 584 ejidos y comunidades que tienen, por lo menos, 200 hectáreas con bosques, selvas o matorrales, solo alrededor de 2943 realizan algún tipo de aprovechamiento comercial de sus recursos forestales; de ellas 176 cuentan con maquinaria que les permite realizar una primera transformación de la madera y tan solo 294 cuentan con un aserradero.

Competir con la ilegalidad

En lugares como Chiapas, quienes apuestan por la silvicultura han visto cómo en los últimos años se ha incrementado la tala ilegal, sobre todo en lugares como el municipio de Teopisca o en Comitán, cerca de la frontera con Guatemala.

El dueño de un aserradero ubicado en el sureste de Chiapas cuenta que, hasta hace cinco años, distribuía madera en Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Hoy, los vendedores de madera ilegal se han apoderado de casi todos sus antiguos clientes: “Antes, movíamos tres camiones por semana, con 12 mil a 14 mil pies; ahora, cuando mucho, mandamos uno a la quincena. Nos comieron el mercado del sureste”.

El empresario dedicado al negocio de la madera desde hace ya décadas, y quien ha sido amenazado por presentar denuncias, ha visto cómo de la noche a la mañana se instalan madererías sin ninguna autorización.

A diferencia de los ejidos forestales, las madererías no enfrentan una regulación tan estricta —coinciden varios entrevistados—, por lo que se han convertido en uno de los eslabones más débiles de la cadena productiva y de comercialización. Es ahí, en las madererías, donde se realiza buena parte del “lavado de madera”.

El dueño del aserradero que se encuentra en Chiapas es una de las pocas voces que ofrecen datos sobre los precios que se manejan en el mercado ilegal de la madera en una zona como Cancún, Quintana Roo. Para que él pueda pagar a los productores legales la madera y, además tener ganancias, ofrece los polines para construcción (madera cuadrada con un largo de 2.5 metros) a 55 pesos (2.4 dólares), más flete. Quienes comercializan la madera ilegal venden los polines a 40 pesos (1.7 dólares). “Así es imposible competir: no pagan IVA, no pagan plan de manejo y cortan los árboles que les da la gana”, señala el empresario.

En el norte de México, la región que produce casi la mitad de la madera del país, las empresas forestales que cuentan con certificaciones nacionales e internacionales, no la pasan mejor: la madera clandestina abarata el mercado, y los fletes terminan de matar el precio.

El gerente general de las empresas de Grupo Sezaric, en Durango, Alfredo Corral, explica: “En México es muy difícil, aquí toda la gente te pelea precio. Yo no puedo vender madera aserrada en el centro del país, porque tengo que competir con otros productos que traen otra procedencia, desgraciadamente al cliente lo único que le interesa es el precio. No tenemos un mercado para productos certificados”.

En el documento titulado “Estado que guarda el sector forestal en México. 2019”, presentado por la Conafor en febrero de 2020, se señala que uno de los objetivos de la dependencia es implementar un programa nacional para abatir la tala ilegal y el contrabando forestal, “con la concurrencia de dependencias y entidades para combatir la ilegalidad, frenar el deterioro de los recursos forestales y evitar la competencia desleal a los productores y silvicultores del país”. Hasta mediados de septiembre del 2020, ese programa no se había presentado.

El artículo original fue publicado por Agustín del Castillo y Thelma Gómez Durán en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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