(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- El domingo 10 de mayo, el gobierno peruano publicó un decreto legislativo destinado a la protección de los pueblos indígenas por el COVID-19. Habían pasado 56 días desde que se inició el estado de emergencia en el Perú y las organizaciones indígenas llevaban semanas exigiendo que se defina una política nacional de atención para los pueblos originarios.

En la normativa recién publicada por el Gobierno, que señala será implementada en coordinación con los gobiernos regionales y locales, se definen cinco ejes centrales para atender las necesidades de la población indígena: la atención por parte del sector salud, el control de las vías fluviales y carreteras, el abastecimiento de alimentos de primera necesidad, la puesta en marcha de un sistema de información y alerta temprana, y la protección de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial.

Esta estrategia, sin embargo, ha sido cuestionada por algunas organizaciones indígenas y no solo por su demora en ser aprobada. La Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a 64 pueblos indígenas amazónicos, emitió un pronunciamiento refiriéndose al Decreto Legislativo 1489: “La norma sale tardía, con mucho texto general, resumen de lo ya sabido y normado, ausencia de estrategia, algunos avances y queda por confirmar en la realidad si sirvió para evitar que mueran indígenas”. Este pronunciamiento se da mientras el presidente de Aidesep, Lizardo Cauper, permanece en aislamiento tras dar positivo en la prueba para el COVID-19.

Uno de los puntos que llama más la atención de las organizaciones indígenas es la falta de especificaciones sobre cómo se implementará la estrategia y las acciones que se ejecutarán para frenar el avance del coronavirus en las comunidades nativas de Loreto, Ucayali y Amazonas. En esta regiones se han reportado varios casos de contagios y muertes, en las últimas semanas, que afectan a esta población vulnerable.

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Falta de acciones concretas

“¿Por qué demorar tanto para repetir lo que ya existe en la norma?”, se pregunta Irupé Cañari, asesora legal de la Central Asháninka del río Ene (CARE). “No necesitábamos un decreto tardío y repetitivo porque en Perú ya existen políticas transversales de enfoque intercultural para los pueblos indígenas. Se debió establecer acciones específicas para la atención a los pueblos indígenas”, agrega.

Cañari señala que no incluir a las organizaciones indígenas como parte del Comando COVID en las regiones ha sido la omisión más seria del decreto legislativo 1489. “Debemos formar parte del Comando COVID y no solo como veedores, sino como tomadores de decisiones. Se tienen que formular propuestas consensuadas y ese es el espacio para hacerlo”.

La representante de CARE también reclama que no se establezcan protocolos diferenciados de atención de salud a los pueblos indígenas, considerando además los distintos escenarios. Por un lado –dice– están las acciones de prevención y protección del territorio cuando no existen contagios en las comunidades. Por otro lado, se debe especificar cómo actuar cuando se produce algún contagio dentro de una comunidad. “El personal de salud no recorre las comunidades, entonces, cómo pueden saber si hay casos sospechosos”.

Según la norma, la respuesta sanitaria para los pueblos indígenas incluye diagnóstico de casos, vigilancia epidemiológica y acciones de prevención en localidades indígenas. Además, señala que se debe proceder al aislamiento de los casos positivos y la evacuación de pacientes que lo requieran, así como el tratamiento de las personas positivas dentro de la comunidad y el manejo de las defunciones.

Sin embargo, desde los centros de salud ubicados en las comunidades nativas se reclama constantemente la falta de implementos de protección, medicinas y logística para trasladarse a comunidades cercanas.

El caso del pueblo tikuna de Bellavista de Callarú, en la triple frontera con Brasil y Colombia, muestra algunas de las debilidades en la respuesta sanitaria del Estado. En esa comunidad, el personal de salud apenas ha podido tener acceso a dos pruebas rápidas en una población cuyo número de sospechosos bordea los 60 y donde han ocurrido seis muertes. Incluso no se puede llevar a cabo el protocolo indicado para trasladar a los fallecidos por falta de equipos de protección.

“Se requiere contar con la logística necesaria para que el personal de salud se traslade por vía fluvial. Es un tema presupuestal y los 5 millones de soles que ha dispuesto el gobierno son insuficientes. Además, se ha dejado de atender otras afecciones”, comenta Cañari.

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¿Presupuesto insuficiente? 

De acuerdo con el decreto legislativo, el Gobierno efectivamente ha dispuesto destinar al Ministerio de Cultura un presupuesto de hasta cinco millones de soles para financiar la implementación de las acciones de protección para los pueblos indígenas.

Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, coincide también en que “es una cifra insuficiente considerando las necesidades y complejidades de la atención de los pueblos indígenas”.

Abanto cuestiona, además, que no quede claro cómo se gastará el monto asignado para atender a las poblaciones indígenas. Podría ser en alimentos, contratar personal médico, cubrir los costos de las pruebas. “En un contexto de pandemia se necesitan detalles concretos y de urgencia. La norma ha salido casi dos meses después de que se declarase la emergencia y no ha tenido en cuenta la importancia de consensuar las acciones con las organizaciones indígenas. Hay desazón con respecto al contenido de este decreto”.

Para Abanto, las siguientes semanas serán decisivas para saber si este decreto podrá “cambiar el curso de lo que ha ocurrido hasta ahora. Veremos si es útil y eficaz para que los pueblos indígenas reciban atención distinta a la ofrecida hasta ahora”.

En las últimas semanas, la distribución de alimentos por parte de autoridades locales que no cumplieron con los protocolos de seguridad, por ejemplo, como ocurrió en el distrito de Trompeteros en Loreto,  ha generado problemas serios. Once personas de esa comitiva del municipio que recorrió 20 comunidades dieron positivo al COVID-19. Estos son algunos de los temas que requieren una atención y fiscalización inmediata.

Abanto espera que con las disposiciones complementarias que debe emitir el Ministerio de Cultura esta semana se establezcan medidas concretas para la emergencia.

Por lo pronto, Aidesep ha propuesto acciones que considera deberían ser implementadas inmediatamente. Menciona la implementación de la variable étnica en las estadísticas sobre afectados por el COVID-19; la urgencia de que personal de salud recorra las comunidades para realizar diagnósticos clínicos y dejar medicinas; y que el bono universal se entregue en su equivalente en víveres y materiales de limpieza, entre otras medidas específicas para la aplicación de la estrategia.

*Imagen principal: las comunidades indígenas son las más vulnerables. Foto: Yvette Sierra Praeli.

Una versión ampliada del reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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