(Mongabay Latam y El Deber / Nelfi Fernández Reyes).- Pablo recuesta su cabeza sobre una mochila, cruza las manos por debajo de la nuca y pone una pierna sobre la otra. Después de la caminata de nueve horas continuas que acaba de realizar, de cruzar una innumerable cantidad de quebradas, de trepar como un gato montés los abruptos farallones del parque nacional Amboró, el descanso es bienvenido. No es la primera vez que hace esta caminata, tampoco es la más larga, se conoce esta área protegida que provee el 35% de agua a la ciudad de Santa Cruz como a la palma de su mano.

—La primera vez que vine no tenía idea de que esto era un parque. Me dijeron que era una comunidad con la que compartiría las ganancias por cortar mara (caoba) y que hasta podía acceder a un pedazo de tierra, pero ese día por un pelito me agarran los ‘parcas’.

En la jerga de los madereros, los ‘parcas’ son los guardaparques. Pablo ya tenía experiencia en el negocio de la madera cuando, en 2015, llegó de su natal La Paz al norte de Santa Cruz. Aquel día de junio, recuerda, que a diferencia de los demás, lo que hizo cuando los guardaparques llegaron a la zona a supervisar, mientras él estaba extrayendo madera, fue saltar a un lado del camino y ocultarse. Quedarse quieto. Si bien ahora las cosas son muy diferentes —ya no trabaja en el parque Amboró como maderero sino como guía— no olvida que en una oportunidad por sacar un cargamento de mara terminó en prisión. Cuenta que otro maderero ‘lo vendió’ ante las autoridades.

El Amboró, el parque del que no se cansa de hablar Pablo, protege un ecosistema en el que convergen los bosques húmedos de la Amazonía con las pampas de los Andes y los chaparrales secos del Chaco, es simplemente una obra ecológica que anida un registro de 289 especies de mariposas, 109 de peces, 105 de reptiles, 820 de aves, 127 de mamíferos y casi 3000 de plantas. El problema es que este ecosistema único de Bolivia está siendo diezmado hoy por el crimen organizado liderado por madereros y narcotraficantes. El Estado y los nueve municipios que lo comparten no hacen mucho para revertir esta situación. Solo basta revisar un dato clave: 9 guardaparques tienen a su cargo el cuidado de 636 000 hectáreas que tiene de superficie.

Es “humanamente imposible”, decía en el 2015 el entonces viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, sobre la tarea de vigilar cada movimiento en el Ichilo, provincia donde tres   de sus cuatro municipios —Yapacaní, San Carlos y Buena Vista— albergan una porción del parque nacional creado en 1995 para proteger su biodiversidad. “Hay miles de desvíos, si no es por los caminos es por los ríos. De noche trasladan coca sin ningún tipo de autorización”, decía entonces Cáceres, y eso incluía al área protegida.

Por el lado de la provincia de Ichilo, el Amboró se aproxima a los linderos del trópico de Cochabamba donde está enclavado otro parque, el Carrasco, uno de los más afectados por el narcotráfico. Ahí, en 2018, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) contabilizó 96 hectáreas de cultivos ilegales de coca dentro del área protegida, mientras que en el Amboró, 19.

Ingresar hoy a estos parques es una tarea reservada para los valientes. Y una tarea cada vez más peligrosa. Si alguien ajeno a la zona trata de entrar, hay comunarios que se encargan de avisarles a los narcotraficantes que operan dentro sobre las visitas no deseadas. Lo contradictorio es que estos mismos comunarios, que sobreviven en este escenario violento, luego denuncian las actividades ilegales y piden “que se haga algo”.

Testimonios como el de Pablo fueron recogidos por un equipo periodístico de Mongabay Latam y El Deber que ingresó al Parque Nacional Amboró, por el sector del municipio de Yapacaní, para registrar actividades ilegales como el narcotráfico y la tala dentro del área protegida. Algunos de los nombres en esta publicación se mantendrán en reserva por seguridad, como el caso de nuestro guía Pablo*, para evitar poner en peligro su vida.

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Cultivos ilícitos en el Amboró

No había pasado ni media hora desde que dejamos atrás la carretera que conecta a Santa Cruz con Cochabamba, cuando apareció el primer puesto de control que funciona más para saber quién entra y sale del parque, nos cuenta Pablo, que para detener la ilegalidad.

El área natural de manejo integrado (ANMI), que también forma parte del área protegida, donde solo pueden establecerse comunidades indígenas y campesinas, parece un pueblo fantasma. Basta recorrer el área para confirmar que en el espacio destinado al sindicato San Salvador solo hay casas abandonadas, escuela cerradas y una iglesia vacía. Solo es posible ver el rastro de lo que en otros tiempos fueron plantaciones frutales o cultivos y una que otra casa construida improvisadamente.

Según un comunario de la zona, el mal estado de los caminos y el difícil acceso a los mercados para vender su producción hicieron que la gran mayoría de los colonos (nativos del occidente de Bolivia), que llegó en la década de los ochenta, se viera obligada a vender sus terrenos o abandonarlos e irse a vivir a las ciudades capitales más cercanas. San Salvador no es el único que está asentado en la zona ANMI del Amboró.

Después de tres horas y media de recorrido, el equipo periodístico se divide en dos: uno se queda a hacer guardia en el vehículo y el otro ingresa al parque. Una vez que se cruza la línea roja —donde la ley manda que solo se realicen actividades para la investigación, ecoturismo y monitoreo de procesos ecológicos— aparece todo un circuito de sendas con cartuchos de bala regados por el suelo, latas de cerveza, cajetillas de cigarrillos y plásticos.

Tras una hora de caminata, aparece el primer cultivo de coca a 200 metros de la cuenca alta del río Yapacaní. El extécnico del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Román Vitrón, que se ha unido al recorrido, calcula que los aproximadamente dos catos de coca (un cato abarca 1600 metros cuadrados) que acaban de aparecer en medio del trayecto tienen tres meses de vida.

De ser así, esto significa que el desmonte y posterior quema se realizaron en la temporada de los incendios que arrasaron, a fines del año pasado, con más de seis millones de hectáreas de bosques en Bolivia.

Dos horas después, tras subir y bajar por la accidentada topografía del parque, el GPS nos conduce hacia dos cultivos más de coca. De una hectárea cada uno. Lucen abandonados, pero “el daño ya está hecho”, dice Vitrón, quien entre el 2013 y 2019 le hizo frente a madereros y a los productores de estos cultivos ilegales. Cuenta que precisamente por pedirle a su jefe que solicite una intervención en la zona, perdió su puesto de trabajo en el Sernap en septiembre de 2019.

El ingeniero ambiental se detiene, mira la escena y lamenta la tala de árboles que tienen decenas de años de vida. Sabe que al cortarlos se daña el ecosistema que debería estar protegido por formar parte de un parque nacional.

Quienes talaron el Amboró para sembrar coca abandonaron los dos chacos, pero no su intención de volverlo a hacer. Y lo confirmamos a pocos metros de distancia del primer barbecho, en una especie de campamento improvisado, donde se observan máquinas sembradoras, herramientas para el desmonte, fumigadores y productos químicos.

Lo que está pasando en el Amboró no es ignorado por las autoridades.

El Gobierno de transición acusó al gobierno de Evo Morales de haber fomentado el narcotráfico. En lo relacionado a los parques, el ministro de Gobierno fue directo y dijo que recibieron áreas protegidas “plagadas” de coca ilegal.

El Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2018 de la UNODCC, presentado en agosto de 2019, encontró que de las 23 100 hectáreas de coca que hay en Bolivia, 224 están en seis de los 22 parques nacionales. Además que la coca desviada al narcotráfico bordeó las 331 toneladas métricas.

Ese mismo año, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó ante el Congreso de ese país el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, documento en el que  Bolivia figura como el tercer mayor productor de “coca y cocaína en el mundo”.

Sobre la producción de drogas, el texto señala que “la producción potencial de cocaína pura en Bolivia sigue siendo históricamente alta en 249 TM (toneladas métricas) en comparación con las 170 TM de hace una década”. También se refiere a la cocaína peruana y señala que Bolivia es zona de tráfico de la droga que se produce en el país vecino.

*Imagen principal: cultivo ilegal de coca en el parque nacional Amboró, cerca del río Yapacaní. Foto: EL DEBER

Una versión ampliada del reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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