(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- Seis personas han muerto en la comunidad indígena de Bellavista de Callarú en solo una semana. Todas ellas son víctimas del COVID-19, enfermedad que ha logrado vencer las barreras de aislamiento del pueblo tikuna asentado en la Amazonía norte de Perú, en la triple frontera con Brasil y Colombia.

“Estamos pidiendo auxilio”, reclama angustiado Omar Montes del otro lado del teléfono, el obstetra del centro de salud de esta comunidad que, junto a un técnico de enfermería y un laboratorista, libra la batalla contra la pandemia totalmente desarmado. “No tenemos camas para internamiento, no tenemos balón de oxígeno ni medicinas ni indumentaria para protegernos. Siento que estoy perdiendo la batalla”.

El 30 de abril falleció el primer indígena tikuna en Bellavista de Callarú. El 2 de mayo el segundo. Solo pudieron confirmar que el COVID-19 era el responsable de estas muertes, cuando le tomaron una prueba rápida a la hija de uno de los fallecidos. Ella se convirtió en ese momento en la tercera víctima de la pandemia.

Las defunciones ocurrieron entre el 30 de abril y el 6 de mayo, sin embargo, la pesadilla comienza a extenderse. Seis personas más están en estado crítico y el obstetra del centro de salud confiesa que teme perderlos.

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Contagios en la triple frontera

Solo dos pruebas de descarte del COVID-19 llegaron a la comunidad de Bellavista de Callarú. Las únicas dos pruebas rápidas que lograron que les envíen desde el centro de salud de Santa Rosa, ciudad ubicada a tres horas por río, si el transporte es rápido, y a siete horas, si se viaja en peque-peque.

“Solo conseguimos dos pruebas y las hicimos a dos de los pacientes que murieron. Ambas fueron positivas. Los otros fallecidos presentaban los mismos síntomas y por eso también han sido considerados como fallecidos con COVID-19”, dice Montes.

La comunidad indígena Bellavista de Callarú es la más grande de ese sector de la triple frontera y se calcula que viven alrededor de 3600 personas. La red de salud a cargo de atender a esta población tiene que darse abasto para velar por las necesidades de cinco comunidades más.

En el centro de salud han hecho un mapeo preliminar para estimar cuántas personas podrían estar contagiadas en Bellavista de Callarú. Los cálculos iniciales, que incluyen a los familiares de los fallecidos, la mayoría mayores de 60 años, indican que hay por lo menos 60 personas contagiadas.

Según Montes, los contagios ocurrieron cuando las personas que reciben beneficios del Estado, como los bonos del Programa Juntos y Pensión 65, viajaron a la ciudad de Santa Rosa –en la frontera con Leticia, Colombia y Tabatinga, Brasil– para cobrar estas subvenciones. “Ahí también hacen sus compras y quizá cruzaron a Leticia o Tabatinga, donde hay muchos positivos al COVID-19”, dice Montes.

En Leticia 526 personas resultaron afectadas por el coronavirus y 23  han fallecido.  La situación es crítica en esta ciudad colombiana cuyos hospitales no cuentan con unidades de cuidados intensivos y los médicos y enfermeras temen atender estos casos, pues no cuentan con equipos de protección.

Tabatinga, en Brasil, no enfrenta una mejor situación. Esta ciudad del estado brasileño de Amazonas, que está separada de Leticia por solo una calle, ha registrado hasta el 6 de mayo 266 casos de COVID-19.

Francisco Hernández, presidente de la Federación de Comunidades Tikunas y Yaguas del Bajo Amazonas (Fecotyba), asegura que los contagios se dieron en Santa Rosa de Yavarí, cuando los tikuna de la comunidad de Bellavista de Callarú viajaron para cobrar sus bonos.

El presidente de Fecotyba no oculta su preocupación. Desde Caballococha, ciudad ubicada a ocho horas de las comunidades tikuna, Hernández se esfuerza por asistir a las comunidades de su federación.

“Con un grupo de militares que ha entrado a la zona hemos enviado 20 litros de lejía, mascarillas N95, guantes, plástico para los cadáveres y cinta aislante. Estamos preocupados. No sabemos cuántas personas más pueden fallecer. Son lugares distantes y es difícil controlar la situación”, manifiesta Hernández.

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Pueblos indígenas en riesgo

El 7 de mayo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) informó que Lizardo Cauper, presidente de esta organización, y Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) presentaban síntomas de COVID-19. Ese mismo día iniciaron tratamiento para el mal del coronavirus y se les aplicó la prueba molecular cuyos resultados deben estar listos hoy.

Los reportes de casos de indígenas afectados por el coronavirus se repiten en varias regiones amazónicas de Perú. En la cuenca del río Corrientes, región de Loreto, por lo menos 20 comunidades están en riesgo luego de que once integrantes de una comisión de la Municipalidad de Trompeteros, que llevó alimentos a estos lugares, dieran positivo a la prueba del COVID-19.

En la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, en el límite con Ecuador, también se han reportado casos positivos de la enfermedad.

En el distrito de Masisea, en la región amazónica de Ucayali, hay colonos e indígenas afectados por el coronavirus, entre ellos el alcalde Silvio Valles, quien informó a través de las redes sociales que resultó positivo para la prueba del COVID-19. Yul Yen Matos, integrante del Frente de Defensa de Masisea, informó a Mongabay Latam que en la comunidad nativa de Caimito ya se registran los primeros contagios.

También en la región Ucayali, la comunidad nativa de Puerto Bethel, del pueblo indígena shipibo-conibo, siete personas se mantuvieron en cuarentena tras salir positivos a la prueba de COVID-19.

“Desde el inicio de la emergencia, la Defensoría del Pueblo advirtió que iba a ser muy difícil si el contagio llegaba a las comunidades. En marzo solicitamos acciones de prevención para evitar que la enfermedad llegue a las comunidades indígenas”, señala Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

La representante de la Defensoría del Pueblo lamenta la demora en el establecimiento de una estrategia de protección para los pueblos indígenas. “Esperábamos que el Ministerio de Cultura sea más expeditivo”.

Cincuenta y seis días después de iniciada la emergencia, el Gobierno peruano aprobó la Estrategia Multisectorial para protección de los pueblos indígenas u originarios en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La norma publicada ayer domingo 10 de mayo establece los lineamientos para la atención por parte del sector salud, el control de las vías fluviales y carreteras, el abastecimiento de alimentos de primera necesidad, un sistema de información y alerta temprana y la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial.

Mongabay Latam conversó con la viceministra de interculturalidad del Ministerio de Cultura, Ángela Acevedo, para quien la situación de los pueblos indígenas es complicada con deficiencias que se han hecho evidentes durante esta pandemia. “La realidad nos sobrepasó y hay que tomar medidas correctivas”.

Acevedo lamentó lo que ha ocurrido en el distrito de Trompeteros donde no se siguieron las medidas básicas implementadas por el Ministerio de Salud. Al respecto, aseguró que un equipo de cinco personas está recorriendo las 20 comunidades a las que llegó la comitiva municipal en la que había once personas positivas a COVID-19.

La viceministra de interculturalidad también se refirió a lo que ocurre con el pueblo tikuna en la triple frontera. “Tuvimos una reunión con los ministerios de Salud, de Inclusión Social y Aidesep en la que se discutió las medidas de seguridad que se debe adoptar para la entrega de los bonos y beneficios del Estado y estamos evaluando las modificaciones”.

Para Acevedo uno de los problemas que se solucionarán con esta estrategia es el registro de los casos que corresponde específicamente a la población indígena. "En las fichas de registro no se incluía la variable étnica. Ahora lo haremos”.

Las organizaciones indígenas peruanas han cuestionado la falta de implementación de estrategias y acciones por parte del Gobierno Central y los gobiernos regionales, así como de un plan de contingencia para enfrentar la pandemia en las comunidades indígenas.

En un comunicado, emitido el 5 de mayo, reclamaron la falta de atención y exigieron que se incluya a las organizaciones indígenas en el Comando COVID-19 “para atender la emergencia de acuerdo a la diversidad de los pueblos en las regiones del país”.

En el documento también se reclamaba por la implementación del Plan de Acción Nacional diferenciado y culturalmente adecuado para los pueblos indígenas, además que se exige dejar sin efecto la autorización para que se retomen las actividades extractivas y de infraestructura dentro de territorios indígenas. Finalmente, se cuestiona la improvisación con la que se ha hecho el reparto de alimentos.

El mismo día que se pronunciaron las comunidades indígenas, el Ministro de Salud, Víctor Zamora, escribió en su cuenta de Twitter que se han unido esfuerzos para proteger a las comunidades indígenas. “Junto a @aidesep_org, @MinCulturaPe y @MidisPeru, acordamos entregar 420 mil mascarillas comunitarias, alimentos, tratamientos y pruebas rápidas para descartar el #COVID-19”.

Actualmente, la región Loreto tiene más de 1700 casos confirmados de COVID -19, mientras que Ucayali supera los 1300. Ambas son las regiones amazónicas con con mayor cantidad de contagios en el Perú.

El Gobierno Regional de Ucayali aprobó, el 7 de mayo, el Plan de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19. Ahora se debe iniciar la implementación. “Los planes deben estar acompañados de un presupuesto para la puesta en marcha del mismo”, acota la representante de la Defensoría del Pueblo.

Actualización

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) confirmó que el presidente de esta institución, Lizardo Cauper y el presidente de ORAU, Berlin Diques, dieron positivo a la prueba de COVID-19. Ambos se encuentran estables, en sus viviendas, cumpliendo con el aislamiento y recibiendo atención del sector salud.

*Imagen principal: La Federación de Comunidades Tikunas y Yaguas del Bajo Amazonas envió implementos de limpieza y protección al centro de salud de Bellavista de Callarú. Foto: Francisco Hernández.

Una versión ampliada del reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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