(Mongabay Latam / Edición de Tierra de Resistentes).- Un equipo de 45 periodistas, desarrolladores y foto/videógrafos de diez países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela) nos juntamos para indagar sobre episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades. Seis de estos países figuran, tristemente, en el listado presentado por el relator especial Michel Forst a las Naciones Unidas en 2016, listado incluido en un informe que aborda la violencia contra defensores del medio ambiente en el mundo.

El resultado de este proyecto investigativo en el que hemos trabajado desde hace un año documenta una base de datos con 2367 hechos victimizantes en los últimos once años (2009-2019) y 29 reportajes en profundidad.

Este especial no pretender mostrar un retrato completo de los ataques ocurridos durante ese período, dado que el subregistro es grande. Sin embargo, la base de datos que presentamos —construida a partir de más de 100 fuentes, entre entidades oficiales, archivos de prensa, organizaciones sociales y reportería en terreno— muestra un panorama desolador.

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¿Qué encontramos?

 En nuestra investigación encontramos 2133 hechos victimizantes contra hombres y mujeres; y 234 contra comunidades u organizaciones que defienden el medio ambiente y el territorio.

El 78,7 % se concentra en hombres, quizás porque son quienes tradicionalmente han ejercido posiciones de liderazgo comunitario, aunque también encontramos 441 ataques contra mujeres —incluidos los que leerán en las historias sobre la líder pemona Lisa Henrito Percy en Venezuela, la dirigente siona Martha Liliana Piaguaje en Colombia o la kichwa Patricia Gualinga en Ecuador.

Desde asesinatos y atentados hasta acoso judicial y desplazamiento forzado, han pagado un precio muy alto por defender su derecho a un ambiente sano y proteger ecosistemas estratégicos —selvas, montañas, bosques, lagos, ríos y humedales— dentro de sus territorios.

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Las minorías étnicas muy golpeadas

El blanco de un alarmante 48% de esos episodios de violencia (1146 registros) pertenece a alguna minoría étnica, demostrando que los territorios indígenas y afrodescendientes son especialmente vulnerables a estos intereses criminales.

Los datos nos arrojan 893 ataques contra integrantes de 159 etnias indígenas diferentes. Las que más presentan ataques son los lencas de Honduras (71), pueblo al que pertenecía la asesinada líder Berta Cáceres, seguidos por los guarani-kaiowá (54) y munduruku (39), ambos de Brasil. En Colombia, de 15 etnias afectadas, once han sido declaradas en riesgo de extinción por la Corte Constitucional.

Diecisiete de nuestros reportajes documentan ataques y afectaciones contra comunidades indígenas que buscan salvaguardar sus tierras ancestrales: los lenca en Honduras, los kollas y atacamas en Argentina, los pemones en Venezuela, los shuar y kichwa en Ecuador, los piratapuyo, tucano, pijaos, siona, zenú y nutabe en Colombia, los guarani-kaiowá, munduruku, karipuna y uru-eu-wau-wau en Brasil, los rarámuri y ódami en México, los moxeños trinitarios y torewa en Bolivia o los asháninka y tikuna en Perú.

La base de datos también muestra 148 casos de violencia contra poblaciones afrodescendientes y 105 contra los garífuna, también de origen afro, en Honduras. Tres de nuestras investigaciones evidencian ataques sufridos por comunidades afro en el Pacífico colombiano y en el noreste de Brasil.

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¿Qué defienden y de qué se defienden?

Aunque en muchos casos los líderes ambientales intentan proteger más de un recurso natural, en esta investigación tuvimos en cuenta el recurso principal defendido por ellos.

De igual manera, en muchos casos los líderes y comunidades se vienen defendiendo de distintos tipos de actores. En nuestra investigación solo tuvimos en cuenta el principal sector que afecta a las comunidades defensoras: desde agroindustria, explotación petrolera, minería, hidroeléctricas y carreteras hasta narcotráfico y comercio ilegal de madera.

Los siguientes son los tipos violencia contra los líderes que mapeamos con la base de datos, sin dejar de mencionar que en varios casos los líderes o comunidades defensoras del medio ambiente han sufrido más de un hecho victimizante, por lo que decidimos escoger el principal o el primero registrado.

Comprobamos que un porcentaje significativo de los hechos victimizantes han ocurrido en las vastas regiones de la selva que albergan parte importante de la riqueza natural que ha convertido a América Latina en la región más biodiversa del mundo.

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La Amazonia, centro de ataques

Más de la mitad de nuestros reportajes investigan violencia contra líderes, comunidades y guardaparques en la Amazonía de seis países distintos.

Estos 16 reportajes evidencian cómo decenas de territorios indígenas, comunidades ancestrales y parques nacionales en toda la cuenca amazónica están siendo blanco de ataques y de intereses criminales. Allí encontramos y documentamos casos de colonos que invaden tierras comunales y de militares que agreden a dirigentes indígenas; de petroleras que omiten su responsabilidad por fuentes de agua contaminadas y narcotraficantes que obligan a comunidades a cultivar coca; de guardaparques asesinados por cumplir su vocación de conservar patrimonios colectivos y de taladores de maderas finas que persiguen a quienes protegen las especies que codician.

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Lo más complicado

La información más difícil de establecer fue el estado de los casos en la justicia. Solamente encontramos datos concluyentes de decisiones judiciales (sin importar si son sentencias condenatorias, absoluciones o indultos) en 303 casos (12,8% del total), mostrando que la administración de justicia tiene una inmensa deuda con los defensores ambientales.

En buena parte de estos casos esas sentencias cobijan a los autores materiales, mas no a los intelectuales, como sucedió con las sentencias en México y Honduras a los asesinos de Isidro Baldenegro y Berta Cáceres, ambos ganadores del Premio Ambiental Goldman.

En todo caso, en más de mil casos —el 46% del total— no encontramos información sobre el estatus de las investigaciones.

Igual de alarmante fue haber encontrado indicios de que, al menos en 1325 casos (ó 56% del total), hubo denuncias por parte de las víctimas y sus comunidades frente a las autoridades, desde instituciones estatales hasta instancias internacionales.

Encontramos que ni siquiera llevar un caso ante la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los dos organismos encargados de velar por los derechos humanos en América Latina, se traduce en todos los casos en medidas efectivas de protección.

Trágicamente, a pesar de que la sabiduría popular dice que soldado advertido no debería morir en guerra, la violencia continuó o inclusive arreció contra líderes y comunidades en cinco países –Brasil, Colombia, Honduras, México y Venezuela– cuyos Estados no hicieron lo suficiente por proteger a esos ciudadanos pese a contar con medidas cautelares o haber sido alertados del riesgo que corrían a nivel internacional.

Si bien la nuestra no es una medición científica sino periodística, los dos años en que encontramos mayor número de episodios de violencia fueron 2017 (con 13.9% de los casos) y 2018 (con 10% de estos), evidenciando la gravedad de la situación hoy. En 2019 representan el 7,4%, pese a que al cierre de nuestra base de datos muchas de las fuentes consultadas no habían cerrado sus investigaciones. El asesinato de varios líderes indígenas en Brasil, México y Colombia en marzo y abril de 2020, sin embargo, muestra que ni la crisis de salud pública y económica a raíz de la llegada de la pandemia del COVID-19 a la región logró frenar la violencia.

Estos defensores protegen la tierra que les da vida a ellos, pero también las montañas que nos proveen de agua y los bosques que nos traen aire limpio a las ciudades. Están siendo amenazados y asesinados en números francamente aterradores.

Cada uno de ellos es más que un número. Estas son sus historias de vida, de lucha, de resistencia.

Este reportaje forma parte del Especial Tierra de Resistentes que puedes leer aquí.

Tierra de Resistentes ha sido liderado por la organización colombiana Consejo de Redacción y convocó a periodistas del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Mongabay Latam, France 24 Español, Anfibia (Argentina), Runrunes (Venezuela), Contra Corriente (Honduras), Infoamazonia (Brasil), GK(Ecuador), Ocote (Guatemala), Convoca.pe (Perú), El Deber (Bolivia), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México), El Espectador, El País de Cali, El Tiempo, Mutante, La Liga contra el Silencio, RCN Noticias, Verdad Abierta, La Patria y La Silla Vacía (Colombia).

*Imagen central: Armando y Celso sostienen una foto de su madre, María Enriqueta Matute, asesinada en 2013. Foto: Martín Cálix.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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