(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- Temas pendientes como la Ley Orgánica de hidrocarburos o la ratificación del Acuerdo de Escazú no llegaron a concretarse durante el 2019. Ahora figuran en la agenda ambiental del 2020 y, en ambos casos, dependerán del nuevo Congreso de la República que será elegido el 26 de enero.

Otras temas ambientales que marcarán la agenda de este año están relacionados con los problemas de siempre: la minería y la tala ilegal. El destino o desenlace de la ‘Operación Mercurio 2019’ contra la minería ilegal en Madre de Dios, así como la implementación de un sistema de trazabilidad de la madera que no logró concretarse en el 2019, están también en la agenda ambiental del gobierno peruano de este año.

El mar también figura en la lista de los desafíos ambientales que debe afrontar el Perú este nuevo año, sobre todo porque está pendiente la declaración de dos nuevas áreas protegidas, así como la adopción de medidas para enfrentar la sobrepesca y la pesca ilegal en el mar peruano.

Saltando a ecosistemas de agua dulce, la polémica Hidrovía Amazónica también será una de las papas calientes que marcarán la agenda ambiental de este año. Mucho más ahora que el consorcio responsable del proyecto ha decidido dar marcha atrás con el estudio de impacto ambiental que presentó ante el organismo evaluador. Estos son algunos de los desafíos ambientales para Perú en el 2020.

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 Justicia ambiental: el Acuerdo de Escazú y las sentencias pendientes

En abril del 2019, Cristian Java, de 22 años, fue asesinado en la comunidad nativa La Petrolera, en la región Loreto. El líder indígena junto con otros integrantes de la comunidad se enfrentaba a un grupo de invasores que había ingresado al territorio comunal para extraer madera de forma ilegal.

La muerte de Java expuso, una vez más, el peligro que enfrentan los defensores ambientales en Perú —y en general en Latinoamérica, la región con mayor cantidad de crímenes a ambientalistas en el 2018—. Dos reportajes publicados durante el 2019 por Mongabay Latam también dan cuenta de las constantes amenazas a la que están expuestos los defensores ambientales en la Amazonía peruana.

“Se ha avanzado en visibilizar las amenazas, pero falta que se tomen acciones”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA). Menciona que durante el 2019 las amenazas también se han presentado contra funcionarios del Estado que trabajan en el proceso de trazabilidad de la madera.

Urrunaga señala que un desafío para el 2020 es que las instituciones que enfrentan la tala ilegal desarrollen sus protocolos y destinen presupuesto para proteger a sus funcionarios y enfrentar a las mafias. “Los funcionarios que son más firmes en aplicar las normas han recibido amenazas de muerte y algunos tuvieron que dejar el sector”.

Para Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la protección de los defensores del medio ambiente se debe definir este año. “Se ha avanzado en el proceso, pero tenemos que tener un régimen de protección y regulación para los defensores ambientales”.

Calle también recuerda que está pendiente la ratificación del Acuerdo de Escazú, un compromiso regional por la defensa de esta población vulnerable en América Latina y El Caribe que busca promover los derechos a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia ambiental.

“Cuando hablamos del Acuerdo de Escazú hay que considerar que también nos referimos a defensores ambientales porque hay un artículo específico sobre cómo podemos garantizar la protección de las personas que defienden los derechos ambientales», dice Calle. La directora de la SPDA recuerda que el Ministerio de Relaciones Exteriores envió al Congreso de la República la sustentación para que Perú apruebe el acuerdo.

La ratificación de este acuerdo corresponderá ahora al nuevo Congreso peruano que será elegido en enero del 2020.

En el ámbito de la justicia, algunos casos emblemáticos podrían definirse este año. El procurador especializado en materia ambiental, Julio Guzmán, indica que las investigaciones de la fiscalía en el caso Yacu Kallpa han culminado completamente y que ahora esperan que se inicie la etapa de juzgamiento.

“Esperemos que la etapa de juzgamiento con sentencia se concrete durante el primer semestre del 2020. De tal forma que con [la] apelación, para diciembre del mismo año, tengamos las sentencias consentidas. Este caso es muy importante en materia de delitos forestales”, señala Guzmán.

En noviembre de 2015, la embarcación Yacu Kallpa, que transportaba madera de origen ilegal, fue intervenida como parte de la ‘Operación Amazonas’, un operativo que realizaron de manera coordinada la Fiscalía de la Nación, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR).

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El mar peruano: compromiso con la biodiversidad

“Cerca del 30 % del pescado que comemos en el país se importa. Salmón, basa y otros como jurel y tiburón. Lo que se debe definir este año es para qué y por qué pescamos en el Perú”, dice Juan Carlos Riveros, director científico en Oceana.

Riveros señala que el 80 % de lo que se pesca en Perú se exporta. “No existe una política pesquera. Tenemos que saber qué queremos hacer con la pesca en el país. Luego de definirlo podemos pensar qué priorizamos y qué restringimos. Porque lo que ocurre ahora es que el empresario decide qué se hace con el pescado del Perú”.

Otro tema pendiente en el mar peruano es la trazabilidad. Un estudio sobre sustitución de especies presentada este año en Perú demuestra que en el país se venden especies prohibidas, en peligro de extinción, e incluso algunas que no son aptas para el consumo humano. Según esta investigación, hasta un 72 % de lo que se comercializa en mercados, supermercados y restaurantes corresponde a especies diferentes.

Joanna Alfaro, presidenta de ProDelphinus, considera que la trazabilidad de los recursos pesqueros es un tema pendiente del gobierno peruano. “Es un problema complejo, pero las pesquerías artesanales deben tener trazabilidad. Para el 2020 sería excelente contar con una hoja de ruta para definir cómo cumplimos con esta meta”.

La protección del mar peruano también es un tema pendiente que se arrastra desde hace varios años. La demora en la definición de áreas marinas protegidas como la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau nos aleja del cumplimiento de las Metas de Aichi sobre Diversidad Biológica cuyo plazo está previsto para este 2020.

El compromiso peruano era cubrir hasta el 10 % de su mar bajo alguna categoría de protección, un océano que hasta ahora apenas tiene un 0.4 % de área protegida.

El viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Gabriel Quijandría, reflexiona sobre la deuda pendiente que tiene Perú en el establecimiento de áreas protegidas marinas, pero confía en que durante el 2020 se logre la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, un sistema de montañas submarinas rodeadas por cinco millones de hectáreas que se convertirían en la zona protegida marina más grande del Perú.

“Trabajamos en la Dorsal de Nasca y hemos tenido una estrategia distinta a la que se tuvo con el Mar Tropical de Grau”, dice Quijandría, quien espera que hacia finales del primer trimestre el Perú cuente con esta nueva área protegida en el mar. De esta forma, aumentaría hasta en un 6.5 % el porcentaje de océano bajo protección en Perú.

En cuanto al Mar Tropical de Grau, el viceministro señala que se trata de un proceso complejo debido a la superposición de concesiones de hidrocarburos entregados en la zona. “Lo más complejo es asegurar que se cumplan con los derechos preexistentes en el área. La desconfianza ha impedido que el tema camine”.

Una versión ampliada del reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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