(Mongabay Latam / Guillermo Reaño).- Fue en el año 2008 cuando la minería del oro, una actividad tan antigua como la historia misma de Quincemil, la capital de un distrito del Cusco suspendido literalmente sobre los bosques de nubes que descienden hacia la Amazonía, se desbordó convirtiendo la apacible villa de colonos y campesinos en un típico poblado inspirado en La Pampa. El enclave de minería ilegal que el Gobierno peruano intervino militarmente en febrero pasado con la intención de acabar con la delincuencia, la prostitución y la degradación ambiental.

Son las 6 de la mañana y frente al local del municipio distrital de Camanti, en Quincemil, se ha reunido un nutrido contingente de vigilantes comunales que ha llegado desde las diez comunidades nativas que cogestionan con el Estado la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) —un área natural protegida de más de 402 mil hectáreas que protege las cabeceras de los ríos Madre de Dios y Colorado— para llevar a cabo un patrullaje de rutina.

A bordo de tres ‘saltamontes’ —como se denomina en la jerga local a las camionetas todo terreno con tracción en las cuatro ruedas que se mueven por la selva—, la patrulla comunal toma la ruta en dirección a los sectores Santa Isidora, Jucuchamayo y Maravilla-Colorado en el interior de la Reserva Comunal Amarakaeri, un territorio ancestral para los indígenas harakbut que colinda con Quincemil, la capital del distrito de Camanti.

A esta comitiva, a la que sigue Mongabay Latam, se han unido guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), técnicos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con el objetivo de visitar una zona contigua a la reserva donde la actividad minera, según las denuncias recibidas, ha rebrotado.

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Voces desde el bosque

Los poderosos ‘saltamontes’, los mismos camiones que paradójicamente aprendieron a utilizar los mineros para penetrar y dejar cicatrices en el corazón de la selva, transportan esta vez a los vigilantes comunales y funcionarios del Estado que buscan confirmar si la actividad ilegal ha penetrado en el área protegida.

“Dos son los sectores más vulnerables de la Reserva Comunal Amarakaeri —comenta el periodista local Manuel Calloquispe que viaja en uno de los ‘saltamontes’— este [señala la zona], el del río Nusinuscato y el de la frontera opuesta, en el límite con San José de Karene, la comunidad harakbut que sin saber lo que les podía ocurrir abrió sus puertas a la minería ilegal”.

Se cree que el rebrote de la minería ilegal en los sectores que colindan con la Reserva Comunal Amarakaeri puede ser una consecuencia directa del Operativo Mercurio 2019 en La Pampa. Que la represión en un punto generó el desplazamiento de hombres y maquinarias hacia Camanti. Lo llaman ‘Efecto globo’: cuando las fuerzas del orden reprimen a la minería ilegal en un lugar, esta se traslada a otro. En este caso, a los bordes de la reserva Amarakaeri.

El río Nusinuscato es de una belleza subyugante. Los miles de pequeños cauces que descienden de los contrafuertes lo convierten en un río de aguas bravas y continuos malospasos. Precisamente es uno de estos el que tenemos que superar para continuar nuestra marcha por una sucesión de caminos inverosímiles que penetran por una selva tupida y llena de cicatrices. Un terreno que solo puede recorrerse a bordo de un ‘saltamontes’.

Por donde avanzamos los restos de carrancheras, chutes, motores y maquinarias abandonadas destacan en medio de la desolación. “En el 2017 el ejército intervino este sector, acota Calloquispe, mucha de la chatarra es de esa época, pero las casuchas que hemos visto son de los mineros de ahora: no los vemos porque están al tanto de nuestra presencia. Cuentan con equipos de comunicación muy sofisticados, apenas reciben una llamada por teléfono satelital desde Quincemil esconden la maquinaria y se meten al bosque”.

Los vigilantes comunitarios que nos acompañan escuchan con atención el relato del periodista. El grupo ha venido desde las comunidades de Queros, Shipetiari, Diamante y Puerto Luz para participar en este segundo patrullaje especial en lo que va del año. En el anterior se logró identificar cuatro maquinarias pesadas que operaban a solo trescientos metros de la reserva, en la llamada zona de amortiguamiento. Para las comunidades que integran el ECA-Reserva Comunal Amarakeri (ECA-RCA), la organización que cogestiona el área, velar por la seguridad del territorio ancestral resulta fundamental. Casi una obstinación.

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En defensa del bosque

“En este sector hay mucha presión sobre el área natural protegida, aunque no estamos todavía dentro de la zona de amortiguamiento debemos estar siempre vigilantes. Tenemos la obligación de cuidar medio millón de hectáreas, de allí la importancia de este patrullaje: la población de Camanti tiene que familiarizarse con nuestro trabajo, estamos cuidando lo que nos pertenece”, comenta Luis Tayori Kendoro, directivo de la ECA-RCA y conocido dirigente del pueblo harakbut.

Una vez dentro de la reserva comunal, los guardaparques del Sernanp se reúnen con los especialistas del ECA-RCA para decidir conjuntamente el lugar donde van instalar el primero de los letreros de madera que han traído desde Quincemil. “Queremos que los infractores estén al tanto de la prohibición que existe en el área para hacer minería, continúa Tayori, […] lo que no puede ocurrir es que ingresen al territorio ancestral sin nuestro consentimiento y destruyan lo que nos pertenece”.

Las reservas comunales son áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad en beneficio de las poblaciones locales y las comunidades campesinas o nativas pertenecientes a los pueblos indígenas; por tanto, forman parte del sistema nacional de áreas naturales protegidas y como tales constituyen patrimonio de la nación.

Mientras nos movemos por el escabroso territorio de la reserva, tanto Tayori como Jaime Corisepa Neri, técnico también harakbut del ECA-RCA, con teléfonos celulares en mano, se valen de los descansos para enseñarles a los vigilantes comunales a llevar un control en tiempo real del estado de conservación de las tierras que están protegiendo. Para eso los equipos celulares y los drones, sobre todo estos últimos, ya se ha comprobado en otras áreas de la Amazonía peruana que son extremadamente eficientes.

Corisepa habla claro: “Desde que el gobierno intervino La Pampa, la minería se instaló en los bordes de la reserva poniendo en riesgo nuestros territorios. Los drones que estamos utilizando van a servir para detectar si es que los mineros ilegales cruzaron los límites de la RCA o no. Estos avioncitos, bien utilizados por nuestra gente, son tan eficientes como un perro mitayero [cazador]”.

Para los harakbut, cazadores y caminantes por excelencia, también para los hombres y mujeres de las comunidades yines y machiguengas que conforman el ECA-RCA, el bosque es el mercado, la farmacia, la ferretería, el escenario natural donde encuentran los bienes que necesitan para vivir. Y un perro mitayero, un perro adaptado a la cacería, al mitayo, es el mejor compañero que se puede tener.

“Respetamos y apoyamos el modelo de las reservas comunales”, señala Lucas Dourojeanni, representante de Hivos, una ONG holandesa que viene apoyando el trabajo de la cogestión desde el programa “Todos los ojos en la Amazonía”, una iniciativa interinstitucional que busca frenar la deforestación en la región a través de la salvaguarda de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. “Llegar hasta donde hemos llegado, acota mientras guardaparques y vigilantes comunales terminan de colocar uno de los letreros informativos —paradójicamente frente a lo que alguna vez fue una maquinaria utilizada por la minería ilegal—, nos permite entender la dificultad que tienen los funcionarios del Estado para actuar en zonas tan alejadas y de difícil acceso”.

Muchas veces tienen que ingresar a territorios tomados en la práctica por la actividad ilegal sin el equipamiento adecuado. O en condiciones de aparatosa desventaja: los mineros ilegales, ya se ha comentado, cuentan con recursos operativos, incluso armas, mucho más sofisticados.

Asvín Flórez, jefe de la Reserva Comunal Amarakaeri y artífice del modelo de cogestión que se viene implementando en el área, nos lo dijo en el puesto de control de Quincemil: “Tenemos que batirnos en condiciones desiguales, eso es evidente, aun así estamos ganando la batalla. La minería ilegal, salvo casos muy excepcionales que hemos resuelto satisfactoriamente, no ha ingresado a la reserva y ese es un éxito indudable del modelo de cogestión entre el Estado y las comunidades nativas, nuestros trece guardaparques y cuatro vigilantes comunales están haciendo bien su trabajo”.

El distrito de Camanti es un distrito eminentemente minero. La fiscal provincial provisional, Karina Garay Tapia, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios, encargada por el Ministerio Público de la Operación Mercurio 2019, nos comentó que “siempre ha existido minería en la zona, de allí que las personas acostumbradas a vivir de esta actividad en las áreas que estamos interviniendo se trasladen a lugares donde existen condiciones para seguir operando”.

Para la fiscal Garay, ocurre en casi todos los casos de operaciones mineras ilegales que se deben interdictar. “Lógico, añade, al ser este un bosque de protección toda actividad extractiva, cualquiera que ella fuere, está terminantemente prohibida”. Lo paradójico del caso, como lo ha consignado Mongabay Latam en un reportaje anterior, hasta marzo de 2018 existían en el distrito de Camanti 439 concesiones mineras (algunas adjudicadas dentro del mismo bosque de protección) que suman casi un millón y medio de hectáreas.

Esta es la actividad a la que se enfrentan los vigilantes comunales y la que tratan de contener. Sin embargo, la semana pasada, recibieron ayuda. Los responsables del Operativo Mercurio 2019 intervinieron militarmente la zona con el fin de contrarrestar el avance de la minería ilegal, hecho que permitió el desalojo de los infractores en los sectores de Santa Isidora y Boca de Quitari, dos de los lugares que recorrimos con los vigilantes comunales y los funcionarios del Estado. En total se recuperaron 26 hectáreas.

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Drones y telefonía celular 

Mientras nos movemos por las escarpadas quebradas por donde se desplaza el río Nusinuscato, en las proximidades de los sectores Santa Isidora y  Jucuchamayo de la Reserva Comunal Amarakaeri, los guardaparques intervienen de pronto a cuatro individuos que se desplazan con sigilo por el borde del territorio comunal. Sostienen que son mineros artesanales que perdieron el rastro y que por ello acabaron dentro del  área protegida. Afirman también no haber realizado ninguna actividad ilegal. Tayori les advierte sobre las prohibiciones existentes y las consecuencias que recaerán sobre ellos si es que reinciden en su desacato: “En este territorio moran nuestros ancestros, les dice, hay que respetarnos, la ley se ha hecho para eso”.

Jen Castro, de Digital Democracy, una de las instituciones que participan en el programa “Todos los ojos en la Amazonía”, es la única mujer de la patrulla de vigilancia. Ella es la encargada de poner en acción el software que permitirá a los vigilantes comunales monitorear desde sus teléfonos celulares el estado de conservación de las áreas bajo su control. “Se trata de una tecnología sencilla, de fácil uso, comenta la especialista canadiense, que posibilita que cada vigilante, esté donde esté, pueda georreferenciar al detalle cada punto del territorio comunal y estar al tanto de lo que ocurre en su interior”.  Su organización viene utilizando desde hace casi una década herramientas tecnológicas de este tipo para defender los derechos de las comunidades en nuestro continente.

Mientras tanto Julio Acosta, de Conservación Amazónica ACCA, y Carlos Saito, de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ponen a prueba el dron Nimbus 1800, de despegue y aterrizaje vertical, que se entregará a la cogestión para las necesarias acciones de vigilancia y control. Como nos lo comentara en su momento Carlos Castañeda, experto en el uso de drones de ACCA, “la idea del ejercicio en el que has estado es que estos aparatitos, que por cierto pueden elevarse 500 metros y cuentan con una autonomía de vuelo de dos horas, sean manejados por los propios vigilantes comunitarios”. Cerrar el círculo del cuidado territorial.

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Camanti y sus concesiones mineras 

En el Plan Maestro de la Reserva Comunal Amarakaeri se menciona que en el interior de la reserva se han registrado 54 especies de mamíferos grandes, 469 especies de aves, 58 especies de reptiles, 95 especies de anfibios y 865 especies de insectos. Y que el área en su conjunto es la mayor fuente de agua de la Amazonía del sur del Perú.

Sin embargo, la población de Quincemil, el centro neurálgico del distrito cusqueño con el que limita la reserva, se dedica mayoritariamente a la actividad minera. El nombre de la localidad, aunque se haya dicho que guarda relación con el récord nacional de pluviosidad: 15 000 mm en  un año, está ligado históricamente a la extracción del oro de las playas de sus incontables ríos.

Desde sus inicios la suerte de la localidad ha corrido igual fortuna que la de la actividad extractiva en los bordes de los departamentos del Cusco y Madre de Dios. “La gente, cuando se entera de que trabajamos para el ministerio de Agricultura  no nos saluda y en las bodegas nadie nos quiere atender”, nos comenta César Gutiérrez, uno de los dos funcionarios del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en Quincemil. “En esta ciudad la presencia del Estado, sobre todo de las dependencias vinculadas a la protección ambiental, pareciera que pone en riesgo la actividad principal del distrito”.

Lo mismo señala la fiscal Garay: “Antes de Mercurio 2019, cuando no teníamos el apoyo logístico que tenemos ahora, este era un pueblo del Lejano Oeste, cada vez que los representantes de la fiscalía entrábamos a una tienda o al mercado la gente, los vendedores, abandonaban sus puestos”.

¿Qué hacer frente a este panorama? Asvín Flores es claro al respecto. Para el funcionario estatal se trata de actuar con apego a la ley y trabajar con la población local en la gestión del territorio. Le decimos que notamos la frialdad en el trato con la gente de Camanti y contesta que es natural, que “la lucha contra la minería ilegal en la selva del Cusco y Madre de Dios ha exacerbado los ánimos de muchos pobladores. Nosotros no estamos en contra de la minería: lo que queremos es que esta se formalice para que cada trabajador minero sea ubicable, auditable y, de ser el caso, sancionable”.

No quisimos cerrar este reportaje sin conocer la opinión del alcalde de Camanti, Sebastián Velásquez. Candidato a la alcaldía por Fuerza Popular, Velásquez no oculta su filiación minera pero dice estar “interesado en “cambiar la vocación económica del distrito”. El alcalde de Camanti agrega que no quieren “vivir solo del oro” y que por eso les toca convencer a la población de que es posible desarrollar propuestas de turismo. “He viajado por el Perú y puedo afirmar que Camanti tiene muchísimas más bellezas y potencialidades que los destinos que se están ofertando. He nacido y crecido en Camanti, conozco hasta el último de sus rincones, lo que tenemos para mostrar  no se compara con nadie”, acota.

Las selvas de esta región tan cercana a la ciudad del Cusco, el principal mercado turístico del país, son únicas, podrían convertirse en un destino muy potente si se actúa de manera apropiada.“Las áreas que la minería degradó en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, concluye Asvín Flórez, se tienen que recuperar y los caminos que la minería utilizó deberían convertirse en los senderos que los turistas utilizan para conocer lo que la región tiene para ofrecer”. Por ahora sabe que deben seguir vigilantes para impedir que la minería expulsada de La Pampa se introduzca en la reserva y se reinicie el círculo de la destrucción y el agotamiento de los recursos en el territorio ancestral del pueblo harakbut.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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