(Mongabay Latam / Ana Cristina Basantes).- Una tarde de 2018, un grupo de indígenas de Sinangoe, una comunidad cofán —una de las quince nacionalidades indígenas del Ecuador—, volaba un dron para detectar amenazas a su territorio. Un año antes, el hallazgo de una patrulla minera los había hecho hacerse una pregunta: cómo saber cuántas invasiones extractivas existen en su territorio, un área de más de 55 000 hectáreas. En su búsqueda de respuestas, se toparon con Amazon Frontlines y Alianza Ceibo, organizaciones de defensa de derechos indígenas, que les propusieron empezar a usar dispositivos tecnológicos para monitorear su territorio e identificar mineros, madereros y otras formas de explotación de recursos naturales que violentaran sus derechos. Con el paso del tiempo, lograron recabar tanta información con GPS, drones y cámaras trampa que les sirvió como evidencia estelar para ganar un juicio contra el Estado ecuatoriano por concesionar esas tierras sin consulta previa, violando su derecho a un medio ambiente sano.

Aquella tarde de 2018, en la pantalla de monitoreo vieron a unos 50 hombres reunidos alrededor de unas retroexcavadoras. Era la primera vez que veían tantas máquinas que clavaban su brazo dentado en la orilla del río, removiendo la tierra. Para encontrar respuestas y entender lo que veían en la pantalla, revisaron el catastro de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) —un inventario donde están registradas todas las concesiones del país— y allí descubrieron que se habían concesionado, a empresas privadas, 19 556 hectáreas de su territorio ancestral— un área que equivale a casi dos veces el salar de Uyuni en Bolivia (considerado como el mayor desierto de sal del mundo).

En esa lista que ellos nunca habían revisado antes, los cofán identificaron 52 concesiones en proceso de licitación para la exploración y explotación de pequeña y mediana minería metálica de oro. Estas estaban en las riberas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofanes. A ellos nunca les avisaron y menos los convocaron para realizar una consulta previa, libre e informada, un derecho que tienen todos los pueblos indígenas. Según la Constitución, se les debería preguntar sobre la “comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente”. Pero a ellos nadie los buscó.

Cuando se dieron cuenta, ya había en la orilla del Aguarico retroexcavadoras y dragas, maquinarias que sirven para excavar y remover directamente el material del fondo del río. En ese momento emprendieron un proceso “muy riguroso de documentar lo que está pasando con esas concesiones y fundamentalmente de darnos cuenta que fueron entregadas de manera inconsulta”, dice María Espinoza, coordinadora jurídica de Amazon Frontlines y abogada de los cofán.

Consultamos al Ministerio de Ambiente sobre las licencias ambientales de las concesiones mineras otorgadas en las orillas del río Aguarico —en el territorio de los cofán de Sinangoe. Luego de solicitarnos el código catastral de las concesiones y enviárselos, no obtuvimos respuesta del Ministerio.

Por estas irregularidades, esta comunidad indígena decidió llevar la protección de su territorio a otro nivel. El 12 de julio de 2018, Mario Criollo, presidente de los cofán de Sinangoe,  puso una acción de protección contra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minería, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), la Secretaría Nacional del Agua y la Procuraduría General del Estado. Los cofán demandaban a estas cinco instituciones por haber vulnerado el derecho a la consulta previa, derecho al territorio y a la cultura,  a un ambiente sano, y por afectar los derechos de la naturaleza.

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De caminatas a drones

La vigilancia del territorio cofán empezó antes de 2018. No había drones ni GPS. Solo estaban ellos quienes se turnaban en caminatas de vigilancia. En uno de esos recorridos a pie, vieron a decenas de mineros trabajando en las orillas del Aguarico, que es el límite artificial entre los dominios cofán y la carretera. “Nos sorprendió, no sabíamos lo que estaban haciendo”, dice Nixón Narváez, un joven cofán de Sinangoe. En esa ocasión, los guardianes no se acercaron ni los mineros se enteraron que estaban siendo observados. En otras caminatas, los hombres que vigilaban empezaron a notar, poco a poco, que la presencia de mineros fue aumentando. En otros recorridos no veían a los trabajadores pero sí evidencias de que habían estado allí por unos tubos plásticos con los que, suponían, lavaban oro. Incluso, una tarde, mientras navegaban en la canoa por el río Aguarico vieron “dos maquinarias, retroexcavadoras y un canalón” en las orillas. A partir de ese momento empezaron a buscar alternativas para cuidar mejor su territorio.

Los cofán sabían que la minería iba a afectarlos. Nixón cuenta que habían aéreas donde los mineros deforestaron varios árboles, encontraban basura como plásticos y latas e incluso “botaban dinamita al río para matar a los pescados”. La destrucción y  contaminación caían al río. “Eso nos iba a afectar a nosotros exactamente porque nuestra costumbre como cofanes es utilizar el río Aguarico porque los mayores, los jóvenes, los niños van al río a hacer uso para bañarse, para beber, para lavar la ropa y buscar el pescado”. Pero la amenaza de las mineras se logró detener a tiempo. Los cofán continúan pescando y usando el río..

Después de conversaciones con organizaciones como Amazon Frontlines y Alianza Ceibo crearon una guardia comunitaria más organizada, conformada solo por hombres, para cuidar su territorio. Durante cinco meses, Nicolás Mainville, coordinador de monitoreo ambiental de Amazon Frontlines, capacitó a seis miembros de la guardia en el manejo de cámaras trampa, drones, GPS, Mapeo —una aplicación para construir mapas interactivos con la información recolectada—, uso de cámaras de foto y video.

Desde entonces, equipados con sus dispositivos, los miembros de la guardia caminan en medio de la selva. Una mañana de agosto de 2019, uno de ellos lleva un GPS en las manos, que permite registrar el recorrido de su camino y así, en caso de encontrar alguna evidencia, saber exactamente dónde están. Los otros cinco guardianes cofán miran a su alrededor como si supieran que los mineros podrían estar ahí. Quizá ellos no lleguen a ver a los intrusos, pero las cámaras trampa que han colgado en los árboles se los mostrarán cuando, días después, regresen a descargar todo cuanto han grabado sus lentes ocultos en el follaje denso.

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Convivir con la minería

La comunidad de Sinangoe está en las afueras de la ciudad petrolera de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos —al noreste ecuatoriano. Desde los años 60, con la perforación del pozo petrolero Lago Agrio, el primero de la historia hidrocarburífera de la Amazonía ecuatoriana, la postal selvática cambió por completo. Ahora, grandes tubos metálicos oxidados –que llevan petróleo, agua de formación, gas licuado— atraviesan el paisaje, junto a árboles, debajo de puentes y frente a pequeñas casas de madera. Sobre uno de esos tubos, que recorren el camino hasta Sinangoe, alguien ha escrito con pintura blanca ‘Exigimos justicia’.

Un puente colgante, construido por el gobierno, divide la carretera de Sinangoe. Lo que algún día fue solo selva, hoy es una extensión de la ciudad de Lago Agrio.

A pesar de estar tan cerca de esta ciudad, tener la comida necesaria para vivir no es nada fácil. Hace varios años que el río dejó de ser lo que era. En dos horas de pesca apenas se consiguen tres o cuatro peces. La minería alejó a los peces del río y los pocos que conseguían estaban “enfermos, con hongos”, dice Nixón, uno de los miembros de la guardia cofán de Sinangoe.

La vida también ha cambiado. Ana Lucitante, una cofán de 23 años, cruza el puente colgante para llegar a la otra orilla del río, y la acompañan dos niños pequeños. Pero no irá a pescar, sino a lavar oro con una batea que lleva bajo el brazo. Como Ana, muchas mujeres cofán se dedican a lavar oro en el Aguarico para cubrir solo algunas de sus necesidades. El mazamorreo —un tipo de minería con batea— es una práctica común en la nacionalidad cofán. A diferencia de la minería a pequeña o mediana escala, esta no usa químicos y es realizada con herramientas manuales que permiten clasificar el material conseguido de playas, lagunas y ríos.

Según la Alianza por la Minería Responsable, el mazamorreo no tiene “impactos durables sobre las corrientes de agua” y es una práctica de mucho tiempo atrás. Una de las actividades cotidianas para una mujer cofán es ir a lavar oro para “poder tener algo para la familia”, dice Fabiola Umenda, presidenta de la Asociación de Mujeres cofán de Sinangoe, sentada en las afueras de una construcción de madera donde se reúnen las mujeres de la comunidad. “No hay más que hacer porque nadie tiene trabajo fijo aquí en la comunidad ni los esposos. Nadie”, dice con una voz tímida y de resignación Umenda. Las pocas pepitas de oro que consiguen lavando pequeñas piedras en el río las mujeres son el único “dinero” que les sirve para vivir en medio de una selva que alguna vez tenía todo.

Los hombres, miembros de la guardia comunitaria, se dedican a la vigilancia de un territorio que ha sido olvidado y que ahora luce para el gobierno como una mina de oro. Pero no reciben dinero por ese trabajo que hacen. Luchar por la protección de su territorio para los pueblos indígenas de la Amazonía ha sido una historia larga y, en muchos casos, llena de irregularidades como supuestos procesos disfrazados de consulta previa. Ahora, para algunos como los cofán, la lucha ya no es contra las grandes empresas petroleras sino contra la nueva, y menos desgastada, cara del progreso: las concesiones mineras. La guardia comunitaria de Sinangoe espera no volver a encontrarse con mineros ilegales o concesiones “legales” trabajando cerca de su territorio.

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Una batalla ganada con drones

Luego de que Mario Criollo, en representación de la comunidad de Sinangoe, presentara la acción de protección contra cinco instituciones del Estado, se fijó una audiencia para el 3 de agosto de 2018. Ese día, en el cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos, un juez falló a favor de los cofán: dijo que no se habían respetado los procesos de consulta y que se debían detener las concesiones y operaciones en ese territorio. En la audiencia, el juez no solo escuchó los argumentos de los afectados sino que vio las fotografías aéreas obtenidas con los drones, que ayudó a que entienda cómo la minería estaba invadiendo y contaminando el territorio de los cofán.

Las entidades públicas demandadas no se contentaron con la sentencia y apelaron. Según María Espinoza, los representantes del Estado dijeron que “los cofán no son los dueños del territorio, que están dentro de un área protegida que es el Parque Nacional Cayambe-Coca, cuya propiedad recae en el Ministerio de Ambiente”.

El caso pasó a segunda instancia en la Corte Provincial y el argumento de las instituciones fue el mismo. Pero la sentencia no cambió: los cofán son dueños de su territorio y merecen ser consultados. Esto a pesar de que el artículo 407 de la Constitución del Ecuador “prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles

En primera y segunda instancia, cuenta la abogada Espinoza, los jueces ordenaron una visita al territorio y los cofán aprovecharon la visita para usar los drones y mostrarles en vivo lo que ellos habían visto. “[Las imágenes] le permitieron a los jueces entender la calidad del área que estaban protegiendo, el estado de conservación del área, el estado de conservación de los ríos”, dice Espinoza. Pero, además, les permitió a los cofán profundizar sobre su relación con el territorio que, para ellos, significa más que un lugar donde viven. La tecnología jugó un papel muy importante y facilitó la comprensión de los jueces sobre lo que realmente estaba en juego.

Imagen principal: las cámaras trampa se activan cuando detectan movimiento. Con ella los guardianes han logrado capturar desde mineros ilegales hasta pumas. Foto: Diego Ayala León.

Una versión ampliada del reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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