(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- Casi cuatro años han pasado desde que más de 2000 barriles de petróleo brotaran del tramo II del Oleoduto Norperuano (ONP), en la zona de la quebrada Inayo, derrame que afectó a la localidad de Chiriaco, en el distrito de Imaza, región Amazonas. 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA),  a cargo de investigar e imponer sanciones por el incumplimiento de las obligaciones ambientales, acaba de multar por 83 millones de soles (25 millones de dólares) a PetroPerú, la empresa estatal peruana responsable de la explotación del crudo.

Se trata de la sanción más elevada hasta la fecha que ha recibido la empresa estatal de petróleos por derrames de crudo ocurridos en la Amazonía.

Según la Resolución Directoral de OEFA, emitida en julio de 2019, “PetroPerú incumplió lo establecido en el PAMA [Programa de Adecuación de Manejo Ambiental] del ONP al haberse detectado que no realizó las acciones de mantenimiento”, indica el documento en alusión a los desastres ocurridos los días 25 de enero de 2016 en Chiriaco y 2 de febrero del mismo año en Morona, región Loreto.

“Hemos pasado de la tesis del sabotaje a la de negligencia y grave responsabilidad por no darle mantenimiento al Oleoducto Norperuano”, dice Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal, para referirse a las causas que ocasionaron estos derrames.

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Las causas de la multa

Lissette Vásquez, jefa del Área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, señala que esta resolución evidencia, una vez más, que existe un nexo causal entre cierto tipo de derrames y la falta de mantenimiento del ducto. “Mucho se habla de sabotaje. Sin embargo, se ha constatado que hay derrames ocasionados por incumplimiento de la empresa. Las autoridades deben estar atentas e investigar los hechos detrás de estos sucesos”.

La abogada de la Defensoría del Pueblo asegura que es muy importante que el Estado llegue a determinar las causas y responsabilidades cuando ocurren los derrames de petróleo en la Amazonía.

“Cada vez que había un derrame nos decían que había sido provocado por las mismas comunidades. Hemos respondido que los pueblos indígenas no lo hacen. Esas tuberías tienen más de 40 años y requieren ser cambiadas en su totalidad”, dice Salomón Awananch Wajush, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (Orpio-P), federación que agrupa a las comunidades afectadas por el derrame de Chiriaco del año 2016.

En diciembre de 2017, el Congreso de la República emitió un informe con los resultados de la investigación realizada sobre los derrames ocurridos en la Amazonía peruana desde el año 2009. En este documento se detallan las irregularidades detectadas, por ejemplo, en la contratación de las empresas que limpiaron estos desastres.

Además, la investigación deslinda que las poblaciones indígenas hayan estado detrás de los supuestos sabotajes al Oleoducto Norperuano denunciados por Petroperú. “No se han encontrado indicios razonables para establecer responsabilidades en las comunidades nativas frente a los derrames de petróleo”, dice el informe.

La multa que ahora se ha impuesto a PetroPerú —que equivale a 20 780.53 UIT (Unidad Impositiva Tributaria)—presenta argumentos adicionales. El documento señala que la empresa estatal de petróleo no adoptó las acciones inmediatas para controlar y minimizar los impactos negativos ocasionados por el derrame ocurrido en enero de 2016 en Chiriaco.

La resolución sostiene, además, que este hecho generó daño real a la flora y fauna, y a la salud humana. “A diferencia de la decisión de OEFA emitida sobre el caso de Cuninico (derrame de petróleo ocurrido en el año 2015) que solo reconoce daño ‘potencial’ a la salud de las comunidades afectadas, en el caso de los derrames de Chiriaco y Morona, OEFA reconoce responsabilidad administrativa de Petroperú, por daño ‘real y objetivo’ a la salud de las comunidades nativas awajun y wampis”, explica Ruiz Molleda.

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El problema de la salud

Awananch Wajush, de Orpio-P, menciona el grave problema de salud que existe en las comunidades más afectadas por el derrame de 2016. En ese entonces, se denunció que la empresa contrató a indígenas para que recojan el crudo sin ninguna medida de protección y muchos de los que participaron en esta peligrosa actividad fueron menores de edad.

“Hemos recibido las evaluaciones hechas a la población y son 17 niños quienes tienen altas concentraciones de plomo, cadmio y arsénico en su organismo. Son los menores que recogieron el petróleo con sus manos”, dice el líder indígena.

El informe de ese momento del Gobierno Regional de Amazonas indicó que 243 personas (la mayoría niños) de cuatro comunidades —Nuevo Progreso, Wachapea, Nazareth y Pakun— fueron expuestas al petróleo sin protección y que 9140 pobladores de la localidad de Chiriaco, en el distrito de Imaza, presentaron riesgos de daño a su salud.

El presidente de Orpio-P también reclama que hasta el momento no exista intervención del Estado para solucionar los problemas de salud. Wajush agrega que son cinco las comunidades que resultaron más afectadas, pues tuvieron un impacto directo de la contaminación. “Nazareth, Pakún, Curva y Wachapea fueron afectadas directamente, pero a lo largo del Marañón hay muchas otras a las que llegó el petróleo. Todavía tenemos problemas de caza y pesca por la contaminación del suelo y del río”.

Según el expediente de más de 400 páginas que sustenta esta resolución, los análisis de laboratorio han demostrado que los derrames del 25 de enero de 2016 y del 2 de febrero del 2016 dejaron concentraciones de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) en las quebradas Inayo y Cashacaño, así como en los ríos Chiriaco, Morona y Marañón.

Vásquez recuerda que la Defensoría del Pueblo ha reiterado la necesidad de que se realicen acciones multisectoriales para atender a las personas afectadas por metales pesados. “Es un problema que no solo involucra al Ministerio de Salud, sino también a sectores como Ambiente y Energía y Minas. Se deben abordar los efectos en la salud, pero también los problemas ambientales para prevenir y solucionar los impactos”.

El expediente también explica cómo se extiende la contaminación en los ríos, pues lo que ocurre en la cuenca alta termina afectando la cuenca baja. “Las cuencas tienen un funcionamiento altitudinal que implica la relación directa entre las partes altas, cercanas al parteaguas; la zona de tránsito o intermedia; y la parte de deposición y desembocadura, de tal forma que la parte alta afecta de manera determinante a la parte baja”, precisa el documento.

No es la primera vez que se aplica una multa por este derrame. En enero de 2018, OEFA aplicó una multa de 49 millones de soles (12 millones de dólares) a PetroPerú por estos mismos hechos. Sin embargo, tras una apelación, esta resolución quedó sin efecto.

En un documento enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores de Lima, Petroperú señala que ha impugnado, dentro del plazo real, la resolución de OEFA.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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