(Mongabay Latam / Vanessa Romo).- La primera Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre, a la que asistieron representantes de 30 países, culminó con un llamado urgente: combatir el tráfico de vida silvestre como un delito grave. Este problema, que mueve más de 10 mil millones de dólares anuales, hizo además que 20 de estas naciones firmen la Declaración de Lima, un acuerdo que contiene 21 acciones para luchar contra esta actividad ilegal.

Cada uno de los países firmantes, además, tendrá que compartir sus primeros resultados en la siguiente reunión del grupo que tendrá lugar en Colombia en el 2021.

“Este tipo de tráfico ocupa el cuarto lugar en el mundo en incidencia luego de las drogas, armas y personas”, dijo el ministro de agricultura de Perú, Jorge Montenegro. Mientras que la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, agregó que se trata de “un problema que se enquista en las redes de corrupción”.

Veinte países que asistieron a la primera Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre firmaron la Declaración de Lima. Foto: Ministerio de Agricultura.Durante el evento, celebrado el jueves y viernes de la semana pasada en Lima, los asistentes identificaron algunos de los problemas asociados a este delito que comparten cada uno de los países. Estos van desde la necesidad de relacionar el comercio ilegal de vida silvestre con el crimen organizado, hasta la ausencia de sanciones ejemplares contra quienes cometen este delito y la falta de mecanismos que permitan a los países una reacción coordinada entre ellos. A esto se suma que aún no se comprende a cabalidad cómo operan las redes criminales que se benefician con la ganancias de este negocio ilegal.

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Un crimen de alto vuelo

Latinoamérica es una región multidiversa que alberga un 40 % de la biodiversidad mundial y cerca del 25 % de las especies en peligro de extinción, según la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES). Frente a este escenario, el tráfico de vida silvestre solo puede ser visto como una gran amenaza. Solo en el Perú, 318 especies de fauna son vistas como potenciales víctimas y 86 de ellas se encuentran en la Lista Roja de la UICN.

Jessica Gálvez-Durand, funcionaria peruana del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), comenta que en promedio se decomisan entre 4000 a 5000 especímenes cada año. “Entre el 2000 y el 2018 se detectaron más de 79 mil especies, en su mayoría anfibios y aves”, señaló la funcionaria a Mongabay Latam, quien agregó que en lo que va del año se han realizado 430 intervenciones.

Los operativos, sin embargo, avanzan a la par que el perfeccionamiento de los mecanismos ilegales para sortear a los fiscalizadores. Yovana Murillo, coordinadora de Tráfico y Salud de Fauna Silvestre en la organización ambiental Wildlife Conservation Society (WCS),  precisó que en Perú “hace dos años se encontraron 29 tortugas Galápagos en un bus y en el aeropuerto un grupo de gallitos de las rocas que tenían como destino España”.

Kurth Duchez, oficial de tráfico silvestre de WCS, que tiene como foco Centroamérica, agregó que en Guatemala, Honduras y Belice se ha detectado que ahora se envían  huevos de guacamayas embrionados para facilitar así su traslado a Asia. “Hay redes que se han creado entre estos países, Nicaragua y el sur de México, que exportan fauna como reptiles, serpientes, tortugas y lagartos a Estados Unidos y Europa”, dijo el experto.

En cuanto a sanciones, se evidenció durante la Conferencia que algunos países necesitan combatir este delito de forma severa. Panamá, por ejemplo, tiene una pena máxima de cinco años, y Uruguay considera el tráfico de vida silvestre como una simple infracción. Por eso algunos de los países asistentes han decidido revertir esta  situación.

“En Belice se tomaron acciones contundentes luego de la aparición de casos de jaguares cazados. Se ofreció recompensa para detener a los infractores, se elevaron las penas y fortalecieron su legislación”, dijo Duchez. En Guatemala, donde se está elaborando una estrategia nacional para combatir esta actividad ilegal, se evalúa hoy la necesidad de asociar el tráfico a otros delitos como el contrabando, el uso de armas de fuego y la defraudación aduanera para aplicar así penas más severas.

El Perú fue uno de los primeros países en elaborar esta estrategia y ahora está en camino a vincular este delito al crimen organizado. “Tenemos un trabajo muy estrecho con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y estamos cerca de dar el paso a esa tipificación”, aseguró el director del Serfor, Alberto Gonzáles-Zuñiga, a Mongabay Latam.

La coordinadora de las FEMA en el Perú, Flor de María Vega, agregó que se ha creado también un grupo especializado de fiscales que tiene como tarea investigar casos emblemáticos en coordinación con Aduanas y la unidad de  investigación financiera. “Tenemos casos fuertes, como la incautación de 5800 kilos de aletas de tiburón entre noviembre de 2018 y setiembre de 2019 que se dirigía a China”, dijo.

Para Vega, además del reconocimiento de este delito como crimen organizado, es necesario coordinar acciones con los países fronterizos y de tránsito ilegal de los recursos naturales. “Con la reactivación de la Red de Observancia y Aplicación de la Normativa sobre Vida Silvestre de Sudamérica (SudWEN) va a existir una mejor comunicación entre autoridades. Cuando rescatamos las 29 tortugas Galápagos, el traslado demoró más de nueve meses, un trámite que debería ser más rápido”, añadió Vega.

Adrian Reuter, coordinador de tráfico de especies de WCS para Latinoamérica, comentó que esta actividad ilegal tiene que ser vista como un crimen transnacional y que, por lo tanto, debe ser  atacada desde esa perspectiva. “Es momento para que los países revisen sus normativas y hagan las reformas que sean necesarias, tanto en coordinación como en procesos que pueden usar para la investigación de estas redes criminales, como las escuchas telefónicas”, precisó.

En esta línea, Gustavo Romero,  funcionario peruano de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), mencionó que el Programa Global de Contenedores, creado por Naciones Unidas y la Organización Mundial de Aduanas, que se aplica para detectar cargamentos de droga, es utilizado ahora para detectar el tráfico ilegal de madera y que podría perfectamente usarse para combatir el comercio ilegal de vida silvestre.

Romero agregó, además, que desde hace un año utilizan un sistema de alerta anticipada de viajeros, el cual les permite verificar los antecedentes y posibles amenazas de tráfico. “Contamos con una infraestructura contundente para obtener mejores resultados”, señaló el funcionario.

Los resultados de este trabajo se vieron hace una semana, cuando autoridades peruanas lograron incautar más de cinco toneladas de caballitos de mar que eran trasladados en una embarcación artesanal para ser traspasados a un barco industrial en altamar. El cargamento fue valorizada en US$6 millones. “La impresión que nos queda es que al sentir el control en el puerto están cambiando sus métodos y eso es porque es lucrativo. Puede tener un retorno económico similar al tráfico de drogas”, agregó.

Otra modalidad que aún no es controlada efectivamente es el tráfico de vida silvestre en Internet. “Al mes recibimos de 20 a 30 denuncias de posibles delitos de tráfico de animales que se cuelgan en línea”, confirmó Jessica Gálvez-Durand, funcionaria peruana del Serfor.

La versión completa de este reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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