(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli). La madrugada del miércoles 9 de mayo, policías de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y fiscales contra el crimen organizado allanaron 14 viviendas en la Amazonía peruana. Era uno de esos megaoperativos que se da en simultáneo en varios inmuebles y esta vez, en dos regiones, Loreto y Ucayali, con el fin de capturar a los integrantes de una red criminal dedicada al tráfico de madera.

El golpe estaba claramente dirigido contra las piezas clave de “Los Cumaleros del Oriente”, una banda que utilizaba documentación falsa para saquear madera de la selva de Perú.

El corazón de esta modalidad, que se ha extendido por todo el país, está en los planes de manejo forestales, documentos oficiales que son falsificados y maquillados para burlar a la autoridad forestal peruana a cargo de supervisar la extracción legal de la madera.

¿Quiénes son los funcionarios autorizados por el Estado para elaborar estos documentos clave en esta cadena de aprovechamiento? Los regentes forestales.

Mongabay Latam revisó las bases de datos de todas las inspecciones realizadas por funcionarios del Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), entre el 2010 y junio del 2019, y confirmó que por lo menos 1237 planes de manejo forestal han sido falsificados y firmados por 130 consultores y regentes forestales —figura legal previa a la aparición de los regentes— en 13 regiones del país.

Es decir, que cada uno de esos documentos avaló la extracción ilegal de madera de los bosques peruanos.

A pesar de esta evidencia, solo cinco de estos funcionarios han sido inhabilitados para ejercer esta actividad, siete han sido multados y continúan ejerciendo sus labores, y el resto —la mayoría de casos— no tienen procesos administrativos en curso.

Este saqueo ilegal de la madera no solo ha afectado a la Amazonía peruana y a los bosques secos situados al norte del país, sino también a numerosas comunidades indígenas que, valiéndose de la ley forestal, establecieron contratos con terceros para permitirles que aprovechen la madera de sus territorios, sin saber que los planes de manejo que avalaban ese trato habían sido adulterados por un regente. En algunos de estos casos, el problema saltó a la luz cuando los inspectores de Osinfor —a cargo de corroborar la información en los planes— confirmaron que estos habían sido falsificados. Las multas que han caído sobre las comunidades son gigantes, algunas de ellas bordean incluso el millón de soles.

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Los sancionados

Si hay un punto irrebatible es que las inspecciones de Osinfor muestran que la ilegalidad comienza en el primer eslabón de la cadena de extracción de madera y que esta modalidad se ha extendido a 13 regiones del Perú.

Tres regiones de la Amazonía peruana son las más afectadas. Loreto ocupa el primer lugar con 579 planes de manejo forestales falsificados, Ucayali se ubica en el segundo puesto con 254 y Madre de Dios en el tercero con 238.

En este recuento total, Junín se ubica en el cuarto lugar con 40 planes de manejo falsificados y Tumbes en el quinto puesto con 29. En esta última región, todos los documentos fueron elaborados entre los años 2015 y 2016, época en que se tejió la mayor red lavado de madera en el norte del Perú.

En total, en los últimos nueve años, entre el 2010 y junio de 2019, los inspectores de Osinfor encontraron información falsa en 1237 planes de manejo forestal, documentos que a su vez permitieron la extracción ilegal de más de 127 000 árboles.

¿Cómo pudo ocurrir esto? Según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigente, aprobada en 2016, los regentes forestales son los funcionarios acreditados por el Estado para elaborar los planes generales de manejo forestal y los planes operativos anuales (POA) —documentos que dan cuenta de cómo y cuánta madera se extraerá de los bosques peruanos. Sin estos papeles está prohibido aprovechar y comercializar especies maderables.

Una de las tareas más importantes de los regentes es la de ser los ojos del Estado en cada uno de los bosques que quieren ser aprovechados. Ellos tienen el deber de corroborar en el campo que la  cantidad de árboles que planean extraer los usuarios es la correcta, así como las especies descritas. Con su visto bueno, toda esa información es incluida dentro de los planes de manejo.

Rolando Navarro, ex jefe de Osinfor: "Ya no se trata solo de delitos ambientales, sino que hablamos de crimen organizado".

Pero lo que han encontrado los inspectores de Osinfor es que la información corroborada y elaborada por los regentes no coincide con la realidad, es más, lo que han descubierto es que en cientos de planes de manejo se han declarado árboles inexistentes. A estos les llaman los árboles fantasma.

“Son dos las modalidades para utilizar estos árboles inexistentes”, explica Rolando Navarro, investigador asociado del Centro de Derecho Internacional Ambiental (CIEL por sus siglas en inglés), organización internacional que protege el medio ambiente y promueve los derechos humanos.

Una de ellas, explica Navarro, consiste en incluir árboles que no existen realmente en los lugares señalados en los planes de manejo. La otra es incluir árboles que sí existen pero que nunca han sido extraídos del bosque. “En ambos casos, los árboles salieron de otro bosque. Puede ser de cualquier zona, posiblemente no autorizada”, explica.

Así es como los ‘árboles fantasma’ incluidos en los planes de manejo falsificados, son utilizados como una coartada legal para extraer madera de lugares prohibidos o no autorizados.

Algunos de los casos que figuran en la base de datos de Osinfor son escandalosos. En Tumbes, por ejemplo, en solo dos años se transportaron 14 370 árboles de procedencia ilegal. La mayoría de ellos eran algarrobos y fueron extraídos ilegalmente de bosques secos.

En este caso, lo que más llamó la atención de los fiscales que investigaban a estas mafias es que solo una persona, Cristhian Manuel Villegas Agusto, inventó 12 257 árboles, una cifra que ninguno de los otros regentes o consultores ha podido superar en los últimos nueve años.

Mongabay Latam intentó por varios medios contactar a Cristhian Villegas para este reportaje, pero hasta el cierre de este reportaje no pudo conversar con él.

En el ranking elaborado por Mongabay Latam —sobre la base de datos de Osinfor— figuran también regentes y consultores de Loreto, Madre de Dios y Ucayali, todos ellos involucrados en el lavado de madera.

El procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, a cargo de defender los intereses del Estado en materia ambiental, conoce a varios de los regentes que lideran este ranking, pues muchos de ellos han sido denunciados ante la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (FEMA) de sus respectivas regiones.

“Esos casos los tenemos identificados hace cinco años, aproximadamente, pero demoran en resolverse porque las regiones no proveen información. Por eso los procesos son lentos. Generalmente, hay una conexión entre los funcionarios regionales y los regentes”, dice Guzmán.

De acuerdo a la información proporcionada por la procuraduría ambiental, Amos Benjamín Armas Arche y Luis Alberto Morey Flores —el primero responsable de falsificar documentos sobre todo en Ucayali y el segundo en Loreto— cuentan con sentencias judiciales. Mientras que doce personas que aparecen en la lista general tienen más de un proceso judicial vigente, aunque todavía sin sentencia.

Los delitos que han dado pie a las denuncias, en su mayoría, son por tráfico ilegal de madera y falsificación de información. Las penas —indica el procurador Guzmán— van de 3 a 7 años de pena privativa de libertad.

Julia Urrunaga, directora en Perú de EIA: "Esa es la partida de nacimiento del lavado de madera, la misma que permitirá luego comercializar este recurso obtenido de forma ilegal".

En los últimos nueve años, 130 regentes forestales y consultores han falsificado 1237 planes de manejo forestales. De ellos 5 han sido sancionados con la suspensión definitiva de su permiso por adulterar los planes de manejo y 40 son exconsultores que, a pesar de tener antecedentes por adulteración de estos documentos, lograron convertirse en regentes y continúan en ejercicio.

Roberto Carlos Balseca Vásquez, Luis Alberto Morey Flores, Hugo Paima Ríos, Roldán Pinedo Ríos y Carlos Alfredo Reynafarje Vásquez son los únicos que no pueden ejercer más esta actividad.

Según Serfor, otros siete regentes han sido sancionados con multas que van desde 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) hasta 5 UIT —entre 4200 y 21 000 soles (1270 y 6300 dólares aproximadamente)— por sus actividades cuando eran consultores forestales. Sin embargo, sus licencias no han sido suspendidas, pues el Estado les permite seguir ejerciendo sus funciones.

“Ya no se trata solo de delitos ambientales, sino que hablamos de crimen organizado”, dice Rolando Navarro, quien ha sido jefe de Osinfor en Perú y ahora investiga casos de deforestación y tráfico de madera en la Amazonía para el CIEL.

Para Navarro las alertas de Osinfor deben ser utilizadas por la autoridad nacional forestal para detener el traslado de la madera.

La intervención a “Los Cumaleros del Oriente” confirma que estas mafias siguen operando, y que funcionarios públicos y regentes continúan asociándose para formar una dupla que permite la extracción y comercialización de madera ilegal, sobre la base de métodos que permiten legalizar sus fraudes.

¿Cuántos árboles han sido tumbados ilegalmente bajo esta modalidad en los últimos nueve años?

Del análisis de la base de datos elaborada por Mongabay Latam se puede comprobar que en Loreto fueron talados de manera ilegal 64 158 árboles en estos nueve años. En Ucayali 23 541; en Madre de Dios 16 650 y en Tumbes 14 350. Así hasta llegar a los 127 081 árboles arrancados ilegalmente de 13 regiones del país.

La versión completa de este reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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