(Mongabay Latam / Barbara Fraser). Olguín Macedo Kayap, 37, había salido a pescar cuando vio una mancha negra que se aproximaba por un caño que se une con una quebrada cercana a su comunidad. De inmediato regresó para alertar a sus compañeros y volvieron con baldes para evitar que el crudo llegue hasta las viviendas.

Era la mañana del 18 de junio y en Nuevo Progreso, un pueblo indígena awajún situado en la Amazonía norte de Perú, a pocos kilómetros del pequeño poblado portuario de Saramiriza, en la región de Loreto, el petróleo se filtraba por una tubería que cruza las tierras de la comunidad, contaminando el arroyo que usan sus habitantes para beber, cocinar y lavarse.

Petroperú, la compañía estatal que opera el oleoducto, dijo en ese momento y como en otras oportunidades que el derrame estaba ligado nuevamente a un acto de vandalismo. A la comunidad esta versión no la convenció y no permitió que comenzaran las labores de limpieza hasta que los representantes de la fiscalía realizaran una inspección en presencia de sus líderes.

La diligencia fiscal estuvo originalmente programada para el 9 de julio, sin embargo, Petroperú decidió posponerla por la protesta de varias federaciones indígenas de la zona autodenominadas Comunidades Indígenas Afectadas por la Actividad Petrolera.

Tres días antes, el 6 de julio, cientos de manifestantes se habían apoderado de la estación de bombeo Nº 5 de Petroperú, cerca de Saramiriza, y según la empresa estatal no se podía garantizar la seguridad de los inspectores. Nuevo Progreso optó por no participar en la protesta ni en la toma de la estación, porque los líderes de la comunidad ya estaban en una mesa de diálogo con representantes del gobierno nacional. 

Han pasado dos meses desde que el derrame fue reportado y el olor a petróleo aún se deja sentir en la quebrada, allí donde una barrera color naranja trataba de contener semanas atrás el avance de una mancha negra. Las familias entonces trataban de reunir el agua de la lluvia para atender sus necesidades, pues salvo por una entrega inmediatamente después del incidente, Petroperú no les había hecho llegar agua embotellada, aduciendo que no es su política cuando se reporta un daño deliberado al oleoducto. A pesar de la declaración de emergencia sanitaria en el distrito, ninguna entidad del estado llevó agua a Nuevo Progreso.

El derrame en Nuevo Progreso del 18 de junio fue uno de los tres registrados en los últimos meses cerca de Saramiriza, en el tramo amazónico del Oleoducto Norperuano.

“Siempre traíamos agua de la quebrada para cocinar y para lavar”, cuenta Yolanda Ukunchan Chayuk, una mujer de 58 años que vive en la comunidad desde antes de la construcción del oleoducto. Hoy confiesa, sin embargo, que no pueden recolectar las plantas comestibles y medicinales que crecen al borde del riachuelo, y que tiene miedo de comer pescado de la zona.

“Siento como si estuviera en una cárcel”, dice. “A pesar de que somos vecinos del oleoducto, no hemos sido atendidos.”

El derrame en Nuevo Progreso del 18 de junio fue uno de los tres registrados en los últimos meses cerca de Saramiriza, y uno de los más recientes en una serie de al menos 20 reportados desde junio de 2014 en el tramo amazónico del oleoducto norperuano, el mismo que transporta petróleo desde el norte de la Amazonía peruana a través de las montañas de los Andes hasta la costa del Pacífico.

La tubería, que tiene más de cuarenta años, forma parte de un conflicto complejo que combina asuntos relacionados con el medio ambiente, la economía y los territorios indígenas. Cada vez que ocurre un derrame, independientemente de la causa, salen a relucir las disparidades extremas entre los millones de dólares en ingresos petroleros bombeados de la región nororiental de Loreto, en las últimas cuatro décadas, y la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas en cuyos territorios fue levantada esta industria.

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Las demandas

Mientras los habitantes de Nuevo Progreso esperaban la llegada del helicóptero que transportaba a los funcionarios del Estado y representantes de la compañía, Sabino Escalante Suyu, el apu o presidente de la comunidad, enumeraba en una pizarra cada uno de los puntos que debían ser atendidos durante las negociaciones.

La palabra agua encabezaba la lista. Su fuente de suministro ha quedado inutilizable y esto los obliga a caminar al menos 20 minutos, por los senderos del bosque, para llegar al arroyo más próximo y volver a casa con pesados recipientes de agua, una tarea que generalmente recae en las mujeres y niños.

La segunda demanda: comida. Los pobladores que suelen atrapar los peces del arroyo saben que ahora necesitan un reemplazo, pues temen que la base de su dieta esté contaminada.

Los siguientes temas que apuntaba en la pizarra eran atención médica y educación, necesidades básicas que deberían ser atendidas por el Estado sin que exista un derrame de por medio.

Escalante esperaba también que los residentes de Nuevo Progreso fueran contratados para limpiar el petróleo vertido.

En los últimos dos años y medio, los líderes indígenas han estado negociando una serie de demandas con el gobierno para financiar un plan de desarrollo «pospetróleo» en Loreto.

Estas exigencias forman parte de un descontento mayor que viene de años atrás, que alcanza a otras localidades y que persiste. Los derrames de petróleo les ofrecen a las comunidades la oportunidad de estar frente a frente con representantes del gobierno y presentar sus demandas directamente.

La protesta que condujo a la toma de la Estación de Bombeo Nº 5 de Petroperú, entre el 6 y el 20 de julio, arrastraba por lo tanto demandas de 2016, las mismas que plantearon las organizaciones indígenas cuando bloquearon el río Marañón.

Los pedidos de entonces incluían una inspección externa de la tubería deteriorada, el reemplazo de la infraestructura, la remediación tras 40 años de contaminación por petróleo en el Amazonas, una compensación por los daños causados, una ley de monitoreo ambiental y la conformación de una «comisión de la verdad» para investigar los impactos de décadas de operaciones petroleras mal reguladas en comunidades locales.

En los últimos dos años y medio, los líderes indígenas han estado negociando una serie de demandas con el gobierno, entre ellas el desembolso de USD 3 millones para financiar un plan de desarrollo «pospetróleo» en Loreto, y una nueva ley de petróleo y gas que podría distribuir los ingresos de manera más equitativa entre las comunidades locales.

Por eso cuando la reunión programada para el 27 y 28 de junio con altos funcionarios del gobierno no se concretó,  las organizaciones no tardaron en convocar una protesta el 5 de julio que se levantó el 20, cuando el gobierno aceptó emitir un decreto que ordenaba evaluar las necesidades de las comunidades para «cerrar la brecha» en los servicios en Loreto.Los líderes de las Comunidades Indígenas Afectadas por la Actividad Petrolera firmaron un nuevo acuerdo con el gobierno el 6 de agosto.

La versión completa de este reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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