(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- Un fallo sin precedentes. Así ha sido calificada la sentencia que el jueves 25 de julio emitió el juez Hesbert Benavente Chorres, en la región Loreto, contra tres funcionarios de la empresa Cacao del Perú Norte SAC –ahora Tamshi SAC– por los delitos de tráfico ilegal de productos forestales maderables y obstrucción del procedimiento en forma agravada.

En una audiencia de adelanto de fallo –la sentencia completa será leída el 8 de agosto– el magistrado del Segundo Juzgado Unipersonal Penal de Maynas condenó a Rubén Antonio Espinoza, gerente general de la empresa, a ocho años de prisión efectiva. En la misma audiencia también fueron sentenciados Ernesto Vega Delgado, jefe de operaciones, y Giovanny Cubas Ramírez, personal de campo de la misma compañía, ambos con cuatro años de prisión suspendida.

Los sentenciados están ligados al empresario checo-estadounidense Dennis Melka, quien desde el año 2010 estableció en Perú una red de compañías para el cultivo a gran escala de palma aceitera y cacao. Cacao del Perú Norte SAC era una de estas empresas fundadas por Melka, acusado de deforestar más de 13 000 hectáreas de bosques en las regiones de Loreto y Ucayali, en la Amazonía peruana, en transacciones cuestionadas por presentar diversas irregularidades.

El fallo también contempla el pago de una reparación civil a favor del Estado de 15′ 720 461 de soles, que deberán pagar los sancionados y la empresa de forma solidaria durante el primer año de la sentencia. El monto calculado es una compensación por la transformación de 1950 hectáreas de bosque en la localidad de Tasmshiyacu, distrito de Fernando Lores, en la región amazónica de Loreto.

La cifra se calculó luego de que se concluyera que existió un perjuicio al Estado que superaba los 156 millones de soles por el daño ambiental causado por la pérdida de los servicios ecosistémicos que brinda el bosque.

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Un proceso de seis años

Para el fiscal Alberto Yusen Caraza, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas, en Loreto, se trata de un fallo histórico en la lucha contra la tala ilegal. “Para nosotros es un caso emblemático por la magnitud de la deforestación y por el monto de 15 millones de soles de la reparación civil”.

El juicio se inició en el año 2013 y se extendió durante seis años. Caraza asumió el caso en el último año y logró demostrar que en Tamshiyacu se produjo la transformación de casi 2000 hectáreas de bosque. “Hemos presentado imágenes de cómo era la zona un mes antes de que entrara la empresa”.

Durante el juicio, sin embargo, los acusados aseguraron que los 30 000 pies tablares de madera jamás fueron sacados del bosque de Tamshiyacu. Ante ello, la fiscalía no solo probó que la madera fue extraída del lugar, sino que esta fue además transformada y comercializada de manera ilícita. Lo que significa que cometieron el delito de tráfico ilegal.

En cuanto al delito de obstrucción del procedimiento, Caraza explica que se debió a que las empresa no permitió que se realice una de las diligencias dentro del territorio deforestado.

Las imágenes y los testimonios presentados por la fiscalía permitieron demostrar, durante el juicio, no solo la deforestación del bosque en Tamshiyacu, sino también que la empresa realizó todas sus actividades sin contar con permiso del Ministerio de Agricultura, la autoridad responsable del manejo forestal en el Perú.

El fiscal también recordó que un segundo caso contra la misma empresa, al que se denomina Cacao II, está en su etapa final. Se trata de una denuncia que considera lo sucedido desde el 2014 y contempla la deforestación que se produjo en la zona desde esa fecha. “En este juicio están todos los gerentes que han pasado por la empresa desde el 2014 y también se incluye a Dennis Melka”.

“Este es un fallo histórico”, dice el Procurador Especializado en Materia Ambiental, Julio Guzmán Mendoza. “Se trata del primer fallo en un caso de monocultivos y para un territorio de grandes extensiones”, asegura.

Para Guzmán este “ha sido un trabajo en equipo”, un trabajo que involucró a la FEMA de Maynas, así como al equipo de la Procuraduría Ambiental y a las organizaciones civiles que colaboraron en diferentes etapas de la investigación.

El procurador también dijo que ya se emitieron las órdenes de captura para los tres sentenciados, quienes no asistieron al juicio. Aclaró que los acusados han apelado la sentencia.

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La historia de Tamshiyacu

“Esta sentencia marca un antes y un después de lo que podemos ver y esperar de nuestro sistema de justicia”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés).

Urrunaga recuerda que a finales de 2012 e inicios de 2013 recibieron denuncias de pobladores de Tamshiyacu sobre un proceso de deforestación que se había iniciado en esa zona.

En ese momento, EIA realizó un análisis del lugar mediante imágenes satelitales y una visita de campo a la zona junto con el internacional Center for International Environmental Law (CIEL), para evaluar el nivel de deforestación que se estaba dando en el lugar.

“Logramos ingresar y recorrer la zona y documentamos cómo se estaba produciendo la tala en ese territorio. Después, cuando la Fiscalía visitó el lugar, la empresa ya había bloqueado el acceso e impidió el ingreso del fiscal a cargo”, recuerda.

Un informe publicado en el 2015 por esta organización internacional documentó la deforestación ilegal para la siembra de monocultivos. En el estudio Deforestación por Definición se explica el modus operandi del Grupo Melka en Perú y sus antecedentes en Malasia, donde la empresa era responsable de grandes extensiones de bosques deforestados.

La experta de EIA comenta que cuando se produjo la deforestación de Tamshiyacu por el grupo Melka prácticamente se abrió las puertas para que otros empresarios hagan lo mismo. “El mensaje era vengan y no pasa nada, quizá un barullo, una multa y después, nada”.

En diciembre de 2014, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura ordenó a la empresa paralizar sus actividades.

Ese mismo año se creó United Cacao, una empresa establecida en el paraíso fiscal de Gran Caimán –Cacao del Perú Norte SAC era subsidiaria de este grupo empresarial– y registrada en la Bolsa de Valores de Londres (BVL). Dos años después, más de 60 organizaciones indígenas y civiles del Perú y el mundo presentaron una carta que revelaba las irregularidades de la empresa.

Ese documento sirvió para probar ante la BVL que United Cacao no estaba cumpliendo con las normas de esta institución, pues ocultaba que una de los procesos legales que una de sus subsidiarias tenía en Perú por la deforestación de Tamshiyacu. En enero de 2017, United Cacao fue retirada de la Bolsa de Valores de Londres.

En mayo de 2019 la empresa sufrió un nuevo revés cuando el Ministerio de Agricultura y Riego le denegó la solicitud de evaluación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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