(Mongabay Latam / Antonio José Paz Cardona).- Colombia sabe que su Amazonía está en peligro por una deforestación que no para, un problema que ataca sobre todo al arco noroccidental de la región. En 2017, la deforestación de la Amazonía colombiana se duplicó respecto al 2016, al pasar de 70 074 hectáreas perdidas a 144 147. Y el 65,5 % de la pérdida de bosque del país se concentró en esta región, según las últimas cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

A pesar de esto, la tala selectiva e ilegal es un tema del que todavía se sabe muy poco en el país y del que se desconocen sus verdaderos efectos. Precisamente, una investigación de la organización Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), titulada ‘Condenando el Bosque’, revela cómo los comerciantes de madera aprovechan el vacío de gobernanza colombiana para lavar y traficar madera no autorizada, incluyendo especies prohibidas, en detrimento de los ecosistemas y las comunidades que dependen de los bosques.

“La tala ilegal genera procesos de degradación del bosque que suelen llevar a la deforestación. Además tiene un impacto cada vez más fuerte en la emisión de carbono a la atmósfera”, dice Andrea Johnson, asesora senior de EIA.

El informe presenta los resultados tras un largo trabajo de campo, el análisis de miles de salvoconductos y la realización de más de 100 entrevistas con funcionarios de autoridades ambientales, fuerza pública, madereros, líderes locales, comunidades indígenas y campesinas. Una de las principales conclusiones es que casi la mitad de la madera comercializada en Colombia es de origen ilegal.

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Lo que esconde la frontera

En la Amazonía colombiana, entre 2012 y 2017, los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas reportaron la extracción de 359 223 m3 de madera en pie —suficiente para llenar 21 canchas de futbol de la FIFA hasta la altura de la portería con árboles amazónicos—. Por su parte, el IDEAM calcula que la tala ilegal representa el 10 % de la deforestación del país.

La situación se vuelve más compleja en la frontera de Colombia con Perú y Brasil. Son casi 3300 km de límite fluvial y terrestre donde el único punto aduanero oficial es Leticia, capital del departamento de Amazonas. Los puntos de control del Ejército o de Corpoamazonia —la autoridad ambiental regional con jurisdicción en tres departamentos de la Amazonía colombiana— son pocos y su ubicación está espaciada en los puertos principales de los ríos Putumayo y Amazonas. El estudio indica que “cada punto tiene entre 10 y 20 funcionarios para patrullar más de 170 km de ríos fronterizos y bosques que los rodean”.

Las jugadas de los comerciantes ilegales fueron detectadas principalmente en la frontera Colombia-Perú. Según el informe, los traficantes evaden los controles moviéndose al lado colombiano cuando aparecen las autoridades peruanas y al lado peruano cuando aparecen las autoridades colombianas.

Varias fuentes informaron a EIA que, por ejemplo, la cuenca del río Yaguas es el principal origen del cedro (Cedrela odorata) lavado en Colombia, una especie cuya extracción está prohibida temporalmente en Colombia desde 2015 hasta el 2025.

Los remolcadores que navegan regularmente, a lo largo del río Putumayo, recogen madera de campesinos y comunidades indígenas en ambos lados de la frontera a cambio de bienes y productos, cuyo valor no se compara al de la madera después de negociada. “Sacan los permisos pero no aprovechan en su área, sino que con el salvoconducto y la autorización de aprovechamiento, el remolcador va subiendo y recogiendo madera tanto de Perú como de Colombia”, dice el exdirector para Amazonas de Corpoamazonia, Jhon Jairo Arbeláez, quien explica de esta manera una modalidad para «blanquear» —volver legal— la madera extraída de espacios no autorizados.

Arbeláez asegura que Puerto Nariño y el corredor Tarapacá-Puerto Arica-El Encanto-Puerto Alegría están identificados como lugares donde se mueve madera ilegal, pero la autoridad ambiental solo ejerce control en uno de ellos: Tarapacá. “Nos apoyamos capacitando a Policía y Ejército para que sepan determinar la especie, ubicar la madera y revisar el salvoconducto”, dice sobre las acciones que la institución ha tomado.

Sin embargo, eso no parece ser suficiente, a pesar de que este fenómeno viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Expertos peruanos así lo confirmaron a Mongabay Latam. Rolando Navarro, expresidente del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR) y actual miembro del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), recuerda que en mayo de 2013 realizaron varios talleres con comunidades a lo largo del río Putumayo donde les aseguraron que la mayor cantidad de madera extraída en esta zona es transportada y comercializada en la ciudad colombiana de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo. “El precio de madera es igual con documentos oficiales o sin documentos. Además, en esta zona el Estado peruano no tiene mucha presencia, existe escasa participación de la autoridad forestal en control forestal y vigilancia”, afirma.

César Ipenza, abogado peruano especializado en materia ambiental, también menciona que el control forestal en la región Loreto —la más grande de Perú y que limita con Colombia— está bajo control del gobierno regional y no nacional “y es difícil muchas veces que la autoridad pueda ejercer su control”.

Según dice, mucha de esta madera está saliendo de tierras de comunidades indígenas o zonas no autorizadas que podrían incluso ser áreas protegidas “donde sí hay presencia del Estado peruano pero los criminales evitan, bajo distintas estrategias, el control de las autoridades y la madera termina saliendo”. Por ejemplo, Ipenza menciona la madera que se moviliza por el río Yaguas hasta zonas cercanas a la frontera, donde le hacen alguna transformación básica y luego la presentan como madera extraída en Colombia.

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El factor Leticia

A toda esta ruta ilegal se suma otro factor que complica el escenario. El puerto fluvial de Leticia tiene un “régimen especial aduanero” que permite la importación de mercancía con un valor inferior a 1000 dólares requiriendo, según indica el informe de EIA, únicamente una factura y un certificado fitosanitario del Instituto Agropecuario Colombiano (ICA), en el caso de la madera. “En la práctica, los comerciantes incurren en lo que se conoce como hormigueo, es decir, fraccionan los cargamentos para que su valor no exceda 1000 dólares, utilizando amigos y familiares para ingresar madera peruana sin tener que cumplir con requisitos adicionales”, explica el reporte.

Además de cumplir con el régimen aduanero, las importaciones de madera, sin importar su valor, deben ser aprobadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lo cual implica demostrar el origen legal de la madera. En respuesta a un derecho de petición —mecanismo bajo el cual los colombianos solicitan información de carácter e interés público— la entidad confirmó que no ha emitido ninguna autorización de importación de madera para el puerto de Leticia.

Sin embargo, en respuesta a otro derecho de petición, “la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), refiere que 9663 m3 de madera aserrada en tablas (provenientes del Perú y Brasil) fueron importadas a Leticia bajo el régimen especial aduanero entre 2015 y el primer trimestre de 2019”, indica el informe y también hace énfasis en que el monto formalmente registrado por la DIAN debe representar un subestimado considerable de los volúmenes de madera que verdaderamente salen de Perú hacia Colombia sin documentación.

“Desde hace muchos años se ha advertido la urgente presencia de un puesto de control de la autoridad CITES en la zona del trapecio amazónico, con la finalidad de garantizar el correcto control de madera de especies CITES —que cuentan con restricciones debido a la explotación excesiva para el comercio internacional— que podría estar proviniendo de la zona del Yavari (Perú) y otros sectores de probable existencia de especies que requieren ser reguladas en el marco de los acuerdos internacionales”, añade Rolando Navarro.

Pero el  asunto no para ahí. El tema del contrabando de madera entre Perú y Colombia se agrava pues la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la autoridad aduanera nacional en Perú, en una respuesta a un derecho de petición hecho por EIA, evidenció que no hay registro de exportación de ningún cargamento de madera con destino a Colombia en el periodo entre 2015-2019, a lo largo de la frontera entre Loreto y Amazonas.

Adicionalmente, EIA encontró que “por lo menos dos proyectos de infraestructura públicos en el departamento del Amazonas en Colombia están en riesgo de comprar y utilizar esta madera de contrabando: según algunas fuentes, tanto el nuevo aeropuerto internacional de Leticia como un complejo de vivienda para 257 familias en Puerto Nariño están comprando insumos en los depósitos que ingresan madera desde Perú”.

El exministro de Ambiente colombiano Manuel Rodríguez se muestra pesimista frente a este fenómeno. Afirma que se trata de un negocio importante desde el punto de vista económico y aunque no es equivalente a la coca y al oro ilegal piensa que estas mafias de la madera tienen conexiones con estos otros sectores. “Yo no le veo solución en el corto y mediano plazo, normalmente esas mafias están bien conectadas con la alta política e impiden que el Estado actúe”, enfatiza.

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El juego de los salvoconductos y los intermediarios

Los traficantes de madera en Colombia obtienen salvoconductos a través de indígenas y campesinos que son los que acuden ante las autoridades ambientales. En el informe ‘Condenando el Bosque’, EIA asegura que existen intermediarios que firman acuerdos con propietarios para extraer madera sin tener claridad sobre el volumen que será extraído ni cuál es su valor.

“Algunas veces la madera se intercambia por generadores eléctricos o artículos escolares. Otros intermediarios en los principales centros de comercio de la Amazonía —Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Mocoa, Valle del Guamuez, Curillo y Tarapacá— le pagan a los propietarios una suma global para que firmen permisos de extracción maderera de Corpoamazonia y después actúan como apoderados de los propietarios en todas las actividades posteriores, desde las operaciones de extracción maderera hasta la obtención de salvoconductos”, se lee en el informe.

Estos acuerdos a menudo resultan en la explotación financiera y en la sobreexplotación de unas pocas especies comercialmente valiosas, tal como menciona Rolando Navarro sobre algunas especies CITES.

Campesinos como Bernardo Caguasango, Fabio Gaviria y Laura Stella Toro solicitaron permisos de aprovechamiento forestal que, sin saberlo, fueron utilizados por los traficantes para exceder los límites permitidos y recoger madera ilegal de otros lugares. Hoy enfrentan conflictos internos, multas o sanciones legales, como consecuencia de fraudes o violaciones a la ley por parte de los llamados “intermediarios”. “Yo le dije a ella (la intermediaria) que estábamos metidos en un problema y me dijo que ella no, que el problema solo lo tenía yo”, cuenta Caguasango. Por su parte, Gaviria asegura que Corpoamazonia llevaba un control de la cantidad de madera se podía mover con los permisos “y estas mujeres (las intermediarias) se pasaron del tope. Ellas luego no me volvieron a contestar”.

EIA analizó 16 470 salvoconductos emitidos en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas entre enero de 2012 y julio de 2017, encontrando hallazgos relevantes y preocupantes. El primero de ellos es que existen 535 titulares de permisos de aprovechamiento de madera que solicitaron salvoconductos de movilización para 359 223 m3 de madera en bruto, pero legalmente solo hubo un volumen comercial de 154.656 m3. No se sabe qué pasó con el resto.

También llamó la atención que apenas 39 personas (naturales o jurídicas) comercializaron el 50 % del volumen extraído y que entre 2012 y 2017. Tan solo 10 personas controlaron 50 % de la madera comercializada por medio de apoderados.

Así mismo, el informe indica que el 31 % de los salvoconductos indican destinos en ciudades fuera de la Amazonía: Bogotá (18 %), Cali (7 %) y Villavicencio (6 %), a donde llega más del 50 % del volumen total de madera. “La base de datos de Corpoamazonia muestra la comercialización de 186 especies diferentes pero la mitad del volumen comercializado está constituido por apenas nueve especies: las tres principales son Achapo (Cedrelina catenaeformis), Sangretoro (Virola sebifera) y Perillo (Couma macrocarpa)”.

El informe de EIA también resalta un dato que no puede pasar desapercibido: autoridades colombianas regionales y algunos funcionarios de la fuerza pública reconocieron que la corrupción institucional interna es un problema. “Las especies prohibidas se pueden traficar fácilmente al declararlas como otras especies en el salvoconducto. Las coimas a la policía se perciben como el costo de hacer negocios”, resalta el documento.

“Una de las estrategias es limpiar madera peruana con salvoconductos colombianos donde, incluso, permisionarios de Corpoamazonía se han prestado para eso”, reconoce Jhon Jairo Arbeláez, exdirector para Amazonas de Corpoamazonia.

El tráfico de madera es un mundo subterráneo poco explorado donde las sanciones típicamente recaen sobre los actores pequeños y no sobre los que financian el comercio ilegal de madera. La sanción más común aplicada por Corpoamazonia se debe al transporte de madera sin salvoconducto, seguida por sanciones correspondientes a la movilización de madera por rutas no permitidas y la movilización de especies distintas a las autorizadas en el salvoconducto.

El exministro Manuel Rodríguez llama la atención sobre el dato de 10 apoderados que controlan el 50 % del negocio y su conclusión no es muy alentadora. “¿Por qué a esos 10 mafiosos no los meten a la cárcel? Porque es un sistema corrupto a fondo, que permea a todos los países de América Latina en diferentes niveles. En una región tan compleja como la Amazonía, las mafias se pueden mover con mayor facilidad”.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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