(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli). Las invasiones en el Bosque de Macuya han cobrado su primera víctima. Julio Crisanto López era la única persona que aún permanecía vigilando el Centro de Investigación y Capacitación Forestal Bosque Macuya (CICFOR-BM), una zona forestal entregada a la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), que ha sido invadida desde el año 2017.

El 13 de junio, mientras retornaba en su moto lineal, luego de cumplir con su trabajo como vigilante del bosque, recibió dos disparos —uno en la pierna y otro en el abdomen— que lo dejaron gravemente herido.

Pese a las heridas, recorrió los últimos dos kilómetros que lo separaban de la carretera Fernando Belaúnde Terry —llamada también marginal de la selva— hasta que logró comunicarse por teléfono con su hija. Fue auxiliado por la Policía y trasladado hasta el hospital de Yarinacocha, donde días después falleció.

“Estuvo en cuidados intensivos y murió el 22 de junio”, cuenta ahora su esposa Linda Salazar Rojas a Mongabay Latam. “Había sido amenazado más de una vez y pidió garantías para su vida pero no le dieron seguridad, no le brindaron ni un chaleco antibalas”, reclama Salazar, quien ahora pide que se encuentre a los responsables del asesinato de su esposo.

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Un bosque invadido

El asesinato de Crisanto López demuestra, nuevamente, la violencia que se ha instalado en el Bosque Macuya desde el 2017. En diciembre de ese año, los invasores destruyeron y quemaron las instalaciones del CICFOR-BM. Desde entonces, estudiantes y científicos que solían hacer sus investigaciones en este lugar dejaron de ir.

Otro episodio violento ocurrió en febrero de este año cuando un grupo de estudiantes y profesionales de ingeniería forestal ingresaron al Bosque Macuya para hacer un inventario de flora y fauna. En esa oportunidad, los invasores golpearon y mantuvieron retenidos a los universitarios. Luego de tres horas fueron liberados.

Linda Salazar agrega que, en febrero de este año, su esposo solicitó garantías para su vida y denunció a varios de los invasores a quienes había identificado como los responsables de las amenazas. Pero su pedido no recibió atención.

“Otros trabajadores han renunciado por las amenazas, pero él continuaba, hacía informes sobre la deforestación. Era el representante de la universidad”, sostiene su esposa y reclama por la falta de apoyo de la Universidad Nacional de Ucayali mientras su esposo estuvo internado en el hospital. “Mi esposo ya murió. Ahora tengo que seguir con la denuncia para que encuentren a los asesinos”, lamenta Salazar.

“Estamos apoyando a los deudos. Lastimosamente no era trabajador de la universidad, sino que había sido contratado por una empresa que brinda servicios de seguridad a este centro de estudios”, se justifica Carlos Fachín, rector de la UNU.

Fachín agrega que otros trabajadores que cumplían labor de vigilancia en el Bosque Macuya no quisieron continuar por miedo a las amenazas. “Él era de la zona y lamentablemente fue asesinado. No pensábamos que los invasores actuarían de esa manera. Estamos presentando una denuncia en la Fiscalía para que se investigue como crimen organizado”.

La fiscal Alejandrina Cuayla Huacho, coordinadora de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Campo Verde, dijo a Mongabay Latam que no es el único caso en esta jurisdicción por el Bosque Macuya, sino que se trata del tercero por hechos violentos que se investigan en la región.

Además del asesinato de Crisanto López, la fiscalía sigue dos procesos por usurpación de bienes debido a los incidentes del 2017. “Hay una persona presa por los incidentes anteriores y un juicio que se inició la semana pasada. Los delitos son de usurpación agravada en territorio del Estado. La pena es de mínimo cinco años de cárcel”, explica la fiscal Cuayla.

Otras dos investigaciones avanzan en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, por los delitos de tala ilegal y deforestación.

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Deforestación en Macuya

Conservación Amazónica (ACCA), mediante el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), ha realizado un análisis de la deforestación ocurrida en el Bosque Macuya desde el 2017, cuando ingresaron los invasores.

De acuerdo con el análisis realizado por ACCA con base en imágenes satelitales, la pérdida de bosques hasta mayo de 2019 alcanza 567.98 hectáreas, casi la cuarta parte de la extensión de este territorio cedido a la universidad por el Estado peruano desde el año 1987.

El Centro de Investigación y Capacitación Forestal Bosque Macuya tiene una extensión de 2640 hectáreas. Un bosque cerca de la ciudad de Pucallpa que aún estaba conservado y hasta donde llegaban estudiantes y científicos de diversas universidades del Perú y de otros países para hacer sus investigaciones.

Tras el ingreso de los invasores, en el año 2017 se deforestaron 155.90 hectáreas. En el 2018 la cifra llegó a 179.24. “Solo durante los primeros cinco meses del año 2019 se han deforestado 232.84 hectáreas de bosque, lo que representa una cifra récord en comparación a todo lo deforestado durante los años anteriores”, dice el informe de MAAP al que tuvo acceso Mongabay Latam.

Un mapa comparativo entre julio del 2017 y mayo del 2019 muestra cómo se está perdiendo el bosque, cuya deforestación sería causada “por la apertura de supuestos predios agrícolas”, explica el documento de MAAP.

“Son traficantes de tierras y su interés es apropiarse de este bosque. Están arrasando con especies valiosísimas que han sido registradas en las investigaciones. Son árboles de 200 a 300 años de existencia”, dice Edgar Díaz Zúñiga, docente de la UNU e integrante de la comisión que se ha formado para buscar una solución a este problema.

El fiscal José Guzmán, de la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali también ha manifestado, en más de una oportunidad, que en el Bosque Macuya se han instalado traficantes de terrenos.

La versión completa de este reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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