(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli). El derrame de petróleo ocurrido en la comunidad de Nuevo Progreso, en la región amazónica de Loreto, continúa sin resolverse. A casi dos semanas del hecho, las acciones para detener el avance del crudo no se han concretado debido, principalmente, a un conflicto surgido entre la población afectada y Petroperú, la empresa estatal responsable del ducto que transporta el combustible.
Por el contrario, el gobierno peruano se ha visto en la necesidad de declarar en emergencia sanitaria las comunidades nativas del distrito de Manseriche, en la provincia de Datem del Marañón, afectadas por el derrame, debido al “elevado riesgo de consumo de agua contaminada”, señala el Decreto Supremo publicado el domingo 30 de junio.
“El derrame del crudo está avanzando y ya ha llegado al río Marañón. El domingo estaba a la altura de la comunidad Ugarte y ahora ya debe estar por San Lorenzo”, dijo Marcial Mudarra, vicepresidente de Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI). El líder indígena explica que San Lorenzo, capital de Datem del Marañón, se encuentra aproximadamente a tres horas de donde ocurrió la ruptura del ducto.
Ríos en emergencia
Según el decreto supremo publicado por el gobierno peruano, el derrame del crudo representa un peligro para por lo menos 1000 familias que viven en las comunidades nativas ubicadas en los márgenes de las quebradas de los ríos Numpagkaim y Saramiriza, en Datem del Marañón.
El documento especifica que la presencia del combustible en los ríos mencionados, así como su desplazamiento hasta el río Marañón, “constituye un elevado riesgo epidemiológico para la salud y la vida de la población indígena que se abastece de agua para el consumo humano, así como de los peces, alimento principal de estas familias”.
El representante de CORPI menciona que las comunidades más afectadas son Alianza y Nuevo Progreso, por tanto, solicitan se les brinde agua y alimentos pues el crudo ha alcanzado el río Saramiriza —afluente del río Marañón— del que se abastecen directamente. “Los jefes de las comunidades solicitan a PetroPerú que cierre las válvulas para que deje de fluir el petróleo. Las grapas de reparación que han colocado no han detenido la fuga”.
Mudarra también indicó que ya se han presentado casos de intoxicación por lo que solicitan a las autoridades regionales y nacionales que acudan a la zona para atender a la población. “Estamos pidiendo que el Presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, llegue a San Lorenzo para establecer el diálogo y solucionar el problema”.
Tony Mori Vargas, responsable de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto manifestó su preocupación por las consecuencias en el medio ambiente de la presencia de petróleo en el río Marañón.
Mori menciona que el Marañón es uno de los principales tributarios del Amazonas, por tanto, la presencia de petróleo en sus aguas podría afectar el complejo de humedales del Abanico del Pastaza y la Reserva Nacional Pacaya Samiria, dos grandes zonas de humedales que se abastecen con agua del Marañón. “Si no hay una buena contención de este derrame a tiempo, el daño puede ser muy grande, porque la zona más baja de Loreto es donde se concentra la mayor cantidad de agua corresponde a estos sitios Ramsar”.
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Conflicto ante derrame de petróleo
El 19 de junio, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó sobre el derrame de petróleo ocurrido un día antes en el kilómetro 237 del ramal norte del Oleoducto Norperuano (ONP), en la comunidad nativa Nuevo Progreso.
OEFA informó también que sus supervisores ingresaron a la zona para verificar la posible causa de la emergencia ambiental y el impacto generado, así como el plan de contingencia de Petroperú y las acciones de contención y limpieza de la zona afectada.
Por su parte, la empresa estatal Petroperú, encargada de la explotación y traslado del crudo proveniente de la Amazonía peruana, informó que el ducto “había sido objeto de un acto delincuencial que ocasionó el derrame de petróleo”.
Según un comunicado de la empresa, el hecho fue detectado el 18 de junio por personal que patrullaba la zona y “activó inmediatamente su plan de contingencia, procediendo a cerrar la válvula y desplazando personal, herramientas y equipos a la zona”.
Sin embargo —señala el mismo comunicado— las autoridades y pobladores de la comunidad nativa Nuevo Progreso no permitieron el ingreso del personal que llegó para realizar los trabajos de contención.
Una semana después de ocurrido el incidente, la empresa estatal informó que “retiró a sus trabajadores de la zona afectada para salvaguardar su seguridad e integridad, luego que autoridades y pobladores de la comunidad de Jerusalén y Nuevo Progreso, retuvieran ilegalmente y agredieran físicamente a una comisión de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, la empresa y la Policía Nacional”.
Petroperú señaló que la población removió las barreras de contención que se colocaron en la quebrada Saramiriza, situación que generó que el crudo continúe expandiéndose y pueda impactar al río Marañón. Según la empresa, la población condiciona la remediación del derrame al cumplimiento de ciertas exigencias como la contratación de una empresa local y el pago de jornales elevados.
El líder indígena Marcial Mudarra señaló que las comunidades no se oponen a la remediación del derrame de petróleo. El problema —agregó— se debe a que no se les informó cuando ocurrió el vertido y se vieron sorprendidos por la presencia del personal de la empresa.
“Aún no sabemos cuánto petróleo se ha derramado y no se inician los trabajos para limpiar la zona. La contaminación ha llegado a los ríos”, cuenta Romel Babilonia Acosta, gerente subregional de Datem del Marañón, quien visitó la comunidad Nuevo Progreso.
Babilonia también comentó que Petroperú ha colocado grapas en la tubería para detener la fuga del combustible, sin embargo, las lluvias están ocasionando que el petróleo se expanda con mayor rapidez hacia los ríos. “Los animales silvestres toman agua del río, las plantas en la riberas también están afectadas. Y falta agua para el consumo de la población”.
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Un diálogo pendiente
Ruth Buendía, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), adelantó a Mongabay Latam que las federaciones indígenas analizan iniciar este viernes 5 de julio un paro indefinido en protesta por los problemas que ocasiona la explotación de hidrocarburos en la Amazonía peruana.
Buendía señaló que el jueves 27 de junio se tenía programada una reunión entre 54 federaciones indígenas y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para evaluar los avances en el cumplimiento del monitoreo y compromisos para las comunidades nativas de las provincias de Loreto, Datem del Marañón y Requena, afectadas por la actividad petrolera. El encuentro no se concretó.
La lideresa indígena detalló que la comisión del gobierno que llegó hasta San Lorenzo —ciudad donde se debía realizar el encuentro— no acudió al local que los indígenas habían reservado para la cita. “Los hermanos indígenas están indignados y se sienten burlados. Creemos que los ministros que llegaron a Loreto no tenían ninguna propuesta para responder a la población afectada por la actividad petrolera”. Buendía agregó que el último derrame de petróleo se suma a los incidentes ocasionados por la explotación de petróleo en la Amazonía peruana.
Mediante un comunicado la PCM manifestó la voluntad del Ejecutivo al diálogo con los representantes de las cinco cuencas afectadas por las actividades petroleras. No obstante, indicó que la reunión no se concretó porque las federaciones indígenas hicieron un cambio en la ubicación y las condiciones de la reunión.
El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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