(Mongabay Latam / Antonio José Paz Cardona).- En Colombia se libran hoy una serie de batallas legales y judiciales para decidir quién tiene la última palabra para permitir el desarrollo de industrias extractivas en el país. Hasta el año pasado, nueve  municipios llevaron a cabo Consultas Populares para prohibir la minería o la explotación de hidrocarburos en sus territorios. Sin embargo, en octubre de 2018 la Corte Constitucional sostuvo que «el suelo y el subsuelo pertenecen al Estado y que las decisiones locales sobre ese tema deben ser concertadas con el Gobierno Nacional» y prohibió el uso de este mecanismo de participación para ese fin. Los municipios encontraron, entonces, otro instrumento para impedirlas: los Acuerdos Municipales.

Sin embargo, lo que acaba de suceder en Salento, uno de los municipios más turísticos de Colombia, deja en evidencia que el conflicto continúa. Esta vez Salento no fue noticia por su riqueza natural, sino porque el Tribunal Administrativo de Quindío (TAQ) declaró inválido el Acuerdo Municipal que prohibía “el desarrollo de actividades de minería de metales y piedras preciosas de pequeña, mediana y gran escala […] con el fin de garantizar la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Salento”.

La decisión causó polémica en el país y provocó diversas marchas de protesta. Un gran número de ambientalistas colombianos mostraron preocupación pues estos acuerdos son una de las pocas herramientas que le queda a los municipios para prohibir actividades extractivas en sus territorios. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué implicaciones tiene la decisión de Salento sobre otros municipios colombianos que han utilizado los Acuerdos Municipales para prohibir la minería y la explotación de hidrocarburos en sus territorios?

Lee más | Colombia: Prohíben consultas populares para frenar proyectos extractivos

Entre el agua, el Parque Los Nevados y el Valle de Cocora

En el Valle de Cocora, ubicado en Salento, Quindío, en el corazón del eje cafetero del país, se conserva una de las poblaciones más grandes de palma de cera (Ceroxylon quindiuense) —árbol nacional, endémico  y en categoría Vulnerable según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)—.  Las fotografías de este imponente lugar son utilizadas frecuentemente por el Gobierno Nacional alrededor del mundo como uno de las paisajes más atractivos para fomentar el turismo hacia el país, incluso, Cocora está representado en uno de los billetes de la moneda nacional. Además, la palma de cera es hogar del loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) que solo habita en Colombia y Ecuador y se encuentra en la categoría En Peligro.

El año pasado Salento tenía todo listo para convocar una consulta popular en la que le preguntaría a sus habitantes si estaban de acuerdo con la minería en su territorio. El Concejo municipal, el alcalde Juan Miguel Galvis, y la Gobernación ya habían aceptado y la Corte Constitucional había avalado la pregunta. La demora se debía a que la Registraduría Nacional no tenía presupuesto para llevarla a cabo. La incertidumbre acabó de improviso cuando, en octubre pasado, la Corte emitió una sentencia que prohibía las consultas populares como mecanismo para impedir actividades extractivas.

La noticia cayó como un balde de agua fría en diferentes poblaciones de Colombia pero en Salento no se quedaron quietos. Como ya no podían hacer uso de la Consulta, sus nueve concejales empezaron a trabajar en la elaboración de un Acuerdo Municipal con el cual pudieran evitar la minería en su territorio, pues, como ellos afirman, “Salento es un municipio de tradición agrícola y turístico-paisajístico”. Ese acuerdo se firmó el 27 de febrero de este año.

“Nunca hemos tenido tradición minera”, le dice categóricamente Orfa Liliana Correa, concejal de Salento, a Mongabay Latam. Correa sostiene que desde 2016 empezaron a enterarse del otorgamiento de títulos mineros en su municipio. Cuando empezaron a indagar y a pedir más información, quedaron sorprendidos pues el 35 % del territorio estaba concesionado. Para Correa esto no tenía sentido pues el 87 % de  Salento pertenece al Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) de la cuenca alta del río Quindío, un mecanismo de protección que permite la conservación y al mismo tiempo el uso sostenible del territorio.

Según el Acuerdo 4 del Consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), autoridad ambiental en la región,  la cuenca alta del río Quindío “es un importante proveedor de servicios ecosistémicos, basados en su alta biodiversidad, oferta paisajística y la provisión y regulación del recurso hídrico para aproximadamente el 60 % del departamento del Quindío, ya que surte los acueductos de la capital Armenia, y de importantes municipios como La Tebaida, Circasia y el mismo municipio de Salento”.

A esto se suma que, según dice Correa, “tenemos área de páramo en el Parque Nacional Natural de los Nevados y ahí también tenemos solicitudes de minería. También hacemos parte del área del paisaje cultural cafetero, declarado por la UNESCO como patrimonio”.

La concejal, además, recuerda que desde 1985 una ley reconoce a la palma de cera del Quindío como árbol nacional y dice que se deben adquirir terrenos, que no sean baldíos de la nación, en la Cordillera Central, para constituir uno o varios parques nacionales o santuarios de flora a fin de proteger el símbolo patrio y mantenerlo en su hábitat natural.

Lee más | Costa Rica: proteger a la víbora matabuey para que Centroamérica no quede sin antídotos

Una batalla de argumentos jurídicos

La batalla jurídica en este caso apenas empieza. El secretario Jurídico y de Contratación encargado de la gobernación de Quindío, Víctor Vélez, explicó al diario La Crónica del Quindío que cuando el Acuerdo Municipal de Salento llegó a la Gobernación para la revisión de legalidad y constitucionalidad, se procedió a verificar si las disposiciones que adoptaba eran concordantes con la ley y la Constitución, y se decidió enviar dicho acuerdo al TAQ para que este alto tribunal decidiera. “Lo que hizo la gobernación, al enviar el acuerdo al Tribunal, fue actuar responsablemente, pegado a la ley y a la Constitución porque no es de su fuero decidir si un Acuerdo de un Concejo municipal se invalida o no”, dijo Vélez.

El abogado ambiental Rodrigo Negrete, sostiene que aunque en Colombia, por ley, todos los Acuerdos Municipales deben ser revisados por los gobernadores, el gobernador no revisó, sino que le pidió al Tribunal que lo declarase inválido. “Él no lo remitió para que lo revisaran, lo hizo para que lo declararan inválido y eso está expreso en la sentencia, él esbozó una serie de argumentos para que fuera así”, agrega Negrete. “Su obligación era revisarlo, no demandarlo”, sostiene.

Pero las críticas del abogado ambiental no solo se refieren a la decisión de la Gobernación sino a la sentencia del Tribunal. Considera que este último no consideró el alcance, la finalidad y el fundamento de los argumentos en defensa del patrimonio ecológico y cultural del Acuerdo Municipal.

Según Negrete y la concejal Correa, los concejos deben “dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”. Así lo dice la Constitución Política de Colombia.

Sin embargo, según la sentencia 095 de la Corte Constitucional, que prohibió las consultas populares como mecanismo para aceptar o rechazar las actividades extractivas, se aclaró que el suelo y el subsuelo pertenecen al Estado y que las decisiones locales sobre ese tema deben ser concertadas con el Gobierno Nacional. «Insisten en los mismos temas del Gobierno, que no se puede prohibir la minería, que el suelo y el subsuelo es del Estado y solo la Nación puede decidir. El Acuerdo no fue motivado bajo esos conceptos”, sostiene Negrete.

Sin embargo, para el abogado, lo más importante es que la sentencia de la Corte Constitucional se refiere solo a Consultas Populares, por lo cual no es válido traer sus argumentos para justificar una decisión sobre Acuerdos Municipales.

El asunto se vuelve mas complejo si se considera lo que sucedió a fines del año pasado en otro municipio, pero esta vez del departamento de Antioquía. Urrao también había suscrito un Acuerdo Municipal para prohibir la minería. En este caso, fue el Tribunal Administrativo de Antioquia (TAA) el que declaró inválido su Acuerdo. Para invalidar la decisión del TAA, el municipio de Urrao acudió al Consejo de Estado de Colombia, quien finalmente les dio la razón y mantuvo vigente el Acuerdo. La sentencia dice que si la Nación no protege el territorio, es deber de los municipios hacerlo.

Lee más | Ecuador: más de 2000 iguanas empiezan a repoblar una isla en Galápagos luego de 100 años

Y entonces… ¿qué va a pasar con los Acuerdos Municipales?

“El sistema jurídico colombiano está mostrando una falta de consistencia y unidad”. Esa es la conclusión de José Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, otro municipio antioqueño que decidió bloquear la minería en su territorio y cuyo Acuerdo Municipal se encuentra demandado y a la espera de una sentencia.

“El TAA invalidó el Acuerdo de Jericó y por otro lado, el Consejo de Estado ratificó la validez del Acuerdo de Urrao que prohíbe la minería metálica. El Tribunal Administrativo del Huila avaló el Acuerdo de San Agustín y ahora el de Quindío invalida el de Salento”. Para Jaramillo, hay muchas contradicciones. Según dice, en los municipios están buscando y pidiendo todos los recursos jurídicos posibles para proteger su patrimonio cultural y ecológico. “Nos cerraron las puertas de las Consultas Populares, ahora están desconociendo los Acuerdos Municipales y nos están imponiendo actividades altamente destructivas”.

Jaramillo asegura que Jericó es un pueblo de turismo sostenible certificado, donde la mayoría de los campesinos viven del café y se está desarrollando una agroindustria maderera y de frutas muy importante que está generando empleo, incluso para otros lugares del departamento de Antioquia. Además, Jericó está incluido en la lista de pueblos patrimonio de Colombia de Fontur, una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La decisión final sobre los Acuerdos Municipales no será sencilla de tomar. A la fecha se han firmado 48 pero no todos están vigentes. De estos, 22 (46 %) se han firmado en el departamento de Antioquia; pero en ese mismo departamento 15 ya han sido declarados inválidos.

A pesar de eso, la resistencia a la minería es vista como ganancia. “Tenemos la satisfacción de que en el suroeste antioqueño somos muchos los municipios que nos oponemos a esa actividad”, dice Jaramillo. Se han hecho Acuerdos en Jericó, Urrao, Betulia, Concordia, Salgar, Jardín, Ciudad Bolívar, Tarso, Pueblorrico, Valparaíso, Támesis, Titiribí, Fredonia y Caicedo.

El de Ciudad Bolívar se encuentra en revisión, solo el de Urrao se encuentra vigente y los demás fueron declarados inválidos.

El abogado Rodrigo Negrete cree que la situación se está poniendo más compleja para los territorios que no quieren la minería porque el caso de Salento es emblemático, “es un referente nacional porque ahí está el Valle de Cocora, posee una enorme riqueza hídrica, tiene el paisaje cultural cafetero y el Parque de los Nevados. Eso se vuelve un referente así la sentencia no obligue a otros tribunales a hacer lo mismo”.

Jovany Zapata, concejal de Jericó, está convencido que lo sucedido en Salento no es más que una presión del Gobierno Nacional para favorecer los intereses de grandes empresas mineras. “Otros tribunales han dicho que los concejos sí tenemos competencia para proteger el patrimonio ecológico y cultural cuando se vea en riesgo”, le dice a Mongabay Latam.

Por ahora, la única opción que le queda al municipio quindiano es la de instaurar una tutela ante el Consejo de Estado, tal y como hizo el municipio de Urrao. “El Concejo de Salento sigue unido, estamos trabajando en la tutela. La voy a instaurar yo, no la entidad en pleno porque nos tocaría irnos a todos a Bogotá”, comenta la concejal de Salento, Orfa Liliana Correa. Dice que también están analizando una modificación en el esquema de ordenamiento territorial.

Mientras tanto, en Jericó están a la espera del fallo del TAA para saber si su Acuerdo se declara válido o no. El concejal Jovani Zapata no duda en afirmar que en su municipio el rechazo a la minería no es solo de la comunidad sino de todas las instituciones. “No tenemos miedo y si es necesario acudiremos a todas las instancias superiores, incluso internacionales”.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres conocer más sobre la situación ambiental en Colombia, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

OTRAS HISTORIAS DE MONGABAY LATAM QUE TE PUEDEN INTERESAR:

La Balsa de los Sapos: el proyecto científico que protege más de 1500 anfibios en Ecuador. En Quito, Ecuador, el proyecto La Balsa trabaja con éxito para conservar algunas de las especies de anfibios más amenazadas del país. Conoce más de esta iniciativa donde viven más de 1500 individuos de 50 especies. Lee la historia aquí.

México: científicos crían en cautiverio totoabas para salvarlas del peligro de extinción. La sobrepesca y el comercio ilegal motivado por el mercado asiático llevó al borde de la extinción a la totoaba. Desde el 2012, un proyecto de investigación científica busca salvar a una especie emblemática del Golfo de México a través del comercio sustentable. Lee la historia aquí.

Muere el último rinoceronte macho de Malasia. Después de meses de mala salud, Tam falleció en Malasia. El último rinoceronte de Sumatra macho en el país no llegó a reproducirse. La especie más pequeña de rinoceronte enfrenta un futuro desolador. Lee la historia aquí.