(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- El Parque Nacional Pacaya Samiria, en Loreto, es considerado uno de los espacios protegidos en Perú con mejores niveles de conservación. Además, las poblaciones que habitan en este territorio que supera dos millones de hectáreas han desarrollado actividades productivas sostenibles como el manejo de la tortuga taricaya (Podocnemis unifilis), el aprovechamiento del aguaje o palma de moriche (Mauritia flexuosa) y el turismo.

Sin embargo, no todas las áreas naturales protegidas (ANP) del Perú presentan estas condiciones en su manejo. “La Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana, por ejemplo, ubicada en la misma región, no recibe gran cantidad de visitantes pese a estar muy cerca de la capital Iquitos”, menciona Pedro Gamboa, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) para mostrar las diferencias que existen entre las 76 ANP que hay en Perú.

Ante este panorama, nace la iniciativa Patrimonio Natural del Perú —que forma parte del Proyecto de Financiamiento para la Permanencia (PFP) de las áreas de conservación en diversos lugares del mundo— un nuevo mecanismo de gestión con fondos provenientes de organismos internacionales y del Estado para asegurar la mejora y sostenibilidad financiera de las ANP, una forma de hacer más efectivos los fondos que se recibe de la cooperación internacional y que hasta ahora se disponía para cada área de acuerdo a las necesidades del momento.

En Perú, la propuesta es destinar 140 millones de dólares para 38 ANP de la Amazonía que representan 17 millones de hectáreas del territorio, durante los próximos 10 años. Un modelo similar, denominado Programa Áreas Protegidas de la Amazonía, se implementó en Brasil desde el año 2002 y en Colombia se trabaja en la futura ejecución del proyecto Herencia Colombia. Tres apuestas en Latinoamérica para preservar los bosques mediante el manejo sostenible de sus zonas de conservación.

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El modelo peruano para la conservación 

Gamboa precisa que hasta ahora no se habían evaluado de manera integral las condiciones de todas las ANP en Perú, por tanto, se atendían de acuerdo a las necesidades que se iban presentando en cada lugar.

En cambio –explica el jefe del Sernanp– con este modelo novedoso se han establecido condiciones que se deben alcanzar en todas las áreas con los fondos provenientes de este acuerdo. “Hemos trabajado para establecer en qué condición se encuentra cada ANP y evaluar cuáles son sus carencias para llegar al nivel óptimo de funcionamiento”.

La propuesta pretende que todas las ANP dentro de este plan cuenten con un nivel estándar de funcionamiento. El ideal es que en todas se tengan los requisitos básicos como un jefe, un comité de gestión, un plan maestro y los límites demarcados. Pero además, que se cuente con un sistema de vigilancia efectivo y uno de monitoreo ambiental. A ello se debe sumar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del paisaje, así como el turismo.

Los fondos también se utilizarán para adquirir equipos de monitoreo de vida silvestre, desarrollar estrategias de conservación y mejorar la participación de las poblaciones locales e indígenas en el manejo de las zonas reservadas y la implementación de proyectos económicos.

En el Parque Pacaya Samiria, por ejemplo, se aprovecha el aguaje con técnicas modernas que aseguran la sostenibilidad del producto, explica Alejandro Barrios, coordinador de bionegocios de la organización Naturaleza y Cultura Internacional. Pero ahora se ha dado un paso más adelante, pues las comunidades indígenas se han unido a la empresa privada para elaborar productos naturales que se comercialicen en diferentes mercados.

También hay proyectos de bionegocios con la fibra de chambira (Astrocaryum chambira) —una palmera usada en la selva para diversos tejidos—, la exportación de crías de tortugas taricayas —actividad autorizada en lugares con plan de manejo sostenible— y el turismo. “Los beneficios serán económicos, sociales y ambientales”, asegura Barrios, para quien la implementación de actividades económicas como estas permitirá reducir las amenazas en las zonas protegidas y sus áreas de amortiguamiento, principalmente la deforestación que cada año termina con 150 000 hectáreas de bosques aproximadamente.

Kurt Holle, representante de World Wildlife Fund (WWF) en Perú —una de las instituciones que participa de la propuesta— explica que la evaluación para determinar cuál era la situación de las áreas protegidas duró aproximadamente dos años.

Holle explica que la primera etapa del programa abarcará las 38 zonas reservadas de la Amazonía, pero el plan es avanzar hasta cubrir las 76 zonas reservadas de todo el país. “La gran virtud de esta iniciativa es organizar a los múltiples actores que quieren apoyar a las ANP en diferentes países y lograr una planificación a largo plazo”.

Meg Symington, directora del Programa del Amazonas en WWF-US, señala que, actualmente, el gobierno peruano aún depende del apoyo de donantes externos y requiere más recursos para garantizar los beneficios ecológicos, económicos y sociales de sus ANP. “La brecha anual promedio, entre cuánto se necesita para administrar adecuadamente la red de áreas protegidas y cuánto existe para hacerlo, es de 12 millones de dólares”.

Symington explica que en los próximos 10 años, la contribución de los donantes alcanzará los 70 millones de dólares. La diferencia, otros 70 millones de dólares, corresponderá al gobierno peruano cuyos fondos provendrán de una combinación de nuevos mecanismos de financiamiento como las entradas a los parques naturales, los ingresos por turismo, regalías y pagos por servicios ecosistémicos.

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Brasil y Colombia apuestan por la sostenibilidad

En Brasil, el Programa Áreas Protegidas de la Amazonía (ARPA) se ejecuta desde el año 2002 y su meta al 2020 es alcanzar 117 áreas protegidas —llamadas unidades de conservación (UC) en Brasil— en la Amazonía de ese país, que abarcan aproximadamente 60 millones de hectáreas, equivalentes al tamaño de España, según explica el portal oficial de la propuesta.

En su primera fase, que se extendió desde el 2003 hasta el 2010, se establecieron 18 millones de hectáreas en nuevas áreas protegidas y se mejoraron 10 millones de hectáreas en las UC que ya estaban creadas. En una segunda etapa, que duró hasta el 2014, se consolidaron 32 millones de hectáreas de UC en la Amazonía, mientras que la tercera etapa está aún vigente.

Adriana Ramos, asesora del Instituto Socioambiental de Brasil, señala que el mecanismo utilizado en ARPA para el uso de los recursos ha sido positivo porque las UC que forman parte del programa cuentan con mejor infraestructura y equipos más avanzados que aquellas que no fueron integradas al proyecto.

A Ramos, sin embargo, le preocupan los problemas o cambios que se puedan presentar por las políticas estatales. “El riesgo está en los intereses del gobierno. El Consejo de ARPA tiene una participación muy grande del Estado brasileño”. Por eso —añade Ramos— es importante que se establezcan garantías para que los compromisos se cumplan aún cuando se produzcan cambios de gobierno.

Hace una semana, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, propuso cambios en el manejo del Fondo Amazonía, uno de los componentes de ARPA. Entre estas modificaciones se plantea el uso de los recursos para compensar a los dueños de áreas protegidas por privarse de producir en ellas. La preocupación de Ramos se entiende bajo estos cambios en las reglas del gobierno de turno.

Proyectos de Financiamiento para la Permanencia también se desarrollarán en Colombia bajo el nombre de Herencia Colombia (HECO). Su objetivo es contribuir a la conservación de 20 millones de hectáreas de zonas de conservación, varias de ellas correspondientes a municipios priorizados para el proceso de posconflicto, indica el Ministerio de Ambiente en Colombia.

Entre sus planes figura crear nuevos espacios protegidos y construir un modelo de gobernanza territorial representado en nueve mosaicos de conservación, que faciliten la protección y el uso sostenible de la biodiversidad.

Además de los fondos de la cooperación, el Estado destinará recursos provenientes del impuesto al carbono, el pago por servicios ambientales y otros mecanismos de compensación que garanticen la sostenibilidad del programa.

La iniciativa de Colombia se diferencia de los otros dos proyectos porque incluye tierras fuera de las áreas protegidas, como reservas privadas, tierras administradas por comunidades afrocolombianas y tierras propiedad de comunidades indígenas.

Carolina Urrutia, directora de Parque Cómo Vamos, en Colombia, considera que es esencial lograr diversificar las fuentes de financiamiento para las áreas protegidas y los paisajes complementarios. “Los gobiernos solos no pueden cargar de manera efectiva con todos el financiamiento, pero ¿cómo asegurar que se hace de manera adecuada, con una priorización que no pierda el foco estratégico? Eso intentará hacer Herencia Colombia. No importa cuánto tiempo tome lograr hacerlo bien, vale la pena aprender en la práctica”, asegura.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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