(Mongabay Latam / Vanessa Romo).- Esta es la historia de cómo una comunidad indígena yagua, asentada en el Trapecio Amazónico peruano, ahí donde pocas autoridades posan la mirada, fue dividida en dos para construir un camino vecinal. Pero también es la historia de cómo desde que esta vía empezó a aparecer en el 2001, desató una pelea por el territorio con la llegada de invasores que abrieron de inmediato chacras en ambas orillas, algunas de ellas con plantaciones ilegales de hoja de coca que abastecen hoy al narcotráfico, la actividad ilícita que más golpea y devasta la zona.

A doce horas de Iquitos, en Loreto, y muy cerca de la triple frontera con Brasil y Colombia, es posible observar este camino serpenteante que pasa por el medio de la comunidad nativa de Edén de la Frontera. Según imágenes satelitales comenzó a abrirse de sur a norte, desde el distrito de Santa Teresa —ubicado a orillas del río Yavarí, colindante con Brasil— con dirección a Caballococha, localidad asentada al borde del río Amazonas. El objetivo siempre fue crear un acceso más directo a Iquitos y reducir los dos días de viaje por río a seis horas por tierra.

Pero esta idea que se veía muy bien en papel, se convirtió a la larga en un escenario de devastación que ha arrasado con más 9000 hectáreas de bosque virgen. Es decir, 91 kilómetros perdidos desde que empezó a abrirse la vía en el 2001 hasta fines del 2018.

A esto hay que sumarle que en este mismo período de tiempo, en el 2002, apareció otro proyecto para construir una carretera asfaltada de 35 kilómetros. Si bien el trazo es diferente, el objetivo es el mismo: unir las poblaciones del río Yavarí con Caballococha.

En resumen: dos vías, una misma conexión, más bosque deforestado.

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Relato de una vía no anunciada

El camino vecinal empezó a abrirse en la zona sur en el 2001, a la altura de la comunidad de Santa Teresa, y ocho años más tarde la trocha ya partía por la mitad el territorio de Edén de la Frontera. Esto fue posible confirmarlo con la línea de tiempo construida a partir de las imágenes satelitales proporcionadas por la organización estadounidense Rainforest Foundation, la misma que promueve la capacitación de monitores ambientales para combatir la deforestación.

“Este camino les va a traer luz, les va a dar desarrollo”, cuenta el apu de la comunidad yagua de Edén de la Frontera, Jesús Proaño, que era lo que les respondían los trabajadores que —sin avisar ni pedir permiso— día tras día abrían el camino vecinal que uniría Caballococha con Santa Teresa.

Entre el 2000 al 2002 empezó a abrirse un camino que pueda unir la comunidad ribereña del río Yavarí con la de Caballococha. En los últimos años, la vía cruzó la comunidad indígena yagua de Edén de la Frontera. Crédito: Global Forest Watch.

Los pobladores de Edén de la Frontera no olvidan la maquinaria pesada entrando a su comunidad y a los trabajadores con machete en mano y motosierra despejando el camino el año pasado. Ese fue el momento en el que la trocha que solo se usaba como paso peatonal escaló a un camino carrozable.

Según información corroborada por Conservación Amazónica (ACCA), entre el 2001 y el 2018 se perdieron 9133 hectáreas de bosque primario en la zona, con un periodo más intenso de desbosque entre los años 2006 y 2018. Este reporte precisa, además, que solo entre el 2011 y el 2015 esta devastación del bosque bordeó las 3001 hectáreas, y que entre el 2016 y el 2018 alcanzó las 1455.

“Aquí empezamos a ver cómo empezaron a llegar las máquinas, pero nadie nos decía nada”, cuenta el líder indígena, quien asumió el cargo hace ocho meses, tras la destitución de la antigua autoridad acusada de corrupta por la comunidad. “Tal vez han negociado con él algo, pero nunca se dio cuenta a la comunidad”, agrega el nuevo apu.

Lo que es tangible es el desbosque que la vía ha promovido en el territorio de Edén de la Frontera. A través de un dron pudimos observar que a lo largo de la vía, de unos cinco metros de ancho, se han abierto chacras para cultivar yuca. Esto lo confirmamos en marzo, cuando Mongabay Latam visitó la comunidad y pudo ver las huellas de la reciente deforestación. El apu Jesús Proaño señala que algunas de estas chacras también son utilizadas para el cultivo ilegal de hoja de coca.

El narcotráfico está presente en la zona. La provincia loretana de Ramón Castilla, donde se encuentra este camino y donde se ubica la parte peruana del Trapecio Amazónico, es un área gravemente impactada por cultivos ilícitos de coca y por laboratorios rústicos de pasta básica de cocaína que operan en zonas apartadas de las comunidades, como informó Mongabay Latam. Según el último informe de monitoreo de cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en esta área denominada Bajo Amazonas se registraron 1823 hectáreas de estas plantaciones ilegales en el 2017.

El actual alcalde provincial de Ramón Castilla, Rodolfo Díaz, agregó un dato clave a esta historia: la vía vecinal solo cuenta con un estudio de perfil, es decir, el paso inicial para que un proyecto de este tipo pueda ejecutarse.

Aunque no se tiene la cifra actual de toda el área tomada por estos cultivos ilegales, el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció en abril que el Proyecto Especial Corah —a cargo de la erradicación de cultivos ilícitos en todo el territorio peruano— precisó que eliminaría este año y en esa zona más de 6000 hectáreas de hoja de coca ilegal. Esta extensión solo confirma el veloz crecimiento en los últimos dos años y la fuerte presencia del narcotráfico en la zona.

La otra preocupación de los habitantes de Edén de la Frontera es la madera que ha sido retirada, sin su consentimiento, para la construcción y el mantenimiento del camino vecinal en el 2018. “Han aserrado madera como el ana caspi, la castaña, el cedro macho, el tornillo, todo eso sin preguntar. Iban sacándola y la cargaban para llevarla a Santa Teresa o a Caballococha”, cuenta el apu Jesús Proaño.

El actual alcalde provincial de Ramón Castilla, Rodolfo Díaz, agregó un dato clave a esta historia: la vía vecinal solo cuenta con un estudio de perfil, es decir, el paso inicial para que un proyecto de este tipo pueda ejecutarse. “El camino fue construido desde hace varios años, pero no tiene expediente técnico ni Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”, señaló la autoridad.

Según el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, toda construcción o mejoramiento de caminos que pertenezca a la red vial vecinal, que tenga una longitud entre los 5 y 50 kilómetros, debe tener aprobado una DIA. El camino Caballococha-Santa Teresa no lo tiene y su longitud alcanza los 26,17 kilómetros.

Además, mapas actualizados a marzo del 2019, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, muestran que el camino vecinal tampoco se encuentra registrado en la red vial de Loreto. Sin embargo, otra entidad del Estado, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) financió a través de dos partidas presupuestales el mantenimiento de esta trocha: en total S/ 865 952 (US$ 262 409) invertidos. El convenio para que DEVIDA financie este pago fue hecho con Julio Khan, exalcalde de la municipalidad provincial de Ramón Castilla. En Lima, Mongabay Latam consultó a DEVIDA para conocer por qué y bajo qué condiciones financiaron la apertura de esta vía, pero se abstuvieron de dar comentarios.

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La otra carretera defendida por un congresista

El camino vecinal Caballococha-Santa Teresa y las consecuencias que ha traído serían solo el preludio de un impacto mucho mayor que se avecina. Un proyecto de gran envergadura, una carretera asfaltada de 35,59 kilómetros, con un ancho de 16 a 25 metros, que busca conectar también a Caballococha con otra población del río Yavarí, esta vez la localidad de Buen Suceso. La justificación sigue siendo misma: unir al Yavarí con el río Amazonas y beneficiar a 13 242 personas.

Como en el caso de  la vía vecinal, el trazado de esta carretera cruza los territorios de dos comunidades indígenas, una yagua y la otra tikuna. La inversión para esta vía es de S/. 158 918 470 millones (US$ 48 millones).

El proyecto para la construcción de la carretera Caballococha-Palo Seco-Buen Suceso no es nuevo. Existen documentos que dan cuenta de la elaboración del estudio de preinversión en el 2002, hace 17 años, y de los avances para la aprobación de factibilidad de esta carretera hace siete años, en el 2012. Un largo recorrido que continúa y que se retomó en julio de 2018 con la regularización de estos estudios —que incluyen el componente ambiental— que han sido presentados por el Estado peruano, a través de Provías Descentralizado.

A las exigencias legales para este tipo de proyectos, se sumó en el camino el interés de de un congresista loretano, Juan Carlos Del Águila, de la bancada de Fuerza Popular.

Desde el Congreso, Del Águila ha intentado conseguir que esta obra, que atravesará el territorio de dos comunidades indígenas, sea declarada de interés nacional.

“Es de vital importancia. Pedimos que se dé prioridad a este proyecto porque si no se hace nada, esta zona podría convertirse en un foco grande de narcotráfico”, dijo el parlamentario en noviembre del año pasado, en un intento por alcanzar su objetivo.

Y finalmente lo consiguió a fines del año pasado, cuando en la Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo de Loreto fue declarada la construcción de esta vía de interés nacional. 

Para Del Águila, la ausencia de vías de comunicación promueve la ilegalidad. El parlamentario loretano señala que no se puede hablar de “deforestación” porque en la zona solo hay “cocales” y ya se ha eliminado la mayoría del bosque primario.

Los pobladores que viven en la zona, sin embargo, no piensan lo mismo y señalan que la deforestación aumentará con este acceso, al igual que en el caso del camino vecinal Caballococha-Santa Teresa, con las más de 9000 hectáreas de bosque primario que ya se han eliminado en los últimos 18 años. “Estas rutas son usadas para el narcotráfico”, señala el presidente de la Federación de Comunidades Tikunas y Yaguas del Bajo Amazonas (Fecotyba), Francisco Hernández.

Pero Del Águila piensa diferente. Insiste en la apertura de la vía y critica por ello los mecanismos de fiscalización de SENACE. “Nos dicen que tal vez el SENACE vaya a pedir un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a detalle. Eso es algo que solo lo plantean los ambientalistas extremos”, agrega.

SENACE se pronunció en abril de este año y ordenó la necesidad de que se realice un EIA detallado que considere además a los pueblos indígenas, ignorados desde que empezó a gestarse el proyecto.

Ante la pregunta sobre una probable consulta previa antes de empezar la construcción de la vía, el congresista señaló que tendrá que hacerse, aunque no debería ser algo que impida “el desarrollo de miles de peruanos”. “Estos procesos son informativos. Se tendrá que resarcir al que resulte afectado, pero por ello no vamos a detener una inversión que ayudará a varias poblaciones“, señaló en una entrevista con Mongabay Latam.

La versión completa de este reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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