(Mongabay Latam / Ramiro Escobar). Cerca de las ocho mañana, cuando nos disponemos a conversar sobre los avatares de ser pescador en Laguna Grande, punto neurálgico de la Reserva Nacional de Paracas (RNP), ubicada en el departamento de Ica, Gonzalo Quiroz, jefe de esta área natural protegida, lanza una alerta temprana. Ha recibido un mensaje de radio sobre una posible incursión de pescadores con dinamita.

—Parece que hay una camioneta sospechosa.

—¿Dónde?

—¡En Caclio, vamos inmediatamente para allá!

Entonces siete pescadores, que son guardaparques voluntarios,  se trepan a una camioneta y salen disparados en busca del presunto infractor.

La mañana es tibia, con suave resolana, y como el mar está bastante sereno dos grupos más nos embarcamos en una chalana y en un bote zodiac, que tiene un inevitable aire a la serie televisiva ‘Guardianes de la bahía’. Al mando de la primera va Gilbert Contreras, más conocido como ‘Traca’, un pescador que se las sabe todas en lo que a pesca y capturas se refiere. Las olas nos dejan pasar sin drama y Quiroz me comenta:

—Esto pasa con frecuencia. Continuamente se reporta la presencia de grupos que estarían a punto de pescar con explosivos.

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Malditas bombas

Los llaman “bomberos” o “coheteros” y son realmente un problema en esta reserva de 335 000 hectáreas de extensión, una superficie mayor al ducado (país) de Luxemburgo. Rondan por los acantilados, o por las playas, sobre todo en las tardes, o en las madrugadas, y su propósito es letal: echar al mar cuatro o cinco cargas de explosivos, a las que se les agrega, además de pólvora, 200 a 300 gramos de piedras.

Se trata de un cóctel mortal para el ecosistema marino, por la tenebrosa y simple razón de que lo hace estallar todo. Según Juan Carlos Riveros, director científico de la ONG Oceana, este tipo de pesca provoca “un genocidio biológico”. Barre con peces grandes, pequeños, pequeñísimos; destroza las larvas, las crías, los juveniles. Destruye también a moluscos, crustáceos; aniquila al zooplancton y al fitoplancton.

“Provoca —agrega el especialista— tres tipos de efectos: lo primero es casi pulverizar a los peces que estuvieron cerca de la explosión, de los que no queda prácticamente nada. Luego afecta a algunos, a los que les hace reventar la vejiga natatoria y, por eso, salen a flote; y finalmente alcanza a otros, que ni estallan ni flotan, pero después pueden hasta morir”. Una hecatombe, en suma. Un crimen que no tiene perdón.

No sabemos si esa camioneta station wagon de color blanco, a la que ya comenzamos a avistar desde la chalana veloz y vigilante que conduce ‘Traca’, es el vehículo de uno de esos crueles comandos clandestinos. La podemos ver desde estas olas mañaneras que zarandean un poco la embarcación. Está estacionada al borde de un acantilado. Abajo, en una playita de rocas, tres hombres enfundados en sus trajes de neopreno dan vueltas.

Parecen en actitud de lanzarse al mar, como si dieran inicio a su faena. José Iván Torres, apodado ‘Rocky’, quien va capitaneando el zodiac de manera algo solemne, habla por radio con otro grupo de pescadores que está al borde del acantilado y luego nos grita a quienes viajamos en la chalana: “¡Dicen que solo están pescando con redes!”.

Eso fue lo que argumentaron los pescadores. Viéndose rodeados por mar y tierra, uno de ellos se acerca a nuestro bote, montado sobre una enorme cámara de camión que le sirve de flotador y sentencia: “Compañero, solo estoy pescando con red, no estamos ‘coheteando’ ”. Quiroz le hace más preguntas, sobre quién es, por qué está allí, de dónde viene.

Al final, confía en su palabra, mientras los pescadores del zodiac le clavan la mirada como si fuera un arpón a punto de dispararse. No hay forma, por el momento, de profundizar la intervención, por un motivo que en medio de este mar algo espumoso resulta evidente: los guardaparques o el jefe de la reserva, no están facultados para abrir un auto o detener a una persona. Solo pueden neutralizar un acto ilegal en curso.

Pero aunque el escenario no es perfecto, por el momento, frenar estas actividades ilícitas y tener más ojos vigilando la reserva es una estrategia que está dando sus primeros resultados. Funciona también para lograr involucrar a la comunidad pesquera en la conservación de la biodiversidad marina de la que dependen.

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Disuadir, disuadir

Esta es la razón por la que la RNP ha puesto en marcha un Programa de Guardaparques Voluntarios, llamados también guardaparques comunales, que ha convocado la participación de varios pescadores de la zona. De ese modo se apoya la labor de los 17 guardaparques oficiales que luchan como pueden en las miles de hectáreas de la reserva. Donde también se cometen otras tropelías, como la pesca con chinchorro (red circular que levanta todo tipo de especies).

En medio del cónclave con funcionarios de la RNP y pescadores que tenemos, una vez que hemos regresado del operativo, Quiroz me va dando números puntuales, con la ayuda de Rocky y otros compañeros. A los efectivos oficiales que protegen la reserva se han sumado 57 pescadores guardaparques, 33 de los cuales son miembros de la Asociación de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos y Algas del sector Rancherío de Laguna Grande.

“Nos han visto y han ‘finteado’ [aparentado] que están haciendo otra cosa”, comenta  entretanto Idelfonso Vargas, un hombre de la selva que trabaja como guardaparque oficial en la Reserva Nacional de Paracas y que conoce bien estos lares. Tanto él como los pescadores de Rancherio que salieron raudos con nosotros detrás de los presuntos infractores, piensan que es posible que ese grupo de aparentes pescadores abnegados, tuvieran dinamita.

Aun si los detenían, cosa que solo puede hacer la policía, no era seguro que encontraran la prueba del delito. Como cuenta Eduardo Huamán, apodado ‘Curti’, veterano pescador que se ha convertido en guardaparque oficial de la reserva, los “bomberos” suelen esconder el paquete explosivo en los cerros. “En diciembre pasado —recuerda— vimos a cuatro en Canastones, una playa al sur de la reserva. Estaban bajando por un acantilado y uno llevaba una mochila”.

Dado que sospechó, se dispuso a seguirlos y llamó a tres guardaparques más, entre oficiales y comunales, que llegaron en una camioneta. Comenzó la persecusión y los presuntos infractores corrieron. Al fin, pudieron interceptar a uno de ellos, a quien le pidieron documentos. Era el que fue visto con la mochila, pero ya no la tenía. ‘Curti’, sin embargo, viejo zorro de mar y de los acantilados, sospechó. Se fue a buscar entre los cerros y encontró los explosivos escondidos en la tierra.

“Eran siete cartuchos, de color medio marrón —explica— de los que se usan en minería”. Por desgracia, eso ocurrió después de que dejaron ir al sospechoso, al que no pudieron detener porque no tienen autoridad para eso. Hay numerosos relatos similares, que retratan el coraje de los guardaparques voluntarios, y a la vez un problema que impide la tolerancia cero por estos acantilados y bahías: la falta de personal, la falta de coordinación, la falta de equipos.

La suma de guardaparques oficiales y voluntarios parece funcionar. A estos últimos se les proporciona un chaleco que tiene el logo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), y a unos cuantos, que tienen la coordinación, una radio con la cual pueden lanzar las alertas en medio de estos parajes, donde la empeñosa señal de los celulares no existe. “La principal estrategia es disuadir, no capturar”, afirma Quiroz, mientras nos anuncian que nos invitarán como almuerzo algunos ejemplares de cabinza (Isacia conceptionis) frita.

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Falta manos, ojos y botes

La disuasión, en efecto, funciona. Los pescadores que intervinieron  en el sector Caclio, probablemente desistirán de su malvado propósito. “Se sienten mirados”, dice Eduardo Huamán. Y  si acaso pasan por el puesto de control de la RNP les podrían revisar el auto. Si encuentran peces con rastros de haber sido pescados con dinamita, los pueden retener y su incursión furtiva podría terminar en los tribunales.

Hay, no obstante, una serie de cabos sueltos. Por ejemplo: se puede distinguir a un pez que ha sido víctima de explosivos observando si su cuerpo está flácido, si tiene los ojos medio sangrantes y si su espinazo está quebrado. La ONG Áreas Costeras y Recursos Marinos (ACOREMA) agrega que también se debe observar si hay destrucción de la masa visceral o si el hígado está reventado. Pero esa constatación deben hacerla los funcionarios del Ministerio de la Producción y Comercio Exterior (PRODUCE).

Mongabay Latam contactó a Jesús Morales Tapia, funcionario de la Dirección de Supervisión y Fiscalización del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, quien ha participado en más de un operativo. Tapia sostuvo que se hacen intervenciones conjuntas con la Dirección de Capitanía de Puerto (DICAPI), SERNANP y la Policía Ecológica, una vez que reciben una alerta. Pero que no pueden aún controlar y detectar en el puerto a las especies que han sido extraídas con dinamita, “porque no tienen aún gente capacitada para eso”. Alguien tiene que hacerlo de manera profesional, explica, cosa que no ha ocurrido. Y tampoco es fácil, agrega, monitorear todos los desembarcaderos.

Por su parte, Julio Muñante, de la Dirección Regional de Producción de Ica, sostiene que el gobierno regional y no solo el gobierno central, deberían tener varios fiscalizadores para estar presentes en los lugares donde suelen llegar los pescados víctimas de un explosivo, “pero no hay presupuesto para eso”. Para controlar muelles como el de San Andrés, donde se presume llegan las capturas hechas con esta modalidad ilegal. Podría haber también una oficina, de la región o de PRODUCE, en la misma reserva. Pero nada de eso aparece de momento en ese horizonte por donde todavía aparecen los ‘bomberos’.

La secuencia para una intervención, según información de la RNP, es así: se da la alerta, se verifica la información, se registra, se avisa a la jefatura de la reserva. Esta avisa a la Dirección de Capitanía de Puerto (DICAPI), que es la autoridad en el mar, a la Policía Ecológica y a PRODUCE. Una vez que se ha transitado toda la cadena, se emprende la intervención con todas las de la ley, no como ocurrió cuando intervenimos en Caclia, que fue más una acción de prevención.

Si las evidencias son clamorosas, pueden intervenir fiscales. El problema es que mover todos esos eslabones de la cadena requiere tiempo, disponibilidad y recursos. La RNP solo tiene un bote, la DICAPI de Pisco tiene al menos dos, pero debe patrullar varias partes de la costa, no solo las correspondientes a Paracas. Mientras más demore ponerse en marcha la maquinaria, más tiempo tienen los infractores para huir o escabullirse en medio del desierto o por el mar.

Sea cual fuere la vía de escape, el 37 % de las incursiones con dinamita se realizan entre las 5 y las 6 horas, en tanto que el 34 % entre las 18 y 19 horas.

A veces ocurre que se atisba un bote en el mar y se hace una persecución desde tierra. Eso le pasó a Gabriel Franco, guardaparque voluntario, hacia febrero de este año, cuando cerca de las 4 y 30 de la tarde pescaba en la playa Los Zorros. Escuchó la explosión, vio como saltaba el agua y las aves se acercaban para comerse los restos de los peces victimados. Inmediatamente le avisó a Eduardo Huamán, el ‘campana’ de los guardaparques, mientras aceleraba en su moto.

“No teníamos embarcación para perseguirlos —recuerda, con cierta angustia— y cuando avisamos a Capitanía ya habían avanzado y no los podíamos ver”. Entre las olas, la embarcación infractora se había perdido, y a la vez se había esfumado la oportunidad de capturarla. Difícilmente se puede pescar a los ‘bomberos’ con tales aparejos.

La versión completa de este reportaje de Ramiro Escobar fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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