(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- Un acuerdo entre el gobierno de Evo Morales y los agroindustriales de Santa Cruz ha dado inicio a una nueva polémica en Bolivia. Se trata de la autorización para el uso de soya genéticamente modificada destinada a la producción de biodiesel, una decisión anunciada, el lunes 18 de marzo, luego de que el vicepresidente, Álvaro García Linera, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y el presidente Morales se reunieran con los empresarios privados en Santa Cruz de la Sierra.

La negociación supone ampliar la frontera agrícola en 250 000 hectáreas adicionales al millón 300 mil hectáreas que ya existen para el sembrío de soya transgénica desde el año 2004, cuando el gobierno aprobó el uso de este cultivo modificado, pero cuya variedad es diferente a la que se consigna en el nuevo acuerdo.

Este incremento de territorio servirá para producir 100 millones de litros de combustible vegetal, como lo anunció el ministro de Hidrocarburos el día que se selló el compromiso.

Los cuestionamientos no tardaron en llegar desde los sectores que ven a la soja transgénica como un riesgo para la biodiversidad, además que cuestionan el aumento de la deforestación y la legalidad de la medida asumida por el gobierno boliviano.

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Bosques en riesgo por expansión agrícola 

Para el investigador Marco Gandarillas, responsable de incidencia política del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), la decisión adoptada por el presidente Morales es “un atentado contra el ambiente y la biodiversidad”. Según sostiene, la ampliación de la frontera agrícola para el cultivo de soya transgénica “es un estímulo directo para deforestar bosques y priorizar la expansión de agronegocios sobre territorios que deben estar dedicados a la conservación o que pertenecen a comunidades indígenas.”

Lo que sucede en la Reserva Forestal Guarayos es un ejemplo de ello —dice Gandarillas— pues los cultivos avanzan prácticamente hasta el borde de los bosques primarios que aún conserva esta área protegida. En este territorio ya se han generado tensiones entre el pueblo indígena Guarayo y empresarios, campesinos, colonos y otros ocupantes por sembrar y criar ganado en tierras que por norma tienen un uso estrictamente forestal. El cambio del territorio ha sido de tal magnitud que, en el año 2017, el gobierno boliviano acordó el redimensionamiento de la reserva que abarca más de un millón de hectáreas. La decisión provocó la reacción de las comunidades nativas que habitan en este espacio.

Pero también preocupa a Gandarillas que los niveles de deforestación podrían superar la cantidad de hectáreas anunciadas por el gobierno, porque esta medida sería un estímulo para que nuevas áreas de agronegocios avancen sobre tierra de vocación forestal. “Hay expertos que calculan en 400 000 hectáreas la deforestación por esta causa. En Bolivia tenemos ya una tasa de deforestación de 300 000 hectáreas anuales”, comenta.

Gary Rodríguez Álvarez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en Santa Cruz, asegura que Bolivia tiene “muchísima tierra con vocación agrícola” y estima que los cultivos de soya de ninguna manera van a significar que se invadan aquellas que no tienen ese destino. “El gobierno propone 250 000 hectáreas, pero existe la posibilidad de crecer en Santa Cruz, tranquilamente, hasta un millón de hectáreas adicionales que tienen vocación agroproductiva para la soya”. Rodríguez agregó que también se podría considerar los territorios con vocación agrícola en otras regiones del país.

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Un problema para la biodiversidad

El gerente de IBCE  en Santa Cruz sostiene que lo que hizo el gobierno ha sido atender un pedido de los pequeños y medianos productores en Santa Cruz —alrededor de 12 000 en esa región— que durante los últimos años han tenido problemas con plagas y sequías. Actualmente —continúa— la única soya autorizada es resistente a un tipo de herbicida, pero “los agricultores piden un cultivo tolerante a la sequía y que además sea resistente al ataque de insectos”.

Según el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, durante la última campaña agrícola la producción de soya llegó a 2.9 millones de toneladas en todo el país. En cuanto a la cantidad que se cultiva en Santa Cruz, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) indica que fueron  1.2 millones de toneladas de soya en el 2018, de ellas el 80 % se comercializó en el mercado externo por más de 1000 millones de dólares. 

Desde la otra orilla, Miguel Ángel Crespo director de la institución Productividad Biosfera Medio Ambiente (PROBIOMA) cuestiona la decisión del gobierno de autorizar la introducción de nuevas variedades de soya transgénica porque va en contra de lo que indica la Constitución Política de Bolivia, así como la Ley de la Madre Tierra y el Acuerdo de Cartagena, entre otras normas nacionales e internacionales. “Estas normas prohíben la introducción de transgénicos”, comenta.

En el artículo 255 de la Constitución Política del Estado de Bolivia se precisa la prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. También la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, impulsada por Evo Morales, prohíbe la introducción, producción, uso, liberación y comercialización de semillas modificadas que corresponden a cultivos originarios de Bolivia y de aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad y la salud.

Pero la oposición de Crespo no solo se sustenta en el ámbito legal. Su preocupación tiene que ver con las características de las dos nuevas variedades que se utilizarán en el país para la producción de biodiesel, porque, asegura, tendrán un impacto negativo debido a que se deberán aplicar agrotóxicos adicionales a los que ya se utilizan en el país. “Esta soya no solamente es resistente al glifosato, como las que ya se usan en Bolivia, sino que además es resistente al glufosinato de amonio”.

El glifosato y el glufosinato de amonio son herbicidas que se usan para el control de la maleza durante la precosecha de la soya u otros cultivos. El glifosato ha sido el centro de polémicas entre científicos debido a que hay estudios contradictorios sobre sus posibles efectos cancerígenos; mientras que el glufosinato de amonio también se utiliza en cultivos ilícitos por su capacidad para quemar la planta.

“Nos parece una barbaridad que Bolivia se preste a autorizar estos eventos sin llevar adelante estudios. Más bien debería promover la reducción gradual de los transgénicos existentes en Bolivia”, señaló Crespo, quien cuestiona también que aumentar la producción de biodiesel sea una medida amigable con el medio ambiente, pues asegura que para la producción de las 250 000 mil hectáreas se utilizarán por lo menos once millones de litros de agroquímicos y 20 millones de litros de diésel.

El gobierno de Bolivia asegura que el uso de la biotecnología en la producción de soya tiene como único fin la elaboración de biodiesel, que permitirá bajar costos, reducir importación y disminuir subvención al diésel.

En declaraciones a medios bolivianos, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo que con el acuerdo se avanza “a paso firme” hacia la soberanía energética en gasolina y diésel, “cuidando el medio ambiente, brindando mejor rendimiento a los vehículos y generando ahorro económico tanto al Estado como al bolsillo de los usuarios”.

Imagen principal: Rhett Butler

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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