(Mongabay Latam y El Deber/ Iván Paredes).- Andrés Gareca llora de impotencia. No puede creer que hace dos años pagara una multa de 1000 bolivianos ($144 dólares) al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) por utilizar madera para improvisar una especie de reja al ingreso de su modesta casa. Don Andrés aprieta con una mano el mango de su improvisado bastón de madera y con la otra señala el lugar donde se pretenden instalar los pozos de exploración petrolera. Es en el ingreso a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el departamento de Tarija, donde el Gobierno de Bolivia busca consolidar un proyecto hidrocarburífero a pesar de la resistencia presente en este vasto paraíso. El anciano sigue su lamento y se pregunta si la entidad que cuida las áreas naturales multará también a las empresas transnacionales que tienen en mente desmontar un imponente espacio lleno de fauna y vegetación.

El Gobierno está seguro de que el proyecto exploratorio se desarrollará y lamenta que existan posiciones en contra, a las que tilda de políticas. El ministerio de Hidrocarburos estima ingresos de 5000 millones de dólares de renta petrolera con este proyecto en Tariquía, además de los empleos directos que generará la exploración hidrocarburífera.

Pero frente a los ojos de comuneros como Andrés Gareca y muchos más que han sido multados por usar madera para mejorar sus casas, no se está midiendo con la misma vara a todos y, sobre todo, no se está considerando la magnitud del impacto ambiental del proyecto petrolero.

Un equipo de El Deber y Mongabay Latam viajó a la zona para recoger los testimonios de quienes demandan la consulta previa y llevan semanas exigiendo se detengan las obras en Tariquía.

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Multas y resistencia

En Tariquía los comunarios son sancionados si utilizan madera para destinarla a sus casas. La presidenta del comité de defensa de Tariquía, Elizabeth Estrada, denuncia que el Sernap multa hasta con 1000 bolivianos a las personas que sacan madera para fines de supervivencia. Ella niega que se haga negocio con los troncos. “A muchos compañeros los multaron por utilizar la madera, pero no multan a la petrolera que vino a talar un espacio grande y que quiere contaminar nuestra reserva. Eso no es justo”, reclama.

El director del Sernap, Abel Mamani, señala que las multas son aplicadas en todas las áreas protegidas y que esta acción es amparada en normativas nacionales. La autoridad evita hablar del caso de Tariquía y engloba a todas las reservas. “En todas las áreas protegidas está prohibida la tala de árboles y quien infringe la norma es multado”, señala. En Tariquía existe especies en peligro de extinción como el cedro y la quina.

José Medina tuvo el mismo problema hace un año. Sacó madera de un árbol y los guardaparques lo descubrieron. Lo multaron con 500 bolivianos ($ 72 dólares). El monto depende de la cantidad de troncos que se sacan, pero no pueden exceder los 1000. “Nosotros no talamos, solo usamos parte de maderas para subsistir, para nuestras casas y por eso nos multan”, relata.

Cecilia Chavarría vive en la comunidad de San José. Ella denuncia que en esa zona hay tala de árboles de gran magnitud y que el Sernap no hace nada. Cuenta que son personas ajenas a Tariquía que ingresaron con el fin de explotar los troncos. “Se hizo la denuncia al Sernap y no hicieron nada”, cuenta.

Ellos reclaman que la atención se concentre en el pulmón de Tarija, ese que está a punto de ser perpetrado. Tariquía es considerada como la fábrica de agua más grande de Bolivia y el área con más vegetación en el país. Ingresar a la reserva natural es un episodio único. Existen tres ingresos para llegar al área: por el municipio de Entre, por la localidad de Padcaya y por Bermejo. Tariquía tiene 26 comunidades y casi todas, menos dos, están en contra de la exploración y explotación de hidrocarburos.

Don Andrés recuerda cuando el expresidente Víctor Paz Estenssoro, un histórico tarijeño, llegó a Chiquiacá Norte para socializar la iniciativa de convertir a Tariquía en un área protegida. Esa propuesta se hizo realidad en 1989 con la aprobación del decreto supremo 22277. Andrés no sabe cómo describir la felicidad de las comunidades ese día.

Tampoco puede hacerlo hoy, cuando busca expresar la rabia que sienten por el inicio de la exploración de recursos hidrocarburíferos en dos áreas de la reserva. Ambas son cerca de Chiquiacá. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, explica los beneficios que tendrá, en caso de darse, la exploración y desmiente versiones de ambientalistas. La brasileña Petrobras estará cargo de este proyecto.

“El proyecto en el área de San Telmo Norte, con sus dos pozos, se asentará en algo más de 20 hectáreas, de las más de 247 000 que tiene la reserva de Tariquía y representa el 0,008 %. Además, cuenta con un plan con medidas de mitigación, remediación y restauración, cumpliendo los altos estándares que tiene la regulación del sector hidrocarburífero. Pero también, el proyecto tendrá un impacto positivo con la generación de empleo para la población de Chiquiacá Norte, el desarrollo de sus mismos productos y en caso de confirmarse la existencia del reservorio, esto sería aún mayor para la comunidad, municipio, el departamento y todo el país”, destaca Sánchez.

En Tariquía ya no quieren el diálogo. Su posición está cerrada y no permitirán el ingreso de la petrolera brasileña, aunque admiten que los funcionarios encuentran formas de entrar a la reserva. Los comunarios denuncian que personas con chalecos del ministerio de Educación, bajo la excusa de temas educativos, ingresan al área y ya en la escuela de Chiquiacá se colocan el overol petrolero.

El principal temor en Tariquía es la contaminación de los ríos. No quieren que sus hijos consuman esa agua que será contaminada con la explotación hidrocarburífera. Los tres afluentes en la zona —Orozas, Chiquiacá y Tarija— están amenazados. Estrada vive en Chiquiacá Norte. Está cansada porque llevaba (hasta el último miércoles) nueve días al frente de la protesta que quiere evitar el ingreso de Petrobras. Sentada al frente de una fogata y abrigada, por el frío húmedo de la zona, dice que la lucha no aflojara y lanza un duro mensaje: “Si tenemos que morir acá, lo haremos en defensa de nuestro territorio”.

Son cerca de veinte comunarios quienes cuidan el ingreso a Tariquía. A pesar de la lluvia están parados al ingreso de Chiquiacá. En medio de una espesa niebla, hay piedras y barriles como parte de la tranca. Dicen que no es un bloqueo, que solo es una vigilancia para evitar el ingreso de personas de la petrolera o del ministerio de Hidrocarburos. A un costado de la vía está el campamento, donde los movilizados duermen y comen. Más allá está una pequeña escuela y un tinglado, pero también una posta de salud. Las casas son pequeñas y humildes.

Los comunarios no quieren el diálogo y solo esperan que el proyecto hidrocarburífero sea cancelado. Eso no pasará, ya que el ministro Sánchez da por hecho la exploración. En la protesta, al ingreso a Chiquiacá, reaccionan por la declaración. Están preocupados y no saben cómo actuar. Son pocos y quieren el respaldo de otras regiones. Y por eso el departamento de Tarija se pronunció.

Varios niños juegan en Chiquiacá a pesar de la lluvia. Tienen juguetes improvisados, un palo es utilizado como espada por los pequeños. Ellos no saben lo que puede venir y prefieren sonreír ante la presencia de extraños. Están abrigados y se mojan. Sus padres están al tanto del panorama. Existe un clima tenso en la zona, pero muchos saben lo que se vendrá. Lo que es difícil de ocultar es la división de los comunarios que existe por la exploración petrolera.

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