(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- El proyecto de transporte fluvial más grande de la Amazonía peruana está en un punto muerto. Se trata de la Hidrovía Amazónica cuyo Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) no ha sido admitido por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). El anuncio lo hizo el mismo organismo estatal el último 4 de marzo.

Senace observó el expediente debido a que la Concesionaria Hidrovía Amazónica (Cohidro) —responsable de la ejecución del proyecto— lo presentó sin haber concluido el plan de participación ciudadana. Al momento de entregar el estudio quedaba pendiente la realización de un taller informativo con las comunidades indígenas en la localidad de Nauta, región Loreto.

La reunión en Nauta debió concretarse el 30 de noviembre de 2018, pero fue suspendida por reclamos de la población. Se reprogramó para el 12 de enero, pero Cohidro decidió presentar el EIA-d el 22 de diciembre de 2018 sin incluir los resultados del taller.

Senace observó el expediente el 2 de enero y, a pesar de no haber realizado aún la reunión en Nauta, Cohidro interpuso un recurso de reconsideración contra la decisión del organismo estatal y presentó información complementaria. En la resolución del 4 de marzo, Senace dejó sentada su posición y declaró infundado el pedido de la empresa.

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Un proceso complejo

“Senace ha sentado un precedente importante para la gestión ambiental”, comenta Diego Saavedra, especialista del Programa de Ecosistemas y Derechos de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

El especialista explica que la observación del organismo estatal no se refiere a que faltó solo un taller programado, sino a un vacío en el proceso de elaboración del EIA-d. “No es que falte el checklist. Lo que dice Senace a Cohidro es que no puede presentar un estudio sin antes concluir su plan de participación ciudadana, es decir, incompleto”.

Saavedra también cuestiona el argumento de la empresa, la cual sostiene que en Nauta no se dijo nada importante como para que se realicen cambios en el estudio  y por ello solicitó nuevamente que se evalúe el EIA presentado en diciembre, sin incluir los acuerdos de este taller que finalmente se realizó el 12 de enero.

En su dictamen, el organismo estatal precisa que existe un contrasentido por parte de la empresa al haber entregado el EIA-d sin ejecutar el encuentro en Nauta, el mismo que incluso se encontraba en proceso de convocatoria. Senace aclara, además, que la información recogida debía ser utilizada como insumo para culminar la elaboración del estudio ambiental.

Mongabay Latam consultó a la empresa sobre esta decisión. Mediante un correo electrónico, el Área de Comunicaciones de Cohidro respondió que “no comparte la resolución emitida por el Senace”. Sin embargo indica que la decisión se refiere solamente al trámite previo al inicio del proceso de evaluación. “El contenido del EIA aún no ha sido evaluado”, señala la empresa.

En cuanto a lo sucedido con el taller de Nauta, la empresa manifestó que el plan de participación ciudadana sí se realizó en su totalidad y explicó que la reprogramación del taller “fue comunicado y de conocimiento pleno por parte del Senace al momento de ingresar el Expediente del EIA-d el 22 de diciembre de 2018”.

Sobre cómo debe continuar este proceso, Senace explicó a Mongabay Latam que la empresa tiene dos alternativas: “la primera es presentar nuevamente el EIA-d, incluyendo toda la información requerida. La segunda es interponer un recurso de apelación para que el expediente pase a otra instancia”.

La Hidrovía Amazónica es un proyecto concesionado por el Estado Peruano y tiene como objetivo mejorar el transporte fluvial en una extensión de 2687 kilómetros a través de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, lo que significará el dragado de bancos de arena y otros obstáculos ubicados en esos cuerpos de agua.

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Participación de los pueblos indígenas

Para Paola Naccarato, especialista senior en infraestructura de la Wildlife Conservation Society (WCS), lo más importante de la resolución del Senace es que ha incluido a la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) como tercer interesado en el proceso de evaluación del estudio ambiental. “Orpio acompañará el proceso del EIA. Eso significa que tendrá un lugar específico durante la evaluación del expediente”.

Jorge Pérez, presidente de Orpio, señala que había hecho este pedido a Senace, debido a que las comunidades que se encuentran en la zona del proyecto podrían verse afectadas por las decisiones que se tomen. “Un estudio mal hecho podría no reconocer todos los impactos y las medidas de mitigación necesarias para garantizar el derecho a la vida, la salud, la alimentación y a un ambiente sano de los pueblos indígenas que convivirán con el proyecto”.

Pérez agrega que los pueblos indígenas conocen mejor los ríos porque viven cerca a ellos y saben cómo cambian. “Nosotros, mejor que nadie, sabemos qué impactos nos pueden afectar. La voz no solo es de consulta, nuestra voz es ahora determinante y debe ser escuchada en este proceso”.

El proyecto de la Hidrovía Amazónica ha sido cuestionado en reiteradas oportunidades. Naccarato señala que son tres los puntos clave que se deben tomar en cuenta con respecto a esta obra. El primero se refiere a la coincidencia entre zonas de dragado y de pesca. “Cuando superponemos el mapa de la hidrovía con el mapa de las zonas de pesca oficiales la superposición es abrumadora. Por lo menos mil puntos de pesca reconocidos a lo largo de los más de 2000 kilómetros. Y la pesca es una de las variables de las familias para solventar su economía”.

En este caso —indica Naccarato— los impactos del dragado en el río tienen que ver con la turbidez del agua, los lugares de pesca y la presencia de larvas de peces como el dorado, además que la remoción de sedimentos afecta a los peces.

El segundo punto, de acuerdo con la experta de WCS, se centra en la relación de los pueblos indígenas con el río, situación que ha sido estudiada a lo largo del Marañón. “Ellos tienen una vida integrada con lo que pasa en sus ríos. Ahí estamos hablando de impactos sobre sistemas complejos, ancestrales, en los que se intervendrá con este proyecto, generando un impacto cultural”.

Finalmente, el tercer tema de fondo se refiere a las zonas propuestas para remover los bancos de arena de los ríos. “Sabemos que los ríos cambian cada año. Entonces, por qué hacer un EIA considerando estas zonas cuando el estudio de ingeniería será el que determine cuáles serán los puntos exactos para el dragado”.

En el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) se precisarán las áreas y volúmenes de sedimentos a dragar del lecho de los ríos y la ubicación de depósito de estos sedimentos, entre otros detalles. Por esta razón, Naccarato cuestiona que el EDI se realice después del análisis ambiental. “Esto es muy peligroso”, sostiene.

Imagen principal: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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