(Mongabay Latam / Vanessa Romo). Ana* estaba en la cocina, abstraída en el ir y venir de los carros que recorren la carretera Interoceánica hacia La Pampa, un territorio devastado por la minería ilegal en Madre de Dios, cuando una voz desconocida irrumpió de pronto en la tranquilidad de su casa. “Ana, buenos días. He venido a pedirte un favor”, le dijo una mujer. La encontró parada en la entrada de su casa sujetando un fajo de billetes de cien soles (US$30) en una mano, mientras se secaba con la otra el sudor provocado por el sol intenso de la selva. Ana no se atrevió a preguntarle su nombre.

“He venido a buscarte para que me guardes unas máquinas”, le dijo la desconocida a Ana, con la actitud de quien no viene a pedir un favor. Esto ocurrió días antes de la ‘Operación Mercurio 2019’, una intervención multisectorial del Estado peruano que retomó el control de La Pampa, la semana pasada, y que busca erradicar toda actividad ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Ante el aviso de la llegada de la Policía y de las Fuerzas Armadas, los ilegales reaccionaron buscando lugares seguros para esconder las maquinarias y motores que usan para extraer el oro. Así fue como esa mujer llegó a la casa de Ana.

“Ahorita mismo te doy 500 soles (US$150) y te puedo volver a dar luego”, insistió la mujer, pero Ana, que vive desde hace 12 años amenazada por los mineros ilegales, se armó de valor y dijo que no. “¿Y por qué no si te voy a pagar? Tú eres de los ‘soplones’, ¿no?”, le respondió molesta. ‘Soplón’, como se llama comúnmente a los delatores, es una palabra a la que le teme Ana desde que, hace dos años, unos sicarios llegaron a su casa buscando a su hijo para matarlo.

—No, mi esposo no está y no tomo esas decisiones sola.

—Está bien, Ana. Volveré pronto, entonces, le dijo la mujer en tono amenazante.

Esa noche, una vez más, ni Ana ni su familia pudieron dormir.

Tampoco lo hicieron cuando se enteraron de la reciente intervención en la zona de amortiguamiento de Tambopata. Los defensores ambientales, si bien aprueban esta nueva acción del Estado, saben también que esos operativos los vuelven vulnerables. “Como somos tan pocos los que nos oponemos a la minería ilegal y que aún vivimos en la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata, estas circunstancias nos exponen, vienen a amenazarnos por haber llamado a la policía”, comenta Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la reserva.

Los cerca de 30 líderes ambientales que forman parte de este comité son acosados permanentemente por los ilegales. No tienen tregua. El último de ellos fue asesinado hace tres años y las amenazas continúan. Mongabay Latam viajó a Puerto Maldonado para escuchar estos testimonios que, en medio del revuelo por las nuevas interdicciones, se han silenciado. Estas son sus historias.

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“¡Esconde a tu hijo, lo buscan para matarlo!”

Temor es la palabra que mejor conocen quienes se oponen a la minería ilegal en Madre de Dios. Temor a las amenazas de los ilegales tras el anuncio del operativo. Temor durante la intervención. Temor a lo que les pueda tocar vivir ahora.

Esteban* conoció el efecto de esas cinco letras una mañana de junio del 2018. Ese día un hombre a bordo de una motocicleta se estacionó frente a su terreno y se acercó a su esposa para preguntarle por él.

—¿Quién lo busca?— le dijo ella, con la puerta entreabierta.

—Quiero conversar con él.

—No está —respondió— y cerró.

Ese día Esteban sí estaba en la casa, no se sentía bien y aprovechó para descansar con sus hijas y nietos. Vio a su esposa entrar, temerosa, mientras le hacía una señal de silencio con el dedo. Se asomaron por la ventana y no era una sola motocicleta, eran seis.

—¿Ustedes quiénes se creen? No pueden denunciarnos y pensar que nada va a pasar ¡En dos días vas a desaparecer!, gritó el hombre de la primera moto.

Durante una semana, nadie salió de la casa. Ese fue el último evento que los convenció de abandonar su hogar por un buen tiempo.

Demetrio Pacheco entiende lo que le ha tocado vivir a Esteban. Él encontró una bala en el comedor de su casa. Ser vicepresidente del Comité de Gestión de Tambopata y presidente de la Asociación de Concesiones Forestales de Reforestación de Madre de Dios lo ha expuesto a muchos peligros, sobre todo a las amenazas de invasores y taladores ilegales, actividades que arrinconan a quienes creen en la conservación.

Las autoridades insisten en que denuncien lo que están viviendo, pero es más fácil decirlo que hacerlo.

“Las autoridades nos demandan que denunciemos, pero nos piden nombres, algo que no siempre sabemos”, explica. Pero cuando logran identificar a su agresor y hacen la denuncia, cuenta el dirigente, el victimario —muchas veces por actos de corrupción— termina enterándose de quién fue el ‘soplón’.

Sin embargo, a los defensores ambientales que poseen concesiones forestales no les queda otra salida más que hablar. “En el caso de los concesionarios forestales —que es la figura legal en gran parte de La Pampa— están obligados a denunciar, porque sino el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) los multa por permitir la actividad ilegal en sus concesiones”, agrega Luisa Ríos, coordinadora en Madre de Dios de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Esta organización, aliada del Comité de Gestión de la reserva,  sigue el tema y brinda apoyo desde el 2010 a los agricultores, concesionarios y reforestadores que sufren amenazas a través de su Consultorio Jurídico Gratuito.

“Las autoridades nos demandan que denunciemos, pero nos piden nombres, algo que no siempre sabemos”.

El escenario descrito por Ríos ha obligado a muchos defensores ambientales a aceptar las multas antes que exponer sus vidas y las de sus familias.

Precisamente por miedo a denunciar, Ana fue multada en el 2014 y hasta ahora no puede pagar los 30 000 soles (US$9 mil) que adeuda. Osinfor la sancionó por haber permitido que la minería ilegal llegue a deforestar hasta 7 hectáreas de su concesión en el 2013. “Yo sola no iba a poder sacar a los mineros ilegales”, cuenta.

Mongabay Latam buscó a Osinfor para indagar sobre este caso y el mecanismo de fiscalización en la zona de La Pampa, pero al cierre de esta nota su oficina de prensa señaló que no podía responder este pedido.

La última vez que Ana pidió una intervención para sacar de su terreno a los ilegales, llegaron 40 agentes policiales y le pidieron que alguien de su familia los acompañe. Vistieron de policía a su hijo mayor, para que sirva de guía, y encontraron 14 motores operando. Cada uno de ellos fue destruido. A la salida y en un descuido, el hijo de Ana se sacó el casco policial y uno de los mineros lo identificó. Lo que vino después fue un infierno y empezó cuando una mañana la enfermera de la posta llegó corriendo a la casa de Ana.

“¡Esconde a tu hijo, lo están buscando para matarlo!”, le contó la enfermera a Ana, quien vio llegar a dos hombres armados a la posta preguntando por él.

Bajo la sombra de un árbol de guaba, Ana narra estoicamente todo lo vivido. “A veces no quiero recordar todo esto, pero debo contarlo”, dice y se quiebra al final de la frase. “Nunca hubiera querido saber qué siente una madre cuando buscan a su hijo para matarlo. A veces pienso ¿hasta dónde soportaré?”.

Su hijo tuvo que salir de Madre de Dios por unos años. Pero cuando volvió, ideó un plan para vengarse del minero que lo delató. Buscó a su primo y le pidió que se infiltre como minero ilegal en La Pampa para encontrar las pruebas que lo ayuden a denunciar al sujeto. A las pocas semanas de ingresar fue interrogado por los miembros de seguridad de los mineros, quienes por las dudas lo mataron. Un balazo certero. Hoy el hijo de Ana se dedica a cosechar legumbres y, sobre todo, a pasar desapercibido.

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“El Estado no garantiza nuestra seguridad”

Los fiscales ambientales que trabajan en Madre de Dios también corren peligro. “Nosotros mismos somos amenazados, tanto que los once fiscales en materia ambiental hemos optado por no tener a nuestras familias en Puerto Maldonado”, sostiene Karina Garay, fiscal especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios.

Garay reconoce que la situación para los defensores ambientales es complicada. Por la falta de personal para investigar, se ven obligados a solicitarles toda la información posible a las víctimas y esto los expone.

La fiscal cree que una de las salidas, por ahora, es activar la Unidad Central de Asistencia de Víctimas y Testigos para los casos de amenazas a defensores ambientales. Solo así se les podrá dar las garantías para brindar información segura.

Demetrio Pacheco cree que sí existen formas de protección, pero que las autoridades no saben cómo aplicarlas. “Estamos contribuyendo con el Estado a la protección de los bosques, pero el Estado no garantiza nuestra seguridad”, añade.

Lo mismo piensa Víctor Zambrano. Si bien el presidente del Comité de Gestión de la reserva felicita la reciente intervención del Estado en La Pampa, que responde a un clamor que tenían por años, sostiene al igual que Demetrio que es necesario considerar la seguridad de los pobladores que viven en la zona de amortiguamiento de Tambopata.

Una entidad que recibe constantemente denuncias ambientales y por amenazas en Madre de Dios es la Defensoría del Pueblo. Guimo Loaiza, representante del defensor del Pueblo en esta región, señala que la principal demanda de los defensores ambientales es que se controlen las invasiones, la minería y tala ilegales, que se fiscalice a las personas que realizan cambio de uso del suelo, todo eso por encima de su propia protección.

“Desde hace seis años nos piden que exijamos al Ministerio Público y a la Policía que aceleren las diligencias. Lo que buscan es que se sancione al que comete el delito ambiental. Resolver las amenazas que reciben pasa a segundo plano. Ellos cuentan que cuando tramitan las garantías personales, estas no se concretan porque las personas que los amenazan no son fáciles de identificar o no tienen domicilio estable”, indica Loaiza.

Esta vez para la ‘Operación Mercurio 2019’, el Ministerio del Ambiente, quien lidera el Plan Integral frente a la Minería Ilegal en Madre de Dios, se reunió con diferentes organizaciones de la sociedad civil una semana antes de comenzar las interdicciones en La Pampa. El objetivo era garantizar que todos los defensores ambientales sean avisados de guardar perfil bajo en las próximas semanas.

Leonardo Caparrós, asesor del Minam y creador del mencionado plan, le dijo a Mongabay Latam que se ha activado una “red de alerta temprana” para que ante cualquier ataque que sufran los miembros del comité en estos días, estos avisen a los guardaparques, quienes enviarán la información a la policía. Sin embargo, el problema está en que los opositores a la minería ilegal son pocos y ya han sido identificados, por lo que su vida seguiría en riesgo si denuncian las amenazas antes las autoridades. “Nosotros nos reunimos periódicamente para monitorear a los que viven cerca de La Pampa, pero es por iniciativa del comité”, comenta Demetrio Pacheco.

“Todo el que se opone a la minería ilegal en Madre de Dios es amenazado tarde o temprano”, cuenta el funcionario de la defensoría. Ana lo sabe muy bien. Hoy su concesión forestal no solo ha sido suspendida, sino que no puede ir más allá de dos kilómetros sin encontrarse con la seguridad armada de los mineros. Ese es el peso que carga por oponerse a la minería.

La versión completa de este reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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