(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- “Agárrenlos”, escuchó Roldán, mientras corría a través del bosque de Macuya. Detrás de él venía un grupo de hombres armados con machetes y rifles decididos a ubicarlo a como dé lugar. Lo buscaban entre los árboles, atentos al mínimo movimiento en la vegetación. Los disparos al aire producían un sonido seco en los oídos de Roldán, un joven estudiante de ingeniería forestal. Permaneció oculto durante más de ocho horas y fue testigo de cómo sus compañeros de de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU) y el guía que los acompañaba no corrieron con la misma suerte.

Fueron rodeados y retenidos durante más de tres horas en medio de ese bosque que hasta abril del 2017 era visitado solo por investigadores, universitarios y científicos de todo el mundo. “Eran como 60 personas”, narra aún asustado el futuro ingeniero forestal apenas unos días después del ataque. El sábado 26 de enero de 2019 quedará por siempre grabado en su memoria. Sus compañeros —cuenta— fueron golpeados por sus captores, además de haber sido víctimas del robo de sus celulares, dinero, una brújula y un GPS que tenían en su poder para hacer un inventario de flora y fauna en el único espacio forestal del que dispone esta universidad para las investigaciones de sus estudiantes.

No es la primera vez que ocurre un incidente violento dentro de este espacio. En diciembre del 2017, unas 60 personas también ingresaron para quemar y saquear el Centro de Investigación y Capacitación Forestal Bosque Macuya (CICFOR-BM), que en ese momento fue completamente destruido, como informó Mongabay Latam.  

Esa primera incursión puso en jaque a la universidad que hasta ahora no ha logrado recuperar las 2417 hectáreas de bosque destinados a la conservación e investigación. A pesar que una resolución emitida por el Ministerio de Agricultura en 1987 —por un plazo de 40 años— los ampara, el territorio permanece invadido hasta hoy.

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Más de 300 hectáreas deforestadas

Roldán, André, Joel y Julio recuerdan ahora todo lo que vivieron mientras permanecieron retenidos por los invasores. “Nos dijeron que nos iban a matar mientras nos golpeaban. También tomaron fotos de cada uno y de nuestros documentos. Fueron algunas mujeres que estaban presentes quienes los convencieron de que nos dejen libres”, cuentan sobre lo que sucedió mientras estuvieron cautivos.

Los estudiantes también mencionan que en ese sector de Macuya se han instalado unas 20 viviendas y que vieron alrededor de 60 personas, incluyendo mujeres y niños. También lograron observar entre diez y quince motosierras. La zona invadida incluso ha tomado el nombre de caserío Nueva Zelanda.

Desde que empezó la invasión se han deforestado 335 hectáreas, según la reciente evaluación de un equipo de la UNU a cargo de elaborar la Declaración de Manejo (DEMA), un informe que por ley deben tener todas las concesiones de conservación. En el 2017 se talaron 179 hectáreas y en el 2018 fueron arrasadas 156 hectáreas se precisa en el documento.

Información satelital del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente e imágenes captadas con drones dan cuenta de cómo se están tumbando caobas, cedros, ishpingos y lupunas, entre otras variedades identificadas dentro del terreno.

“La fauna también está desapareciendo”, dice Roel Velasco, asistente técnico del centro de investigación, quien ha pasado quince años de su vida recorriendo estos bosques. “Había majaz, ronsoco, monos, guacamayos. En cambio ahora, las colpas están secas porque no hay árboles que las protejan”.   

Velasco recuerda muy bien los nombres de los investigadores de las universidades de la República Checa que cada año llegaban al centro de investigación para desarrollar sus proyectos de maestría y doctorado. “Pavla Slavickova fue la última en hacer un trabajo de investigación a fines del 2016”, comenta con nostalgia.

Son casi dos años que ya no llegan los científicos. En todo este tiempo, cuenta Velasco, ha pasado la mayor parte de sus días en la comisaría haciendo denuncias o preparando documentos que dan cuenta de las pérdidas forestales. “Entrar y ver un árbol gigante de lupuna blanco o un cedro botado era estresante, desesperante. Siento mucha pena”.  

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¿Tráfico de tierras?

Para el ingeniero Jorge Mori, director de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Forestal de la UNU “este es un caso más de tráfico de tierras”. Las características son similares a lo que ha sucedido en otras zonas de Ucayali, donde los invasores son financiados por agentes externos, explica. El académico considera que este problema debe discutirse en la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal.

El fiscal José Guzmán, de la Primera Fiscalía Especializada del Medio Ambiente, coincide con Mori. “Es el esquema del tráfico de tierras. Amenazas, amedrentamiento y el mismo sistema de interacción entre el gobierno regional (de Huánuco) y la agencia agraria (de Puerto Inca). Lo mismo pasó aquí en Ucayali”, dice con relación a las denuncias por este delito que pesan sobre exfuncionarios de la Dirección Regional de Agricultura, dos de ellos con 18 meses de prisión preventiva.  

Guzmán señala que en su despacho hay varias denuncias por deforestación ligadas a las invasiones en Macuya. El fiscal adelantó que esta semana hará una inspección a la zona del secuestro de los estudiantes para indagar sobre la presencia de ocupantes ilegales. “Sospechamos que hay una organización criminal en ese lugar”.

En diciembre del 2018, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Puerto Inca, Huánuco, aprobó una resolución que ratificaba la entrega del Bosque Macuya a la Universidad Nacional de Ucayali bajo la figura de Concesión de Conservación, hasta que se cumpla el plazo de 40 años desde la cesión inicial de 1987. Además, no se descartaba que el periodo pueda ser extendido. 

Esta concesión fue otorgada a la universidad por el Estado peruano antes que se establecieran los gobiernos regionales. Sin embargo, geográficamente se ubica dentro del territorio de Huánuco. Actualmente, el centro de estudios depende de esta autoridad regional para solucionar el problema, puesto que las decisiones sobre el territorio ahora corresponde a las regiones.

El abogado Luis Vásquez, asesor legal de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UNU, explicó que tras esta revalidación de la concesión, se cumplió con todos los requisitos legales para que el predio quede inscrito en Registros Públicos. El proceso de culminó casi al cerrar el año 2018.

Sin embargo, la primera semana del 2019, el recién electo gobernador regional de Huánuco, Juan Alvarado, recibió a los pobladores del caserío Nueva Zelanda, instalados hoy dentro del Bosque Macuya. Ellos “pidieron a la autoridad regional certificarlos como parceleros y dejar sin efecto la resolución de concesión, para que puedan vivir en paz”, indica una nota publicada en el portal del gobierno regional.

“Vamos a recuperar ese terreno, no los voy a defraudar”, dijo Alvarado a los habitantes de Nueva Zelanda, precisa la misma publicación.

Un letrero de bienvenida instalado en Macuya advierte sobre la existencia de la Asociación de Parceleros Agropecuarios de Nueva Zelanda y menciona un número de expediente del gobierno regional de Huánuco. Mongabay Latam hizo una búsqueda de esta asociación en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), pero no encontró registro alguno.

En conversación con Mongabay Latam, el actual Director Regional de Agricultura de Huánuco, Edu Chávez, dijo que tiene programado para hoy arribar al territorio en conflicto con el fin de “verificar si realmente la universidad está realizando las actividades que contempla el convenio. Y también si quienes están solicitando la posesión del territorio están realmente instalados”. Agregó que luego de esa visita dará una respuesta al conflicto.

Al ser consultado sobre el expediente que figura en el panel de Nueva Zelanda, Chávez manifestó que toda la documentación se encuentra en la Oficina de Asesoría Jurídica y que esta será revisada durante el fin de semana previo a su visita. No obstante, el funcionario regional no pudo negar la la existencia de una concesión vigente a favor de la universidad. “El 2027 cumple los 40 años”, dijo

El último viernes, las autoridades universitarias y alumnos de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales se reunieron para definir cuáles serán los siguientes pasos para defender el Bosque Macuya.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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