(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- La Amazonía peruana es atacada ferozmente por la minería ilegal. El último análisis de imágenes satelitales realizado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) demuestra que esta actividad está alcanzando niveles históricos de deforestación en la selva peruana.

Solo en los dos últimos años fueron arrasadas 18 440 hectáreas de bosques en el sur de Perú, un equivalente a 25 000 campos de fútbol, revela el informe. 

Según MAAP, el récord histórico de deforestación por esta causa se dio en el 2018, con 9280 hectáreas devastadas, la cifra más alta desde 1985. Solo un año antes, en el 2017, la extracción ilegal de oro ya había terminado con 9160 hectáreas.

Matt Finer, investigador principal de MAAP y uno de los responsables de la elaboración del informe, manifestó a Mongabay Latam que nunca antes se había realizado un estudio de esta naturaleza. “Por primera vez tenemos una referencia histórica del tema. El estudio de CINCIA (Centro de Innovación Científica Amazónica) es un importante recurso para este caso”, dijo con relación a la investigación que hizo esta institución científica sobre minería ilegal y que cubrió los últimos 32 años en el sur de la Amazonía peruana.

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El drama de Madre de Dios

“La deforestación por minería aurífera en la Amazonía sur peruana ha alcanzado niveles históricos máximos tanto en el 2017 como en el 2018”, señala el informe que centra su evaluación en las regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno, sobre el análisis de  unas 500 imágenes en alta resolución.

Finer aclara que se evaluaron las imágenes captadas por el satélite durante los años 2017 y 2018, y que se digitalizaron los nuevos registros de deforestación causados por la minería aurífera. Además —precisa— se tomaron en cuenta las alertas tempranas que registra el Programa Nacional de Bosques del Ministerio del Ambiente de Perú.

El panorama más sombrío se presenta en Madre de Dios. Solo en el sector conocido como La Pampa —ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata— la pérdida de bosque por extracción de oro alcanzó 1685 hectáreas entre enero del 2017 y octubre del 2018, según el reporte de MAAP, una iniciativa desarrollada por Conservación Amazónica (ACCA) y Amazon Conservation (ACA).

“En La Pampa este tema se ha desbordado. Es una zona controlada por la minería ilegal”, dice el Procurador Especializado en Materia Ambiental, Julio Guzmán.

En este lugar se han instalado entre 6000 y 7000 personas —sostiene Guzmán— muchos de ellos bajo investigación y con procesos judiciales en marcha. Sin embargo —agrega— los acusados no acuden a las diligencias y continúan operando dentro de la ilegalidad. “Esto se debe resolver desde el Estado. Se necesita una recuperación del control territorial y ubicar a los responsables del más alto nivel. No solo a quienes están en la zona extrayendo el oro, sino a los que financian la actividad”.

Guzmán explica, además, que las investigaciones deben abarcar todos los delitos considerados dentro de la minería ilegal: extracción, financiamiento y tráfico de insumos. “Nos hemos centrado en el que extrae, cuando deberíamos centrarnos en el financista”, comenta.

El exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro, conoce muy bien el problema. “Estas cifras son dolorosas. Espero que el gobierno finalmente tome atención de lo que está pasando en la Amazonía”, declara.

Castro considera que este es un llamado de atención a las medidas adoptadas por el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien —asegura el experto— debilitó las exigencias en la formalización del sector y redujo los operativos de interdicción. El exfuncionario cuestiona también el rol de los gobiernos regionales, sobre todo de la última gestión en Madre de Dios. “En esta región no se ha formalizado la minería por los obstáculos que puso el exgobernador regional Luis Otsuka”.

En ese sentido, los expertos consultados recuerdan la detención de Carlos Bustamante, director de Energía y Minas de esa región, junto con otros seis funcionarios, quienes fueron acusados, en junio del 2018, de recibir pagos de mineros en pleno proceso de formalización para que se les emita sus respectivas resoluciones de aprobación. “Aquí se ve cómo las autoridades regionales han sido cómplices”, precisa Castro.

Hace dos semanas, el Poder Judicial de Madre de Dios dictó prisión preventiva contra los exfuncionarios del gobierno regional. En las diligencias se encontró transferencias de dinero desde las zonas mineras de Huepetuhe, Mazuko y La Pampa, informó el portal Ojo Público.

Imagen principal: La Pampa. MAAP / Conservación Amazónica (ACCA) – Amazon Conservation (ACA).

La versión completa de este reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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