(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- Al otro lado del teléfono, Betty Rubio habla con indignación. “Nos sentimos maltratados, se han aprovechado de nosotros”, cuenta la presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo Curaray y Arabela (Feconamncua) sobre el problema que enfrentan por lo menos 13 comunidades de esta federación indígena. No entienden realmente qué ha pasado, pero lo que sí saben es que sin buscarlo le deben hoy una millonaria suma de dinero al Estado y todas sus denuncias apuntan a las mismas personas: los regentes.

El problema comienza cuando las comunidades —como las 13 situadas en el distrito del Napo, en la región amazónica de Loreto— buscan una salida para aprovechar su madera comercialmente ante la falta de recursos. La ley les permite buscar una persona que evalúe los recursos forestales del bosque y elabore todos los documentos necesarios para su extracción, con un contrato de por medio. A cambio, la comunidad se beneficia con un pago tras el aprovechamiento de la madera de su territorio.

Hasta ahí todo va bien. Los regentes entonces aparecen en escena para concretar el acuerdo comercial entre las empresas y las comunidades. Eso es lo que manda la Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigente.

Si una comunidad quiere abrirle las puertas de su territorio a un empresario, necesita un Plan de Manejo Forestal para la explotación de la madera y este solo puede ser implementado con la ayuda de un regente. Si una persona natural o jurídica quiere llegar a un acuerdo comercial con una comunidad tiene también que contar con la mediación de un regente. Si la comunidad quiere obtener ingresos a partir de sus recursos, tiene que buscar a un regente. El regente es entonces la pieza fundamental en esta historia.

Pero, ¿en qué momento las comunidades terminan endeudadas con el Estado? Cuando al margen de la ley se pone en marcha un esquema que promueve el lavado de madera, como indica Tom Bewick, gerente de Rainforest Foundation. Así, en algunos casos, a través de la manipulación de la información en los planes de manejo, se reviste de legalidad la tala ilegal.

Hasta el momento, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ha sancionado a once regentes forestales por presentar información falsa, quienes no podrán ejercer esta función nuevamente. De esta lista, siete están siendo investigados por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

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Papeles reales para una extracción ilegal

Hasta el momento son dos las formas más usadas para concretar el engaño. La primera cuando se declaran árboles fantasmas dentro del territorio de las comunidades, es decir, que la madera declarada en el plan de manejo en realidad no existe en ese bosque. La segunda es colocando la información correcta pero con la intención de jamás extraer madera de la zona, así el plan se convierte en un sustento para luego talar en un espacio prohibido, así lo explica Máximo Salazar, jefe del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor).

En ambos casos, los árboles son talados de lugares no autorizados y se usan los documentos aprobados para extraer mercancía ilegal de los bosques. Solo en la cuenca del Napo, de los 58 permisos irregulares detectados por Osinfor entre los años 2010 y 2017 —40 de comunidades nativas y 18 de bosques locales—  el 94,8 % contenían árboles fantasmas.

Estos papeles para el aprovechamiento de los bosques tienen que ser suscritos por los representantes de la comunidad. Así, los ‘Apus’ o jefes firman los planes de manejo en nombre de toda la población y son ellos quienes después asumen cualquier irregularidad que derive de estas autorizaciones.  

“Hay una comunidad que tiene cuatro multas”, denuncia Rubio de la Feconamncua sobre el caso de Vista Hermosa, que actualmente registra más de dos millones de soles en sanciones acumuladas desde el año 2011. “Los regentes han hecho mal su trabajo. En los documentos se declaró madera que no existía en el bosque y, además, nunca extrajeron árboles de la comunidad”.

Las irregularidades se hacen evidentes durante la supervisión del organismo fiscalizador. Por ejemplo, en el caso de Vista Hermosa, fueron cuatro los planes operativos anuales —documento que se presenta a la autoridad forestal cada año para extraer la madera—  que tenían algún nivel de ilegalidad. Es decir, durante cuatro años, entre el 2010 y 2014, estos documentos firmados por el representante de la comunidad sirvieron para extraer madera ilegal en algún otro bosque de la región.

Dos nombres aparecen como consultores o regentes en los planes o POA presentados antes la autoridad forestal por la comunidad de Vista Hermosa: René Torres Casimiro y Hugo Paima Ríos. El primero se encargó de los planes operativos de los tres primeros años y el último del que corresponde al 2014. Ambos están siendo investigados por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental por delitos contra los bosques y por incluir información falsa en los informes. Mongabay Latam buscó la versión de ambos, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Betty Rubio, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo Curaray y Arabela (Feconamncua): “Los regentes han hecho mal su trabajo. En los documentos se declaró madera que no existía en el bosque y, además, nunca extrajeron árboles de la comunidad”.

Para Bewick es inconcebible que, tras haberse encontrado irregularidades el primer año que se hizo la supervisión, se hayan aprobado tres permisos más. “La figura del regente se incluye en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre para mejorar el procedimiento de extracción de madera, pero parece que funciona al revés. Ellos se están aprovechando del poco conocimiento de las comunidades en estos procesos.  No va a funcionar si no mejora la vigilancia y el control”, explica.

Cuenta el director de Rainforest Foundation —quien tiene más de 10 años de experiencia trabajando con comunidades nativas en la Amazonía— que se enteró de la situación que enfrentan las comunidades durante la implementación de un proyecto de monitoreo de bosques mediante el uso de la tecnología que se desarrolla en el distrito de Napo. “Lo que pasa en el Napo es solo la punta del iceberg. Debemos ver qué sucede en otras regiones”.

No le falta razón. Solo en la cuenca del río Napo existen 37 multas aplicadas por Osinfor que recaen sobre 22 comunidades nativas, incluidas las 13 de Feconamncua. El monto total de estas multas supera los 10 millones de soles.

Esta cifra se multiplica por cinco en todo el país. Según datos proporcionados a Mongabay Latam por el jefe de Osinfor, 471 comunidades nativas han sido multadas por extracción ilegal de madera en todo el Perú y el monto de estas sanciones alcanza los 51 millones de soles.

La región que encabeza la lista es Ucayali con 182 multas, le sigue Loreto con 164, en tercer lugar aparece Junín con 64 y en cuarto Amazonas con 27.

El jefe de Osinfor es consciente del problema que enfrentan las comunidades nativas. “Lo hemos advertido”, dice en alusión al esquema normativo que rige para el acceso y aprovechamiento del recurso forestal, porque pone en desventaja a los pueblos indígenas.

El problema —explica Salazar— es que las comunidades no conocen los procedimientos y no cuentan con fondos para la explotación de su madera. “Fácilmente se dejan convencer por la persona que llega con el financiamiento y entregan su bosque a un tercero que se hace cargo de toda la actividad. Hacen el censo, arman plan de manejo, lo ejecutan y movilizan la madera. Los resultados ya los estamos viendo”.

Tom Bewick, gerente de Rainforest Foundation: "Ellos se están aprovechando del poco conocimiento de las comunidades en estos procesos. No va a funcionar si no mejora la vigilancia y el control”

Y este problema se ve en su verdadera dimensión cuando se revisan las cifras generales. Según Osinfor, el 21 % de la madera que se extrae ilegalmente en el Perú sale de los territorios de las comunidades nativas, el 57 % de bosques locales y el 13 % de predios privados. Esta información la han recopilado a partir de las supervisiones ejecutadas en campo.

Sin embargo asegura Salazar que desde el 2017 estas irregularidades han disminuido. La autoridad forestal atribuye este retroceso a las supervisiones que están realizando antes de que se extraiga la madera o mientras se realiza el aprovechamiento.

Según Salazar, en el 2015 el 38 % de los planes de manejo supervisados contenía información falsa. En el 2016 esta cifra se redujo al 26 % de los bosques supervisados y en el 2017 el porcentaje descendió a 13.  Para Salazar es importante castigar a los regentes que incumplieron las normas y presentaron documentos con información falsa.

Por otro lado, preguntamos al jefe de Osinfor si tanto estos personajes como los funcionarios de los gobiernos regionales encargados de aprobar los planes de manejo, estarían involucrados en el lavado de madera. “No lo puedo asegurar”, responde y agrega que los resultados de la gestión forestal en Perú está en el ámbito de los gobiernos regionales.

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Alertas contra el engaño

“Muchas veces las comunidades esperaban que lleguen los madereros para sacar los árboles, pero nunca aparecían”, cuenta Betty Rubio, la dirigente del Napo que ahora quiere emprender una campaña para que otras comunidades no resulten perjudicadas. “Los regentes han usado estas autorizaciones para extraer los árboles de cualquier otro lugar. Eso es blanqueo de madera”, dice.

La lideresa menciona que hubo ocasiones en que estas personas llegaban a una comunidad e invitaban al ‘apu’ a pasar unos días en la ciudad. Ahí lo convencían de que firme una carta otorgándoles poder para elaborar todos los documentos de aprovechamiento forestal. En algunas oportunidades, les entregaban dinero.

En el caso de Vista Hermosa, por ejemplo, el primer año recibieron un pago del regente, que según el informe de Osinfor era René Torres Casimiro, pero jamás llegaron a extraer la madera de su bosque. Al cabo de un tiempo, llegó la primera multa.

Situaciones similares enfrentaron las comunidades de Pucayacu y San Antonio de Lancha Poza que tienen cuatro sanciones; San Carlos, Santa Elena y Nuevo Libertador que suman tres; Segundo San Juan y Huiririma que llevan dos, y otras que tienen por lo menos una multa. 

Rubio dice que ahora ya saben cómo funciona el engaño y que pondrán en alerta a otras comunidades para que no se dejen estafar. “Vamos a distribuir los datos de los regentes que han hecho esto”, comenta.

El apu Kerwen Noteno, presidente de la Organización Kichwaruna Wangurina del Alto Napo (Orkiwan), nos cuenta la misma historia. Habla de la comunidad de San Fernando, cuyo regente presentó un plan de manejo que correspondía a una zona pantanosa, donde no había árboles. Luego, como en el resto de casos, cayó la primera multa.

“Nos estamos organizando para denunciar”, dice Noteno y lamenta que las comunidades, a veces, no tengan la capacidad de redactar un documento para defenderse, menos aún asumir los altos costos que significa trasladarse desde estos pueblos a las ciudades donde deben realizar cualquier trámite. “Para hacer negocios con la madera se tiene que preparar una gran cantidad de documentos. Por eso, otras personas se aprovechan de esta falta de conocimiento”.

Al dirigente indígena le preocupa también que se hayan presentado casos de jefes de comunidades que se han dejado convencer y han recibido dinero a cambio de firmar los permisos. “A mí me han tratado de coimear. Me ofrecieron hasta 20 000 soles. Pero yo les dije que estaba cuidando mis recursos”.

Una versión ampliada de este reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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