(Mongabay Latam / Eduardo Franco Berton (RAI)).- Eran pasadas las seis de la tarde del 9 de noviembre de 2018, cuando el juez Juan Coronado, que preside el juzgado noveno de sentencia en lo penal de Santa Cruz, determinó un cuarto intermedio. En el banquillo de los acusados aguardaba una pareja de ciudadanos chinos acusados de traficar 185 colmillos de jaguar en Bolivia, tres pieles del felino, entre otras partes de animales silvestres. La sala estaba repleta de personas agotadas por la larga espera, pero también ansiosas por escuchar una sentencia que esperaban fuera ejemplar. Dos horas después, luego de 13 audiencias suspendidas, el juez sentenció a Li Ming y Yin Lan a cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

La pareja de ciudadanos chinos fue detenida, el 23 de febrero de este año, en su restaurante de pollos situado en el mercado La Ramada, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El personal de la policía ya le seguía los pasos a la pareja desde algunos meses atrás, desde que un ciudadano reportó el hallazgo de un letrero en el que se anunciaba: “Se compran colmillos de tigre’’. Finalmente, las labores de investigación y seguimiento desencadenaron en un operativo conjunto realizado por personal del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y la Fiscalía.

En el allanamiento se decomisaron 185 colmillos de jaguar, 3 pieles de este felino, 2 cascabeles de serpiente, 1 chaleco de jaguar, 1 saco de leopardo africano, 11 estatuillas de marfil de ídolos chinos elaboradas con marfil de elefante africano, 3 cornamentas de ciervo del pantano y 1 garra de pejichi. Además de una pistola calibre .22 cargada y una elevada suma de dinero en moneda nacional y extranjera.

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En busca de una sanción más severa

Tras la detención, Ming y Lan fueron acusados del delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, establecido en el artículo 223 del Código Penal boliviano, el cual establece una pena máxima de seis años de cárcel. Sin embargo, pese a las demandas de las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz, del Viceministerio de Medio Ambiente y de grupos de activistas que se movilizaron en diferentes partes del país exigiendo la aplicación de la pena máxima, los acusados fueron sentenciados a cuatro y tres años de cárcel.

Para Yandery Kempff, Directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, la noche del 9 de noviembre se sentó un precedente importante que envía un mensaje claro a las personas que están pensando en participar en este tipo de negocios ilegales.

Rodrigo Herrera, asesor legal de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) —adscrita al Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal— que formó parte de la defensa del Estado en este proceso, le indicó a Mongabay Latam que si bien se logró una importante acción para proteger la madre tierra, por la “escueta relación que existe entre el derecho ambiental y el derecho penal, no pudo lograrse que los jueces penales puedan entender la magnitud del caso’’. Y agregó que es necesario avanzar en una reforma penal ambiental en Bolivia.

“Nos hemos dado cuenta de que con el ordenamiento jurídico actual no podemos defender como nosotros pretendemos a la madre tierra. Así que ya estamos avanzados en un anteproyecto del Código Penal Ambiental y esperamos contar con esa nueva propuesta en 2019’’, señaló.

Por lo pronto el abogado del Estado anunció que buscarán iniciar nuevas acciones penales en contra de Li Ming y Yin Lan, bajo los delitos de enriquecimiento ilícito y traición a la patria —considerando que son ciudadanos de origen chino con carné de identidad boliviano— para lograr una sanción más alta para la pareja.

Desde la sociedad civil se pronunció Gina Muñoz, fotógrafa de naturaleza y amante de los jaguares, que siguió desde el inicio el proceso judicial en Santa Cruz contra la pareja de traficantes chinos y coordinó las protestas con otras personas y grupos de activistas de Cochabamba, La Paz y Sucre. Muñoz explicó que sus acciones estuvieron dirigidas a presionar a la justicia boliviana, porque temían que un largo proceso acabe por cansar a los abogados que defienden los intereses del Estado.

“El control social que hemos ejercido, al cual se fueron adhiriendo cada vez más activistas ha sido fundamental, ya que permitió visibilizar el tema y exigirles a las autoridades de justicia que hagan un seguimiento hasta el final’’, indicó a Mongabay Latam.

Por eso protestaron cada vez que las audiencias fueron suspendidas y permanecieron atentos en la sala a la espera de una sanción ejemplar. Aunque no se decretaron los seis años que esperaban, Muñoz cree que se marca un precedente y se puede confiar “relativamente’’ en la justicia boliviana. Además expresó que “como esta situación está ocurriendo en países vecinos como Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, lo que ahora estamos armando es una red americana colaborativa, porque esta especie la compartimos con los demás países’’.

Esta es la segunda vez que la justicia boliviana sentencia a mafias que trafican jaguares, pero la primera en la que decide mandar a prisión a los acusados. Aún quedan 26 casos por atender relacionados al tráfico de especímenes vivos y de partes de jaguar en Bolivia, de los cuales 14 siguen su curso en el poder judicial.

Una versión ampliada de este informe fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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