(Mongabay Latam / Michelle Carrere).- Cae la noche en el puerto pesquero de Chimbote, en la provincia de Huarmey, en Perú y Almensor Gómez se prepara para salir de casa junto a otros cinco colegas, pescadores artesanales todos. Pero Almensor no va a pescar. Esta noche le toca hacer guardia a las cinco hectáreas que intentan proteger de los pescadores furtivos que pescan con bombas.

Armados con pistolas, escopetas “y quién sabe qué más” dice Almensor, estos “pescadores, que no son pescadores sino delincuentes”, hacen explotar el mar con dinamita para recoger los peces. “Nunca hemos tenido muertos, pero si heridos” cuenta Almensor quien ya no hace denuncias a la Capitanía de Puerto “porque de nada nos sirve”. Además, a uno de los suyos “le llegaron a su casa y lo amenazaron de muerte” cuenta.

Huarmey no es el único lugar del Perú donde se realiza esta actividad ilegal, considerada una de las más devastadoras formas de explotación del recurso pesquero y tampoco el Perú es el único país del mundo que conoce esta práctica. De hecho, según la enciclopedia marina Fondear, Honduras, Nicaragua y El Salvador son los países latinoamericanos que han sido más golpeados por esta actividad. Algunos registros dicen que fue en Filipinas donde todo comenzó, luego de que los pescadores de ese país utilizaran la dinamita sobrante tras las Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero en Perú, la historia es más vieja. El piscicultor norteamericano, Robert Cooker, ya hablaba, en los informes de una investigación para la cual fue contratado por el gobierno peruano entre 1908 y 1910, de la existencia de esta práctica en las costas del país. “Y es que la extensa actividad minera hace y ha hecho que sea relativamente fácil el acceso a la dinamita” dice Juan Carlos Sueiro, Director de pesquerías de la organización de conservación marina Oceana.

Cualquiera sea la nacionalidad del inventor de la pesca con bombas y el año de dicha ocurrencia, lo que Almensor sabe es que ha sido la lucha de una vida entera. Es Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Ancash, la región a la que pertenece Huarmey, y desde ahí busca, junto a sus colegas, defender su fuente de trabajo “con piedras o con lo que tengamos… ayer, a las 11 de la noche, llegaron estos delincuentes y logramos ahuyentarlos, pero dinamitaron un lugar más lejos” dice y luego agrega, impotente, “las playas están quedando desiertas. Los recursos están exterminados”.

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Matar, pero no reventar

Dependiendo de los peces víctimas y del lugar geográfico en el que se realice la detonación, las bombas se fabrican con diferentes tipos y cantidades de pólvora. “La cantidad se calcula para no destrozar los peces, de tal forma que tras recolectarlos puedan ser comercializados” señala un informe que el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) desarrolló en 2015. Este organismo gubernamental que “tiene por finalidad promover y realizar investigaciones científicas y tecnológicas del mar (…) con el objeto de lograr su aprovechamiento racional” afirma que “en los últimos años, se ha reportado el incremento de la pesca con explosivos en diversas playas e islas del litoral”. Francisco Ganoza, responsable del laboratorio de IMARPE en Huacho, Huarmey, y autor de la investigación realizada en 2015, aseguró a Mongabay Latam que desde entonces la situación sigue igual.

Según explica el documento, “las explosiones submarinas liberan gran cantidad de energía en un corto período, generando ondas de choque caracterizadas por una alta presión de sonido instantáneo, decayendo luego a valores negativos de presión”. La rápida oscilación entre la onda de presión alta y la baja, provoca graves daños a los órganos internos de los peces como la ruptura de sus vejigas natatorias, con la que ajustan su flotabilidad y de sus vasos sanguíneos. Los cuerpos de los que estén más cerca de la detonación serán mutilados aunque estos no serán considerados para la venta. Además, las explosiones, que actúan de manera indiscriminada al incluir a huevos, larvas de peces e invertebrados, “producen daño físico al entorno marino y a todas las especies que habitan en la zona de pesca como mamíferos marinos, tortugas y aves”. Según la enciclopedia náutica Fondear “una explosión submarina en el arrecife coralino necesitará entre 5 y 10 años para su recuperación, pero un bombardeo reiterado, como frecuentemente es el caso, produce una destrucción definitiva del hábitat submarino”. Es así, como se calcula que el 50 % de la destrucción de los arrecifes del sudeste asiático se debe a esta práctica.

Juan Carlos Sueiro explicó a Mongabay Latam que las bombas también “se utilizan para ahuyentar a los peces. El Bonito, por ejemplo, nada en profundidades a las que las redes no llegan. Los pescadores furtivos gradúan entonces la dinamita, con un determinado peso, para que explote bien abajo de tal manera que el Bonito, por reacción, sube en la columna de agua y así lo pueden pescar”.

En Huarmey, a 284 kilómetros al norte de Lima, la técnica consiste en abrir los cartuchos de dinamitas, conocidos como chupetes o canillas, y verter su pólvora en una bolsa de nylon con una piedra en su interior, formando una bola. En el centro de la carga, se instala el fulminante: el dispositivo conocido como detonante, fabricado con aluminio, bronce o cobre y cuya función es conectar la mecha con la dinamita. Los fabricantes dejan sobresalir de la bola un centímetro del fulminante y ahí instalan la mecha abrazada con dos palitos de fósforo, para asegurarse de que esta encienda. Finalmente, se envuelve la carga, con algún material a prueba de agua como asfalto o plástico, de manera que queda completamente impermeable y lista para explotar bajo el agua.

“La cantidad se calcula para no destrozar los peces, de tal forma que tras recolectarlos puedan ser comercializados” señala un informe que el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) desarrolló en 2015.

La zonas que se dinamitan son aquellas que se encuentran cercanas a la costa en lugares generalmente accidentados, rocosos o en islas cercanas. Sueiro, quien ha observado desde hace años el operativo de los pescadores con bombas, ha podido reparar también en que esta práctica se realiza en lugares donde no hay desembocaduras de ríos cercanas. Ello puesto que los sedimentos, que los ríos acarrean, se van depositando en el fondo marino haciendo que la profundidad disminuya y “lo que estas personas buscan son amplias columnas de agua donde hay mayor presencia de especies que están en cardúmenes”. Según detalla el informe de IMARPE, los pescadores furtivos “detectan la presencia de peces mediante la observación de un buzo. Ubicado el cardumen, el operador, conocido como bombero, prende la mecha lanzando el explosivo a una distancia de cuatro a cinco metros dependiendo de la movilidad y características de los peces”. Cuatro a seis cartuchos son utilizados en una faena.

Ayanques, Cabrillas, Lenguados, Lisas, Bonitos, Jurel son algunas de las especies objetivo de la pesca con bombas, pero la Chita es la especie favorita asegura Sueiro. Para mala suerte de Almensor, y del resto de los pescadores artesanales de Huarmey, esa especie es también la preferida de ellos y uno de sus principales recursos pesqueros.

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Una actividad impune

Según datos del IMARPE, las zonas en las que más frecuentemente se realiza la pesca con bombas son Huarmey, Pisco, incluyendo la Reserva Nacional de Paracas, San Juan de Marcona, La Libertad y Lambayeque. En la Reserva de Paracas se ha identificado esta práctica desde las playas de Barlovento hasta las islas Chincha incluyendo “los bancos naturales, criaderos y zonas de reproducción de los recursos costeros”.

Entre 43 200 y 108 000 kg se estima son pescados anualmente con explosivos en Huarmey. En Pisco, los cálculos van de 32 400 a 64 800 kg anuales.

El pescado, recolectado mediante explosivos, es comercializado al por mayor y tiene como principal destino los grandes mercados y restaurantes de Lima. Los pescadores como Almensor, en cambio, trabajan mayoritariamente para un mercado local, aunque los peces más grandes sí se derivan hacia la capital del país a través de comerciantes. “Estamos creando pequeñas empresas, de comercializadoras de pescadores artesanales, para meternos en los mercados grandes, pero nuestra venta es más bien local”, explica Almensor por lo que la competencia entre artesanales y furtivos es por los recursos. “Nosotros somos pescadores de orilla y es ahí donde lanzan bombas. Incluso delante de nosotros”, dice.

A pesar de que los pescadores artesanales son testigos casi diarios de esta actividad ilegal, Almensor y sus compañeros ya no denuncian. Han decidido organizarse y ver entre ellos la manera de defender los recursos y ahuyentar a los furtivos que atacan las costas al amanecer, antes de que acabe el día y por la noche.

El Ministerio de la Producción señaló en un comunicado que, durante el 2017, “se efectuaron más de 104 mil inspecciones y 693 decomisos cuyo peso alcanzó alrededor de 10 mil toneladas métricas de recursos hidrobiológicos ilegalmente obtenidos”. También señala haber realizado operativos a actividades pesqueras ilegales en playas, durante la extracción de recursos hidrobiológicos, con artes y aparejos de pesca prohibidos. Además, se brindaron 148 capacitaciones, a diferentes actores de la actividad pesquera, para fomentar una pesca y un consumo responsable beneficiando a cerca de 6000 personas.

A pesar de ello, los esfuerzos parecen ser insuficientes en opinión de científicos del mar y pescadores. Renato Gozzer, ingeniero pesquero, miembro de la asociación Redes dedicada a la investigación, consultoría y aplicación de proyectos en el área pesquera, afirma que “según la ley general de pesca, cualquier actividad que dañe los fondos marinos está prohibida. Sin embargo, las medidas de control, ya sean preventivas o punitivas son bastantes débiles. Hay una situación de poca atención, de poca priorización de parte del estado, especialmente en las pesquerías costeras”. De hecho, el mismo IMARPE reconoce en su informe que “a pesar del aumento de esta actividad —de pesca con explosivos— la tasa de intervención policial o de autoridades es prácticamente nula”.

Por otro lado, los pescadores artesanales se quejan de que los furtivos están advertidos cada vez que hay fiscalizaciones y que ese día no salen a pescar. Gozzer, quien ha investigado acerca de actividades ilegales de pesca, particularmente en el ámbito de la producción de harina de pescado, explica que esa filtración de información se debe a diferentes factores que benefician la corrupción.

En primer lugar, “los gobiernos regionales tienen Direcciones o Gerencias Regionales de Producción que tienen competencias compartidas con el Ministerio. Hay todo un gris, a veces lo ve el Ministerio y a veces las regiones. Luego, están las Direcciones de Seguimiento, Control y Vigilancia que, en concreto, son las encargadas de la fiscalización. Pero también están las Capitanías de Puerto que igualmente ejercen funciones para fiscalizar. Cada entidad tiene alguna competencia, pero con límites, entonces se tienen que hacer operativos coordinados que demandan toda una logística. En ese trabajo de coordinación, la información se filtra, los pescadores furtivos se enteran y ese día no salen a pescar”.

Además, en opinión del ingeniero, otras variables como el bajo salario de los fiscalizadores, las dificultades de monitorear las zonas rurales y la falta de mecanismos para controlar, contribuyen a la corrupción.

Por otro lado, el IMARPE señala que “frecuentemente la Dirección General de Capitanía y Guardacostas de Pisco realiza intervenciones, recibe denuncias y se reportan ocurrencias de pesca con explosivos. Sin embargo, al no contar con la información completa, no se toman las acciones legales correspondientes”. Fue así como el compañero de Almensor fue amedrentado tras denunciar a un grupo de furtivos. “Se los llevaron, pero al rato los soltaron y fueron a la casa de él a amenazarlo de muerte si es que volvía a hablar”, cuenta.

Una versión ampliada de este informe fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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