(Mongabay Latam / Vanessa Romo). En el imaginario popular, las postales de Madre de Dios ya no son más las de una selva frondosa sino de un paisaje lunar, cubierto de tierra árida y cráteres, que son en realidad pozos abiertos para extraer ilegalmente el oro con mercurio. Hace un mes, Mongabay Latam mostró a través de fotos realizadas en un sobrevuelo el crecimiento devastador de esta actividad a lo largo de 20 kilómetros en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Esta vez las imágenes muestran con mayor detalle la devastación en varios puntos del departamento de Madre de Dios.

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) pudo identificar el tipo y tamaño de máquinas que están usando ahora los mineros ilegales en la zona de amortiguamiento de Tambopata. Estas dragas artesanales, que son cada vez más grandes, fueron registradas en zonas apartadas de la Carretera Interoceánica, donde se montan con total impunidad  campamentos ilegales habitados por centenares de personas y donde se sospecha que existen redes de trata de personas.

La diferencia con otros sobrevuelos es que todos los puntos detectados han sido georreferenciados, lo que significa que se pueden planificar operativos para ejecutar interdicciones, detenciones y rescatar a las víctimas de estas actividades ilegales. Este tipo de operaciones se coordinan en el Centro de Vigilancia Amazónico y Nacional (Cevan), oficina especializada del Comando de Control Aeroespacial. Desde agosto, esta dependencia de la FAP trabaja con entidades públicas y privadas para monitorear Madre de Dios y el resto de regiones de la Amazonía peruana.

Mongabay Latam participó en exclusiva en la operación Harpía II, realizada entre el 24 y el 28 de setiembre. La misión se centró en identificar y monitorear las causas específicas de la deforestación en Madre de Dios y, con la ayuda de la tecnología instalada en los aviones de la FAP, determinar la calidad de los bosques. Uno de los hallazgos más importantes de la operación fue el de dos avionetas de placa boliviana y dos pistas de aterrizaje clandestinas en medio del Parque Nacional Bahuaja Sonene, ubicado entre Puno y Madre de Dios. Además se consiguió registrar la huella digital de más de 50 especies forestales para realizar inventarios de flora con mayor precisión.

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Las pruebas de la devastación

El avión C26-B de la FAP ha llegado a su destino: la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, a pocos kilómetros del límite con el área protegida. Hace un paneo de izquierda a derecha. Es imposible ignorar los kilómetros de cráteres que la minería ilegal de oro ha abierto en medio del bosque. El sistema Flir, la cámara del avión que con excelente resolución puede registrar imágenes infrarrojas y con coordenadas, elige uno de los centenares de pozos que tiene en su campo de visión. Prepara un acercamiento y muestra los restos de lo que alguna vez fue un bosque.

Algunos troncos hechos carbón se resisten a caer. Un enorme sistema de bombeo artesanal extrae todo lo que puede de un pozo pequeño y luego de mezclar ese material con mercurio y hacerlo pasar por una alfombra —donde quedará el oro encontrado—, el agua con mercurio es vertida a un pozo más grande. Tres personas son captadas levantando unas tuberías y controlando que todo marche sin problemas. La cámara hace hace un acercamiento y retrocede para enfocarse en un nuevo pozo.

La doctora Flor de María Vega, la jefa nacional y coordinadora de las fiscalías especializadas en materia ambiental, confiesa que quedó pasmada al ver las imágenes que Mongabay Latam publica hoy en exclusiva. “No hay un espacio de la zona de amortiguamiento que no haya sido afectado por este delito”, señala la fiscal. Vega agrega que estas imágenes captadas en video son importantes para el trabajo del Ministerio Público. “Al estar georreferenciadas podemos programar operativos con la Marina de Guerra y la Policía Nacional. Es valioso contar con información veraz y actual de lo que sucede con la minería ilegal”, dice.

Vega comenta además a Mongabay Latam que esperan que este año se firme un convenio de colaboración entre la FAP y las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), para poder utilizar los aviones de la fuerza área y generar imágenes que se puedan incorporar como prueba en los procesos judiciales.

El teniente general FAP José Davis, jefe del Comando de Control Aeroespacial (Comca) que lideró la operación Harpía II, comenta que este mismo sistema de colaboración se quiere expandir a otras áreas del Estado y de la sociedad civil. “No solo estamos al servicio de la defensa del territorio peruano, pero también de la promoción del desarrollo. Nos debemos a la población y por eso hemos implementado un sistema de requerimientos para que las entidades nos busquen para intercambiar información”, sostiene.

El general Davis detalla a Mongabay Latam que los aviones que ahora están realizando diversos monitoreos fueron usados en principio para combatir a los remanentes del terrorismo y, aunque se siguen usando en zonas convulsionadas como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), se ha abierto la posibilidad de atender otras demandas urgentes.

“Queremos potenciar al Centro de Vigilancia Amazónico y Nacional (Cevan) para que se convierta en una plataforma de intercambio de información”, añade Davis. El general cree que la mejor manera de frenar la tala y la minería ilegal es trabajando de forma coordinada con los diferentes sectores. “Aquí generamos información transversal y de múltiple nivel, que permite en el nivel más alto y estratégico el diseño o rediseño de políticas públicas y en un nivel más cotidiano, las interdicciones”, precisa. El plan, agrega Davis, es llevar este trabajo a todas las regiones amazónicas.

Lo que todavía hace falta, explica Davis, es conseguir que las instituciones conozcan el potencial de la tecnología que se está empleando. “Aquí tenemos aviones con sensores Lidar, que nos permiten tener imágenes tridimensionales del territorio y con ello realizar modelamientos que pueden, por ejemplo, ser útiles para determinar qué zonas son inundables. También tenemos cámaras ADS 80 que a través de un barrido sacan información con 10 centímetros de precisión que pueden ser usada para catastros”, explica.

En esta primera parte de la operación efectuada a fines de setiembre se trabajó con requerimientos del Ministerio Público y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). Para sobrevolar la zona de La Pampa y el resto del área de amortiguamiento se utilizó el sistema Flir, que logra la calidad de video que hemos visto en las imágenes de minería ilegal. Lo que se observa en estos documentos visuales es el crecimiento de campamentos en medio de los pozos enormes llenos de mercurio, campamentos que se han convertido en pequeñas ciudades y que se acercan cada vez más a la reserva de Tambopata.

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Deforestación en la mira

La minería ilegal no fue el único delito que se pudo registrar en los sobrevuelos de la operación Harpía II. En los videos se pudo identificar no solo una, sino dos pistas de aterrizaje clandestinas dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene, en el límite entre Puno y Madre de Dios, que son utilizadas por clanes de narcotraficantes del Vraem y con los que se transporta droga procesada en laboratorios ilegales dentro de la misma área protegida.

Este hallazgo de la FAP hizo posible la operación ejecutada por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú el 25 de setiembre, que terminó con la captura una de las avionetas registradas de placa boliviana en la pista denominada Marte y que publicó Mongabay Latam.

Sin embargo, como se puede ver en las imágenes registradas por el sistema Flir de la FAP, existe otra pista y una segunda avioneta de color azul a pocos kilómetros de la que ya fue intervenida. La pista denominada Puncu fue detectada a pocos metros del río Heath, el afluente que divide Perú de Bolivia. Ambas pistas están dentro del parque Bahuaja Sonene.

La presencia de las avionetas y de las dos pistas clandestinas confirma lo que adelantó Mongabay Latam en mayo de este año.  En el especial ‘Bahuaja Sonene en peligro’ denunciamos la existencia de cultivos ilícitos de hoja de coca dentro del parque, así como el procesamiento de cocaína. Estas actividades ilegales han mermado considerablemente los cultivos de café y ponen en peligro  la biodiversidad dentro del área protegida.

Durante el último sobrevuelo, otra de las escenas que llamó la atención fue la quema de bosques. Desde una perspectiva más amplia, se pueden ver los parches de tierra quemada que deja este tipo de actividad ilegal. El general Davis precisa que están realizando monitoreos de esta actividad porque es uno de los principales causantes de la deforestación en Madre de Dios y de la Amazonía peruana en general. En la mayoría de los casos, las quemas representan el paso previo a la aparición de campos de cultivo en zonas prohibidas. Según el Ministerio del Ambiente, en el 2017 el 91 % de la deforestación en el país se dio por el cambio de uso de tierra para la agricultura.

Lo que también muestran los videos es que hay viviendas asentadas a pocos metros de donde se realizan las quemas. De acuerdo con los datos obtenidos en los sobrevuelos, estos incendios duran varios días, hasta que se extingue el fuego de forma natural. En algunas áreas donde quedan vestigios de quemas, se nota la huella de maquinaria pesada propia de la agricultura, por lo que se sospecha que esta modalidad para el cambio de uso de tierra se está propagando en Madre de Dios.

La coordinadora de las FEMA, Flor de María Vega, comenta que la falta de recursos es uno de los factores que juegan en contra de las labores de fiscalización frente a tantos problemas medioambientales en la Amazonía. “Solo tenemos cuatro carros a nivel nacional para las 60 oficinas que tenemos en el país y no tenemos ninguna embarcación, algo imprescindible en la selva. Pese a que nuestro trabajo requiere gran movilización, no contamos de un presupuesto especial”, cuenta.

Vega señala que una solución a la cantidad de trabajo y necesidades por cubrir sería la creación de fiscalías supranacionales, porque permitiría que los fiscales atiendan con mayor rapidez los casos en todo el país, para aliviar la carga de las regiones. “De esa forma trabajaríamos de forma profunda y con impacto en los delitos ambientales”, añade.

Sobre los delitos ambientales que siguen ocurriendo en la zona cercana a la reserva de Tambopata, la fiscal considera que la zona debe declararse en emergencia para que las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público puedan tener un mejor alcance. “Por ahora el gobierno está de espaldas. Si el presidente Martín Vizcarra sobrevolará la zona, podría tomar una decisión más fuerte”, agrega Vega.

Una versión ampliada de este reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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