(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- Hace dos semanas, el Perú eligió a sus nuevos gobernadores regionales, autoridades que regirán el destino de las 25 regiones del país por los próximos cuatro años. Esta podría tomarse como una buena noticia, sino fuera por los casos de corrupción que han empañado la gestión de varios gobernadores en los últimos períodos, que van desde compras irregulares hasta denuncias por asesinato.

Uno de los casos más emblemáticos es el del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, quien actualmente purga una condena de dos años por malversación de fondos y, además, cumple prisión preventiva por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y homicidio calificado. A él se suman otros exgobernadores regionales presos actualmente.

Y a esta larga lista hay que sumar a las autoridades que hoy están en funciones y a las que asumirán el cargo en enero del próximo año con antecedentes que ya despiertan suspicacias. Mongabay Latam se ha centrado en las regiones amazónicas con grandes problemas ambientales y autoridades cuestionadas por sus políticas, propuestas y antecedentes que ponen en jaque el cuidado del medio ambiente.

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Los que se van y los que están por venir

El caso de Luis Otsuka Salazar, en Madre de Dios, la región más afectada por la minería ilegal en Perú, es un claro ejemplo. La autoridad regional que dejará el cargo a fines de año enfrenta procesos judiciales por contaminación ambiental y otorgamiento ilegal de derechos a mineros ilegales. El punto central es que estas denuncias no son una sorpresa para quienes han seguido de cerca su gestión, pues se trata de un antiguo dirigente minero que ha sido cuestionado a lo largo de su mandato por la falta de acciones para enfrentar delitos ambientales como la minería ilegal, que está acabando con los bosques tropicales de esta región.

Esta preocupación se traslada ahora a las nuevas autoridades regionales que asumirán sus funciones el 1 de enero de 2019. En Ucayali, una región marcada por la tala ilegal, el ganador de la última contienda es, justamente, un empresario maderero. Mientras que, en Madre de Dios, región que define a su autoridad regional en segunda vuelta porque ninguno de los candidatos superó el 30 %, como indica la ley, el puntero también está vinculado a la actividad minera.

Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, advierte sobre la importancia de que las autoridades regionales y municipales “observen las consecuencias nefastas que se han visto a nivel nacional de quienes no separan los intereses privados de los asuntos públicos”.

Castro menciona también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Opinión Consultiva 23 sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, destaca la obligación de todas las instancias del Estado de tomar acciones frente a posibles daños ambientales. “Hemos observado que autoridades regionales salientes, como el gobernador de Madre de Dios, ha omitido sus funciones de manera reiterada. Se comprometió con la ministra del Ambiente (Fabiola Muñoz) en la formalización de los mineros ilegales y no lo ha hecho. Al contrario, ha impulsado proyectos que afectan el patrimonio natural y ambiental como la construcción de carreteras sin autorización”.

En Madre de Dios, donde el número de personas que trabaja en minería ilegal podría bordear los 40 000, el panorama no es muy alentador, sobre todo porque quienes pugnan por llegar a dirigir la región no abordan en sus planes los grandes problemas ambientales, como se menciona en un reportaje de Mongabay Latam.  

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Madre de Dios: ¿Se repite la misma historia?

En Madre de Dios la segunda vuelta electoral para la gobernación regional se disputará entre Juan Imura Cjuno, del movimiento Fuerza por Madre de Dios, y Luis Guillermo Hidalgo Okimura, de Alianza para el Progreso.

El primero de ellos, Imura Cjuno, tiene una relación directa con la minería. En el Sistema de Derechos Mineros y Catastro del Instituto geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) figuran seis concesiones mineras a su nombre y todas ubicadas en la provincia de Tambopata: cinco ya no están vigentes y una, la concesión Transoceánico I, que aún se mantiene activa.

Lo más resaltante, como denunció Ojo Público, Imura Cjuno enfrenta una denuncia por comercialización de insumos químicos para la minería ilegal. Además el aspirante a ocupar la presidencia regional de Madre de Dios es investigado también por lavado de activos. Según la declaración jurada presentada por el candidato ante el Jurado Nacional de Elecciones, sus ingresos anuales ascienden a 180 000 soles, posee cinco inmuebles valorizados en 1 100 000 soles y es propietario de tres predios rurales en los distritos de Las Piedras y La Pastora, que pertenecen a la provincia de Tambopata.

Su contendor, el médico Luis Guillermo Hidalgo Okimura trabaja desde el año 1996 en el estado de Acre, en Brasil. Su declaración jurada ante el organismo electoral muestra ingresos anuales por encima de los 400 000 soles y una camioneta Toyota valorizada en 75 000 soles. Hidalgo no tiene antecedentes que lo relacionen con la actividad minera y tampoco registra denuncias en su contra.

En Madre de Dios la suma de votos blancos y nulos alcanza el 22 %, un poco más de 17 000 votos, cantidad cercana a los porcentajes de ambos candidatos en carrera. Imura obtuvo un 23 % de votos válidos mientras que Hidalgo llegó al 21 %.

Por ahora ya se ha iniciado una campaña por el voto nulo para la segunda vuelta que será el 9 de diciembre. Candidatos que quedaron fuera de la contienda están impulsando esta opción con el fin de superar los dos tercios de votos no válidos y que se convoque a nuevas elecciones. El candidato que quedó en tercer lugar, Freddy Vracko, es uno de los promotores de esta propuesta a través de las redes sociales. Asegura que, de concretarse este escenario, se propondrá un candidato de consenso entre los partidos que quedaron fuera de estas elecciones. “Ninguna de las opciones para esta segunda vuelta nos da confianza. Si alguno llega al poder, la ilegalidad de la minería en La Pampa se fortalecerá”, dice en relación con la situación que se vive en la zona donde se ha concentrado la minería aurífera en Madre de Dios.  

Rodolfo Mancilla, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental: “El reto del siguiente gobernador regional será establecer una política regional no solo en torno a la minería, sino a otras actividades que pueden también dinamizar la economía regional como el turismo y la exportación de castaña”.

Un dato importante es que ninguno de los candidatos menciona en sus planes de gobierno una salida concreta para el problema de la minería ilegal. Esto ha sido resaltado por varios especialistas, sobre todo frente al reciente informe del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) que confirma que, en el 2017, la minería representó el 38 % de la desaparición de bosques en Madre de Dios y un 6,9 % en todo el país.

El plan de Imura incluye un solo párrafo dedicado al sector minero en el que señala que gestionará “una minería amigable entre el hombre y la naturaleza, una verdadera formalización razonable, sustentable, sostenible en el tiempo y el espacio que beneficie al pequeño productor y sociedad donde se desarrolla”.

Hidalgo le dedica un poco más de espacio a este tema, pero solo para indicar que el departamento de Madre de Dios tiene un “importante potencial de recursos mineros, especialmente del oro aluvial”. No obstante, su plan de gobierno no menciona acciones para enfrentar la minería ilegal.

Al respecto, Mariano Castro considera que ambos candidatos deben pronunciarse sobre cómo abordarán los efectos nocivos de la minería ilegal como, por ejemplo, el uso del mercurio en esta actividad o los daños que ocasionan a la biodiversidad. “En esta segunda vuelta debe haber un pronunciamiento explícito y claro sobre la minería ilegal, de lo contrario estaremos ante una situación de complicidad”.

Rodolfo Mancilla, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), lamenta que en el gobernador regional saliente haya considerado los temas ambientales como un obstáculo para el desarrollo regional. “Esas posiciones han generado no solo perjuicios ambientales, sino también económicos, sociales y hasta culturales”. Considera, por tanto, que quien sea elegido incluya, durante su gestión, una agenda ambiental. “El reto del siguiente gobernador regional será establecer una política regional no solo en torno a la minería, sino a otras actividades que pueden también dinamizar la economía regional como el turismo y la exportación de castaña”.

Para Mancilla, la nueva autoridad regional debe priorizar dos temas: implementar el Catastro Único Regional para ordenar el territorio y agilizar el proceso de formalización en la minería.

Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) coincide con Mansilla sobre las prioridades de la región. El líder indígena sostiene que el nuevo gobernador regional debe solucionar los problemas territoriales y liderar el proceso de formalización de la minería. Además, considera que es importante atender la titulación pendiente de las comunidades nativas y no descuidar a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci). “Quien asuma debe tener apertura, pues un gobierno radical que no escuche a su pueblo agudizará los problemas”.

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Los bosques que se pierden en Ucayali

En la región Ucayali el destino ya está sellado. El nuevo gobernador regional es Francisco Antonio Pezo Torres, de Alianza para el Progreso, quien obtuvo el 36 % de los votos válidos.

Ucayali es la región amazónica con más denuncias en Perú por tala ilegal. Se calcula que alrededor del 70 % de casos judiciales relacionados con el medio ambiente en esta región tienen que ver con la extracción ilegal de madera. Una reciente investigación de Mongabay Latam, en coordinación con seis medios de Latinoamérica, da cuenta de cómo funciona esta actividad ilícita que arrasa con los bosques de la región.

Esta situación pone sobre el tapete la relación del nuevo presidente regional con el negocio de la madera. Según la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, Pezo Torres es gerente general de Forestal Pezo SAC desde el 2004, una compañía dedicada a la extracción de madera.

Durante la década del noventa, el nuevo gobernador regional de Ucayali manejó compañías aserradoras y de venta de madera como Forestal Manantay, Industria Forestal Pucallpa y Forestal Urubamba, todas inactivas actualmente, según informan artículos periodísticos, pero que evidencian su vínculo con la actividad maderera en la región.

Pezo, además, le debe dinero a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) desde el año 2005, una deuda que asciende a 865 710 soles no pagados al tesoro público. A esto se suma la deuda que mantiene también con la Sunat la empresa Forestal Pezo SAC por un monto mayor a los 8000 soles, además de tener una deuda con el Banco Agropecuario por 460 000 soles.

La nueva autoridad regional también tiene antecedentes judiciales por los delitos de apropiación ilícita y desobediencia y resistencia a la autoridad que le valió una sentencia de dos años de cárcel suspendida.  

Julia Urrunaga, directora de Programas Perú de la Agencia de Investigación Ambiental: "Para lavar madera ilegal se necesita una red de corrupción y para extraer la madera ilegal se comete una serie de violaciones de derechos humanos en contra de las comunidades indígenas y defensores ambientales que se oponen a esta actividad".

Pezo Torres no ha declarado sus ingresos ante la autoridad electoral, pero sí ha incluido su lista de bienes. Cinco inmuebles por un valor que supera los 329 959 soles y nueve vehículos, principalmente, motos, que suman 29 600 soles.  

En su plan de gobierno ofrece “controlar la tala ilegal con un programa de desarrollo alternativo, que brinde a la población oportunidades de negocios rentables y sostenibles”.

En cambio, sí precisa que realizará gestiones para la construcción de la carretera Purús-Puerto Maldonado, Purús-Sepahua, Sepahua-Atalaya y la carretera Pucallpa-Iquitos.

Julia Urrunaga, directora de Programas Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), señala que el problema de la tala ilegal y el lavado de madera en Ucayali es preocupante no solo por los bosques y el cambio climático, sino también por las amenazas a los derechos humanos y por la corrupción que vienen de la mano de estas actividades ilegales. “Para lavar madera ilegal se necesita una red de corrupción y para extraer la madera ilegal se comete una serie de violaciones de derechos humanos en contra de las comunidades indígenas y defensores ambientales que se oponen a esta actividad. Por eso, es lamentable saber que las autoridades regionales están involucradas en la actividad que trae tanta destrucción a una región”.

Urrunaga considera que si el gobernador regional de Ucayali quiere promover el sector forestal tiene la obligación de ser drástico con esta actividad ilegal. En cuanto a la carretera de Purús, la directora de EIA recuerda que se trata de un tema emblemático, puesto que es en esa zona donde aún quedan reservas de caobas, una especie protegida por el Estado peruano y que está a punto de desaparecer.

La vía Purús-Puerto Maldonado ya ha sido rechazada por el Ministerio del Ambiente (Minam), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debido a los impactos ambientales y sociales que generaría.

“Los gobernadores regionales tienen en sus manos la responsabilidad del desarrollo del país, por tanto, sus políticas ambientales deben asegurar y contribuir a la sostenibilidad ambiental y social”, señala Mariano Castro. Sostiene, además, que las autoridades regionales deben asegurar que los proyectos de inversión pública cumplan con las normas ambientales. “Hay casos en que se realizan las obras sin estudios ambientales, pero está sancionados por la ley”, sentencia.  

El artículo original de Yvette Sierra Praeli fue publicado en Mongabay Latam. Puedes leerlo aquí.

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