(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- El Acuerdo de Escazú, un tratado histórico para la defensa de los derechos ambientales en América Latina y El Caribe, fue firmado por 14 países de la región. Este compromiso es un paso adelante para asegurar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental en un continente con un creciente número de ambientalistas asesinados: cuatro cada semana durante el año 2017, según cifras de Global Witness.

Las naciones que estamparon su firma el jueves 27 de septiembre son Perú, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Costa Rica, México, Panamá, Uruguay, Guatemala, Argentina, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Guyana y Haití. Estos dos últimos no participaron de las negociaciones previas pero suscribieron el acuerdo.

De los países que aún no se han acogido al también llamado Principio 10, dos ausencias fueron duramente criticadas: Chile y Colombia.

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Críticas a Chile y Colombia

El caso de Chile ha sido el más cuestionado puesto que este país estuvo entre los principales promotores del acuerdo y fue uno de los impulsores del documento firmado por 10 países en el 2012, cuando se sentaron las bases de lo que hoy se ha convertido en el primer tratado ambiental vinculante para Latinoamérica.

El pedido al gobierno de Sebastián Piñera para refrendar el Acuerdo de Escazú llegó desde diversos frentes. Días antes de la fecha fijada para la firma del tratado, un grupo de parlamentarios de la oposición enviaron una carta al presidente chileno para pedirle que revierta su decisión de postergar la suscripción de este compromiso.

“Chile está llamado a firmar y liderar el Acuerdo de Escazú, garantizando que los futuros conflictos ambientales sean abordados desde un nuevo modelo de desarrollo, donde se plasme el compromiso de incluir a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos o marginados, y dar voz a aquellos que no la tienen, sin dejar atrás a nadie”, precisa la misiva.

Entre los signatarios de esta carta figura la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Isabel Allende (PS), quien dijo que esta decisión es una “pésima señal, considerando lo dramático que se está viviendo una vez más en Quintero y Puchuncaví”.

Esto último, en referencia a estas dos ciudades chilenas que han sido declaradas en alerta sanitaria por los altos índices de contaminación industrial que enfrentan. En ambas ciudades los altos niveles de dióxido de azufre y material particulado han dañado cultivos y causado afecciones a niños, ancianos y animales.

Por otra parte, la decisión de Colombia de no acogerse al Acuerdo de Escazú era la esperada, puesto que durante las negociaciones el país se mantuvo en contra de algunas decisiones que se fueron adoptando. En esa etapa, Colombia retrocedió en dos temas. Uno de ellos se refería al comité de seguimiento que proponía que cualquier ciudadano pueda vigilar y comunicar a este comité sobre el cumplimiento del tratado en su país.

El otro aspecto estuvo relacionado con el pedido que hizo la representación de Colombia para que se incluya un artículo que permita a los gobiernos tener reservas. Es decir, que cada gobierno tenga  la posibilidad de elegir qué artículos del tratado acepta y en cuáles se mantiene al margen.

En conversación con Mongabay Latam, Natalia Gómez, oficial de incidencia de la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (Civicus) dijo que “se trata de una oportunidad perdida para fortalecer el marco jurídico del país”. Agregó que, en su opinión, el gobierno de Colombia tiene miedo de comprometerse y de ampliar los derechos de los ciudadanos.

Gómez lamentó la decisión de la gestión de Iván Duque, sobre todo porque este tratado tiene como uno de sus ejes principales la protección de los defensores ambientales y Colombia es uno de los países de la región con mayor número de ambientalistas asesinados.  “Creo que es una oportunidad perdida en Colombia de hacerle frente a un problema que es muy serio por los atentados contra los defensores ambientales. Los países que tienen tendencias tan peligrosas de violencia contra los luchadores ambientales, deberían ser los primeros en firmar, ratificar e implementar el acuerdo de Escazú”.

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Celebración en el continente

Pese a las ausencias, la firma del tratado por parte de 14 naciones ha despertado el entusiasmo y celebraciones en la región. En un mensaje por redes sociales, la ministra del Ambiente de Perú, Fabiola Muñoz, dijo que “este acuerdo representa una de las oportunidades de fortalecer los vínculos entre los países Latinoamericanos en un tema tan importante y crítico como es la transparencia en los temas ambientales, la posibilidad de permitir a las poblaciones más vulnerable el acceso efectivo a la información y promover la justicia ambiental”.

Muñoz también recordó que Perú está comprometido en la lucha contra la corrupción y, por tanto, la transparencia en el sector ambiental es un eje fundamental en este camino.

Por su parte, Aída Gamboa, especialista de la ONG peruana Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), manifestó la importancia del acuerdo en la protección de los defensores ambientales, principalmente, de los pueblos indígenas de la Amazonía que son amenazados constantemente por proteger sus territorios. Al respecto, Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), precisó que desde su organización se comprometen a fortalecer y difundir este instrumento para enfrentar los conflictos sociales que se presentan en el país debido a los proyectos de inversión que afectan los territorios indígenas.

Este tratado, denominado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, permitirá a los países firmantes adoptar medidas especiales para garantizar un entorno libre de amenazas y restricciones a la seguridad de las personas y organizaciones que promuevan y defiendan derechos ambientales.

El Acuerdo de Escazú también abre el camino a casi 500 millones de personas para participar en procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas como la aprobación de actividades mineras, el tratamiento de la contaminación y la planificación del uso de la tierra, entre otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente.

En marzo de este año, 24 países se reunieron en Escazú, Costa Rica, para debatir y aprobar todos los lineamientos que debían ser incluidos en el acuerdo regional. La cita culminó el 4 de marzo con la aprobación del llamado Acuerdo de Escazú que ahora ha sido firmado por 14 países.

La posibilidad de unirse a este compromiso estará abierto por dos años, mientras que los países que ya lo suscribieron deben conseguir que sus respectivos parlamentos lo ratifiquen. Una vez que once naciones logren esta autorización, el Acuerdo de Escazú entrará en vigencia.

Una versión ampliada de este informe fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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