(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- La minería ilegal está destruyendo la Amazonía. Lo sabemos. Pero ver esta destrucción en imágenes aéreas que muestran detalles precisos de los campamentos, de los camiones y retroexcavadoras operando las 24 horas del día, de las dragas extrayendo el material del fondo de los ríos y el movimiento continuo de decenas de personas que con absoluta impunidad operan, es escalofriante.

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) nos ha permitido ver qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en 327 puntos de las provincias de Tambopata y Manu, en el departamento de Madre de Dios. Y lo ha hecho usando aviones con sensores y drones que han registrado más de 20 000 imágenes, entre fotografías y videos en alta resolución.

La operación Harpía, como se denominó a esta acción militar para monitorear exhaustivamente una parte importante de la Amazonía peruana, se ejecutó los días 7, 8 y 9 de agosto. Y con ella se logró coordinar en tiempo real dos operativos policiales en dos lugares sensibles situados en los sectores de Puerto La Pastora y Tres Islas, en la ribera del río Madre de Dios.

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Acciones inmediatas contra la minería

La mañana del 9 de agosto, un equipo de 12 personas formado por miembros de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la Capitanía de Puertos, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea realizó un operativo de interdicción contra la minería ilegal en los sectores Puerto La Pastora y Tres Islas, en Madre de Dios, valiéndose de las imágenes que llegaron a sus celulares en el mismo momento que eran registradas por la FAP.

“Fue una operación en tiempo real”, dice la fiscal Karina Garay, de la Segunda Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Madre de Dios. Ese día —cuenta Garay— mientras la FAP registraba las fotos y videos en 327 puntos, también enviaba información confidencial vía whatsapp al equipo, para que ingresen en las siguientes horas a algunos de esos lugares.

Los datos compartidos y georeferenciados permitieron enviar las coordenadas de la ubicación exacta de los campamentos, el número de dragas, la cantidad de personas y otros detalles de lo que encontrarían al llegar al punto identificado.

El resultado fue la destrucción de cuatro dragas, siete balsas, once motores, once bombas de succión, un generador eléctrico, balsas, mangueras y otros elementos que se utilizan en la extracción de oro en la selva. Un operativo coordinado que permitió asegurar la efectividad de la intervención.

“Muchas veces nos informan sobre lugares donde hay minería ilegal y cuando llegamos no encontramos nada porque tuvieron tiempo de huir. En cambio, bajo este sistema, cuando llegamos, encontramos todo lo que indicaban las imágenes”, precisa Garay.

Cada uno de los lugares que han sido monitoreados por los expertos del Centro de Vigilancia Amazónica y Nacional (CEVAN), que pertenece al Comando de Control Aeroespacial de la FAP, ahora están georeferenciados y serán vigilados por los próximos años.

El General FAP José Miguel Davis Molina, al mando de este equipo de trabajo, aseguró en una entrevista con Mongabay Latam que seguirán realizando este tipo de operaciones en otros lugares del Perú. “Empezamos en Madre de Dios por la cantidad de información que recibimos de la zona, pero tenemos planeado estar pronto en otros escenarios del país”.

Un segundo operativo, teniendo como base la información de la FAP, se realizó el 14 de agosto, en el cauce del río Malinowski, cerca de la comunidad nativa de Kotsimba, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene. La fiscal Karina Garay, que participó en esta acción, señaló que la Marina de Guerra, a través de la Dicapi de Madre de Dios, solicitó la inspección de esa zona. Por lo tanto, cuando se presentaron las imágenes recogidas en el punto indicado se decidió realizar este segundo operativo conjunto.  

De acuerdo con información del Ministerio Público, en el lugar se destruyeron dos retroexcavadoras, seis motores, un grupo electrógeno y 600 galones de combustible usados por mineros ilegales.

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Amazonía vigilada

Lo nuevo de la Operación ‘Harpía’ es que los puntos de monitoreo fueron definidos de manera colaborativa. Esta vez, el General Davis consideró importante hablar con las personas que llevan años estudiando los impactos ambientales en la Amazonía peruana. Por eso la operación se armó sobre la base de las solicitudes que recibieron de distintas instituciones públicas, organizaciones civiles e indígenas.

“Lo importante ha sido la coordinación con aliados de la sociedad civil para sumar capacidades. Ellos tenían sus requerimientos de información y nosotros hemos cumplido con satisfacer esa necesidad”, explica el General Davis.

El trabajo se realizó en conjunto con la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), la ONG Conservación Amazónica (ACCA), el Ministerio de Cultura, el Centro de Emergencia Regional (COER), la Dirección de la Capitanía de Puertos (Dicapi) y la FEMA.

Durante casi dos meses, cada una de estas instituciones presentó una relación de lugares para ser observados. Las demandas de ACCA se centraron principalmente en los campamentos de madereros y la tala ilegal. Para FENAMAD lo más importante era la minería y tala ilegal. El Ministerio de Cultura pidió vigilar zonas cercanas a las reservas de pueblos indígenas no contactados, mientras que la Capitanía de Puertos solicitó vigilar los los lugares cercanos al río Madre de Dios. En el caso del COER, el interés era evaluar la situación de quince cárcavas localizadas cerca de la ciudad de Puerto Maldonado.

Daniela Pogliani, directora de Conservación Amazónica, comentó a Mongabay Latam que para este operativo entregaron a la FAP puntos georeferenciados para detectar la presencia de tala ilegal en la concesión Los Amigos y en otros sectores, para una eventual acción en contra de estos ilícitos.

Para Julio Cusurichi, presidente de la FENAMAD, era importante monitorear algunos puntos sensibles donde, según información recibida por la federación, existe tala y minería ilegal, además de actividades vinculadas al narcotráfico: “se invade territorio de comunidades nativas y se pone en riesgo la vida de los pueblos indígenas en aislamiento porque estas actividades están entrando a sus bosques”. El presidente de la Fenamad agregó que la información que reciban de la FAP servirá para demostrar lo que realmente está pasando en la selva.

El general Davis añade que la información recogida también será utilizada en algunos casos para plantear nuevas políticas públicas o sugerir modificaciones a las existentes. En otros casos, para realizar acciones tácticas en zonas puntuales que han sido detectadas y que están seriamente amenazadas.

Una versión ampliada de este reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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